Sentencia Definitiva N° 330/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 10 de agosto de 2021. No. 330 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “CONDE GARETA, DANIEL ISMAEL con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de Nulidad” (Ficha No. 414/2019). RESULTANDO : I) El Sr. Juan Carlos Conde Buchtik compareció en nombre y representación de su hijo, Daniel Ismael Conde Gareta, deduciendo pretensión anulatoria contra la Resolución DP 99/2018, de 11 de julio de 2018, por la cual se denegó su solicitud de pensión por invalidez porque “no carece de recursos para subvenir a sus necesidades vitales, conforme a lo establecido en el art. 43, Ley Nro. 16713 ” (fs. 29, en carpeta verde de 58 fojas, A.A.) (la negrilla no está en el original). En su demanda, relató que los fundamentos que sustentan el accionamiento fueron presentados al momento de solicitar la pensión por invalidez ante el BPS y al presentar los recursos de revocación y jerárquico, por lo que han de considerarse como parte integrante de la misma. Manifestó que su hijo, Daniel Ismael Conde Gareta, es portador de psicosis crónica tipo esquizofrenia paranoide y trastorno por sustancias psicoactivas, habiendo sido internado en varias oportunidades en el Hospital Vilardebó con el fin de brindarle tratamientos y acompañamiento profesional para una mejor calidad de vida. Lo mencionado anteriormente, lo imposibilita a desarrollarse en cualquier tipo de ámbito laboral y llevar una vida normal, careciendo de recursos para sustentar sus necesidades vitales. Frente a esta situación, acudió al BPS por considerar que su hijo se encuentra amparado en el marco normativo vigente para obtener el servicio pensionario al amparo de los lineamientos dados por el artículo 43 de la Ley No. 16.713. En lo medular de su planteo, se agravió que el acto resistido es inmotivado y contrario a Derecho, porque la Administración realizó una incorrecta apreciación de la situación socio - económica de su hijo , quien no cuenta con ingresos bajo ningún concepto, ni años de aporte y se atiende a través del Ministerio de Salud Pública tomando medicación en forma mensual. Mientras estuvo institucionalizado, el Hospital Vilardebó sustentó sus necesidades básicas y luego que fue dado de alta pasó a vivir en su domicilio de Parque del Plata, siendo su padre, el compareciente Juan Carlos Conde el único sustento económico y quien solventa costos de medicamentos, costos de traslados a consultas e internaciones, gastos de vivienda, electricidad, agua potable, teléfono, alimentos, etc. En este sentido, indicó que debe sustentar los gastos de tres viviendas: la del titular del trámite, la de su madre y la suya propia. Ello en virtud que la actividad laboral de la madre es esporádica y de escasa entidad para costear los gastos. Además, señaló que actualmente se encuentra tramitando su jubilación, lo cual implicará que ya no podrá afrontar todos los gastos necesarios para el tratamiento de su hijo. En otro orden, se refirió particularmente a la situación de la vivienda de su hijo, cuestionando que el BPS se basó únicamente en una inspección de la finca en que este reside, la que recién había sido refaccionada y no reflejó las condiciones normales de la misma, siendo la indigencia y marginalidad lo habitual. Asimismo, cuestionó que el inspector indicó que su hijo era el propietario de la vivienda cuando a fs. 12 del expediente se declaró que este residía allí en calidad de usufructuario, en el mismo terreno en que reside su madre, al fondo. Por otra parte, afirmó que según luce en fs. 12 y 13 del expediente administrativo, se sugirió otorgar el beneficio solicitado según la prueba documental aportada del informe psiquiátrico y la constancia de internación en el Hospital Vilardebó. Seguidamente, reafirmó que el acto impugnado está viciado en sus motivos por interpretar de forma errónea el artículo 43 de la Ley Nº 16.713 y concluir que el pretensor no carece de recursos económicos para su subsistencia. Por último, recordó jurisprudencia de la Corporación que sostiene que la Ley no requiere que la persona solicitante del beneficio se encuentre en situación de indigencia o pobreza extrema (sentencias Nos. 391/2003, 628/2004 y 283/2019). En definitiva, solicitó el amparo de la demanda (fs. 2 a 5). II) Por decreto No. 5348/2019 (fs. 7), se fijó un plazo de treinta días para acreditar debidamente la representación invocada, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el artículo 62 del Decreto - Ley Nº 15.524. Dentro