Sentencia Definitiva N° 321/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 3 de agosto de 2021. No. 321 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “MAYA CABRERA, MARÍA INÉS con ESTADO. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Acción de Nulidad” (Ficha No. 326/2019). RESULTANDO : I) La actora dedujo pretensión anulatoria contra los siguientes actos: a) La Resolución Nº 10252 , de 15 de enero de 2019, dictada por el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante la cual se dispuso: “Revócase la autorización concedida a la señora María Inés Maya Cabrera por Resolución Nº 2022 de fecha 18 de noviembre de 2015” (fs. 3 a 3 vto., infolios y fs. 107 a 107 vto., en carpeta verde de 122 fojas, A.A.). b) El Decreto del Poder Ejecutivo Nº 330/2008 , de 14 de julio de 2008. En su demanda, relató que en el año 2015, regresó al país y que solicitó la exoneración de la Ley No. 18.250, la cual está prevista para todo ciudadano uruguayo que decida retornar al país y haya vivido por lo menos dos años en el exterior. En este sentido, señaló que siguió el procedimiento previsto para la exoneración y cumplió con todas las exigencias, extremo que fue reconocido por las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas mediante la Resolución Nº 2022/2015, que autorizó la importación definitiva del vehículo de su propiedad libre de todo tributo, gravamen o precio vinculado. Tiempo después, el MEF entendió que debía perder la exoneración porque supuestamente no cumplió con dos requisitos que consideró como “condiciones” necesarias para la exoneración, aplicando en el caso concreto el Decreto Nº 330/2008, reglamentario de la Ley No. 18.250. Ninguna norma de carácter legal dispone los referidos elementos como condiciones necesarias para el otorgamiento, goce o vigencia de la exoneración, por lo que se está ante actos contrarios a la Ley. Sostuvo que el artículo 76 de la Ley No. 18.250 dispone que para estar exonerado se requiere: i) ser nacional uruguayo; ii) haber residido por dos o más años en el exterior; y iii) volver a residir en Uruguay definitivamente. Se trata de una exoneración que no tiene ningún tipo de condición para que sea efectiva, sino una prohibición de enajenar el bien exonerado durante cierto plazo (dos años desde su ingreso). En el peor de los casos, la prohibición de transferir el bien podría considerarse como la única “condición resolutoria” de la exoneración. Por otra parte, la norma establece una exigencia de carácter formal, a efectos documentales y registrales al prever que “(…) El régimen a que esté sujeto el automotor deberá constar en los documentos de empadronamiento municipal y en el Registro Nacional de Automotores”. Es decir, no se establece una condición para la efectividad o la revocación de la exoneración. Por el contrario, lo único que dispone la norma legal es que se deje constancia del régimen especial en toda la documentación conexa al vehículo. Por último, la norma legal establece una disposición de carácter formal: el empadronamiento en la Intendencia Departamental correspondiente. No puede entenderse, bajo ningún concepto, que el incumplimiento de esta previsión legal traiga aparejada la pérdida de la exoneración ya que la Ley no lo dispone. En todo caso, el beneficiario del régimen deberá realizar los trámites administrativos respectivos sobre la falta de inscripción con la Intendencia Departamental que corresponda. Sin embargo, del expediente administrativo surge la opinión contraria de la Administración. Y el acto dictado en este sentido es nulo por ser absolutamente ilegal. Asimismo, es también ilegal el Decreto No. 330/2008 reglamentario del artículo 76 de la Ley No. 18.250. Tanto la Resolución impugnada como el Decreto Nº 330/2008 son ilegales. El artículo 10 del Decreto desbordó el contenido de la ley y se extralimitó al establecer la pérdida de la exoneración para casos que no están previstos en la Ley. Y por supuesto, la Resolución, que es un acto administrativo dictado en su aplicación, también es ilegal. Seguidamente, citó prestigiosa doctrina tributarista para fundamentar lo que entendió constituía una violación al principio de legalidad, invocando disposiciones constitucionales y legales que regulan la