Sentencia Definitiva N° 342/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 10 de agosto de 2021 No. 342 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “SUÁREZ BENVENUTTO, RAÚL EFRAÍN con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de Nulidad” (Ficha No. 67/2019). RESULTANDO : I) A fs. 2 compareció Raúl Efraín SUÁREZ BENVENUTTO, a demandar la nulidad de la resolución No. 03-936-2018- 1384, dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Social, por la cual se dispone: “ Ratifícase en todos sus términos lo dispuesto por el acto definitivo ajustado a la resolución de la Gerencia de Prestaciones Económicas No. AP 28/2018, por lo que la pasividad que viene percibiendo el Sr. Raúl Efraín SUÁREZ BENVENUTTO se encuentra ajustada a Derecho” (AA fs. 122 vto-123). Adujo en lo medular que su jubilación actual con afiliación rural, que le fuera conferida el 17 de diciembre de 2011, por incapacidad física total y permanente, fue erróneamente clasificada en el literal c) del artículo 19 de la Ley No. 16.713, cuando, en puridad, debió serlo en aplicación del literal a) de dicho artículo. Y ello, por cuanto se encontraba en inactividad compensada, antes, durante y después de haber presentado su solicitud de jubilación por incapacidad física el 4 de octubre de 2011; y antes, durante y después de haber sido jubilado, el 17 de diciembre de 2011. Expuso que ese “error” de clasificación de su jubilación lo perjudicó, en tanto el Organismo Previsional le exigió 10 años de servicios prestados en Caja Rural, siendo que si hubiera clasificado correctamente su jubilación en el literal a) del artículo 19 de la Ley, solo tenía que haber exigido 2 años de servicios. Entendió que tiene derecho a una segunda jubilación, integrada por servicios de afiliación por Industria y Comercio y servicios bancarios. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda. II) Conferido el correspondiente traslado, compareció a fs. 25, Silvia TUBINO MEZZANO en representación del Banco de Previsión Social, a contestar la demanda. Se remitió al informe de la Gerencia de Sector Servicios de pasividades (Sección Reformas y Regímenes Especiales) de fecha 25 de enero de 2018 conclusivo de que la pasividad del actor es por la causal imposibilidad Física Total, de acuerdo con el art. 19 literal c) de la Ley No. 16.713, al amparo del Régimen de Transición. Además, expuso que al tiempo de conferir vista al actor, se le aclaró que en el Régimen de Transición (Ley No. 18.395) cuando se trata de una jubilación por imposibilidad Física cuya incapacidad ha sido sobrevenida con posterioridad al cese, la misma es incompatible con otra jubilación o retiro. Por otra parte, refirió al informe de la Sección Reformas y Regímenes Especiales que alude a la imposibilidad de dar satisfacción a la pretensión del titular de obtener una jubilación independiente por Industria y Comercio. Concluyó que ningún perjuicio se causó al accionante en el decurso de su trámite jubilatorio. Se otorgó la jubilación conforme la situación fáctica relevada y se encuadró en la norma de Derecho correspondiente. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. III) Abierto el juicio a prueba (fs. 29) se produjo la que luce certificada a fs. 84. IV) Alegaron de bien probado las partes por su orden (fs. 87-94 y 95-98) V) Conferida vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, aconsejó confirmar el acto impugnado, por Dictamen No. 424/2020. VI) Se dispuso el pasaje a estudio y se citó a las partes para sentencia definitiva, que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) La pretensión anulatoria se dirige contra la resolución No. 03-936-2018-1384, dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Social, por la cual se dispone: “Ratifícase en todos sus términos lo dispuesto por el acto definitivo ajustado a la resolución de la Gerencia de Prestaciones Económicas No. AP 28/2018, por lo que la pasividad que viene percibiendo el Sr. Raúl Efraín SUÁREZ BENVENUTTO se encuentra ajustada a Derecho” (AA fs. 122 vto-123). II) Desde el punto de vista formal, se han cumplido adecuadamente los requisitos establecidos para que pueda ingresarse al análisis de mérito del asunto (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y arts. 4 y 9 Ley No. 15.869). III) El