del término establecido se presentó el Sr. Juan Carlos Conde Buchtik, quien en lo medular de su escrito señaló que: i) “ante el BPS el compareciente pudo actuar con poder que se extiende ante el Organismo, pero no consideramos por la comprensión del presente que Daniel suscriba el documento” (fs. 9); ii) a la fecha no existía proceso de declaración de incapacidad iniciado; iii) teniendo presente la noción de Seguridad Social dada por Aníbal Barbagelata, procedía a comparecer por la vía de procuración oficiosa a efectos de acreditar la representación invocada (fs. 9 a 10). Seguidamente, recayó el decreto No. 67864/2019 (fs. 12), por el cual se consignó: “Atento a las razones expresadas por la parte actora, designase curador ad litem de Daniel Ismael Conde Gareta a su padre Juan Carlos Conde Buchtik, bajo las responsabilidades legales”. III) Conferido el correspondiente traslado compareció el Dr. Rodolfo Píriz -en representación del Banco de Previsión Social-, quien se opuso al accionamiento en base a la siguiente fundamentación. La Administración ha actuado conforme a derecho. El acto administrativo cuya nulidad se pretende devino de la lícita aplicación de las normas vigentes en la materia, no encuadrando la situación del accionante en la hipótesis regulada por el artículo 43 de la Ley Nº 16.713, por lo cual deben desestimarse las invocaciones en el sentido que el BPS interpretó erróneamente el alcance de estas. En el caso del actor, se trata de una incapacidad común absoluta, pero no severa, por lo cual, al estar ante una prestación no contributiva, se impone el estudio de la “carencia de los recursos económicos”. Del estudio efectuado por el BPS surge que el Sr. Daniel Conde no es una persona carente de recursos . Más aun, su madre , que es quien convive con él en el mismo predio manifestó al inspector actuante que no es necesario el otorgamiento de la pensión solicitada. Por tanto, se consideró que mantenía sus necesidades básicas satisfechas por los ingresos que percibían los obligados principales, que son sus padres. Además, al tratarse de una incapacidad absoluta y permanente de carácter común, se debe proceder al relevamiento de los ingresos percibidos y de la realidad socio económica familiar. El gestionante de la prestación, padre y apoderado de Daniel Conde, tiene ingresos por pasividad de $ 56.212 y existe una unipersonal activa de la que no surgen los ingresos. Ello determina que se supere el límite legal para familiares que no conviven, como es el caso de los padres. Con relación a la valoración de los ingresos de los obligados legalmente, deben hacerse en forma estricta y a la luz de las disposiciones que regulan la materia alimentaria conforme a las disposiciones del Código Civil. No se trata de evaluar la condición de “humilde” de la titular, sino que debe tratase de una persona “carente” de ingresos (económicos) para atender sus necesidades vitales. Los obligados legalmente a cubrir las necesidades son sus padres, quienes poseen ingresos que superan los límites establecidos por el BPS. Legislativamente se establece que el beneficio se otorgará cuando el núcleo familiar y, en su caso, los familiares de la solicitante superen ciertos topes de ingresos; que no es el caso de sus padres. La Ley, si bien menciona los topes, no los fija, por lo cual debieron ser establecidos reglamentariamente. A tales efectos es de aplicación lo dispuesto por la Resolución Nº 3.4541/1985, con las modificaciones introducidas por la resolución Nº 368/1994, las RD Nos. 13-3/2005, 19-7/2007 y 4-19/2013, que establecen los topes de ingresos del núcleo familiar y de los familiares legalmente obligados que son admisibles para otorgar la prestación en cuestión. Además de ello, de la documentación obrante en el expediente surge fehacientemente que el Sr. Conde no carece de recursos para cubrir sus necesidades básicas. En suma, abogó por la confirmación de la resolución impugnada (fs. 17 a 23 vto.). IV) Por decreto No. 8222/2019 (fs. 25) se dispuso la apertura a prueba, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 48. V) Las partes alegaron por su orden (fs. 54 - 58 y fs. 63 - 65, respectivamente). VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante Dictamen No. 598/2020 (fs. 68 a 68 vto.) en el que aconsejó la anulación del acto. VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Señores Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 70). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal , corresponde relevar el cumplimiento de las exigencias que según la normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. La Resolución DP 99/2018, se emitió el 11 de julio de 2018 (fs. 29, A.A.) y se notificó el 9 de octubre de 2018 (fs. 32, A.A.). El 19 de octubre de 2018, se interpusieron en tiempo y forma los recursos de revocación y jerárquico (fs. 34 a 35, A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria ficta , la que se configuró a los doscientos días sin que la Administración haya resuelto el último de los recursos, el 14 de mayo de 2019. La demanda se interpuso el 19 de julio de 2019, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 6). II) En lo que respecta a la comparecencia del Sr. Juan Carlos Conde Buchtik en nombre y representación de su hijo, Daniel Ismael Conde Gareta, constituye un presupuesto procesal para el ejercicio de la acción que resulta relevable de oficio y requiere de un examen previo puesto que de no verificarse obstan la decisión de mérito (Véase con carácter general, Eduardo J. Couture, “Vocabulario Jurídico”, tercera edición actualizada y ampliada por Ángel Landoni Sosa, editorial B de F, Montevideo - Buenos Aires, 2006, p. 583 a 584; Enrique Tarigo, “Lecciones de Derecho Procesal Civil según el nuevo Código” , tomo I, FCU, Montevideo, 2ª Edición, julio de 1994, p. 279 a 280, Enrique Vescovi y otros, “Código General del Proceso. Comentado, anotado y concordado”, tomo III, Editorial Ábaco, Montevideo, p. 395 a 396 y Selva Klett, “Proceso ordinario en el Código General del Proceso” , tomo I, FCU, Montevideo, 2014, p. 60). Es así que, en función de las explicaciones que brindó el Sr. Juan Carlos Conde Buchtik con relación al vínculo de representación de su hijo, Daniel Ismael Conde Gareta, el Tribunal encuadró su comparecencia en el instituto del curador ad litem. Como surge de autos, el Sr. Juan Carlos Conde Buchtik es apoderado de su hijo ante el BPS, pero no promovió ningún proceso de declaratoria incapacidad. No obstante, este último padece patología psiquiátrica crónica que configura una incapacidad física permanente para toda tarea. En ese contexto, el Tribunal encuadró la representación invocada dentro del instituto del curador ad litem , designándolo como tal, bajo las responsabilidades legales (decreto No. 6764/2019, fs. 12). En este sentido, se procedió, en virtud de la remisión del art. 104 del Decreto - Ley 15.524 al orden procesal civil vigente, al tracto previsto en el art. 33.1 del Código General del Proceso, el cual prevé que: “Cualquiera que tenga interés legítimo y el Ministerio Público, podrán pedir el nombramiento de tutor o curador para un menor o un incapaz que sea o haya de ser parte en juicio”. Tal como lo explica la doctrina procesalista: “La ley contempla los casos de incapaces de las diversas especies para establecer un procedimiento tendiente a facilitar su comparecencia en el proceso mediante un representante o un asistente, según los casos. Con referencia a los dementes y sordomudos que no pueden darse a entender por escrito, comparecerán a través de su curador y si no lo tuvieren, se les proveerá de uno ad litem (arts. 33.1 y 442.2)” (Cf. Enrique Vescovi y otros, en “Código General del Proceso. Comentado, anotado y concordado”, tomo II, editorial Ábaco, Montevideo, p. 40 a 41) (la negrilla no está en el original). Despejadas estas cuestiones formales, se procederá a relevar las actuaciones administrativas sustanciadas para luego examinar el fondo del asunto. III) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada corresponde realizar una reseña de los antecedentes relevantes para la resolución de la causa. Conforme surge del expediente administrativo, el 13 de octubre de 2017, se presentó el Sr. Juan Carlos Conde Buchtik, en calidad de apoderado de su hijo, el Sr. Daniel Ismael Conde Gareta, a los efectos de dar continuidad a su trámite de pensión por invalidez. En dicha oportunidad, manifestó que su hijo estaba domiciliado en el Hospital Vilardebó, en donde se encontraba institucionalizado, siendo soltero y sin hijos. Asimismo, indicó que este no tenía ninguna actividad laboral, ni ningún tipo de ingresos y que antes de ingresar al Hospital vivió en una casa de su padre, en calidad de usufructuario. En cuanto a su sustento, precisó que la Institución le cubría sus necesidades básicas. En caso de egresar, señaló que volvería a su domicilio de Parque del Plata. El Sr. Juan Carlos Conde manifestó que se encontraba viviendo en pareja, sin hijos menores a cargo y con una actividad laboral como dependiente. Respecto de la