cuestión (artículo 10 inciso 2º y artículo 85 numerales 4, 9 y 17 de la Constitución; artículo 2 del Código Tributario). Finalmente, se refirió a casos en donde este Tribunal falló concluyendo en la ilegitimidad de disposiciones reglamentarias que agregaron requisitos no contenidos en la Ley. En definitiva, solicitó la nulidad de los actos impugnados (fs. 13 a 19 vto.). II) Conferido el correspondiente traslado compareció -en representación del Ministerio de Economía y Finanzas- la Dra. Andrea González, quien se opuso al accionamiento en base a la siguiente fundamentación. La actora demandó la nulidad de dos actos distintos, por lo que se analizará por separado cada uno de ellos. En primer lugar, respecto de la Resolución del MEF Nº 10252, de 15 de enero de 2019, se puede apreciar claramente que no es el acto lesivo ya que se trata de la mera ejecución de una decisión anterior. En este sentido, la Resolución del MEF Nº 2022, de 18 de noviembre de 2015, consentida por la accionante, fue la que hizo referencia a las condiciones de la exoneración y en su numeral sexto estableció que “El incumplimiento material o formal de la presente franquicia, previa vista del interesado en el domicilio constituido, aparejará la pérdida de la totalidad de los beneficios tributarios mediante la revocación de la autorización concedida (…)”. La parte actora no recurrió en tiempo y forma la Resolución Nº 2022, que es el acto originario y creador de la situación que entiende lesiva de sus derechos, por lo que no puede ahora invocar como agravio su propia omisión. En segundo término, respecto del Decreto Nº 330/2018, de 14 de julio de 2008, la actora no agotó la vía administrativa. De las actuaciones administrativas se puede apreciar claramente que los recursos interpuestos fueron únicamente contra la Resolución del MEF Nº 10252, sin siquiera mencionarse al Decreto que pretende impugnar ahora por vía oblicua. Por otra parte, se debe tener en cuenta que el Decreto en cuestión no sólo sirvió de fundamento para la solicitud de exoneración que realizó la actora, sino que además había sido aplicada definitivamente mediante la Resolución Nº 2022, de 18 de noviembre de 2015, la que no fue objeto de recursos. Como consecuencia, es de aplicación la teoría del acto propio, la que es consecuencia de los principios de buena fe, lealtad y probidad y se sintetiza en la imposibilidad de adoptar válidamente conductas que sean contradictoras con las anteriores desarrolladas. En cuanto al fondo del asunto, la demandada relacionó los antecedentes y recordó que además del incumplimiento de la obligación de empadronar la actora también incumplió con la obligación de presentarse ante el Ministerio de Relaciones Exteriores en forma anual, con constancia de entrada y salida del país expedida por la Dirección Nacional de Migraciones. Fue como consecuencia de dichos incumplimientos a la Resolución Nº 2022, de 18 de noviembre de 2015, que a la actora se le liquidaron los tributos correspondientes y se le revocó la autorización concedida. Los requisitos dispuestos para la exoneración del vehículo automotor por única vez son los expresados en el artículo 76 de la Ley No. 18.250, de 6 de enero de 2008, en la redacción dada por el artículo 159 de la Ley No. 19.149, de 24 de octubre de 2013. El legislador dejó claramente de manifiesto que su intención fue otorgar el beneficio únicamente a quienes decidieran retornar definitivamente a nuestro país. En el caso, no se configuró ninguna ilegalidad del Decreto Nº 330/2018, ni del acto administrativo impugnado. En la propia Ley se establecieron expresamente requisitos cuyo cumplimiento necesariamente es posterior al ingreso del vehículo al país y son imprescindibles para la exoneración. Ellos son cuatro: i) residir definitivamente en el país; ii) no transferir el vehículo hasta transcurrido un plazo de dos años desde su ingreso; iii) empadronarlo directamente por la persona interesada en la Intendencia Departamental correspondiente; y iv) que el régimen al que esté sujeto el automotor deberá constar en los documentos de empadronamiento municipal y en el Registro Nacional de Actos Personales. El Decreto reglamentario no hizo más que regular la forma de acreditar la residencia definitiva en