Sentencia Definitiva N° 320/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 3 de agosto de 2021. No. 320 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “GRANJA TRES ARROYOS URUGUAY S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Acción de Nulidad” (Ficha No. 223/2019). RESULTANDO : I) La parte actora dedujo pretensión anulatoria contra los siguientes actos administrativos: a) Resolución Nº 1514/2018 , de 6 de marzo de 2018, dictada por el Director General de Rentas, por la cual se dispuso: “Clasificar como reservada a toda aquella información referida al análisis de comportamiento económico - tributario del sector avícola, utilizada en el diseño del régimen de percepción del I.V.A., correspondiente a la comercialización de aves de la especie aviar gallus gallus, hasta el 30 de junio de 2030” (fs. 95 a 96, en carpeta verde de 141 fojas, A.A.). b) Resolución Nº 1515/2018 , de 6 de marzo de 2018, emitida por el Director General de Rentas, por la cual se resolvió: “Acceder parcialmente a lo peticionado por la contribuyente GRANJA TRES ARROYOS URUGUAY S.A. (…), en los términos que surgen de la presente” (fs. 93 a 94, A.A.). En necesaria síntesis, esgrimió como argumentos los siguientes: i) la falta de pronunciamiento tempestivo de la Administración determina que opere a su favor la presunción simple, establecida por el artículo 6º de la Ley No. 15.869, en la redacción dada por la Ley No. 17.292; ii) la afirmación invocando el literal C) del artículo 9 de la Ley Nº 18.381, acerca de un potencial riesgo de daño a la estabilidad financiera y económica del país basada en que la revelación de datos sobre la comercialización de aves podría conducir a la manipulación por parte de los agentes realizando maniobras especulativas, fraudulentas y/o evasivas (Considerando VII de la Resolución Nº 1514/2018), es exagerada e infundada porque no existe asidero para sostenerla; iii) la División Planificación, Estudios y Coordinación de la DGI en su informe de 30 de mayo de 2018, omitió responder las interrogantes puntuales, sobre de qué manera brindar la información requerida puede desestabilizar la economía del país y de qué modo se podría manipular el precio de la carne de ave con fines de evasión; iv) ha quedado probada la ilegitimidad de la clasificación de la información como reservada efectuada en la Resolución Nº 1514/2018, lo que conduce a su anulación total con efectos generales . Y dado que en ella se funda la Resolución Nº 1515/2018, también debe correr la misma suerte en cuanto denegó el suministro de parte de la información pedida. En suma, solicitó el amparo de la demanda (fs. 5 a 7). II) Conferido el correspondiente traslado, comparecieron los Dres. Leonardo Bon y Martín Pérez -en representación del Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección General Impositiva- y lo evacuaron oponiéndose al accionamiento en base a la siguiente fundamentación. En primer lugar, la actora no realizó ningún análisis de los actos impugnados, ni de sus fundamentos. Y mucho menos formuló agravios concretos susceptibles de ser examinados, con la excepción de la falta de pronunciamiento tempestivo respecto de los recursos. Sobre este aspecto en particular, la demora en la resolución de los recursos administrativos respondió a la complejidad del asunto. Sin perjuicio de ello, corresponde tener presente que la presunción estatuida en el artículo 6º de la Ley No. 15.869, es de carácter relativo y que atento a las resultancias de las actuaciones surge probada la legitimidad de los actos impugnados. En cuanto a la demanda, más allá de lo inescrutable de su contenido, corresponde igualmente remarcar que en los antecedentes de los actos impugnados se informó detalladamente el régimen establecido con directa referencia a lo que a la postre sería calificado como reservado porque revelarlo podría dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país. Los valores y métodos para la fijación de precios fictos son -en su enorme mayoría- información de acceso público. Sin embargo, la Administración ha resuelto que los criterios para la definición de los cortes se califiquen como información reservada. Cabe destacar además que la DGI envió la Resolución Nº 1514/2018, a la consideración de la UAIP, la que consideró que la reserva presentada se ajustaba a lo establecido en la normativa vigente y recomendó que la respectiva información no debía ser brindada ante una solicitud de acceso a la información. Esto además fue ratificado ante los descargos presentados por la DGI luego de oír a sus servicios jurídicos, cuyas consideraciones resultan sumamente ilustrativas por tratarse de un órgano especializado y con autonomía técnica. Así concluyeron que, contrariamente a lo sostenido por la actora, no existe opacidad alguna, respecto a la metodología utilizada para la fijación de los precios fictos y que la elección de los cortes tomados en consideración constituye materia calificada como reservada, en atención a que su difusión podría dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país, conforme al artículo 9 de la Ley No. 18.381, lo que ha sido avalado por la UIAP. En definitiva, abogaron por el rechazo de la demanda (fs. 17 a 25 vto.). III) Por Decreto No. 4480/2019 (fs. 27) se dispuso la apertura de la causa a prueba y las partes no produjeron ninguna, tal como consta certificado a fs. 29. V) Las partes alegaron por su orden (fs. 32-34 vto. y fs. 37-39 vto., respectivamente). VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante Dictamen No. 295/2020 y aconsejó la confirmación del acto impugnado (fs. 42 a 44 vto.). VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 46). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. Las Resoluciones Nº 1514/2018 (fs. 95 a 96, A.A.) y 1515/2018 (fs. 93 a 94, A.A.) se emitieron el 6 de marzo de 2018. Notificada en esa misma fecha la Resolución Nº 1515/2018 (fs. 97, A.A.) la actora se dio por notificada en el mismo acto de la Resolución Nº 1514/2018. El 16 de marzo de 2018, interpuso en forma conjunta los recursos de revocación y jerárquico en subsidio (fs. 101 a 101 vto., A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa a su respecto se produjo mediante denegatoria expresa , a través del dictado de la Resolución Nº 12.280, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas el 12 de diciembre de 2018, en ejercicio de atribuciones delegadas (fs. 134 a 134 vto., A.A.). Dicho acto se notificó el 18 de febrero de 2019 (fs. 139, A.A.). La demanda se interpuso el 23 de abril de 2019, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 8). II) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada corresponde una reseña de los antecedentes relevantes para la resolución de la causa. El 7 de agosto de 2016, se presentó GRANJA TRES ARROYOS URUGUAY S.A. ante la DGI manifestando que “En su calidad de agente de percepción comprendido en el régimen del Decreto 621/2006, es de su interés conocer la información tenida en cuenta y el ulterior método seguido, para establecer los valores fictos del precio de la carne de ave fijado por todas las resoluciones en la materia dictadas por esa Dirección General desde la fecha de ese Decreto hasta el presente , en virtud de lo cual y al amparo de lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 18.381, al Señor Director pide: Que disponga le suministre la siguiente información, relacionada con todas las resoluciones que -dictada en aplicación del Decreto 621/2006- fijaron el precio de la carne de ave para la percepción del Impuesto al Valor Agregado , desde la fecha de vigencia de ese Decreto hasta el día en que se suministre la información pedida. Toda la información obtenida por esa Administración Tributaria para proceder a la fijación de los referidos precios, con indicación