Sentencia Sentencia N° 333/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 10 de agosto de 2021. No. 333 VISTOS : Para resolución, estos autos caratulados: “CURTO SANTAMARÍA, CARLOS Y OTROS con ESTADO. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Acción de nulidad” (Ficha No. 359/2020). RESULTANDO : I) Con fecha 23 de julio de 2020, comparecieron Carlos Curto Santamaría y Javier Curto Barreto, por sí y en representación de LAFENAL S.A., pretendiendo la nulidad de la Resolución Nº 3421/2019 dictada por el Director General de Rentas de la Dirección General Impositiva (DGI), la que dispuso adeudos tributarios, multas y responsabilidades. En lo medular, sostuvieron que no se respetaron las garantías del debido procedimiento administrativo, que la Resolución impugnada no fue debidamente motivada, no considerándose los descargos realizados ni prueba aportada en las actuaciones administrativas. Excediendo además el procedimiento de su duración razonable. Señalaron que se determinó ilegítimamente que LAFENAL S.A. incurrió en infracción de defraudación tributaria por una supuesta maniobra ilícita que no fue tal. Indicaron que los servicios fueron efectivamente prestados y también fue adquirida la mercadería para desarrollar la actividad en cuestión, encontrándose efectivamente vinculados la actividad desplegada con el proyecto de inversión. Afirmaron que no se probaron los elementos objetivo y subjetivo de la infracción de defraudación que se les imputa. Que se les aplicó una multa por defraudación que entienden no se encuentra justificada y es desproporcional con el obrar desplegado. II) Conferido traslado de la demanda (Decreto No. 4085/2020), a fs.70, comparecieron Martin Pérez y Matías Burgos en representación del Estado-Ministerio de Economía y Finanzas- Dirección General Impositiva (en adelante la demandada), solicitando la clausura de los procedimientos y archivo de las actuaciones. Manifestaron que, con fecha 17 de setiembre de 2020, la Directora General de Rentas dictó la Resolución Nº 1705/2020, mediante la cual revocó el numeral 3º y siguientes de la parte dispositiva de la Resolución Nº 3421/2019 objeto de la siguiente acción. Revocación que señalan se produce por razones de legalidad, al haberse constatado que el acto de determinación fue dictado sin que se haya analizado los descargos formulados ni la prueba documental que se agregó por los actores al evacuar vista en vía administrativa. Indican que se notificó de la resolución revocatoria a LAFENAL S.A., Carlos Curto Santamaría y Javier Andrés Curto Barreto. Que en consecuencia, y no habiéndose dictado aun sentencia, en virtud de lo dispuesto por el artículo 95 del Decreto-Ley No. 15.524, corresponde la clausura y archivo de las presentes actuaciones. III) Por Decreto No. 6207/2020 se dio traslado de la solicitud de clausura del procedimiento (fs.73), no compareciendo la parte actora a evacuar dicho traslado, solicitando en consecuencia la parte demandada la declaración en rebeldía de los actores (fs. 75). El Tribunal, a través de Decreto Nº 409/2021, tuvo por bien acusada la rebeldía y dispuso el pase de los autos en vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo por el incidente de clausura (fs. 77). IV) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció a través de Dictamen No. 176/2021, aconsejando el rechazo de la solicitud de clausura del proceso (fs. 95). V) Por Decreto No. 2016/2021, se dispusieron los autos para resolución (fs. 97), la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) El Tribunal, apartándose de lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, entiende que corresponde la clausura y el archivo de estas actuaciones. II) En efecto, la clausura y archivo de los procedimientos se encuentra regulada en el artículo 95 del Decreto-Ley No. 15.524, como un modo anómalo de terminación del proceso contencioso administrativo anulatorio. Dicho artículo dispone “Si antes de pronunciada la Sentencia, la Administración demandada revocara el acto por razones de legalidad, comprobada fehacientemente, se dispondrá la clausura y archivo de los procedimientos a petición de cualquiera de las partes, y aún de oficio si el Tribunal tuviera conocimiento auténtico de la referida situación”. III) De las actuaciones administrativas surge la Resolución No. 1705/2020 de fecha 17 de setiembre de 