el país, sin la cual no es posible la exoneración. De la simple compulsa de las actuaciones administrativas surge que la actora no cumplió con por lo menos tres de los requisitos para que se otorgue la exoneración. La consecuencia no puede ser otra que la no configuración de la exoneración. En este sentido, la actora no acreditó en la forma dispuesta su residencia en el país y no empadronó su vehículo. Como consecuencia, no puede existir constancia alguna del régimen de ingreso del vehículo. Al no cumplirse con las condiciones legales, no existía otra consecuencia que dejar sin efecto la exoneración. Finalmente, reiteró que la actora no puede en esta instancia impugnar un Decreto al cual solicitó expresamente acogerse y pretender su ilegalidad cuando la revocación de la exoneración fue consecuencia de sus propios actos o de sus omisiones. En suma, abogó por el rechazo de la pretensión deducida y el mantenimiento de los actos impugnados (fs. 26 a 35 vto.). III) Por Decreto No. 6076/2019 (fs. 37) se dispuso la apertura a prueba, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 47. IV) Las partes alegaron por su orden (fs. 50-53 y fs. 58- 61, respectivamente). V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante Dictamen No. 488/2020 y aconsejó desestimar la demanda (fs. 64 a 65). VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 67). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, corresponde relevar las exigencias que según la normativa vigente habilitan el análisis de la pretensión anulatoria (artículos 317 y 319 de la Constitución y artículos 4 y 9 de la Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987). La actora dedujo pretensión anulatoria contra los siguientes actos: a) La Resolución Nº 10252 , de 15 de enero de 2019, dictada por el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante la cual se dispuso: “Revócase la autorización concedida a la señora María Inés Maya Cabrera por Resolución Nº 2022 de fecha 18 de noviembre de 2015” (fs. 3 a 3 vto., infolios y fs. 107 a 107 vto., en carpeta verde de 122 fojas, A.A.). b) El Decreto del Poder Ejecutivo Nº 330/2008 , de 14 de julio de 2008. En lo que respecta a la Resolución Nº 10252, se emitió el 15 de enero de 2019 (fs. 3 a 3 vto., infolios y fs. 107 a 107 vto., A.A.) y se notificó el 23 de enero de 2019 (fs. 108 vto., A.A.). El 4 de febrero de 2019, se interpusieron en tiempo y forma los recursos de revocación y jerárquico (fs. 5 a 6 vto., infolios y fs. 110 a 111 vto., A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa a su respecto se produjo mediante denegatoria expresa , a través del dictado de la Resolución Nº 251/2019, de 13 de mayo de 2019, emitida por el Poder Ejecutivo (fs. 10, infolios y fs. 118, A.A.) Dicho acto se notificó el 17 de mayo de 2019 (fs. 119, A.A.). La demanda se interpuso el 4 de junio de 2019, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 20). En cuanto al Decreto del Poder Ejecutivo Nº 330/2008, de 14 de julio de 2008, el mismo no fue directamente recurrido , sino que se impugnó al amparo de lo dispuesto por el artículo 25 inciso 2º) del Decreto-Ley No. 15.524, a través de la Resolución Nº 10.252, por considerarla como un acto aplicativo de este (véase en este sentido el planteo formulado en la demanda a fs. 15 vto. infolios). Dicha disposición prevé “la impugnación de los actos dictados en aplicación de los actos generales mencionados en el inciso anterior, fundada en la ilegitimidad de éstos, o de los primeros aun cuando se hubiere omitido recurrir y contender a propósito del acto de carácter general.” Conviene tener presente aquí lo expresado por la doctrina especializada. Al respecto, Sayagués Laso explicaba: “Aunque el reglamento no hubiere sido recurrido , pueden luego impugnarse los actos individuales que dicte la administración (…)” (Cf. Enrique Sayagués Laso, “Tratado de Derecho Administrativo” , 6ª edición, puesta al día por Daniel Hugo Martins, Clásicos Uruguayos, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, FCU, reimpresión, agosto de 1991, tomo I, p. 142.). Y más adelante en el tiempo, Cajarville precisó: “Aunque no se haya impugnado el acto creador de la norma general -abstracta o concreta-, será siempre posible la impugnación