Sentencia Definitiva N° 335/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 10 de agosto de 2021. No. 335 VISTOS : Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “GARCÍA GURUCHAGA, ÁLVARO LUIS con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de nulidad” (Ficha No. 445/2019). RESULTANDO : I) En este proceso, el actor Álvaro Luis GARCÍA GURUCHAGA, dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución No. 361559 dictada el 21 de agosto de 2018 por la Gerencia de Fiscalización de la Asesoría Tributaria y Recaudación (en adelante: ATYR) del Banco de Previsión Social (en adelante: BPS), en ejercicio de atribuciones delegadas por la Dirección Técnica de ATYR, por el que se determinaron obligaciones tributarias a cargo del actor, en concepto de aporte patronal, aporte mínimo, multas por mora y recargos (fs. 97 vto. de los A.A.). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria alegó que el acto impugnado es el resultado de la “recomposición” del procedimiento administrativo, luego de que el TCA anulara por Sentencia No. 971/2017 la Resolución No. 253179 del 26 de mayo de 2015, en la que se determinaron de forma ilegítima obligaciones tributarias. Se agravió por entender que la volición que resiste replica algunos de los vicios que tenía el originario, así como también, en el procedimiento de la recomposición se desconocieron algunas garantías que vician de nulidad el acto. Al respecto, adujo que sus descargos fueron analizados en forma superficial y parcial, advirtiendo también que se produjeron algunos errores de interpretación y en la aplicación del Derecho por parte de los inspectores actuantes. Destacó que la Asesoría Letrada no fue consultada en ningún momento. Asimismo, se agravió por cuanto el criterio seguido para cuantificar las obligaciones adolece de los mismos vicios por lo que el TCA anuló el acto anterior. En referencia a ello, afirmó que el BPS vuelve a determinar obligaciones sobre una base de cálculo ilegítima, porque toma en cuenta el sueldo que la trabajadora RIVERO, según el laudo del Consejo de Salarios, debió percibir -a juicio del BPS- de acuerdo con la categoría en la que revistaba. Sin embargo, RIVERO nunca percibió dicha suma. Ello vulnera el principio de lo percibido aplicable en la materia. Por último, manifestó que el acto impugnado incluye obligaciones correspondientes al ejercicio 2012, por lo que incluye obligaciones prescriptas (plazo de prescripción de 5 años, art. 38 C.T.). Expresó que no puede obviarse que el BPS ha entendido que no fue objeto de impugnación anterior la determinación sobre el ficto de vivienda y sobre los sueldos patronales. Por lo tanto, a su respecto no puede invocar el supuesto de suspensión previsto en el art. 40 del C.T. A su entender, si no hubo recurso ni acción de nulidad respecto de estas obligaciones, va de suyo que el plazo de prescripción no se suspendió y continuó corriendo. En definitiva, bregó por la nulidad del acto enjuiciado. III) Conferido traslado, la Administración demandada defendió la validez del acto, argumentando que su actuar resulta en un todo conforme a Derecho. Explicó que el origen de estas actuaciones se remonta al 10 de abril de 2014 cuando inició un procedimiento inspectivo, donde se realizó una verificación puntual por la actividad de María RIVERO en la empresa del contribuyente. Dicha actuación, culminó con el dictado de la Resolución No. 253179, que fue declarada nula por el TCA, a través de la Sentencia No. 971/17, por considerar que “el haberse recalificado la tarea de la trabajadora como recepcionista, porque a juicio del Ente era la tarea que desempeñaba y el haberse realizado la reliquidación de las CESS en base a un salario que la misma no percibió, vicia de nulidad el acto enjuiciado…”. Arguyó que, haciendo uso de su poder deber, recompuso las actuaciones dictando la Resolución No. 361559 que se procesa en estos obrados. Controvirtió que los descargos realizados por el actor no hayan sido considerados por el BPS, señalando que el informe inspectivo que los trata luce agregado a fs. 96 de los antecedentes administrativos; de dicho informe se desprende que el Ente no se basó en los montos de los laudos de los Consejos de Salarios. Lo realizado, implicó sumar los montos correspondientes del ficto de vivienda (10 BFC) (María RIVERO vivía en el hotel – no controvertido) a los montos efectivamente percibidos por la trabajadora. Y el mayor sueldo de la empresa, sería el que se tomaría en cuenta para determinar los correspondientes aportes patronales. Asimismo, controvirtió que la Asesoría Letrada no haya intervenido, habiéndose expedido a través de diversos informes que lucen agregados en las actuaciones. En lo que a la determinación de obligaciones refiere, afirmó que el BPS no se basó en los laudos de los Consejos de Salarios para la determinación del monto, sino en las declaraciones del contribuyente en las correspondientes nóminas, por lo que no se violó la cosa juzgada. Afirmó que el BPS no aplicó el criterio de lo devengado, sino el criterio de lo percibido. Concluyó que su proceder consistió en sumar el salario percibido más el ficto de vivienda, actuando conforme a Derecho. En cuanto a la prescripción que el actor reclama, indicó que en realidad la prescripción fue interrumpida el 30 de enero de 2015 y el 14 de agosto de 2015. Afirmó que todos aquellos aspectos que no fueron objeto de la acción de nulidad y que estuvieron presentes en el acta final de inspección de 30 de enero de 2015, no pueden ser afectados por la sentencia y perder su eficacia interruptiva. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. IV) Por Resolución No. 8738/2019 se abrió a prueba por el plazo de 60 días, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 30, agregándose por cuerda separada los antecedentes administrativos (carpeta de tapas verdes, en 135 fojas). V) Las partes alegaron por su orden (fs. 33 - 37 y fs. 40 - 44, respectivamente) VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante el Dictamen No. 575/2020, aconsejando la confirmación del acto impugnado (fs. 47 - 48). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 50). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria. (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). El acto impugnado fue notificado al accionante el 3 de setiembre de 2018 (fs. 99 de los A.A.) quien lo resistió el 10 de setiembre de 2018 mediante la interposición de los recursos de revocación y jerárquico, en subsidio (fs. 106 vto. de los A.A.). Por Resolución de la Dirección Técnica No. 81/2019 no se hizo lugar al recurso de revocación (fs. 120 de los A.A.) y por Resolución del Directorio No. 14-7/2019 se desestimó el recurso jerárquico (fs. 125 vto. de los A.A.), siendo notificado el actor el 17 de mayo de 2019 (fs. 131 vto. de los A.A.). La demanda anulatoria fue deducida el 30 de julio de 2019 (nota de cargo fs. 7 infolios). II) Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la Resolución No. 361559 dictada el 21 de agosto de 2018 por la Gerencia de Fiscalización de ATYR, del Banco de Previsión Social, en ejercicio de atribuciones delegadas por la Dirección Técnica de ATYR, por el que se determinaron obligaciones tributarias a cargo del actor, en concepto de aporte patronal, aporte mínimo, multas por mora y recargos (fs. 97 vto. de los A.A.). III) Reseña de los antecedentes. Para realizar un correcto análisis de la cuestión, conviene ensayar una reseña de los hechos establecidos, a partir de las actuaciones que precedieron el dictado del acto enjuiciado. Conforme emerge de los antecedentes administrativos el 10 de abril de 2014, inspectores del BPS iniciaron un procedimiento inspectivo, donde realizaron una verificación puntual, por la actividad de María RIVERO en la empresa del actor. Tras proseguirse el procedimiento administrativo correspondiente, el Ente Previsional dictó la Resolución No. 253179, la que fue impugnada ante el TCA y anulada por éste mediante el dictado de la Sentencia No. 971/2017. En dicha oportunidad, el Tribunal concluyó: “En suma, el haberse recalificado la tarea de la trabajadora como recepcionista, porque a juicio del Ente era la tarea que desempeñaba y el haberse realizado la reliquidación de la CESS en base a un salario que la misma no percibió, vicia de nulidad el acto enjuiciado…”. (Fs. 64 vto. - 68 vto. de los A.A.). Seguidamente, se realizaron actuaciones referidas a los pagos de la Resolución D.T. 667061 (fs. 74 vto. – 82 de los A.A.). Se procedió a confeccionar el informe y las planillas auditor correspondientes y se liquidaron los adeudos (fs. 82 vto. – 90 de los A.A.). El 31 de julio de 2018 se dio vista al contribuyente del Acta final de Inspección y Vista (fs. 90 vto. – 92 de los A.A.), la que fue evacuada a fs. 92 y ss. Con fecha 17 de agosto de 2018, los inspectores actuantes elaboraron un informe en el que explicitaron las razones por las cuales no consideran de recibo los agravios formulados por la parte contribuyente (fs. 96 de los A.A.). Finalmente, el 21 de agosto de 2018 el Directorio del BPS dictó la Resolución No. 361559 (contiene DT 667061/2) que se impugna en los presentes obrados (fs. 97 vto. – 98 de los A.A.). IV) Tras el análisis de los hechos del caso y de la normativa vigente, el Tribunal, compartiendo lo aconsejado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el rechazo de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, confirmará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. V) El primero de los agravios esgrimidos por el accionante es de índole formal y refiere precisamente a que sus descargos no fueron debidamente contemplados y analizados por el organismo previsional, por lo que su derecho de defensa se vio lesionado. A juicio del Tribunal, el agravio no es de recibo. Conforme emerge de fs. 96 de los recaudos allegados al proceso, surge un informe realizado por el organismo demandado donde se indican los motivos por los que no se comparten las observaciones realizadas por el actor al evacuar la vista que le fuere conferida. Respecto a la alegada vulneración de lo resuelto por el Tribunal en la Sentencia No. 971 de fecha 14 de diciembre de 2017, debe advertirse que el fundamento del fallo anulatorio se centró en el siguiente extremo: “En el presente la cuestión a decidir radica en si la determinación realizada por el Ente demandado, por la cual recalificó la actividad prestada por la trabajadora y realizó la misma en