madre de Daniel Conde, expresó que era de estado civil soltera y se encontraba realizando actividad laboral como dependiente (fs. 3 a 4, A.A.). Asimismo, presentó la siguiente documentación: i) constancia del Hospital Vilardebó, que da cuenta que Daniel Conde es “portador de psicosis crónica tipo esquizofrenia paranoide y trastorno por consumo de sustancias psicoactivas en abstinencia desde el ingreso. Buena evolución con el tratamiento instaurado. Compensado actualmente” (fs. 5, A.A.); ii) constancia de internación en dicho Hospital (fs. 5 vto., A.A.); certificado contable que consigna que la empresa Gareta María Celestina y Conde Buchtik Juan Carlos, sita en la 5ª sección del departamento de Cerro Largo, con giro explotación agropecuaria tuvo en los últimos doce meses “una ganancia neta promedio mensual de $ 4.000” y que María Celestina Gareta y Juan Carlos Conde “no perciben ningún tipo de ingresos de la empresa Gareta Ojeda Quintín Abel (…), así como tampoco de la empresa Conde Buchtik Juan Carlos (…)” (fs. 6, A.A.). El 23 de octubre de 2010, la Oficina de Estudio y Liquidación informó que: “(…) El titular no tiene ingresos propios , la institución le cubre sus necesidades. En caso de egresar volverá a su anterior domicilio. El titular no tiene hijos, respecto a sus padres: * Juan Conde, padre, es empleado y socio con actividad, por su actividad como empleado percibe $ 56.717 nominales (…), quedando un líquido mensual de $ 40.406, a lo cual se le añaden $ 4.000 por su actividad como socio (…) por tanto, supera topes para familiares civilmente obligados que no conviven, posible aplicación de Art. 8 RD 4- 19/2013. * Madre del titular, María Gareta, empleada con magros ingresos, y socia con actividad percibiendo $ 4.000 mensuales, no supera topes. En suma, se sugiere otorgar el beneficio solicitado , salvo mejor opinión de la superioridad, considerando realizar seguimiento post - pago a fin de verificar que el titular mantenga las condiciones que le dieron acceso al beneficio” (fs. 7 vto., A.A.) (la negrilla no está en el original). El 24 de octubre de 2017, la Oficina de Estudio y Liquidación, en consulta con la Gerencia de Prestaciones Económicas solicitó se le requiriera al apoderado: a) detallar el certificado contable; b) aportar datos del predio en Cerro Largo; c) suministrar un domicilio ubicable de la madre; y d) proporcionar el domicilio del padre (fs. 9, A.A.). El 25 de octubre de 2017, se envió el expediente a UDAG Atlántida en virtud que el titular había egresado del Hospital Vilardebó y se encontraba viviendo en Parque del Plata (fs. 10 vto., A.A.). El 26 de octubre de 2017, el expediente fue asignado a un funcionario para realizar una inspección domiciliaria y constatar la posible carencia de recursos (fs. 11 vto., A.A.). El 27 de noviembre de 2017, el inspector actuante informó: “Me constituyo en zona de residencia declarada por el titular, es en zona balnearia de Parque del Plata. Es una casa bastante amplia, el titular vive al frente, mientras que la madre vive al fondo . La casa al frente cuenta con dos dormitorios, las paredes son de mampostería, el piso de baldosas, el techo es de planchada de hormigón, los revoques son totales y las pinturas también, con falta de mantenimiento. Los artefactos sanitarios son completos y se encuentran en buen estado. Es una vivienda antigua en buen estado, cuentan con dos televisores, computadoras e internet . La madre del titular manifestó su disconformidad con el trámite de pensión, el cual considera que no es necesario .” (fs. 13, A.A.) (la negrilla no está en el original). El 28 de diciembre de 2017, la Oficina de Atlántida UDAG informó: “De acuerdo a las actuaciones que preceden conjuntamente con la inspección domiciliaria y lo informado por el funcionario actuante, se considera salvo mejor opinión, que corresponde realizar la denegatoria de la presente solicitud por no haberse comprobado carencia de recursos para subvenir a sus necesidades básicas” (fs. 13 vto., A.A.) (la negrilla no está en el original). El 2 de mayo de 2018, se otorgó vista de las actuaciones al actor (fs. 17 vto., A.A.), quien presentó escrito de descargos (fs. 18 vto. a 19 vto., A.A.) manifestando que Daniel Conde es portador de una esquizofrenia paranoide crónica desde hace más de diez años y que él, como padre y apoderado es quien solventa todos sus gastos, agregando que la actividad laboral de su madre como doméstica no puede considerarse como un ingreso estable para la manutención de este ya que es esporádica y de escasa