administrativa y jurisdiccional de los actos que posteriormente se dicten en aplicación de aquella , y en esta impugnación podrá invocarse la ilegitimidad del acto de ejecución en sí, como de la norma general en que se funde” (Decreto - ley N° 15.524, art. 25 inc. 2°)” (Cf. Juan Pablo Cajarville Peluffo, “Recursos Administrativos” , FCU, Montevideo, año 2000, 3ª edición, p. 112) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Ahora bien, sin perjuicio de lo señalado, y en forma previa a ingresar al fondo del asunto, será preciso examinar si la Resolución impugnada efectivamente constituye el acto originario aplicativo del acto regla (Decreto No. 330/2008), situación que será tratada luego de reseñar los antecedentes relevantes del caso. II) El origen de las actuaciones se remonta al 23 de setiembre de 2015, cuando la accionante declaró bajo juramento “cumplir con los requisitos exigidos por el Art. 3º del Decreto Nº 330/2008 del 14 de julio de 2008 reglamentario de la Ley Nº 18.250 del 6 de enero de 2008” (fs. 22, A.A.) y presentó su solicitud de ingreso del vehículo automotor de su propiedad, marca NISSAN, modelo TIIDA 1.8 (fs. 7 a 33, A.A.) (la negrilla no está en el original). Tras emitirse los informes letrados pertinentes en la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores (fs. 34, A.A.) y del Ministerio de Economía y Finanzas (fs. 36 a 36 vto., A.A.), se dictó la Resolución del MEF Nº 2022, de 18 de noviembre de 2015, mediante la cual se proveyó: “1º) Autorízase a la señora María Inés Maya Cabrera (…), a importar definitivamente al país un vehículo de su propiedad marca Nissan, Nº de Chasis (…), al amparo de las normas mencionadas en la parte expositiva de la presente Resolución” (fs. 37, A.A.) (la negrilla no está en el original). En la parte expositiva, se hizo referencia a “lo establecido por el artículo 76 de la Ley Nº 18.250 de 6 de enero de 2008 , en la redacción dada por el artículo 121 de la Ley Nº 18.996 de 7 de noviembre de 2012 y el Decreto Nº 330/008 de 14 de julio de 2008 ” (Considerando I, fs. 37, A.A.) (la negrilla no está en el original). Y a continuación del numeral 1º) de la parte dispositiva, se consignó: 2º) La importación está exonerada de la Tasa Global Arancelaria, del Impuesto al Valor Agregado, del Impuesto Específico Interno, de la Tasa Consular, de la Tasa de Servicios Extraordinarios, de la Tasa de Servicios Automatizados, y de todo otro tributo, gravamen o precio vinculado a la importación. 3º) Establécese que el referido vehículo deberá ser empadronado en la Intendencia de Montevideo, según domicilio constituido por la gestionante, dentro del plazo de treinta días del desaduanamiento. 4º) El mencionado vehículo no podrá ser enajenado ni transferido hasta tanto transcurran dos años a contar desde su ingreso (…) 5º) Las personas amparadas al presente régimen deberán presentarse en forma anual , con constancia de entrada y salida del país , expedida por la Dirección Nacional de Migración y durante el lapso de los dos años siguientes a contar desde el inicio del trámite, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, a efectos de acreditar su residencia en el país. 6º) El incumplimiento material o formal de la presente franquicia , previa vista del interesado en el domicilio constituido, aparejará la pérdida de la totalidad de los beneficios tributarios mediante la revocación de la autorización concedida, lo cual se comunicará a la Dirección Nacional de Aduanas y a la Dirección General Impositiva a sus efectos (…)” (la negrilla y el subrayado no están en el original). El 26 de noviembre de 2015, se notificó la actora, quien no recurrió, ni formuló ningún tipo de cuestionamiento contra el acto (fs. 38 vto., A.A.). El 1º de junio de 2017, la accionante presentó una nota “con motivo de solicitar una prórroga para la presentación de la certificación correspondiente (empadronamiento del vehículo (…)” , esgrimiendo “razones puramente personales” que le impidieron “realizarlo en su debido momento” (fs. 40, A.A.) (la negrilla no está en el original). El 13 de junio de 2017, dictaminó la Asesoría Jurídica de la Dirección General de Secretaría del MEF, la que puso de manifiesto que “habiendo transcurrido un año y siete meses desde que