de sus fuentes, montos y del método seguido , paso a paso, para establecer esos valores, hasta su guarismo final .” (fs. 9, A.A.) (la negrilla no está en el original). El 7 de abril de 2016, se expidió la Sección Apoyo Contencioso del Departamento Jurídico de la DGI, señalando que: “(…) En cuanto al primer punto de la información solicitada por el compareciente puede calificarse como “genérica” en cuanto no se identificará contribuyente alguno, razón por la cual no se encontraría comprendida en la obligación de secreto tributario a que hace referencia el artículo 47 del Código Tributario, no siendo su revelación pasible de ocasionar perjuicio alguno a ninguna persona física o jurídica. Por el contrario, la información relacionada en el literal b) del punto 2 no puede brindarse, en virtud de haber sido clasificada como información reservada por la Resolución de la Dirección General Nº 1521/2012 de 31/07/2014, habiéndose previsto en los numerales 1.II y 1.IV, que tienen el carácter de reservada : “ Las informaciones de memorandos, informes, estudios y análisis técnicos así como sus correspondientes antecedentes y papeles de trabajo por configurarse las causales del artículo 9 literales B), C), D) y E) (…)” y “(…) Informes encargados por la Dirección General o por el Ministerio de Economía y Finanzas sobre evaluación de los efectos económicos del sistema tributario y de las reformas que se le propongan, por configurarse la causal establecida en el artículo 9 literal C) (…)” (fs. 11 a 11 vto., A.A.) (la negrilla no está en el original). El 8 de abril de 2016, la División Técnico Fiscal compartió lo informado por el Departamento Jurídico y elevó las actuaciones a la consideración de la Dirección General (fs. 12, A.A.). Seguidamente, se procedió a la agregación de copias autenticadas de las Resoluciones que fijaron el precio de la carne de ave para la percepción del IVA en aplicación del Decreto Nº 621/2006 (fs. 13 a 42, A.A.). Por providencia del Director General de Rentas de 21 de abril de 2006, se ordenó conferir vista de las actuaciones a la solicitante (fs. 44, A.A.), lo que se materializó el veintinueve de abril de 2016 (fs. 45, A.A.). El 6 de mayo de 2016, compareció la actora y presentó escrito de descargos (fs. 48 a 48 vto., A.A.) en el cual cuestionó que: “El mentado informe exhibe falta de explicitud y -además- cita una resolución cuyo texto ha sido imposible de obtener como lo prueba el documento que se acompaña (…). Tales carencias impiden evacuar la vista conferida, por lo cual pide se ordene a la División Técnico Fiscal: 1. Que agregue a este asunto copia de la Resolución 1521/2012 que se cita en el referido informe. 2. Que fundamente literal por literal y punto por punto de la petición, su adecuación a las hipótesis de excepción previstas en los literales B, C, D y E del artículo 9 de la Ley 18.381 ” (fs. 48 vto., A.A.) (la negrilla no está en el original). Remitidos los obrados al Departamento Jurídico, se procedió a incorporar copia autenticada de la Resolución Nº 1521/2012 (fs. 52 a 55, A.A.). En cuanto a la fundamentación solicitada, se aconsejó que por razones de especialidad se recabara informe de la Asesoría Económica de la Dirección General (fs. 56, A.A.). El 17 de junio de 2016, la División Técnico Fiscal elevó el expediente a la Dirección General (fs. 57, A.A.), la que lo remitió con fecha 21 de junio de 2016, a la Asesoría Económica (fs. 58, A.A.). El 4 de enero de 2017, emitió informe el Adjunto a la División Planificación, Estudios y Coordinación, quien consignó que: “Debido a la motivación de establecer regímenes de retención y percepción (asegurar la recaudación en contextos de alto riesgo de incumplimiento tributario) , la determinación de los valores fictos está precedida de análisis de comportamiento económico tributario e identificación de riesgos fiscales, sobre los cuales se ha considerado que configuran la causal establecida en el artículo Nº 9 literal E. Adicionalmente, el análisis de los valores fictos está contenido en estimaciones de impacto de medidas que afectan a la tributación y en evaluaciones de los efectos económicos del sistema tributario, sobre los cuales se ha considerado que configuran la causal establecida en el artículo Nº 9 literal C. En definitiva, la determinación de los valores fictos no está basada únicamente en información cuantitativa recopilada (precios, márgenes, etcétera) sino también en consideraciones que surgen de los análisis referidos, los cuales están comprendidos entre la información reservada.” (fs. 59, A.A.) (la negrilla no está en el original). El 25 de enero de 2017, el Departamento Jurídico, Sección Apoyo Contencioso aconsejó conferir vista a la contribuyente (fs. 61, A.A.), trámite que fue ordenado por la Dirección Técnico Fiscal el 2 de febrero de 2017 (fs. 62, A.A.). El 10 de febrero de 2017, se notificó a la actora de la nueva vista otorgándole diez días hábiles para evacuarla (fs. 63, A.A.). El 9 de marzo de 2017, dictaminó la Sección Apoyo Contencioso del Departamento Jurídico, que entendió que al haberse agotado el objeto de las actuaciones correspondía proceder a su archivo sin perjuicio (fs. 64, A.A.), procedimiento que se dispuso el 5 de abril de 2017, por la Dirección Técnico Fiscal (fs. 65, A.A.). El 5 de febrero de 2018, se reanudó el trámite con la nueva presentación de GRANJA TRES ARROYOS URUGUAY S.A. (fs. 76, A.A.), en la cual reseñó los contenidos de su solicitud inicial y las razones por las cuales le fue denegado parte de lo peticionado. A continuación, expresó: “Como es de conocimiento de esa Administración Tributaria, la Referida Resolución fue declarada ilegítima por la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) en su Resolución 17-17 de fecha 22 de diciembre de 2017 , recaída en el expediente Nº 2017-2-10-0000266. Y, en la misma decisión, se exhortó a la DGI a proporcionar toda la información que no haya sido aportada. Por lo expuesto pide que se le suministre dentro del plazo establecido por el artículo 15 de la Ley Nº 18.381, la siguiente información: Toda la obtenida por esa Administración para proceder a la fijación del precio de la carne de ave para la percepción del Impuesto al Valor Agregado desde el inicio del régimen hasta el presente, con indicación de sus fuentes, montos y del método seguido, paso a paso, para establecer esos valores, hasta su guarismo final ” (fs. 76, A.A.) (la negrilla no está en el original). El 2 de marzo de 2018, se produjo un nuevo informe letrado de la Sección Apoyo Contencioso (fs. 77 a 78 vto., A.A.), en cuyos contenidos medulares se expresó: “1- Vuelven estos obrados, en virtud de la nueva comparecencia de la contribuyente, solicitando al amparo de la Ley Nº 18.381 se le brinde toda la información (…), que fuera solicitada en su comparecencia inicial de fs. 6, y respecto de la cual este Departamento aconsejó denegar el acceso , en virtud de la consideración de la misma como información reservada conforme a los artículos 2 y 9 de la Ley Nº 18.381, estimándose que su clasificación como tal se realizó por Resolución del Director General de Rentas Nº 1521/2012 de 31 de julio de 2012 (fs. 49/52). 2- Ante tal situación, GRANJA TRES ARROYOS URUGUAY S.A. procedió a denunciar la negativa a brindar la información, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), la cual se tramitó en Expediente Nº 2017-2-10-0000266 , el cual culminó con el dictado de la Resolución del Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública Nº 17-17. Por la referida Resolución se resolvió exhortar a la Dirección General Impositiva a entregar la información requerida , o proceder a la clasificación de la misma conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 18.381 y su Decreto Reglamentario Nº 232/2020 , en caso de que encuadre en alguna de las causales de excepción legalmente establecidas ; y se indicó que no resulta ajustado a derecho la realización de reservas genéricas y a futuro como la resultante de la Resolución de la Dirección General Impositiva Nº 1521/012. 