base al principio de lo devengado y no sobre lo realmente percibido por aquélla, fue ajustada a Derecho. De lo que viene de verse en el capítulo anterior, surge claramente que el demandado violentó la regla de Derecho, al recalificar el trabajo realizado por la trabajadora y, por tanto, al realizar la determinación en base al salario que, a su juicio, debió percibir y no lo hizo. El Tribunal, en jurisprudencia consolidada, se ha expedido en varias oportunidades sobre los puntos objeto de agravio, concluyendo que el obrar de la demandada es ilegítimo. (…) En suma, al haberse recalificado la tarea de la trabajadora como recepcionista, porque a juicio del Ente era la tarea que desempeñaba y el haberse realizado la reliquidación de las CESS en base al salario que la misma no percibió, vicia de nulidad el acto enjuiciado”. (Fs. 64vto. – 68vto. de los A.A., Considerando V). A juicio del Tribunal, ha de estarse al sustento de la anulación dispuesta en su oportunidad a efectos de juzgar si la actuación posterior de la Administración resulta ajustada al estricto cumplimiento de la misma. Desde tal óptica, no se advierte error de Derecho alguno respecto a la interpretación que se practicó en las actuaciones administrativas cuando, previo informe letrado, a los efectos de encauzar la gestión pertinente, se delimitó que: “El fallo ampara la demanda de nulidad, anulando el acto impugnado sin especial sanción procesal. No obstante, por no haber sido objeto de agravio, lo referente al ficto de 10 BFC por vivienda, ni de la diferencia que se refleja en el aporte del titular por sueldo mayor, se deberá analizar la procedencia de una nueva determinación en relación a estos conceptos que no fueron alcanzados por el fallo anulatorio”. (Fs. 70 - 71 de los A.A.). En efecto, surge de los antecedentes administrativos que el Acta Final de Inspección también relevó que: “A su vez, el hecho de habitar la Sra. Rivero una de las habitaciones junto a su hija, sin abonar la misma, es considerada parte del salario, por lo cual se le consideran 10 BFC a la remuneración percibida”. (Fs. 25 vto. de los A.A.). Tal extremo, no fue objeto de cuestionamiento alguno por parte del demandante al momento de evacuar en la ocasión de vista de precepto (fs. 28 - 30 de los A.A.); no se articuló en la interposición de los recursos, así como tampoco se explicitó con posterioridad, en tanto, no medió fundamentación previa a la decisión de mérito adoptada por la Administración (ver constancia a fs. 40 y ss. de los A.A.). Tampoco surge un desconocimiento específico de tal circunstancia, ni una argumentación articulada respecto de ésta, al evacuar la vista frente al Acta de Inspección de 2018, que reconduce el accionar administrativo; más aún, se insiste que se violenta la cosa juzgada sobre la base de la aplicación del laudo del Consejo de Salarios que en forma alguna aparece invocado a efectos de la base de la futura determinación tributaria (fs. 92 vto. - 95 de los A.A.). Las bases de la nueva determinación no se sientan, nuevamente, en el criterio de lo devengado como lo pretende la parte actora, sino que, por el contrario, las actuaciones cumplidas demuestran que se partió de lo percibido conforme a las nóminas presentadas por el contribuyente, adicionando el ficto por vivienda pertinente que integra la base de cálculo de las contribuciones de seguridad social (ver carpeta de documentación en 57 fs.). En suma, de las actuaciones administrativas surge probado que el actor no padeció afectación alguna de sus garantías, en tanto, sus argumentaciones fueron consideradas por la Administración, mas no compartidas. Así, el Acta contiene la referencia al dictamen jurídico en virtud del cual se procedió y la actuación aparece ratificada por el Inspector actuante que, nuevamente, invoca dicha opinión técnica, y por su jerarca que comparte lo actuado (fs. 96 - 97 de los A.A.). VI) Continuando con el análisis de los agravios articulados por la parte actora, ésta sostiene que el acto impugnado incluye obligaciones correspondientes al ejercicio 2012, por lo que se trata de obligaciones prescriptas (plazo quinquenal de prescripción, contenido en el art. 38 C.T.). A juicio del Tribunal, tampoco le asiste razón a la parte actora en este aspecto de su planteo. En efecto, la Sala entiende que la anulación del acto de determinación por parte del TCA no implica “automáticamente” que el acta final de inspección y vista presente en dichas actuaciones deba considerarse nula y por ende carente de eficacia interruptiva a los efectos del cómputo de la prescripción; sino que debe analizarse caso a caso. Por lo que, en base a lo expuesto respecto de las particularidades del caso y elementos por los cuales se anuló la determinación tributaria que el BPS se encuentra recomponiendo, la Corporación considera que la prescripción se interrumpió a través del acta final de inspección de fecha 30 de enero de 2015 (fs. 25 vto. de los A.A. en 135 fs.). En definitiva, la determinación tributaria realizada por la Administración es ajustada a Derecho, por lo que no existe reproche alguno a su respecto. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett, Dr. Simón. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).