Tribunal de lo Contencioso Administrativo · Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Sentencia Sentencia N° 334/2021
10 de agosto de 2021
- Ficha (IUE)
- 376/2020
- Procedimiento
- Acción de nulidad
- Materia
- Derecho administrativo
- Resultado (estimado)
- Revoca o anula
- Fallo: otro
Texto de la sentencia
DECRETERO DE SENTENCIAS
//tevideo, 10 de agosto de 2021.
No. 334
VISTOS :
Para resolución, estos autos caratulados: “PIAZZA PIÑEYRO, ENRIQUE WASHINGTON con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de Nulidad” (Ficha No. 376/2020).
RESULTANDO :
I) Con fecha 28 de julio de 2020, compareció la parte actora entablando demanda de nulidad contra la Resolución No. AP 181/2019, de fecha 17 de julio de 2019, emitida por la Gerencia de Prestaciones Económicas - Área Pasivos, mediante la cual se resolvió otorgar una jubilación al actor (servicios comunes de industria y comercio) con una asignación mensual de $11.255,40 a servirse desde el 1 de enero de 2019 (fs. 134 y 135 A.A.).
El Sr. Piazza Piñeyro manifestó que la Resolución nunca fue notificada personalmente ni publicada en el Diario Oficial. Con fecha 13 de diciembre de 2019, interpuso los recursos de revocación y jerárquico (fs. 64 a 68 A.A.). Transcurridos 200 días desde la interposición, el Banco de Previsión Social (BPS en adelante) no decidió expresamente los recursos interpuestos, por lo que, a partir del 7 de julio de 2020, el promotor de esta acción entendió que fueron rechazos fictamente.
Por consiguiente, afirma que ha quedado correctamente agotada la vía administrativa, quedando expedita la vía jurisdiccional, iniciando la acción de nulidad, el 28 de julio de 2020, en tiempo útil, siendo que, a su criterio, el plazo de caducidad vence el 13 de setiembre de 2020 (fs.2 vuelto).
II) Comparece Rodolfo Piriz Chiola en representación del BPS, a fs. 13 y ss., oponiendo la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, en cuanto entiende que este procedimiento adolece de un vicio formal que no es subsanable, que es el haber recurrido fuera del plazo constitucional previsto en el artículo 317, solicitando que este Tribunal ordene la clausura y archivo de las actuaciones.
Arguye que el otorgamiento de la pasividad le fue notificado en el domicilio electrónico constituido por el actor, en “piazzaenrique@hotmail.com”, mediante el recibo de cobro de la jubilación del mes de agosto de 2019, por lo que entiende que la interposición de los recursos fue realizada en forma extemporánea.
El actor interpone los recursos administrativos de revocación y jerárquico en subsidio, el 13 de diciembre de 2019, por lo que, a criterio de la parte demandada, se encontraba vencido el plazo de los diez días.
III) Por Decreto No. 6033/2020 se confirió traslado al accionante, del excepcionamiento opuesto quien lo evacuó a fs. 25 a 26 vuelto.
Expresó que, al contrario de lo manifestado por la Administración demandada, los recursos fueron presentados en tiempo útil. Considera que hubo ausencia de notificación personal, encontrándose habilitado a recurrir en cualquier momento, según lo dispuesto en el artículo 4 inc. 1 in fine de la Ley No. 15.869.
Alega que la notificación vía correo electrónico no está admitida legalmente para notificar una resolución que aprueba una jubilación en el ámbito de las competencias del BPS. El artículo 367 de la Ley No. 19.149 habilita el uso del domicilio electrónico, a los solos efectos tributarios, por lo cual infiere que la ley solo se aplica en el ámbito tributario y no a los efectos de la Seguridad Social (resolución que aprueba una jubilación).
Indica que el Poder Ejecutivo solo reglamentó la obligatoriedad para las personas físicas de constituir domicilio electrónico ante la DGI, no en el ámbito del BPS.
El Sr. Piazza entiende que una simple constancia -agregada a fs. 137 A.A.- no puede importar la existencia de una actuación notificada, no constituyendo una garantía básica de defensa del administrado.