se autorizó la importación, esta Asesoría sugiere, previo a dictar el acto administrativo pertinente, remitir estas actuaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores a efectos de que se le confiera vista a la interesada, para que acredite por qué no cumplió con las obligaciones impuestas en la resolución (…), dónde se encontraba el vehículo durante este lapso de tiempo y presente constancia de movimientos migratorios expedidos por la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior (…) Asimismo, se solicita se informe, si la compareciente ha dado cumplimiento al numeral 5º de la resolución autorizante ” (fs. 41, A.A.) (la negrilla no está en el original). Remitidas las actuaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores, se notificó a la actora (fs. 43, A.A.), la que evacuó la vista precisando que los motivos personales tuvieron que ver con “la situación económica desfavorable que estaba transcurriendo mi esposo, viajando entre Buenos Aires y Montevideo cada 15-20 días, y estando yo al cuidado de mis hijos, en una situación gravosa en lo económico. Realmente asumo y ruego vuestras disculpas (…) (…) el vehículo estuvo el 100% del tiempo en Uruguay (…)” (fs. 62, A.A.). Asimismo, adjunto constancia de movimientos migratorios (fs. 55 a 61, A.A.). El 30 de junio de 2017, la Sección Automotores del Ministerio de Relaciones Exteriores informó que “no existe registro que se haya dado cumplimiento al numeral 5) de la Resolución Nº 2022 del 18/11/215” (fs. 63, A.A.) (la negrilla no está en el original). El 17 de julio de 2017, se expidió nuevamente la Asesoría Letrada de la Dirección General de Secretaría del MEF, la que se remitió a su informe anterior y aconsejó dar vista a la gestionante noticiándole que “de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5º) de la resolución autorizante, y habiéndose probado su incumplimiento, corresponde revocar la misma, lo que se comunicará a la Dirección Nacional de Aduanas y a la Dirección General Impositiva a sus efectos ” (fs. 66, A.A.) (la negrilla no está en el original). Seguidamente, se remitieron las actuaciones en forma sucesiva a la DNA y a la DGI, las que realizaron las respectivas liquidaciones de tributos (fs. 77 y fs. 86, respectivamente, A.A.). El 2 de agosto de 2018, se notificó a la actora de la vista conferida (fs. 93, A.A.), la que la evacuó formulando descargos de análogo tenor a los esgrimidos en la demanda de autos (fs. 97 a 100, A.A.). El 4 de setiembre de 2018, se pronunció la Asesoría Letrada Dirección General de Secretaría del MEF, la que aconsejó desestimar los agravios y ratificó la procedencia de revocar la autorización dispuesta (fs. 101, A.A.). Notificada la actora de lo informado (fs. 104, A.A.), no presentó nuevo escrito de descargos. Finalmente, el 15 de enero de 2019, se dictó el acto encausado (fs. 107 a 107 vto., A.A.). III) El Tribunal, por unanimidad, habrá compartir en términos generales la solución aconsejada por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 64 a 65) y desestimará la demanda anulatoria, por los fundamentos que se habrán de explicitar. Surge de autos que la compareciente presentó una solicitud de ingreso al país de un vehículo de su propiedad y que declaró bajo juramento el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 3º del Decreto No. 330/2008, de 14 de julio de 2008, reglamentario de la Ley No. 18.250, de 6 de enero de 2008 (fs. 22, A.A.). Asimismo, emerge que al momento del dictado del acto de autorización (Resolución del MEF Nº 2022, de 18 de noviembre de 2015, fs. 37 a 38, A.A.) se hizo referencia específicamente a las obligaciones que según dicha normativa legal y reglamentaria recaían sobre la actora. A saber, se estableció que: i) el vehículo debería ser empadronado ante la Intendencia de Montevideo dentro de un plazo de treinta días del desaduanamiento ( “Resuelve” Nº 3); ii) el vehículo no podría ser enajenado hasta tanto transcurrieran dos años a contar desde su ingreso (“Resuelve” Nº 4); iii) debería presentar en forma anual , con constancia de entrada y salida del país ante el Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de acreditar su residencia en el país ( “Resuelve” Nº 5); y iv) el incumplimiento material o formal