3- La contribuyente funda su nueva solicitud, en la Resolución de la UAIP citada, manifestando , erróneamente, como se verá , que esta declaró ilegítima la Resolución del Director General de Rentas Nº 1521/012, y en la exhortación de dicho organismo a esta Administración a brindar la información solicitada. 4- No se comparten las apreciaciones de la contribuyente (…). (…) la peticionante señala que la Resolución de la UIAIP exhorta a esta Administración Tributaria a brindar la información en cuestión , soslayando que la Resolución establece expresamente que el acceso debería permitirse en caso de no proceder a la clasificación de la información como reservada, secreta o confidencial , según pudiera corresponder, y así corresponde en el caso. (…) 5- En mérito a lo expuesto, se sugiere proceder al dictado de resolución clasificando la información que corresponda como reservada , al amparo de la normativa vigente y en cumplimiento de lo indicado por la UAIP en Resolución Nº 17-17. 6- Sin perjuicio de todo lo expresado, correspondería la remisión de los presente a consideración de la División Planificación, Estudios y Coordinación, debiendo tenerse presente que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública el plazo máximo para permitir o denegar el acceso es de veinte días hábiles , el cual vence el 7 de marzo de 2018 ” (fs. 77 a 78, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). El 2 de marzo de 2018, la División Técnico Fiscal compartió lo informado y remitió el asunto a la División Planificación, Estudios y Coordinación (fs. 79, A.A.). En la misma fecha, la División Planificación, Estudios y Coordinación elaboró un pormenorizado informe (fs. 82 a 86, A.A.) en el que -básicamente- señaló: “(…) En respuesta incluida en el expediente 2017/05/005/00/06/2083 informada el día 15 de agosto de 2017 se detalló la forma de cálculo del valor ficto . En la misma se explica en forma detallada el producto específico considerado, el procedimiento para determinar el valor ficto y se aporta información que muestra los principales atributos de los valores fictos determinados, a saber: - Que las fuentes de información utilizadas provienen de relevamientos sistemáticos de precios , y que además son representativos de los canales de comercialización de los productos que son objeto de esta percepción. - Que el margen de comercialización supuesto en el cálculo (30%) es inferior al margen efectivamente observable en la etapa minorista de comercialización de estos productos. Esto surge de comparar las series de precios de INAC con las series de precios del Sistema de Información de Precios al Consumidor (SIPC). Por consiguiente, el margen de comercialización supuesto no conduce a establecer una carga tributaria excesiva, esto es, superior al valor agregado en la etapa minorista a de la comercialización, sino lo contrario. - Que toda la información de precios utilizada es de dominio público y, por lo tanto, con los criterios explicitados en el informe antes referido, es posible reconstruir los cálculos que la DGI ha realizado para establecer los valores fictos de la percepción. Asimismo, se señala en ese informe que otra información de contexto que ha sido necesaria para establecer la percepción se ha valorado como reservada. Esto refiere a consideraciones que surgen del análisis de comportamiento económico - tributario del sector. Se agrega al presente, copia del informe oportunamente proporcionado al contribuyente en expediente Número 2017/05/005/00/06/2083.” (fs. 82, A.A.) (la negrilla no está en el original). A continuación, se brindó información complementaria respecto del período de julio 2015 a febrero de 2016 y se explicaron los cambios que se produjeron en el procedimiento de cálculo del valor ficto, ilustrándolos con cuadros de cálculos y comentarios, aclarando que “ El motivo del cambio en el precio de referencia es una razón de costo de relevamiento. Se aprovecha un relevamiento sistemático preexistente (INAC) que para la administración tributaria no tiene costos de relevamiento. Sin perjuicio de esto, y como ya fue comentado en el expediente antes citado, esta fórmula de cálculo implica suponer un margen de comercialización en la etapa minorista, que se ha supuesto constante en 30% (…)” (fs. 83, A.A.) (la negrilla no está en el original). Por último, se fundamenta: “(…) En el caso concreto de la cadena de valor que comprenden la producción y comercialización de productos de carne de ave, la DGI ha caracterizado a la misma a través de estudios específicos -elaborados a partir de información tributaria y de información de acceso público- así como a través de la sistematización de los hallazgos encontrados en diversos tipos de actuaciones de control de obligaciones tributarias. (…) Las empresas que se dedican a la producción de los bienes comprendidos en esta cadena de valor -y que han sido designadas como agentes de percepción- presentan distintos tipos de inserción comercial . Contemplar esta heterogeneidad en forma precisa hubiera supuesto diseñar un régimen de percepción para múltiples productos y con varias modalidades. Esto hubiera supuesto mayores costos , tanto en materia de costos de cumplimiento para los contribuyentes, como de control por parte de la Administración Tributaria, aumentando así el costo social de la imposición. Además, abriría la posibilidad de que los agentes adulteren la información referida a la composición de los bienes comercializados (las porciones de ventas de cada producto ) para minimizar de ese modo el importe que es objeto de percepción (…) En oposición a esta alternativa , se optó por diseñar un régimen de percepción con dos productos , de los cuales uno (pollo entero fresco con menudos) es el aplicable para la mayoría de las transacciones comerciales. De toda la gama de productos que se comercializan en esta cadena, este producto elegido es uno de los de menor precio relativo y , además, tiene la ventaja de que su precio está entre los más transparentes del mercado, ya que es objeto de un relevamiento sistemático, tanto por parte del SIPC como del INAC. Es evidente que las consideraciones comprendidas en estos aspectos del diseño del régimen de percepción están estrechamente vinculados con la causal descrita en el literal C del artículo 9 de la Ley Nº 18.381 del 17 de octubre de 2008 : dañar la estabilidad financiera, económica y monetaria del país. En definitiva, se trata de las evaluaciones que la DGI ha realizado sobre el resultado recaudatorio de diseños alternativos del régimen, los cuales dependen, entre otros factores, de la forma en cómo se comporten los agentes frente a la estructura de incentivos que supone cada diseño, la carga económica que recae sobre los agentes en cada diseño alternativo y los costos sociales adicionales (de cumplimiento y administrativos) que genera cada diseño alternativo. Por otra parte, exponer información más detallada en relación a las características del comportamiento tributario de los agentes involucrados, que justifican el diseño elegido, supondría revelar la identidad de aquellos, extremo que sería contrario al deber de guardar secreto dispuesto en el artículo 47 del Código Tributario (…) Como la fase industrial de la cadena tiene alta concentración en pocos agentes, bastaría con la explicitación de más detalles de la operativa y características de cada agente para que fuese posible (cruzando esta información con información pública, o bien para los propios agentes involucrados en el mercado) advertir la identidad de cada uno. Además