Sentencia Sentencia N° 344/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 17 de agosto de 2021 No. 344 VISTOS : Para sentencia, estos autos caratulados: “SCAFIEZZO CABRERA, ALLISON KARINA con ESTADO. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Acción de Nulidad” (Ficha Nº 809/2019). RESULTANDO : I) La parte actora dedujo pretensión anulatoria en contra de la resolución del Sr. Comandante en Jefe de la Armada Nº 145/2018 de 14 de noviembre de 2018, cuyo dispositivo declaró improcedentes los recursos administrativos interpuestos por la actora en contra del dictamen jurídico que rechazó la solicitud de ampliación del informe de la Junta Médica que entendió que la Sra. Scafiezzo no se encontraba apta para ingresar a la Armada (fs. 48 a 48 vto. de los antecedentes). II) La referida resolución fue personalmente notificada el 30 de noviembre de 2018 (fs. 49 vto. de los antecedentes) y los recursos administrativos fueron tempestivamente deducidos el 7 de diciembre de 2018 (fs. 50 a 50 vto. de los antecedentes). III) Trascurridos 200 días sin pronunciamiento de la Administración, el 24 de julio de 2019 se configuró la denegatoria ficta. IV) La acción anulatoria fue interpuesta el 27 de noviembre de 2019 (sello fechador de fs. 2 y nota de cargo de fs. 13). IV) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, mediante dictamen Nº 92/2021 de 18 de febrero de 2021 (fs. 40 a 42), se pronunció por la solución confirmatoria. V) Por decreto Nº 1.287/2021, de 8 de marzo de 2021, se llamaron los autos para sentencia, acordándose su dictado en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) El Tribunal, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 67 del Decreto ley Nº 15.524 de 9 de enero de 1984, declarará la caducidad de la acción. II) Más allá de la dudosa procesabilidad del acto objeto de impugnación, importa señalar que la actora incumplió los presupuestos para el ejercicio de la acción anulatoria. Así, conforme viene de reseñarse, la denegatoria ficta de los recursos interpuestos se configuró el 24 de julio de 2019, mientras que la acción anulatoria se interpuso el 27 de noviembre de 2019, es decir, ampliamente transcurrido el plazo de caducidad establecido por el art. 9 inc. 2º de la ley Nº 15.869 de 22 de junio de 1987. III) La accionante refirió en su demanda como dies a quo del plazo de caducidad el 2 de octubre de 2019, fecha en que fue notificada del archivo de las actuaciones (fs. 79 vto. de los antecedentes). Así, parece desprenderse del razonamiento de la demanda que dicho acto reabriría el plazo de caducidad. Pues bien, no se comparte la anterior línea de razonamiento. En lo que refiere a los supuestos de reapertura del plazo de caducidad, debe estarse al elenco taxativamente establecido por art. 9, inc. 4º de la ley Nº 15.869 a cuyo tenor el plazo se reabrirá ante “…cada acto ulterior que confirme expresamente, interprete o modifique el acto recurrido o el acto que haya agotado la vía administrativa, sin poner fin al agravio”. En la emergencia, la resolución que dispuso el archivo de las actuaciones es meramente instrumental, por lo que no encaja en el elenco de supuestos normativos que vienen de citarse a efectos de la reapertura del plazo para promover la acción anulatoria. Sobre el tópico, en términos pacíficamente reeditables en la emergencia, la Corporación ha dicho: “No puede admitirse la procedencia de la acción de nulidad, por reapertura de plazo como lo pretende el actor, de realizarse una correcta interpretación de la norma. Y ésta dispone en el art. 9º de la ley 15.869: “La demanda de anulación deberá interponerse, so pena de caducidad, dentro de los sesenta días corridos y siguientes al de la notificación personal al recurrente o al de la publicación en el Diario Oficial del acto que ponga fin a la vía administrativa.” Y como circunstancia excepcional que altera el principio, dispone que: “Aunque hubiere vencido el plazo del inciso primero, la acción de nulidad podrá también ser ejercida hasta sesenta días después de la notificación personal o publicación en el Diario Oficial en su caso, de cada acto ulterior que confirme expresamente, interprete o modifique el acto recurrido o el acto que haya agotado la vía administrativa, sin poner fin al agravio”. En el caso de autos es claro, que el extremo requerido por la norma no operó, siendo la Resolución que el actor busca calificar como útil para operar la reapertura del plazo para el accionamiento, un típico acto de ejecución y no uno que “confirme expresamente, interprete o modifique ” (sentencia Nº 398/2012). Por los fundamentos expuestos y las disposiciones legales mencionadas, el Tribunal, FALLA : Declárase la caducidad de la acción anulatoria. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios profesionales del abogado de la parte actora en la suma de $ 39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dr. Simón. Dr. Marquisio (Sec. Letrado)