Tribunal, por unanimidad, de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por la confirmación del acto impugnado. IV) Emerge de los antecedentes administrativos traídos al proceso, que al actor le fue concedida una jubilación por incapacidad para toda tarea, por el régimen de transición, otorgada el 14 de junio de 2011, con alta en el presupuesto 01/2012, servida desde el 17 de diciembre de 2011, día inmediato posterior a la fecha en que se determinó su incapacidad (AA fs. 79-80). El 14 de marzo de 2018, solicitó reforma de la jubilación, al amparo de lo previsto en el lit. a) del art. 19 de la Ley No. 16.713, en el entendido que la incapacidad sobrevino en actividad. Solicitó se corrigiera el error y se considerara su solicitud de una jubilación común por Industria y Comercio, teniendo en cuenta el Comunicado 42 para probar presuntivamente el período desde el 01/12/1982 al 15/04/1988 trabajado para la empresa Elka Impresos Ltda.. Solicitó además, el traspaso de servicios bancarios (AA fs. 90 vto.). No le asiste razón en su planteo, resultando ajustada a Derecho la resolución que se impugna en obrados. La Ley No. 16.713, en su artículo 19 en su actual redacción, establece los presupuestos que se requieren para la configuración de la causal de jubilación por incapacidad. En lo que interesa al objeto del presente pronunciamiento, bajo el acápite (Jubilación por incapacidad total) dispone en sus literales A y C: “A) La incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, sobrevenida en actividad o en período de inactividad compensada, cualquiera sea la causa que la haya originado y siempre que se acredite no menos de dos años de servicios reconocidos, de acuerdo al artículo 77 de la presente ley, de los cuales seis meses, como mínimo, deben haber sido inmediatamente previos a la incapacidad. Para los trabajadores que tengan hasta veinticinco años de edad sólo se exigirá un período mínimo de servicios de seis meses que deberán ser inmediatamente previos a la incapacidad. C) La incapacidad laboral absoluta y permanente para todo trabajo, sobrevenida dentro de los dos años siguientes al cese en la actividad o al vencimiento del período de inactividad compensada, cualquiera sea la causa que hubiera originado la incapacidad, cuando se computen diez años de servicios reconocidos, de acuerdo al artículo 77 de la presente ley, como mínimo, siempre que el afiliado no fuera beneficiario de otra jubilación o retiro, salvo la prestación que provenga del régimen de jubilación por ahorro individual definido en la presente ley. Quienes habiéndose incapacitado en forma absoluta y permanente para todo trabajo, no configuren la causal de jubilación por incapacidad total, por no reunir los requisitos antes establecidos, podrán acceder a la prestación asistencial no contributiva por invalidez, en las condiciones previstas por el artículo 43 de la presente ley”. En el caso, tal como se reseñó, el cese de la actividad del promotor en la prestación de actividad rural se verificó el 14 de junio de 2011, según consta a fs. 79 y 95 de los antecedentes. Con posterioridad a ello, el 16 de diciembre de 2011 se determinó su imposibilidad física para toda tarea, con un baremo de 73%, a partir del 16 de diciembre de 2011, según consta a fs. 2-7, carpeta de documentación en 75 fs. De manera que, en el caso, se configuraron los presupuestos contemplados en el literal c) del artículo 19 de la Ley No. 16.713, por lo cual nada cabe objetar a lo actuado por la Administración demandada, resultando vedada la posibilidad de la obtención de una pasividad por afiliación Industria y Comercio, independiente como pretende. Se comparte lo informado por la Sección Reformas Especiales del Organismo demandado, el 16 de abril de 2011 en relación con que “Los servicios que pertenecen a Industria y Comercio se podrán ingresar a su actual jubilación reformando la misma, al no poder tener derecho a otra pasividad” (AA fs. 96 vto.). En este sentido, conforme surge a fs. 119 vta. de los antecedentes, fue asesorado el actor. Por tales fundamentos, el Tribunal por unanimidad, FALLA : Desestímase la demanda y por ende queda firme el acto impugnado; sin especial condena en costas ni costos. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón (r.). Dr. Marquisio (Sec. Letrado)