entidad. Seguidamente, argumentó: “Yo, su padre (…) que soy el único sustento económico del núcleo familiar percibo un único sueldo en calidad de dependiente, que si bien supera el sueldo mínimo nacional actual, debo sustentar los gastos de 3 viviendas , la del paciente, la de su madre (quienes viven en 2 viviendas independientes dentro del mismo predio en Parque del Plata) y la propia en la ciudad de Progreso donde vivo solo (…). Dicho ingreso podría considerarse suficiente únicamente en la hipótesis de que se sustentara una única vivienda, lo cual no es la situación actual. Ambos padres tenemos más de 60 años y yo me encuentro próximo a jubilarme (actualmente en trámite), por lo cual es evidente que muy pronto no podré hacerme cargo de todos los gastos que implica la manutención del paciente lo que me preocupa manifiestamente. (…) Las condiciones de la vivienda en el momento de la inspección no eran las normales en las que residía (…) lamentablemente dicha situación no es perdurable en el tiempo ni puede considerarse como habitual y puede revertirse en cualquier momento ya que continúa reacio a la compañía, protección y ayuda que queremos brindarle los familiares. Lo que más me angustia y me motiva a reiterar la solicitud es la incertidumbre de que ayuda recibiría mi hijo cuando ya no me tenga (…)” (fs. 19, A.A.) (la negrilla no está en el original). El 29 de mayo de 2018, informó la Oficina de Atlántida UDAG en los siguientes términos: “Estudiados los descargos presentados por el titular, se mantiene opinión oportunamente brindada por el funcionario inspector actuante. En la inspección domiciliaria no se pudo constatar carencia de recursos, si bien es de recibo lo planteado por el padre del solicitante en los descargos , la carencia de recursos debe quedar probada explícitamente para poder acceder al beneficio solicitado (…)” (fs. 22, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Finalmente, el 11 de julio de 2018, se dictó el acto encausado (fs. 29, A.A.). III) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, habrá de compartir la solución aconsejada por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 68 a 68 vto.) y declarará la nulidad del acto, por los fundamentos que se explicitarán. La cuestión a elucidar finca en determinar si la actora encuadra o no dentro de las previsiones contenidas en el artículo 43 de la Ley Nº16.713. Dicha norma establece que “ Será beneficiario de la pensión a la vejez e invalidez, todo habitante de la República que carezca de recursos para subvenir a sus necesidades vitales y tenga setenta años de edad o, en cualquier edad, esté incapacitado en forma absoluta para todo trabajo remunerado”. De la lectura de la disposición surge la necesidad de cumplimiento de dos requisitos legales: i) tener una discapacidad absoluta y permanente para todo trabajo; y ii) carecer de recursos para subvenir a sus necesidades vitales. Con respecto al primero de los requisitos, no existe controversia en autos atento a las manifestaciones de las partes en autos (fs. 2 vto. a 3 y fs. 18 vto., infolios) y la información emergente de los antecedentes (fs. 49 a 51, A.A.). El litigio se centra, pues, en el cumplimiento o no de la exigencia establecida por el artículo 43 de la Ley Nº 16.713. La fundamentación de la pretensión de la actora se resume a que el acto resistido es inmotivado y contrario a Derecho porque la Administración realizó una incorrecta apreciación de la situación socio - económica de su hijo y del compareciente, como también de la situación de la vivienda en que habita su hijo. Su hijo no cuenta con ningún ingreso y vive en calidad de usufructuario en una de las viviendas que solventa el compareciente. A su vez, él como padre es quien tiene a su cargo todos los gastos de manutención de su hijo, además del mantenimiento de tres viviendas (la que usufructúa su hijo, la que habita la madre de este y la propia). Por otra parte, la inspección a la vivienda en que este vive no reflejó su situación habitual porque recién había sido refaccionada. Por su parte, el BPS argumenta en su contestación de demanda que: i) Del estudio efectuado por el BPS surge que el Sr. Daniel Conde no es una persona carente de recursos . Más aun, su madre, que convive con él, manifestó al inspector actuante que no es necesario el otorgamiento de la pensión solicitada; ii) El gestionante de la prestación , padre y apoderado de Daniel Conde, tiene ingresos por pasividad de $ 56.212 y existe una unipersonal activa de la que no surgen los ingreso