2020, a través de la cual, la Directora General de Rentas, resolvió: “Revocar el numeral 3º) y siguientes de la parte dispositiva de la Resolución Nº3421/2019 del 16 de setiembre de 2019” (fs. 911), resolución esta última cuya nulidad en autos se pretende. IV) Como lo indica la parte demandada al solicitar la clausura y archivo de las actuaciones, y además surge de los considerandos de la Resolución Nº 1705/2020, dicha revocación se resolvió al haberse constatado que el acto de determinación fue dictado sin que se haya analizado los descargos formulados ni la prueba documental que se agregó por los actores al evacuar la vista en vía administrativa. Irregularidad en el proceder de la administración tributaria que integra uno de los vicios formales expuestos como agravio por los actores. V) Además, corresponde señalar que en virtud del contenido de la resolución revocatoria señalada, si bien formalmente se podría decir que se trata de una revocación parcial (al no revocar todos los numerales de la resolución objeto de la acción anulatoria), los únicos numerales que quedaron vigentes de la Resolución No. 3421/2019, son el Numeral 1) que dispuso: “Revocar parcialmente la Resolución de esta Dirección General Nº5295/2017 de fecha 31 de julio de 2017, exclusivamente en cuanto atribuye responsabilidad al Sr. Martin Andrés Machado Tassara y dispone la solicitud de medidas cautelares a su respecto, en los términos que surgen de los Considerandos VII) y VIII) manteniéndola en lo restante” , y el Numeral 2º), en el que se resuelve : “No acceder a la petición de sustitución de embargo formulada por LAFENAL S.A. y los Sres. Carlos y Javier Curto conforme lo indicado en el Resultando VI)”, siendo que la resolución que dispuso la adopción de medidas cautelares y la responsabilidad del Sr. Martín Andrés Machado fue la Nº 5295/2017 (fs. 239 y ss. A.A. en 918 fs.). Decisiones de la demandada presentes materialmente en la resolución impugnada, respecto de las cuales los actores no esgrimen agravio alguno. Sustancialmente, sus cuestionamientos se encuentran dirigidos a los numerales que fueron posteriormente revocados por la demandada a través de la Resolución No. 1705/2020 (Numerales 3º) y ss. de la Resolución No. 3421/2019. VI) Resolución revocatoria No. 1705/2020 que fue notificada a los actores (fs. 912 y ss. A.A en 918 fs.), a quienes además se les dio traslado de la solicitud de clausura de las actuaciones (Decreto No. 6207/2020 fs.73), no compareciendo a evacuarlo, siendo declarados en rebeldía (Decreto No. 409/2021 fs.77). VII) Consideramos que resulta aplicable al caso lo que el Tribunal sostuvo recientemente en Sentencia No. 242/2021: “Al constatarse vicios procedimentales en el conferimiento de la vista previa de precepto, que agravió a la demandante y fue susceptible de cercenar garantías del pleno ejercicio del derecho de defensa del contribuyente, es evidente que la Administración tributaria demandada revocó por una razón de legalidad el acto atacado, y de conformidad a lo establecido en el art. 95 del Decreto-Ley No. 15.524, “si antes de pronunciada la sentencia, la Administración demandada revocara el acto por razones de legalidad, comprobada fehacientemente, se dispondrá la clausura y archivo de los procedimientos a petición de cualquiera de las partes y aún de oficio si el Tribunal tuviera conocimiento auténtico de la referida situación.” La Corporación tiene dicho reiteradamente que “la revocación por razones de legalidad no necesariamente ha de ser un espejo de la batería de agravios relacionados en la demanda anulatoria” (Cfme. Sentencia No. 1031/2011, entre otras), y que una vez operada la revocación del acto originario con efectos ex tunc, se han extinguido totalmente los efectos de este; todo lo cual no obsta a que la Administración pueda recomponer la actividad administrativa y proceder en legal forma a conferir la vista previa de precepto al contribuyente, recibir sus descargos y luego de sopesados los mismos, eventualmente dictar un nuevo acto conforme a Derecho”. Por los fundamentos expuestos, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 95 del Decreto-Ley No. 15.524, el Tribunal RESUELVE : Clausúranse los procedimientos por cesación de la materia de contienda. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.). Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).