de violentar el secreto tributario, la revelación de esta información se encuadra en la primera parte de la causal señalada en el literal E del artículo 9 de la Ley Nº 18.381 del 17 de octubre de 2008 para motivar la reserva de información: suponer una pérdida de ventajas competitivas para el sujeto obligado” (fs. 84 a 85, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). El 5 de marzo de 2018, informó la Sección Apoyo Contencioso del Departamento Jurídico (fs. 88 a 89, A.A.), concluyendo que: “2- Del dictamen de la precitada División surge fundadamente que la difusión de cierta información, considerada en el diseño y regulación del régimen de percepción de carne de aves , implicaría un riesgo altamente probable de daño a la estabilidad financiera y económica del país , en tanto la revelación de esa información podría conducir a su manipulación por parte de los agentes , facilitando la realización de especulaciones y maniobras fraudulentas y/o evasivas , con el consecuente daño al interés público, máxime tomando en consideración las características del sector productivo en cuestión expuestas con precisión en el referido dictamen, el cual se comparte. Asimismo, si bien podría compartirse que, en tanto el acceso a la información considerada podría habilitar especulaciones y maniobras, que significarían, en definitiva, una desventaja, en términos de recaudación, de la Administración Tributaria frente a los sujetos pasivos obligados, que podría considerarse comprendida en el literal “E” del artículo 9 de la Ley Nº 18.381 mencionada en el dictamen de la División Planificación, Estudios y Coordinación , se estima que el fundamento de la clasificación de la información se halla en el literal “C” de la disposición. Se estima, pues, debidamente acreditada la existencia de elementos objetivos que demuestran la probabilidad razonable de daño al interés púbico protegido: la estabilidad financiera y económica y la recaudación, al comprometer gravemente el cumplimiento de los cometidos sustantivo de esta Administración, que determinan la reserva de la información. (…) 9- En mérito a lo expuesto, se sugiere proceder al dictado de resolución que disponga la clasificación de la información relativa a la regulación y diseño del régimen de fijación de precios fictos para la percepción de IVA de la carne de ave , de acuerdo a lo informado por la División Planificación, Estudios y Coordinación en informe de fs. 79/83, de acuerdo al artículo 9 de la Ley Nº 18.381 y 25 del Decreto Nº 232/2010. 10- De compartirse por la superioridad lo aconsejado , la clasificación de la información como reservada , determinaría el rechazo parcial de la solicitud del contribuyente (…) 11- Corresponde precisar, que si bien la clasificación de la información reservada, y el consiguiente rechazo parcial de la solicitud de acceso, podrían ser objeto de una única Resolución (…), en virtud de que la información en cuestión podría ser objeto de solicitudes de parte de otros sujetos interesados, respecto de los cuales sería igualmente oponible la reserva, en aplicación de los Principios de Imparcialidad e Igualdad, y rigiendo respecto de los funcionarios de la Dirección General Impositiva el deber de Secreto Tributario, es que se aconseja el dictado de dos resoluciones (…)” (fs. 88 a 89, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). El 6 de marzo de 2018, la División Técnico Fiscal compartió lo informado (fs. 82, A.A.). Finalmente, se dictaron las Resoluciones Nº 1514/2018 (fs. 95 a 95 vto., A.A.) y 1515/2018 (fs. 93 a 94, A.A.) que se enjuician en autos. A su vez, el 7 de marzo de 2018, la DGI envió a la consideración de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) la Resolución Nº 1514/2018, según lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley No. 19.178, de 8 de enero de 2014 (véase el Informe Nº 17, de 21 de marzo de 2018 de la UAIP, a fs. 110, A.A.). En respuesta a dicha remisión, dictaminó la Dra. Graciela Romero (fs. 110 a 110 vto., A.A.), quien en definitiva sostuvo: “La reserva presentada por al Dirección General Impositiva se ajusta a lo establecido en al normativa vigente , por ende se recomienda a la Unidad considerar que la información relacionada con el diseño de los valores fictos por kilo de carne a los efectos de la percepción del IVA correspondiente a la comercialización de aves de la especie aviar galllus gallus , no debe ser brindada ante una solicitud de acceso por el plazo establecido en la Resolución Nº 1514/018” (fs. 110 a 110 vto., A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). III) El Tribunal, por mayoría de sus integrantes , habrá de compartir la solución aconsejada por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 42 a 44 vto.) y desestimará la demanda de nulidad entablaba, por los fundamentos que se habrán de explicitar. En lo inicial , procede examinar si este Tribunal es competente para resolver la pretensión de nulidad que se dedujo por la accionante, la cual tuvo su fundamento en una solicitud de acceso a la información pública, al amparo de disposiciones de la Ley No. 18.381. Como es sabido, la cuestión es relevable de oficio, por mandato legal (artículo 67 del Decreto-Ley No. 15.524) en virtud de tratarse de un presupuesto procesal para el ejercicio de la acción (Cf. Enrique Tarigo, “Lecciones de Derecho Procesal Civil según el nuevo Código” , tomo I, FCU, Montevideo, 2ª Edición, julio de 1994, p. 279 a 280; “Código General del Proceso. Comentado, anotado y concordado” , Enrique Vescovi y con-autores, tomo III, Editorial Ábaco, Montevideo, p. 395 a 396; Augusto Durán Martínez, “Contencioso Administrativo” , FCU, Montevideo, 2007, p. 99 a 101; Selva Klett, “Proceso ordinario en el Código General del Proceso” , FCU, Montevideo, 2014; y Maximiliano Cal, “La congruencia en las sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo”, Revista de Derecho Público, Año Nº 24, Nº 47, julio 2015, p. 14 a 17, entre otros). El abordaje de las relaciones existentes entre la pretensión de acceso a la información pública y la pretensión de nulidad de los actos administrativos resulta complejo en mérito a la incidencia que puede tener un pronunciamiento sobre el otro, habiéndose planteado distintas situaciones ante el Tribunal (véanse por ejemplo las sentencias No. 696/2015, 737/2016 y 32/2020). Así, en el primero de los fallos, en donde se planteó la excepción de cosa juzgada, el Colegiado expresó: “Sin dejar de reivindicar la tan manida independencia de jurisdicciones , se podría sostener que en la especie, existe cosa juzgada, en mérito a que no resulta posible revisar en este contencioso anulatorio, la regularidad jurídica del acto cuestionado, dictado en torno a idéntica pretensión a la ya resuelta en vía judicial. (…) Y es la propia Ley 18.381 que en su art. 1° establece que tiene por objeto promover la transparencia de la función administrativa de todo organismo público estatal o no, la que garantiza el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública y en caso de no brindarse la información en el plazo referido , configurándose el silencio positivo (art. 18), deja expedita la vía judicial al prever en el art. 22 que “toda persona tendrá derecho a entablar una acción judicial efectiva que garantice el pleno acceso a las informaciones de su interés” En ese marco, no se puede pasar por alto la opinión de la doctrina en lo que tiene relación con el alcance de la sentencia dictada en este proceso de habeas data impropio.