Sentencia Definitiva N° 324/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 10 de agosto de 2021. No. 324 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “FIERRO MOLINA, JOHN EDISON con ESTADO. MINISTERIO DEL INTERIOR. Acción de nulidad” (Ficha No. 393/2019). RESULTANDO : I) A fs. 8 compareció John Edison FIERRO MOLINA a demandar la nulidad de la resolución denegatoria ficta a su petición de recomposición de carrera administrativa, en virtud de los perjuicios sufridos, en aplicación del art. 202 de la Ley No. 19.355, por parte de la Administración, que prevé la posibilidad de ascensos sin cursos de pasaje de grado a partir del 1º de febrero de 2016. Expuso que la Administración debió prever la entrada en vigencia de la Ley No. 19.315 (que eliminó dentro de algunos grados el de Oficial Sub Ayudante) y la Ley No. 19.355 (que reguló la posibilidad de ascender sin curso de pasaje de grado desde el 1º de febrero de 2016) a los efectos de: a) no habilitar el curso de pasaje para la obtención del grado de Oficial Ayudante; o b) validar el curso de Oficial Ayudante realizado por el promotor y otros funcionarios para ascender al grado de Oficial Principal. Sostuvo que si bien la ley puede adolecer de algún defecto que no fue previsto por el legislador, la Administración mediante decreto reglamentario podría haber corregido las injusticias del sistema, que por ejemplo significaron la promoción al grado de Oficial Principal de funcionarios egresados de cursos de formación posteriores al año 2013, con menos antigüedad y sin curso de pasaje de grado. Precisó que, en su caso, fue ascendido en el correr del año 2019 con fecha retroactiva a 2018, y no a 2017 como solicitó en su petición. A partir de ello, concluyó que el ascenso al grado de Oficial Principal solo remedió parcialmente el perjuicio a la carrera funcional oportunamente puesto de relieve. Finalmente, sostuvo que la situación actual viola el principio de igualdad de condiciones establecido en nuestra Constitución y en Tratados y Convenciones internacionales sobre derechos humanos, ya que fueron ascendidos al grado de Oficial Principal (cargo de mayor responsabilidad) policías con menos años de antigüedad, lo que implica un relegamiento y desventaja para el siguiente curso. En definitiva, solicitó la nulidad del acto impugnado. II) Conferido el correspondiente traslado, compareció a fs. 27 la Dra. Miriam MARTÍNEZ, en representación del Ministerio del Interior, a contestar la demanda. De forma liminar, indicó que la petición de ascenso formulada por el actor fue amparada por Resolución Ministerial de fecha 31 de enero de 2019, por lo cual la acción carecería de fundamento. Seguidamente, sostuvo que hasta el año 2018 los Oficiales a los que aludió la demanda no pertenecían a la misma Unidad Ejecutora que el Sr. Fierro. Señaló que una vez finalizados los ascensos del año 2016 y no existiendo personal calificado en condiciones de ascender, en aplicación del art. 202 de la Ley No. 19.355 los Jefes respectivos podían solicitar los ascensos. Explicó que de ningún modo se afectó la carrera funcional del actor, por cuanto éste pertenecía a una Unidad Ejecutora distinta. Precisó que la norma en análisis consagró una facultad para el Poder Ejecutivo y no un deber de acceder a los ascensos solicitados. Manifestó que hasta el año 2018 lo que el actor tenía era una mera expectativa de ascender, limitada al uso de la facultad conferida por el ya mencionado art. 202 y a la existencia de vacantes en la Unidad Ejecutora que integraba. Remarcó, así, que el actor se encontraba en una situación diferente con relación a los oficiales ascendidos por el Ministerio del Interior, respecto de los cuales se configuraron los presupuestos legales que habilitaron a la Administración al ejercicio de una prorrogativa consagrada a texto expreso. Por su parte, en cuanto a la alegada posibilidad de suprimir la realización del curso de pasaje de grado en el año 2014 por la inminente entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica Policial, expuso que la Ley entró en vigencia en el año 2016, por lo cual no se podía dar tratamiento de ley a algo que tan solo era un proyecto. Finalmente, consideró que del propio legajo funcional del actor surge que la fecha del último ascenso es el 1º de enero de 2016, es decir, que en el año 2017 no contaba con la permanencia mínima en el grado requerida por la normativa para ascender, tal como lo pretendía en su petición. