Sentencia Definitiva N° 345/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 17 de agosto de 2021. No. 345 VISTOS : Para sentencia, estos autos caratulados: “BUENO GODOY, JOSÉ LUIS con ESTADO. MINISTERIO DE L INTERIOR. Acción de Nulidad” (Ficha Nº 870/2019). RESULTANDO : I) Que a fs. 1 1-16 compareció el actor a promover demanda anulatoria contra la resolución de fecha 8 de marzo de 2019, dictada por el Ministro del Interior, en ejercicio de atribuciones delegadas, por la cual se resolvió clausurar el sumario administrativo instruido al actor -entre otros funcionarios policiales - y declararlo cesante por la causal de ineptitud en el ejercicio del cargo, prevista en el artículo 26, literal B del Decreto Nº 644/971, de 5 de octubre de 1971. Como fundamento de su prete nsión anulatoria, sostuvo que la Administración, al fundamentar y motivar su resolución en una norma derogada, vulneró los principios de legalidad, seguridad jurídica y de incongruencia, ya que al momento de dictarse el acto administrativo se encontraba vigente el Decreto Nº 1/2016, así como la nueva Ley Orgánica Policial y no el Decreto Nº 644/971. Asimismo, señaló que al imponerse la máxima sanción, la Administración incurrió en una clara desproporcionalidad en el ejercicio de su potestad disciplinaria. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda. II) Que conferido el correspondiente traslado, por auto N° 155/2020 (fs. 18) , compareció a fojas 23-26 la representante del Ministerio del Interior, a contestar la demanda. Defendió la legitimi dad del acto impugnado, en el entendido que la potestad disciplinaria fue ejercida con total sujeción a las normas jurídicas vigentes. Destacó, además, que resultó probado que el actor incurrió en falta administrativa que fue tipificada como gravísima, en tanto su accionar no resulta acorde a la investidura que ostenta. En definitiva, solicitó se desestime la demanda y se confirme el acto enjuiciado. III) Que abierto el juicio a prueba (fs. 28) se diligenció la que luce certificada a fs.34. IV) Que alegaron de bien probado las partes por su orden (fs. 37-40 y 43-44). V) Conferida vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, por D ictamen N° 112/2021 (fs. 47 y vto.) aconsejó declarar que, en el caso, operó la caducidad de la acción. VI) Se citó para sentencia por auto N° 1302/2021, la que se dictó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que obstáculos de índole formal, impiden al Tribunal ingresar a analizar el fondo de la litis planteada. II) La parte actora demanda la nulidad de la resolución de fecha 8 de marzo de 2019, por la cual se resolvió clausurar el sumario administrativo instruido y declararlo cesante, por la causal de ineptitud en el ejercicio del cargo (fs. 638-653 AA, pieza II). El accionante fue notificado el 21 de marzo de 2019 (fs. 664 ibídem) e interpuso, en tiempo, recursos de revocación y jerárquico el 29 de marzo de 2019 (fs. 696), recurrencia que ratificó y fundamentó mediante escrito agregado a fs. 726-730, el 5 de febrero de 2020. Ahora bien, conforme surge de su texto (fs. 652 ib.), la volición resistida fue dictada en ejercicio de atribuciones delegadas , por Resolución del Poder Ejecutivo Nº 1044/1984. Por tanto, la resolución que se cuestiona debe repu tarse a los efectos del agotamient o de la vía administrativa, dictada por el Poder Ejecutivo (art. 9º Res. Nº 1044/84). En tal sentido, el artículo 134 del Decreto 500/991 prevé: “ Los actos administrativos dictados en ejercicio de atribuciones delegadas o subdelegadas deberán contener constancia de ello, con señalamiento de la correspondiente resolución delegatoria, y se reputarán a todos los efectos como dictados por el órgano delegante”. Como claramente enseña CAJARVILLE: “Podría decirse, gráficamente, que en cuanto a los efectos de la expresión de voluntad administrativa, la intervención del delegado no deja huellas en el mundo jurídico; todo ocurrirá como si el delegado no hubiera intervenido y la voluntad del órgano delegante hubiera sido expresada por su propio titular”. (Cf. CAJARVILLE PELUFFO, Juan Pablo. “Delegación de Atribuciones”, en “Sobre Derecho Administrativo” , FCU, Tomo I, 3ª Edición Ampliada, 2012, p. 629). De manera que el pretensor debió interponer únicamente el recurso de revocación, produciéndose la denegatoria ficta a los 150 días (art. 5º Ley No. 15.869), esto es el 2 de setiembre de 2019. El plazo de 60 días para interponer la demanda anulatoria venció el 1º de noviembre de 2019, por lo que la demanda de nulidad promovida por el actor con fecha 19 de diciembre de 2019 , tal como surge de la nota de cargo de fs. 17 y del sello de recepción del libelo introductorio (fs. 1 1), fue presentada cuando ya había operado la caducidad del derecho a proponerla válidamente. Por los fundam entos expuestos, lo dispuesto por el art. 319 de la Constitución, artículos 4º, 9º y 10 de la Ley Nº 15.869; y lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal, FALLA : Declárase que la acción anulat oria no fue ejercida válidamente, al haber operado la caducidad del derecho de la parte actora a su efectiva y temporánea promoción. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en l a suma d e $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dr. Simón. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).