- Así para GONZÁLEZ MIRAGAYA, lo resuelto en esos procesos, pasa en autoridad de cosa juzgada (formal y material), sin limitaciones, es decir, no resuelve incidenter tantum como en el proceso de amparo. (GONZALEZ MIRAGAYA, Santiago “Naturaleza jurídica del proceso de habeas data, sus consecuencias jurídicas y otros aspectos procesales” en Revista Uruguaya de Derecho Procesal, 1/2008, FCU, Montevideo, p. 70). En sentido similar, GAIERO sostiene que existió una voluntad deliberada del legislador de apartarse del antecedente del amparo en ese sentido (al cual siguió en casi todos los aspectos, salvo en este y en otras contadas excepciones). Existió una decisión deliberada del legislador en cuanto a no admitir la revisión en un proceso posterior de lo resuelto en el proceso de habeas data. (…) “Por ende, una vez ejecutoriada la sentencia sobre habeas data, no corresponde que el mismo sujeto plantee un proceso con el mismo objeto, salvo que varíen las circunstancias de hecho sobre la que se falló en una primera oportunidad”. (GAIERO, Bruno J.; SOBA, Ignacio, “La regulación procesal del habeas data”, Editorial B de F, 1010, p. 192-193). No se puede desconocer que este enfoque puede merecer reparos , porque no debe perderse de vista que el objeto del proceso contencioso anulatorio se centra en el control de la regularidad jurídica del acto revocatorio impugnado , pretensión que no guarda la necesaria correlación de identidad de sujetos, objeto y causa, con la pretensión que se entiende juzgada en el proceso de habeas data impropio en sede judicial, como para verificar la ocurrencia de cosa juzgada trasladable a sede contencioso-anulatoria. III. ii) Sin perjuicio de lo expuesto, la demanda debe ser rechazada, porque es evidente que CONSORCIO no es titular de una situación jurídica subjetiva que deba ser resistida por la acción anulatoria, como se exige en los arts. 309 y 318 de la Constitución, presupuesto que, como se ha destacado sistemáticamente , el Tribunal puede y debe relevar de oficio , desde que se trata de un aspecto sustancial para el ejercicio de la jurisdicción anulatoria (Cf. Giorgi, ob. cit. págs. 31- 33, 67-71 y 187-188; Sayagués Laso, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, p. 574; Prat, J. en “Derecho Administrativo” t. V, vol. 3, p. 169; Torello - Vescovi, en “El Nuevo Régimen del T.C.A.”, edit. IDEA, 1984, p. 56). Adviértase que lo que agravió a la actora, fue que no existía argumento válido para que se revocara la resolución de la UAIP que le habría concedido el acceso a la información solicitada. Aún en la eventualidad que ello pudiera ser cierto, tampoco queda claro cuál sería el objeto de la acción entablada porque, en el hipotético caso que se anulara la recurrida (acto P/1818), quedaría vigente la Resolución N° 009/2011 de la UAIP, que, en sus dos primeros numerales dice lo que la ley indica (en cuanto al camino a seguir para declarar reservada o confidencial la información y en cuanto a cuándo se configura el silencio positivo); en el literal c) le indica (ni ordena ni le intima) al Banco Central que debe entregar la información (lo que no agrega nada porque es la consecuencia del silencio positivo), y en el literal d) le señala a CONSORCIO que ha quedado abierta la vía judicial (lo que también lo dice la ley 18.381). O sea, lo que no se puede desconocer es que el acceso a tal información correspondía que se demandara ante las autoridades judiciales correspondientes, conforme lo dispuesto por el art. 22 de la ley de Acceso a la Información Pública. Y ello fue lo que efectivamente hizo CONSORCIO, conforme se expuso al repasar los antecedentes que llevaron al dictado del acto resistido. Expresado de otro modo: la ley confiere al interesado la posibilidad de impetrar al organismo público correspondiente el acceso a determinada información pública y en caso de que no se ampare tal petición, puede acudir , para exigirla , a la vía administrativa y consecuentemente, a la contencioso anulatoria . Pero para hacer efectiva tal exigencia, deja expedita la vía judicial del citado art. 22 , camino éste que, ante la negativa de la Administración, siempre deberá transitar para alcanzar su requerimiento. En el caso que nos ocupa , CONSORCIO optó por promover la vía judicial y al hacerlo , agotó el trámite que le confería la Ley , precluyendo la posibilidad de acudir a la vía administrativa, que, en definitiva, sería la que perviviría de anularse el acto impugnado. Por tanto, si se anulara el acto atacado en la demanda , el interés de la accionante no se vería satisfecho , porque una eventual sentencia estimatoria de la presente acción anulatoria, conduciría inevitablemente a que quedara “abierta la vía judicial respectiva (…)”, de la que ya había hecho uso CONSORCIO y obtenido un pronunciamiento, lo que evidencia la insustancialidad del accionamiento. Y, a la luz de este panorama , no se advierte el objeto de la acción de nulidad entablada, que aparece como una vía oblicua que no es idónea para modificar una decisión judicial ejecutoriada .” (sentencia No. 696/2015) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Más adelante en el tiempo, y tomando en consideración parte de estos razonamientos, el Colegiado apuntó a la especificidad y autonomía del proceso de acceso a la información pública para desestimar una demanda de nulidad relevando de oficio la falta de jurisdicción. En este sentido, el Alto Cuerpo destacó: “(…) De manera que, lo que se pretende dirimir en este proceso es si ROEMMERS tiene o no derecho a acceder a la información que solicita. Y, precisamente, la ley de acceso a la información pública, Ley No. 18.381 de 17 de octubre de 2008, prevé un proceso específico ante la denegatoria del acceso a las informaciones públicas (arts. 22 y siguientes de la citada Ley No. 18.381). En lo que refiere a la categorización del referido proceso, se ha señalado que “…estamos ante un proceso principal y autónomo, en tanto es la estructura diseñada por el legislador para tramitar una pretensión determinada, la de acceso a la información pública. Es decir, la vía procesal a seguir en el caso, está predeterminada y diseñada específicamente por la ley. Por lo cual, es un proceso que tiene un objeto y un fin específicos y en consecuencia no es dependiente o auxiliar no está vinculado a ningún otro proceso. De modo que no tiene una finalidad cautelar o preventiva. No es un proceso incidental, ni tampoco es un proceso subsidiario como el proceso de amparo (art. 2º de la ley No. 16.011). Por todo lo anterior, lo resuelto en el proceso de acceso a la información pública pasa en autoridad de cosa juzgada (formal y material) a todos los efectos sin limitaciones, es decir, no se trata de cosa juzgada relativa, limitada o a determinados efectos (incidenter tantum) como se suele designar en esos términos a lo que se verifica en el proceso de amparo” (así: Santiago GONZÁLEZ MIRAGAYA- “Proceso de acceso a la información pública (Ley No. 18.381)” en Revista Uruguaya de Derecho Procesal, No. 3-4/2008, FCU, Montevideo, p. 345). En similar orientación, se ha indicado que: “Nos encontramos frente a un proceso especial, principal y autónomo, de conocimiento, contencioso, con un objeto y fin específico y que constituye la garantía de un derecho constitucionalmente consagrado. Si bien se ha señalado que se trata en puridad de un amparo referido a un derecho constitucional específico, mantiene con el proceso regulado por la Ley 16.011, manifiestas diferencias. La Ley en el art. 30, lo define como un proceso de naturaleza sumaria, sumariedad que refiere a su estructura, dada su característica de tutela urgente, pero no a la cognición ya que la misma es plena, sin perjuicio de las limitaciones que resultan de lo exiguo de los plazos previstos. Como consecuencia de esta cognición plena y el carácter principal y autónomo la cosa juzgada tiene la máxima amplitud…” (así: Gonzalo URIARTE AUDI - “El derecho de acceso a la información pública y su protección jurisdiccional” en Revista Uruguaya de Derecho Procesal - Procesos Constitucionales, 1ra. Edición, FCU, Montevideo, 