Sentencia Definitiva N° 326/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 10 de agosto de 2021. No. 326 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “COLINA, ENELIA con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de Nulidad” (Ficha No. 422/2019). RESULTANDO : I) A fs. 4 compareció Enelia Consuelo COLINA GODY, a demandar la nulidad de la Resolución No. 14-20/19 de fecha 8 de mayo de 2019, en virtud de la cual el Directorio del Banco de Previsión Social resolvió desestimar el recurso jerárquico interpuesto en contra de la Resolución de la Gerencia de Prestaciones Económicas - Área Pasivos- de fecha 1º de febrero de 2018 (AA fs. 84). Sostuvo, en lo medular, que a lo largo de todo el expediente demostró en forma irrefutable cuál era su condición y que padece de trastornos psicológicos que le impiden desarrollar actividad laboral, habiéndose otorgado por la Comisión Técnica del Área de Salud un grado de incapacidad del 67,86%. Explicó los cambios de domicilio que surgen del expediente (en 2015 con su hermano, en el 2018 con su madre, en la actualidad nuevamente con su hermano) para concluir que dada su situación de calle, su domicilio es variable, dependiendo del gesto de diferentes personas y que a partir del mes de diciembre de 2018, vive en la calle Clemente Ruggia 3729 esquina Rafael, con su hermano. Agregó que del informe de las actuaciones inspectivas se desprende que en la referida vivienda, existe una pieza precaria de chapa al fondo, independiente de la casa principal que su hermano y esposa ocupan, donde había evidencias de que la actora efectivamente vivía allí. Por ello, en la actualidad existen elementos probatorios que justifican la revisión del caso, debido a que no convive con su madre. En definitiva, solicitó la nulidad del acto impugnado. II) Conferido el correspondiente traslado, compareció a fs. 15 Juan Andrés NOYA, en representación del Banco de Previsión Social, a contestar la demanda. Afirmó que al no determinarse por el art. 43 de la Ley No. 16.713, qué se entiende por carencia de recursos para necesidades vitales, debió el Organismo regular dicho aspecto, lo que hizo a través de diferentes disposiciones, actualmente a través de la Resolución RD 4-19/2013 que trata los requisitos necesarios para el acceso a la prestación por invalidez. En el caso, la actora falseó la información brindada al Organismo, con el claro fin de evadir las situaciones reglamentarias que le impedían acceder al beneficio solicitado, surgiendo de los antecedentes que convive con su madre, aunque pretende que lo hace con su hermano, ensayando argumentos no válidos. La expresión “CARENCIA DE RECURSOS” está dispuesta en un sentido amplio y no exclusivo del beneficiario. La titular no carece de recursos necesarios para cubrir sus necesidades vitales, por lo que corresponde se desestime la demanda. III) Abierto el juicio a prueba (fs. 22) se produjo la que luce certificada a fs. 62. IV) Alegaron de bien probado las partes por su orden (fs. 65-67 y 69-72). V) Conferida vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, aconsejó la anulación del acto impugnado, por Dictamen No. 464/2020. VI) Se dispuso el pasaje a estudio y se citó a las partes para sentencia, que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) En virtud de lo prevenido en el artículo 60 del Decreto-Ley 15.524, la acción anulatoria debe entenderse dirigida contra la Resolución dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas, Área Pasivos, del Banco de Previsión Social, Nº R.D. 16/2018, de fecha 1º de febrero de 2018, por la cual se le deniega a la actora la pensión por invalidez solicitada, por no cumplir con los extremos exigidos por el artículo 43 de la Ley No. 16.713 (AA fs. 20). II) Desde el punto de vista formal, se ha cumplido adecuadamente con los presupuestos para que pueda ingresarse al análisis de mérito del asunto (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869). III) En cuanto a la cuestión de fondo sometida a decisión, el Tribunal por unanimidad, compartiendo lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por la anulación del acto impugnado. IV) Las exigencias para la percepción de una pensión por invalidez se encuentran previstas por el artículo 43 de la Ley No. 16.713, que específicamente establece: “Será beneficiario de la pensión a la vejez e invalidez, todo habitante de la República que carezca de recursos para subvenir a sus necesidades vitales y tenga setenta años o, en cualquier edad, esté incapacitado en forma absoluta para todo trabajo remunerado. Quienes tengan ingresos de cualquier naturaleza u origen inferiores al monto de esta prestación o beneficio recibirán únicamente la diferencia entre ambos importes (…)”. En el caso, está fuera de discusión el grado de incapacidad de la promotora. Así, surge del dictamen obrante a fs. 32 vta. de los antecedentes, que se constató un porcentaje de baremo de 67% e incapacidad laboral permanente para toda tarea. La denegatoria impugnada se emitió por considerar que los ingresos del núcleo familiar conviviente de la accionante, constituían recursos suficientes para que ésta pudiera satisfacer sus necesidades vitales. En lo que dice relación con la valoración específica de su situación económica-familiar, concretamente el domicilio y núcleo conviviente de la accionante, la Administración realizó una incorrecta apreciación. En este sentido, existen en las actuaciones agregadas sendas declaraciones y documentación supuestamente contradictoria, que ubican a la actora tanto en el domicilio de su madre, en la calle Teniente Galeano (AA fs. 37 y 62, por ejemplo) como en los domicilios de su hermano, en las calles Grondona y Ruggia (AA fs. 38, 51 y 61). Sin embargo, estima la Corporación, las declaraciones y eventuales contradicciones, deben ser evaluadas conforme a las pautas sentadas por las reglas de la sana crítica y deben ser interpretadas en el contexto socio económico de la promotora, poniendo especial énfasis en su dolencia psiquiátrica. Así, resulta a fs. 32 vto. de los antecedentes que se resaltan como patologías: trastorno afectivo bipolar, trastornos mentales y de comportamiento provocados por el uso de múltiples drogas, que tornan difícil la convivencia con sus familiares que implican -y explican- los múltiples domicilios denunciados y ocupados. Por ello, a juicio del Tribunal, a diferencia de lo sustentado por la demandada, la promotora no faltó a la verdad al declarar en varias ocasiones cambios de domicilio. Al contrario, los referidos cambios no hicieron más que reafirmar que son consecuencia de la patología que padece, que por momentos la deja a cargo de su madre, de su hermano y a veces, en total desamparo. Así pues, una evaluación integral de la situación “socioeconómica” de la actora, evidencia su dificultad para sustentarse por sus propios medios: a raíz de su enfermedad, ha vivido con su madre, con su hermano en una pieza de suma precariedad conforme surge de la inspección agregada a fs. 50 y vta. de los antecedentes y en ocasiones en la calle. Por consiguiente, estima la Corporación el acto encausado resulta ilegítimo, al fundarse en una apreciación o valoración apartada de la real condición socio-económica de la reclamante. La prueba rendida da cuenta de una situación de vulnerabilidad social significativa, que meritaba indudablemente la concesión del beneficio prestacional. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, FALLA : Ampárase la demanda incoada y, en su mérito, anúlase el acto administrativo impugnado, sin condena en costas ni costos. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón (r.). Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).