s. Ello determina que se supera el límite legal para familiares que no conviven , como es el caso de los padres; iii) La Ley, si bien menciona los topes, no los fija, por lo cual debieron ser establecidos reglamentariamente. A tales efectos es de aplicación lo dispuesto por la Resolución Nº 3.4541/1985 , con las modificaciones introducidas por la resolución Nº 368/1994, las RD Nos. 13-3/2005, 19-7/2007 y 4-19/2013, que establecen los topes de ingresos del núcleo familiar y de los familiares legalmente obligados que son admisibles para otorgar la prestación en cuestión. IV) En lo inicial, cabe tener presente el criterio que reiteradamente ha sostenido el Tribunal, en el sentido que la Ley no requiere que la persona solicitante se encuentre en una situación de indigencia o pobreza extrema y que la carencia de recursos para solventar sus necesidades debe relacionarse con las posibilidades que el solicitante tenga de obtenerlos mediante su trabajo o de sus familiares directos (sentencias Nos. 391/2003, 628/2004, 291/2008, 555/2009, 298/2011, 435/2015, 821/2016, 434/2017, 369/2019, 345/2019, 348/2019, 631/2019, 91/2020, 380/2020, 432/2020, 512/2020, 2/2021, 12/2021 y 193/2021 , entre otras). En este sentido, puede citarse -a modo de ejemplo- lo expresado en sentencia Nº 434/2017 , en la cual se consignó: “(…) la ley no requiere que la persona solicitante del beneficio se encuentre en situación de indigencia o pobreza extrema, como lo ha dejado sentado el Cuerpo en anteriores decisiones (sentencias Nos. 391/03 y 628/04). De manera que la carencia de recursos económicos para solventar sus necesidades, debe relacionarse con las posibilidades que el solicitante tenga de obtenerlos mediante su trabajo o de sus familiares directos .” (sentencias Nos. 298/2011, 555/2009, 291/2008, entre otras). (…) La norma meramente requiere que la persona carezca de recursos para subvenir sus necesidades vitales, y que tenga más de setenta años de edad, o en cualquier edad, esté incapacitada en forma absoluta para todo trabajo remunerado ” (Sentencia Nº 298/2011 en doctrina véase: SALSAMENDI, Gabriel: “Requisitos para la percepción de la pensión por invalidez (art. 43 de la Ley 16.713)”, Revista Derecho Laboral, T. LV, Nº 248, Octubre-Diciembre 2012, págs. 775-782 y LÓPEZ LÓPEZ, Adriana: “Prestaciones que brinda el sistema. Jubilaciones. Causales jubilatorias” en AA. VV: “Temas Jubilatorios”, Grupo de Investigación de Seguridad Social, Comisión Sectorial de Educación Permanente, Facultad de Derecho, Universidad de la República, Montevideo 2006, págs. 85 a 88; ver en jurisprudencia también las Sentencias 94/2015, 108/2015, 291/2008, 628/2004, 391/2003, entre otras).” (sentencia No. 435/2015; en similar orientación conceptual, véanse las sentencias Nos. 821/2016).” (la negrilla y el subrayado no están en el original). A su vez, es menester recalcar también la ilegitimidad de la normativa reglamentaria emitida por el Banco de Previsión Social en cuanto a la fijación de topes de ingresos de los familiares del beneficiario de la pensión ( sentencias Nos. 434/2017, 212/2019, 348/2019, 631/2019, 121/2020, 155/2020, 511/2020 y 45/2021, entre otras). Al respecto, el Colegiado ha sostenido que: “(…) cabe descartar el criterio postulado por el Ente demandado sobre la posibilidad de objetar el acceso al beneficio prestacional en función de topes de ingresos previstos en reglamentos internos del Organismo. A juicio de la Sede, el art. 195 de la Constitución de la República que otorga al Banco de Previsión Social como función la coordinación y organización del sistema de seguridad social, no implica la viabilidad jurídica del dictado de reglamentos de ejecución de la Ley. La actividad jurídica cometida de acoplamiento, coherencia, relacionamiento y ordenación del sistema no puede entenderse como poder implícito para REGLAMENTAR UNA LEY, VACIANDO DE OPERATIVIDAD el art. 168, numeral 4°, de la Constitución de la República. Por igual, tampoco el art. 9, numeral 7, de la Ley 15.800 en cuanto le asigna como competencia del Directorio del Banco de Previsión Social la de dictar, cumplir y hacer cumplir las reglamentaciones internas necesarias para el funcionamiento del servicio, puede servir de sustento jurídico suficiente para limitar o restringir el derecho del solicitante consagrado en la Ley, mediante topes elaborados con carácter general que desatienden la realidad que cabe considerar caso a caso, en función de la situación socio-económica del peticionante.” (sentencia No. 434/2017) (la negrilla