2018, p. 292). En la materia el análisis parte del principio de legalidad conforme a lo establecido por el art. 18 de la Carta. El señalado principio liga a las partes y a los órganos que ejercen la jurisdicción, en tanto no pueden apartarse las ritualidades y formalidades legalmente establecidas a los efectos procesales. En consecuencia, dado que el legislador estableció un proceso principal y autónomo a efectos de dilucidar el objeto : acceso a la información pública, a la vez que dotó al Poder Judicial de jurisdicción a tales efectos (art. 23 de la citada Ley No. 18.381 ) , deberá estarse al referido proceso y a la señalada jurisdicción a efectos de la resolución del objeto. La circunstancia anterior no enerva que la Corporación, incidenter tantum, entienda en cuestiones conexas que refieren al acceso a la información pública . Así, a simple vía de ejemplo, cuando en el marco de un proceso contencioso administrativo de anulación la Administración se niega a cumplir con el diligenciamiento de prueba en base a la existencia de razones de reserva de la información requerida, el Tribunal posee jurisdicción a efectos de pronunciarse sobre el diligenciamiento de dicho medio probatorio, concretamente si existen o no motivos de reserva y, en caso de que no existan tales motivos, ordenar el diligenciamiento del medio probatorio. No obstante, la jurisdicción de la Corporación , a efectos de resolver las señaladas incidencias relativas a información pública , no desplaza la vía principal y autónoma , así como la jurisdicción y objeto específico establecido por el legislador en materia de acceso a la información pública. (…) En suma , el Tribunal considera que en el caso carece de jurisdicción para atender en el asunto planteado y siendo una cuestión relevable de oficio (art. 67 del D. Ley No. 15.524) se inclinará por fallar en tal sentido ” (sentencia No. 32/2020 ) (la negrilla y el subrayado no están en el original). IV) En el sub - examine , se vuelve a presentar un caso que determina la necesidad de analizar la vinculación que se produce entre la solicitud de acceso a la información pública que presentó la accionante en vía administrativa y la pretensión de nulidad de los actos administrativos cuya legitimidad cuestiona, por denegarle el acceso a cuestiones que considera de su interés y de acceso público. Como explica Durán Martínez, “El derecho a la protección de datos personales y al acceso a la información pública son derechos distintos pero relacionados. Tienen en común el hecho de que ambos derivan del derecho a la información, derecho que a su vez deriva del derecho a averiguar la verdad que proviene de la naturaleza específica de ser racional del hombre. (…) Por esa misma razón el instrumento jurisdiccional de protección de esos derechos suele llevar la misma denominación, hábeas data (se habla de hábeas data propio y hábeas data impropio) o, sin llevar la misma denominación, es objeto de una regulación legislativa prácticamente igual, como ocurre en el Uruguay con las leyes Nº 18.331, de 11 de agosto de 2008 (arts. 37 y siguientes), y Nº 18.381, de 17 de octubre de 2008 (arts. 22 y siguientes). Pero los aspectos comunes no permiten identificar a esos derechos. (…) De la dimensión individual del derecho a averiguar la verdad deriva el derecho a la información, núcleo central de la protección de los datos personales. De la dimensión social del derecho a averiguar la verdad deriva el derecho al acceso a la información pública. El objeto de la información en ambos derechos es también diverso. En el derecho de protección de datos personales, el objeto de la información está constituido por los datos relacionados con la persona del propio interesado que están en poder de un tercero, sea público o privado. En el derecho de acceso a la información pública, lo está por datos que posee una entidad pública que no se relacionan con la persona del interesado o no necesariamente se relacionan con la persona del solicitante. La finalidad de la protección de los datos personales es la tutela de la dignidad de la persona humana. La finalidad del derecho de acceso a la información pública es la tutela del ejercicio de derechos políticos, del derecho de participación en las cosas de nuestra comunidad, y, en general, de la igualdad .” (Cf. Augusto Durán Martínez, “ Derecho a la protección de datos personales y al acceso a la información pública. Hábeas data. Leyes Nº 18.331 de 11 de agosto de 2008 y Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008” , 2ª edición ampliada y actualizada, editorial Amalio Fernández, Montevideo, mayo de 2012, p. 7 a 9) (la negrilla no está en el original). Este derecho político derivado de la dimensión social, del derecho a averiguar la verdad, identificado como de acceso a la información pública, ha tenido un reconocimiento autónomo y expreso relativamente reciente (Cf. Augusto Durán Martínez, “Derecho a la protección de datos personales y al acceso a la información pública (…)” , op. cit., p. 92; Fernando Urioste Braga, “Libertad de expresión y derechos humanos” , editorial B de F, Buenos Aires, 2008, p. 17 y siguientes y Gonzalo Uriarte Audi, “El derecho de acceso a la información pública y su protección jurisdiccional”, Revista Uruguaya de Derecho Procesal, “Procesos Constitucionales”, FCU, 1ª edición, junio de 2019, p. 287). En ese marco, importa destacar que la existencia de ciertos principios que rigen en el ámbito de tutela específica de este derecho y que han sido recogidos por el Comité Jurídico Interamericano en el documento denominado los “Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”, establecen que “1. Toda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos , sujeto solo a un régimen limitado de excepciones , acordes con una sociedad democrática, y proporcionales al interés que los justifica. Los Estados deben asegurar el respeto al derecho de acceso a la información , adoptando la legislación apropiada y poniendo en práctica los mecanismos necesarios para su implementación” (Cf. CJI/RES. 147 (LXXIII-O/08, y de agosto de 2008, Río de Janeiro, Brasil, citado por Pablo Schiavi, en “El control del acceso a la información pública y de la protección de datos personales en el Uruguay”, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, Montevideo, 2012, p. 38 y en “Procedimiento administrativo especial: ruta de acceso a la información pública”, Estudios de Derecho Administrativo, La Ley Uruguay, Montevideo, 2014, volumen 10, p. 400) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En la misma línea, Durán Martínez pone de manifiesto la importancia que tuvo como antecedente de la Ley No. 18.381 el estudio sobre la armonización legislativa y los tratados sobre derechos humanos ratificados por Uruguay, efectuado en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por parte del Instituto de Estudios Legales del Uruguay (IELSUR), que en lo que respecta al derecho de acceso a la información pública recomendó, entre otras cosas: “El reconocimiento expreso de que el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental” (…) “La revisión por el Poder Judicial , mediante un recurso rápido y sencillo, de las decisiones de la Administración que, basadas en las excepciones al derecho a la información , denieguen el acceso a la misma” (Cf. Augusto Durán Martínez, “ Derecho a la protección de datos personales y al acceso a la información pública (…)” , op. cit., p. 98 a 99 y Fernando Urioste Braga, “Libertad de expresión y derechos humanos” , op. cit., p. 110) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En el presente caso, el derecho de acceso a la información pública comenzó ejercitándose en vía administrativa a través de una petición al amparo de la Ley No. 18.381 (fs. 9; fs. 48 a 48 vto. y fs. 76, A.A.). Con