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. III) Abierto el juicio a prueba (fs. 33), las partes no produjeron prueba alguna (fs. 35). IV) Alegaron de bien probado las partes por su orden (fs. 38-43 y 44-48). V) Conferida vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, aconsejó por Dictamen No. 438/2020, la confirmación del acto resistido. VI) Se dispuso el pase a estudio y se citó a las partes para sentencia, que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) La pretensión anulatoria se dirige contra el acto denegatorio ficto de la petición presentada por el accionante con fecha 12 de octubre de 2018 (AA fs. 8 vta. a 11) por la cual solicita se le otorgue el ascenso al grado inmediato y se le autorice a realizar el curso de pasaje de Grado para Sub-Comisario en el año 2019. II) Desde el punto de vista formal, se han cumplido adecuadamente los presupuestos respectivos para que pueda ingresarse al análisis de mérito del asunto (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y arts. 4 y 9 Ley No. 15.869). III) En cuanto a la cuestión de fondo sometida a decisión, la Corporación, por unanimidad, compartiendo lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará la demanda y por ende confirmará el acto administrativo impugnado. IV) Inicialmente, corresponde que el Tribunal se pronuncie en relación con la defensa de la demandada fincada en la carencia de objeto de la acción impetrada por el actor, que, a juicio de la unanimidad de integrantes de la Corporación, aunque por distintos fundamentos, no se considera de recibo. Para los Sres. Ministros Dr. Eduardo Vázquez, Selva Klett, Nilza Salvo y el redactor, pese a que por Resolución Ministerial de fecha 31 de enero de 2019 el actor fue ascendido con fecha 1º de febrero de 2018 al Grado de Oficial Principal, el dictado del acto no excluyó la insatisfacción jurídica del promotor, quien igualmente no estaba en condiciones de realizar el curso de pasaje de grado de Sub Comisario. Por su parte, para el Sr. Ministro Dr. William Corujo, la denegatoria al primer punto del petitorio planteado por el actor, se tornó ilesiva a su esfera de derechos e intereses por la promoción del actor al grado de Oficial Principal – sin curso- con fecha 1º de febrero de 2018, en aplicación del cuestionado artículo 202 de la Ley No. 19.355 (Resolución del Ministerio del Interior de fecha 31 de enero de 2019) que constituye una clara hipótesis de ilesividad superviniente. V) Sin perjuicio de lo expuesto, a juicio de la unanimidad de integrantes del Tribunal, el reclamo anulatorio no puede prosperar y corresponde sea desestimado. Al respecto, la Corporación en anterior integración se ha pronunciado en expedientes análogos sobre la quaestio debatida en este proceso (Sentencias No. 471/2020, 532/2020, 676/2020 y 1/2021, entre otras). Por ello, dada la identidad sustancial de los agravios articulados en esos expedientes con los movilizados en el presente, sus fundamentos, mutatis mutandis, se consideran parte integrante de este pronunciamiento. En otro orden, el actor finca su agravio en que el ascenso que se le otorgó con fecha retroactiva al mes de febrero de 2018, lo sea al año 2017. Al respecto, y conforme señala la Administración demandada y surge del legajo funcional del actor, egresó de la Dirección Nacional de la Educación Policial, con el grado de Oficial Sub Ayudante, en el año 2011. En el año 2014 realiza curso de pasaje de grado para Oficial Ayudante, teniendo como fecha de último ascenso el 1º de enero de 2016. Es decir, en el año 2017, no cumplía con la permanencia mínima en el grado para el ascenso al grado inmediato, previstos en la Ley No. 19.355. No puede válidamente hablarse de violación a sus derechos adquiridos, cuando el accionante no ha cumplido con los requisitos sustanciales y formales abstractamente previstos en la Ley referida, como condición para la adquisición de dichos derechos. Conforme fuera señalado por el Tribunal en los precedentes jurisprudenciales citados: “En el caso, la Administración actuó en un estricto apego a esta disposición legal, norma que faculta al Poder Ejecutivo a que, para los ascensos del personal policial, que se realicen a partir del 1º de febrero de 2016, se efectúen promociones al grado inmediato superior, considerando a quienes se encuentren en el último año de antigüedad en el grado; estableciendo , además, que dicho personal deberá de realizar y aprobar el curso respectivo. Esta facultad se encuentra condicionada a la existencia de vacantes luego de efectuados los ascensos según lo establece el texto legal mencionado. El principio de igualdad no resultó lesionado, ya que los ascendidos en aplicación del artículo 202 de la Ley Nº 19.355 fueron aquellos funcionarios sometidos al cumplimiento de algunos requisitos previo el llenado de las vacantes correspondientes y si aún quedaren disponibles”. Por tales fundamentos, el Tribunal FALLA : Desestímase la demanda y por ende queda confirmado el acto administrativo impugnado; sin especial sanción procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón (r.). Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).