no está en el original). V) Dicho esto, surge de los antecedentes administrativos que: i) el titular , que padece una discapacidad mental crónica, no tiene ingresos propios (véase el informe de la Oficina de Estudio y Liquidación de 23 de octubre de 2017, a fs. 7 vto., A.A.); ii) vive en una casa en Parque del Plata en el mismo terreno que su madre, en forma independiente, en calidad de usufructuario. Dicha casa cuenta con dos dormitorios, paredes de mampostería, piso de baldosas, techo de planchada de hormigón con revoques totales y falta de mantenimiento, siendo -al decir del inspector que la visitó- “una vivienda antigua en buen estado” (fs. 13, A.A.); iii) la madre del titular, María Gareta, es una “empleada con magros ingresos” y “socia con actividad” en una empresa unipersonal con el actor, percibiendo $ 4.000 (fs. 7 vto., A.A.).; iv) según da cuenta el inspector, durante la inspección, la madre del titular le manifestó “su disconformidad con el trámite de pensión, el cual considera no es necesario” (fs. 13, A.A.); v) el compareciente, padre del titular, poseía ingresos como empleado de $ 44.406 líquidos, a lo que se añadieron $ 4.000 por su actividad como socio en una empresa unipersonal con la actora (fs. 7 vto., A.A.). Según afirma la demandada en autos, “El gestionante de la prestación, el padre y apoderado de Daniel Conde tiene ingresos por pasividad por $ 56.214 y, existe una empresa unipersonal activa de la que no surgen los ingresos. Ello, determina que se supere el límite legal para familiares que no conviven; como es el caso de los padres” (fs. 20, infolios) (la negrilla no está en el original). Como ya se señaló en el Considerando IV) ut supra , la Ley no estableció topes de ingresos de los familiares del titular de la pensión y tampoco requiere que este se encuentre en una situación de indigencia o pobreza extrema. Así, a la luz de las pautas interpretativas trazadas por la doctrina y la jurisprudencia, el Tribunal considera que de la valoración conjunta de los elementos probatorios reunidos en la instancia administrativa y jurisdiccional surge que la situación socio - económica en la que se encuentra el titular encuadra razonablemente en la exigencia legal establecida por el artículo 43 de la Ley Nº 16.713, acerca de la carencia de recursos para subvenir a sus necesidades vitales. En efecto, de la prueba producida surge que: a) el titular padece una patología psiquiátrica crónica que le impide trabajar y que carece de recursos propios; b) vive en la zona de Parque del Plata, en una casa al frente, mientras su madre lo hace al fondo, en condiciones modestas; c) su madre carece de ingresos significativos que permitan contribuir a su manutención o la de las casas en que viven; d) el compareciente posee una jubilación que según lo expresado por la demandada ascendería a $ 56.214, teniendo a su cargo el mantenimiento de la casa en que vive su hijo, la que vive la madre de este y la suya propia; e) existe una empresa unipersonal activa de la que no surgen ingresos. A esto hay que agregar las deposiciones de los testigos que declararon en autos, que dan cuenta de la carencia de recursos para subvenir las necesidades vitales en la que se encuentra el titular. Así, el testigo Ignacio Perdomo, que visita una vez por mes el lugar en donde vive Daniel Conde indicó que “vive muy mal, tipo indigencia” , “le paga las comidas y las cuentas su padre” (fs. 40, A.A.) (la negrilla no está en el original). En tanto el testigo Juan Izzi, amigo de los padres indicó que “estuve allá, lamentable el lugar donde está viviendo” , a lo que agregó, “Daniel no podría solventarse debido a que no trabaja, no está en condiciones de trabajar y no podría comer sin una ayuda, por lo que yo tengo entendido la mamá no cobra jubilación y no tiene trabajo, entonces la manera de solventarse de Daniel es la ayuda del padre” (fs. 42 y 42 vto., A.A.) (la negrilla no está en el original). Con tales entendimientos, no cuesta concluir que los ingresos que percibe el actor son insuficientes para cubrir las necesidades básicas de su hijo, teniendo en cuenta la patología que este padece y la situación económica de la madre de este. Por último, respecto al argumento invocado por el BPS fincado en que en el momento de la inspección la Sra. Gareta manifestó su disconformidad con el trámite de pensión y lo consideró innecesario (fs. 13, A.A.), no constituye más que una opinión carente de relevancia, máxime si se toman en cuenta las particularidades de la situación concreta de su hijo