lo cual, se estaba en condiciones de ejercitar la acción de acceso a la información pública una vez agotado el procedimiento administrativo especial que inició con su petición. Sin embargo, se optó por agotar la vía administrativa para luego presentar una acción de nulidad de los actos administrativos definitivos que consideró ilegítimos. Las cuestiones que se generan por la superposición entre estos dos regímenes distintos, han dado lugar a una serie de planteos de parte de la doctrina especializada. Así por ejemplo, Durán Martínez estudió el valor del silencio del destinatario de la petición, establecido por el artículo 18 de la Ley No. 18.381 y lo comparó con el previsto por el artículo 318 de la Constitución de la República en los siguientes términos: “Si bien, como ya se dijo, las peticiones en estudio, en cuanto se dirigen a una Administración estatal, se encuentran comprendidas en el artículo 318 de la Constitución -puesto que son formuladas por el titular de un derecho subjetivo-, el silencio positivo de la ley en estudio no colide con el silencio negativo previsto por la norma constitucional. Estimo que el silencio positivo de la ley no colide con el silencio negativo de la Constitución porque el primero se produce dentro de los ciento veinte días previstos por la Constitución ” (Cf. Augusto Durán Martínez, “ Derecho a la protección de datos personales y al acceso a la información pública…”, op. cit., p. 119). Al respecto, cabe precisar que la situación no resultaba tan clara durante la discusión parlamentaria de la Ley. Así, Risso Ferrand planteó “que este procedimiento administrativo en su artículo 18, puede presentar -confieso que no estoy seguro- un problema de inconstitucionalidad, porque ese establece el término “denegatoria ficta” que no coincide con el artículo 318 de la Constitución de la República; es mucho más breve. Este tema es dudoso. La posición tradicional en Uruguay es que esta solución sería inconstitucional, pero reconozco que me genera dudas y quizás pueda llegar a compatibilizarse ” (Cf. Martín Risso Ferrand, en Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores de la República Oriental del Uruguay, carpeta Nº 541/2006, versión taquigráfica de la reunión realizada el día 16 de noviembre de 2006, citado por Pablo Schiavi, en “El control del acceso a la información pública y de la protección de datos personales en el Uruguay” , op cit, p. 67 y en “Procedimiento administrativo especial: ruta de acceso a la información pública”, op. cit., p. 412) (la negrilla no está en el original) Por su parte, en el ámbito del Derecho Procesal se estudió particularmente la estructura prevista para el proceso de habeas data y su relación con la del proceso contencioso administrativo anulatorio, en términos que resultan trasladables al proceso de acceso a la información pública. En este sentido, luego de clasificar al primero de los procesos como especial, de estructura sumarísima, de tutela urgente, principal y autónomo, González Miragaya concluye: “(…) queda claro que el proceso de referencia es únicamente a los efectos de tramitar la pretensión prevista por la ley (arts. 37 y 38) , sin perjuicio que nada impide que la misma pueda tramitarse a través de una estructura más compleja , como la vía ordinaria, en tanto se otorgan mayores garantías (principio que informa el art. 324.8 del CGP). (…) En tercer lugar, en cuanto al alcance y eficacia de la cosa juzgada dictada en el proceso de hábeas data, al tratarse de un proceso principal y autónomo, se produce un cambio respecto de lo que ocurría en el proceso de amparo (…). Es decir, es claro que la cuestión resuelta en el proceso de hábeas data, no podrá ser revisada en otro proceso que tenga ese mismo objeto , ya sea otro proceso de hábeas data u otra estructura (por ejemplo, un proceso ordinario). Lo resuelto en el proceso de hábeas data es definitivo y por ende, no es revisable en otro proceso. Asimismo, lo resuelto en el proceso de hábeas data tampoco podrá volver a ser analizado en otro proceso que tuviera un objeto mayor a la sola protección de datos personales (por ejemplo, un proceso reparatorio por los daños causados por la negativa al acceso o rectificación por parte del responsable de la base de datos). Sin embargo, la solución puede llegar a ser diferente tratándose del proceso anulatorio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). En efecto , si bien es indiscutible la competencia de los órganos del Poder Judicial para analizar la legitimidad del acto administrativo que hubiere denegado el acceso o rectificación solicitados , como antecedente lógico para resolver sobre la pretensión de protección ejercida, no podemos olvidar que la anulación del acto administrativo , que es una pretensión diferente y más compleja , está reservada constitucionalmente, en exclusividad, al TCA (art. 309 de la Constitución de la República).” (Cf. Santiago González Miragaya, “Naturaleza jurídica del proceso de hábeas data, sus consecuencias y otros aspectos procesales”, jurisprudencia anotada, Revista Uruguaya de Derecho Procesal Nº 1/2008, p. 70 a 71) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Y luego aclara: “Difícilmente se presente este problema en la práctica, pues con este novel mecanismo de tutela, seguramente se pierda interés en perseguir la anulación del acto administrativo , el cual podría devenir firme (por no ser recurrido o no impetrarse la demanda de anulación correspondiente) y aún así, no impediría la promoción del hábeas data. Sin embargo, es posible solicitar la anulación de dicho acto , previo agotamiento de la vía administrativa, que incluso puede tener otros aspectos no considerados por el proceso de hábeas data . Entonces, a partir de ahí, se pueden verificar distintas situaciones cuyo análisis, naturalmente, excede el objeto y fin de este trabajo” (Cf. Santiago González Miragaya, “Naturaleza jurídica del proceso de hábeas data (…)”, op. cit., en nota al pie de página Nº 35, p. 71) (la negrilla no está en el original). Con respecto a estas consideraciones, el autor precisó que resultan aplicables al proceso de acceso a la información pública (Cf. Santiago González Miragaya, “Proceso de acceso a la información pública (Ley Nº 18.381)”, Revista Uruguaya de Derecho Procesal Nº 3-4/2008, p. 344. En similar sentido y sobre la posibilidad de reiterar conceptos acerca de las estructuras procesales de uno y otro proceso se pronunció Gonzalo Uriarte Audi, en “El derecho de acceso a la información pública y su protección jurisdiccional”, op. cit.p. 292 y nota al pie de página Nº 23) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Ahora bien, tomando en consideración los razonamientos doctrinales y jurisprudenciales que se vienen de reseñar, corresponde ingresar al estudio del caso concreto. V) De los antecedentes reseñados en el Considerando II) ut supra surge que la accionante presentó una petición de acceso a información pública al amparo de la Ley No. 18.381. Sin embargo, tras agotarse el procedimiento administrativo especial previsto por dicha Ley, no ejercitó la acción de acceso a la información pública prevista por el artículo 22 del referido plexo normativo. Por el contrario, optó por seguir el procedimiento recursivo previsto constitucionalmente para el agotamiento de la vía administrativa , alcanzando así los actos administrativos definitivos. Así, en vez de escoger el mecanismo de tutela especial que el legislador estableció para facilitar un rápido acceso al amparo de su derecho a la información pública, prefirió acudir al procedimiento establecido para demandar la nulidad de los actos administrativos que se procesan en autos. Con lo cual, y a diferencia de otras hipótesis dirimidas ante la Corporación, no se generan en el casus las dificultades de