de la franquicia, previa vista, aparejaría la pérdida de la totalidad de los beneficios tributarios mediante la revocación de la autorización (“Resuelve” Nº 6) (la negrilla no está en el original). La parte demandada argumentó que este fue el acto lesivo y no el que se procesa en autos (fs. 26 a 29 infolios). Al respecto, la parte actora no formuló ninguna manifestación en particular, limitándose a reiterar los argumentos planteados en su demanda (véase el escrito de alegatos obrante de fs. 50 a 53, infolios). Más allá de ello, corresponde al Tribunal examinar si la Resolución impugnada resulta ser la originaria creadora de la situación jurídica lesiva de la actora, en cuanto presupuesto de fundabilidad de la sentencia exigido por los artículos 309 de la Constitución y 24, inciso 2º, in fine del Decreto-Ley No. 15.524, que de no verificarse obsta o bloquea toda posibilidad de ingresar al mérito del asunto ( sentencias No. 91/2001, 158/2001, 192/2001, 279/2001, 428/2003, 705/2004, 422/2005, 257/2006, 302/2007, 263/2009, 635/2011, 411/2012, 515/2012, 704/2012, 111/2014, 497/2015, 626/2016, 937/2017, 358/2018, 384/2019, 414/2019, 187/2020 y 209/2021). Como señala Durán Martínez, “El acto administrativo susceptible de la acción anulatoria , además de definitivo , deber ser el originario , es decir el creador de la situación jurídica lesiva que se resiste con la acción de nulidad (art. 24 del decreto-ley Nº 15.524). (…) O sea, no basta la interposición y resolución de los recursos a los efectos de la interposición de la acción de nulidad; es preciso además que ese acto sea el creador de la situación jurídica lesiva que se resiste con la acción de nulidad.” (Cf. Augusto Durán Martínez, “Contencioso Administrativo”, FCU, 1ª edición, enero de 2007, p. 42 y 44) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Por lo tanto, aun cuando el artículo 25 inciso 2º del Decreto-Ley No. 15.524 habilite la impugnación de los actos individuales dictados en aplicación de los actos generales “cuando se hubiere omitido recurrir y contender a propósito del acto de carácter general ”, no puede perderse de vista que dichos actos deben ser los originarios generadores de la situación jurídica lesiva. En este contexto, se observa que no se verificó el presupuesto de fundabilidad de la sentencia desde que el acto originario causante de la lesión fue la Resolución del MEF Nº 2022, de 18 de noviembre de 2015 (fs. 37 a 38, A.A.), que la actora consintió y se comprometió a cumplir. Si la accionante consideraba que las exigencias reglamentarias que se le impusieron resultaban ilegítimas, por exceder los límites establecidos por el artículo 76 de la Ley No. 18.250, debió impugnar el acto administrativo que originariamente las determinó, en aplicación de disposiciones del Decreto Nº 330/2018. Se coincide en el punto con el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, en cuanto concluye que “La Resolución impugnada no resulta lesiva ya que se limita a aplicar lo dispuesto en la mencionada Resolución Nº 2022 ” (fs. 64 vto., infolios) (la negrilla y el subrayado no está en el original). Y en esta aplicación que la impugnada realiza de la Resolución Nº 2022, se reproducen contenidos que resultan reiterativos de lo que ya había sido dispuesto por esta. En términos mutatis mutandi, cabe replicar lo expresado por sentencia No. 647/2019, en cuanto consignó: “La resolución procesada se limita a aplicar lo dispuesto en la Resolución anterior , el acto recurrido no es el creador de una situación jurídica lesiva para el accionante , ya que se limita a mantener una decisión anterior. Como enseña CAJARVILLE: “…el acto impugnado debe ser agraviante, como creador de la situación jurídica lesiva que se resiste con la acción. Por ello no son objeto de la acción de nulidad, las resoluciones meramente reiterativas…de otras anteriores no impugnadas en tiempo hábil …” (Sobre Derecho Administrativo, tomo II, pág. 581).” (la negrilla y el subrayado no están en el original). De ahí que, al no haberse impugnado el acto originario aplicativo del Decreto Nº 330/2008 y por ende el causante de los agravios, procede el rechazo de la pretensión, sin ingresar al fondo del asunto. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).