y de ella, así como la del actor y la del núcleo familiar en su conjunto. Se advierte así que la Administración fundamentó el acto impugnado valorando erróneamente las circunstancias en las que se encuentra el Sr. Daniel Conde y sus padres. Es decir que, el presupuesto de hecho considerado a los efectos del dictado del acto denegatorio se basó en premisas erróneas. Siguiendo a Cajarville, conviene recordar que “Presupuesto del dictado de un acto administrativo es el concreto acaecimiento del supuesto de hecho al cual aquella norma atributiva de competencia imputa abstractamente , como consecuencia jurídica , el dictado del acto de que se trate (…) Esta circunstancia de hecho a cuyo acaecimiento concreto se imputa el dictado del acto administrativo, circunstancia que debe ser encartable en el supuesto de la norma atributiva de competencia, puede ser denominada motivo del acto. (…) En cuanto a la apreciación de la existencia o inexistencia en sí misma de los hechos y su valoración jurídica (legitimidad o ilegitimidad), la Administración no goza de ninguna discrecionalidad . Si los hechos operantes como supuesto normativo , o motivos del acto administrativo , no existen o no son como la Administración pretende, el acto estará viciado por inexistencia de motivos ” (Cf. Juan Pablo Cajarville Peluffo, “Sobre Derecho Administrativo”, tomo II, FCU, Montevideo, 2007, p. 33 a 34). Asimismo, cabe tener presente que “La prueba de los hechos relevantes para la resolución a dictarse es una etapa esencial del procedimiento administrativo. Todo acto administrativo debe dictarse por motivos de hecho reales , existentes, verdaderos ; si así no fuera , si los hechos en que la Administración fundó su decisión no hubieran existido o no hubieran sido tales como la Administración creyó o afirmó al resolver, el acto será ilegítimo , y si ello se probara en los procedimientos jurisdiccionales pertinentes, será anulado y la entidad estatal deberá reparar los daños causados. Por eso rige en el procedimiento administrativo el principio de verdad material, que excluye los acuerdos entre los interesados, acerca de los hechos relevantes, así como la limitación de la actividad probatoria a los alegados por los interesados” (Cf. Juan Pablo Cajarville Peluffo, “Sobre Derecho Administrativo” , tomo II, op. cit., p. 240) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Desde otro ángulo, Alberto Ramón Real ha señalado: “(…) la fundamentación del acto debe ser exacta , las razones de Derecho deben corresponder a los textos invocados y los hechos deben ser verdaderos . No basta que existan los hechos , sino que se les aprecie correctamente . La Administración debe ser veraz no solo en cuanto a la existencia de los motivos sino también en cuanto a la calificación jurídica y a la subsunción de las situaciones de hecho en el tipo de los conceptos jurídicos indeterminados (Cf. Alberto Ramón Real, “La fundamentación del acto administrativo”, en LJU, T. LXXX, p. 10 a 11 (sentencias Nos. 346/2011, 586/2013, 291/2014, 175/2014, 151/2015, 814/2017 y 723/2019, entre otras) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En similar sentido, Durán Martínez ha expresado: “ La motivación, además de ser suficiente y congruente , para ser legítima debe , además, ser exacta. La motivación es exacta cuando son ciertas las circunstancias de hecho enunciadas, cuando las reglas de derecho invocadas son aplicables al caso y su interpretación es correcta y cuando la finalidad enunciada puede ser satisfecha con lo decidido.” (Cf. Augusto Durán Martínez, “Motivación del acto administrativo y buena administración” en AA.VV. “Ética; Estado de Derecho; Buena Administración” , Universidad Católica del Uruguay, 2013, p 137 a 138) (la negrilla y el subrayado no están en el original) ( sentencias Nos. 151/2015, 814/2017 y 723/2019, entre otras). En definitiva, a partir de la valoración conjunta de las pruebas producidas, se desprende que la Administración dictó un acto cuyo presupuesto de hecho se encuentra viciado en los motivos , lo que puede ser encartado como una hipótesis de inexistencia de motivos (en la línea de razonamiento de Cajarville) o como un caso de motivación inexacta (en la posición de Real y Durán Martínez), todo lo cual, determina la procedencia de su anulación. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, FALLA : Ampárase la demanda incoada y, en su mérito, anúlase el acto administrativo cuestionado. Sin sanción procesal específica. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).