Remata diciendo: “(…) no hubo notificación personal. Por tanto, no habiendo notificación personal, el lapso no empieza a correr y el recurso puede ser presentado en cualquier momento, tal como sucede en la especie” (fs.26).
En definitiva, solicita se rechace la cuestión formal deducida.
IV) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No.146/2021) aconsejó no hacer lugar a la cuestión formal planteada.
V) Por Decreto 1964/2021 del 24 de mayo de 2021, se pusieron estos autos para Resolución.
CONSIDERANDO :
I) El Tribunal, coincidiendo con lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará la cuestión formal planteada, declarando que la vía administrativa debe tenerse por válidamente agotada, por las razones que se explicitan a continuación.
II) En cuanto al punto central a elucidar, según surge de los antecedentes administrativos incorporados a la causa, el acto enjuiciado fue dictado con fecha 17 de julio de 2019 (fs. 134 A.A.) no obrando en los antecedentes que haya sido notificado de manera personal al actor.
A fojas 135 A.A., luce una fotocopia simple que prueba que se envió un “mail” desde el Área de Finanzas del Banco de Previsión Social a la casilla personal del actor, a través de la cual se informó el otorgamiento de la jubilación de afiliación de industria y comercio. La notificación fue realizada en el recibo de pago de la pasividad del mes de agosto de 2019.
El sistema utilizado por la Administración en la especie para hacer conocer al promotor la resolución encausada, claramente no cumple con las debidas garantías como para dar certeza suficiente a las notificaciones formales de los actos emitidos por el organismo demandado, no constando que el demandante se haya notificado íntegramente del contenido del mismo.
Una información de tamaña importancia no puede concebirse como correctamente notificada a través del correo personal del actor, menos aún, cuando la notificación de la Resolución acompañaba el recibo de pago mensual de la pasividad.
Esta Corporación, en otra oportunidad, manifestó: “Y, la circunstancia de que con el recibo de la pasividad, se hubieran enterado de la decisión de la demandada, de ninguna manera puede considerarse una forma de notificación que sustituya a la notificación personal o a la publicación en el Diario Oficial. Al respecto, el Dr. Juan Pablo Cajarville en el ‘Procedimiento Administrativo en el Decreto 500/91, ed. IDEA, 1997, pág. 112 expresa: ‘el art. 317 de la Constitución no distingue entre actos expresos o fictos al reglar el comienzo del término a partir de la notificación o publicación y la Ley 15.869, art. 4º, inc. 1º, incluye tanto los actos expresos como los tácitos al referir al comienzo del cómputo, y no los distingue al disponer que la falta de notificación o publicación podrán ser recurridos en cualquier momento’” (Sentencia No. 584/2008).
Es cierto que el Tribunal, en otros casos, ha admitido la notificación electrónica de resoluciones, cuando ha existido una constancia de notificación, se ha acusado recibo de la recepción de la misma, se ha utilizado un sistema de notificaciones implementado por los propios organismos públicos a tal fin y la parte actora hubiere adherido a tal medio de comunicación (Sentencia No. 892/2017); todos esos elementos faltan en el presente caso.
De modo, entonces, que la impugnación interpuesta por el actor el 13 de diciembre de 2019 (fs. 64 a 68 A.A.) fue tempestiva. La Administración no resolvió en forma expresa los recursos interpuestos, por lo cual pasados 200 días contados desde el siguiente al de su presentación, operó la denegatoria ficta: 7 de julio de 2020, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 5º y 6º de la Ley No. 15.869, en la redacción dada por el art. 41 de la Ley No. 17.292.
La acción anulatoria promovida el 28 de julio de 2020 (nota de cargo de fs. 7) lo fue en tiempo útil, de acuerdo con lo previsto por los arts. 9º y 10º de la Ley No. 15.869.
Por los fundamentos expuestos, los concordantes del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo y las normas jurídicas citadas, el Tribunal,
RESULVE :
Desestímase la cuestión formal planteada, y en su lugar declárase debidamente agotada la vía administrativa.
A prueba por el término legal.
Dra. Salvo, Dra. Klett, Dr. Simón (r.).
Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).
Fuente: consulta de jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los nombres de las partes figuran tal como los publica el TCA (los juzgados los anonimizan; el Tribunal, no siempre).