analizar el objeto de las pretensiones deducidas en una vía o en otra, como tampoco de los alcances de uno y otro pronunciamiento jurisdiccional. Tampoco se presenta aquí el problema de un eventual ejercicio de una suerte de pretensión de “revisión” (o vía oblicua) respecto de lo actuado en un proceso judicial de acceso a la información pública, sencillamente porque la interesada en la tutela del derecho decidió acudir directamente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo a demandar la nulidad de los actos en proceso. En cuanto a los actos cuya nulidad se pretende, uno de ellos (la Resolución Nº 1514/2018), tiene un alcance general, en tanto el otro (la Resolución Nº 1515/2018), tiene efectos particulares al desestimar concretamente la solicitud de acceso a la información pública peticionada por la actora. Así las cosas, la elucidación de análisis de los presupuestos procesales que habilitan al examen del mérito del asunto, podría resolverse hipotéticamente de dos maneras: a) Considerar que debería primar la acción legal de acceso a la información pública específicamente establecida por la Ley No. 18.381 para la tutela de ese derecho, declarando de oficio la falta de jurisdicción del Tribunal; o b) Razonar que no existe ningún obstáculo para que el Tribunal ejerza la potestad jurisdiccional que constitucionalmente tiene asignada para entender en las pretensiones de nulidad de actos administrativos definitivos, asumiendo competencia e ingresando al examen del fondo del asunto. Esta es la postura que -en la actualidad y luego de un meditado análisis- sostiene el Tribunal en su actual integración, en mayoría. De esta manera, se logra una aplicación integral del ordenamiento jurídico en su totalidad, armonizando el ejercicio de dos acciones que pueden brindar una protección al derecho a la información pública del interesado. VI) Despejada la eventual falta de jurisdicción del Tribunal, corresponde expedirse sobre el no pronunciamiento tempestivo de la Administración, según la hipótesis del artículo 6º de la Ley No. 15.869, en la redacción dada por la Ley No. 17.292, que genera una presunción simple de ilegitimidad del acto. Dicha disposición establece: “Vencido el plazo de ciento cincuenta días o el de doscientos, en su caso, se deberán franquear, automáticamente, los recursos subsidiariamente interpuestos, reputándose fictamente confirmado el acto impugnado. El vencimiento de los plazos a que refiere el inciso primero del presente artículo no exime al órgano competente para resolver el recurso de que se trate, de su obligación de dictar resolución sobre el mismo (artículo 318 de la Constitución de la República). Si ésta no se produjera dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de los plazos previstos en el inciso primero , la omisión se tendrá como presunción simple a favor de la pretensión del actor , en el momento de dictarse sentencia por el Tribunal respecto de la acción de nulidad que aquél hubiere promovido.” Al respecto, cabe destacar que la Administración no resolvió el recurso jerárquico pasados los treinta días siguientes al vencimiento de los doscientos días de que se configurara la denegatoria ficta, extremo que ha sido reconocido por la propia demandada (véase el apartado II, punto 7) de la contestación de la demanda, a fs. 18 vto., infolios). En virtud de lo expresado, se entiende que operó la presunción de ilegitimidad del acto, al cumplirse las condicionantes prevenidas en la norma. No obstante, dado su carácter de relativa o “iuris tantum” , admite prueba en contrario y puede resultar enervada o controvertida a partir de las actuaciones administrativas, las pruebas o los elementos de juicio incorporados a la causa ( sentencias Nos. 353/2012, 762/2012, 299/2013, 461/2014, 317/2015, 654/2018, 707/2018, 793/2019, 339/2020 y 23/2021, entre otras). Pues bien, en el presente la referida presunción ha sido desvirtuada por el cúmulo de elementos de juicio emergentes de las actuaciones administrativas, conforme se analizará a continuación. VII) Ingresando al fondo del asunto, el Tribunal no advierte ilegitimidad alguna en los actos atacados. Al respecto, los informes técnicos de la Administración Tributaria relacionados en el Considerando II) ut supra (fs. 80 a 81 vto. y fs. 82 a 86, A.A.), se encuentran debidamente fundados y dan cuenta de un análisis profundo y detallado del mercado avícola en nuestro país; el cual dadas sus características, motiva suficientemente que se imponga la reserva sobre algunos datos que recaba la DGI sobre la comercialización de los productos en cuestión y el comportamiento de los agentes económicos partícipes en dicho mercado, a fin de evitar prácticas fiscales especulativas, fraudulentas o evasivas. En este sentido, la División Planificación, Estudios y Coordinación de la DGI expresó en su informe de fecha 2 de marzo de 2018: “(…) Las empresas que se dedican a la producción de los bienes comprendidos en esta cadena de valor -y que han sido designadas como agentes de percepción- presentan distintos tipos de inserción comercial . Contemplar esta heterogeneidad en forma precisa hubiera supuesto diseñar un régimen de percepción para múltiples productos y con varias modalidades. Esto hubiera supuesto mayores costos , tanto en materia de costos de cumplimiento para los contribuyentes, como de control por parte de la Administración Tributaria, aumentando así el costo social de la imposición. Además, abriría la posibilidad de que los agentes adulteren la información referida a la composición de los bienes comercializados (las porciones de ventas de cada producto ) para minimizar de ese modo el importe que es objeto de percepción (…) En oposición a esta alternativa , se optó por diseñar un régimen de percepción con dos productos , de los cuales uno (pollo entero fresco con menudos) es el aplicable para la mayoría de las transacciones comerciales. De toda la gama de productos que se comercializan en esta cadena, este producto elegido es uno de los de menor precio relativo y , además, tiene la ventaja de que su precio está entre los más transparentes del mercado, ya que es objeto de un relevamiento sistemático, tanto por parte del SIPC como del INAC. Es evidente que las consideraciones comprendidas en estos aspectos del diseño del régimen de percepción están estrechamente vinculados con la causal descrita en el literal C del artículo 9 de la Ley Nº 18.381 del 17 de octubre de 2008 : dañar la estabilidad financiera, económica y monetaria del país. En definitiva, se trata de las evaluaciones que la DGI ha realizado sobre el resultado recaudatorio de diseños alternativos del régimen, los cuales dependen, entre otros factores, de la forma en cómo se comporten los agentes frente a la estructura de incentivos que supone cada diseño, la carga económica que recae sobre los agentes en cada diseño alternativo y los costos sociales adicionales (de cumplimiento y administrativos) que genera cada diseño alternativo (…)” (fs. 85, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Del mismo modo, la Sección Apoyo Contencioso del Departamento Jurídico sostuvo en su informe de 5 de marzo de 2018 que: “2- Del dictamen de la precitada División surge fundadamente que la difusión de cierta información, considerada en el diseño y regulación del régimen de percepción de carne de aves , implicaría un riesgo altamente probable de daño a la estabilidad financiera y económica del país , en tanto la revelación de esa información podría conducir a su manipulación por parte de los agentes , facilitando la realización de especulaciones y maniobras fraudulentas y/o evasivas , con el consecuente daño al interés público, máxime tomando en consideración las características del sector productivo en cuestión expuestas con precisión en el referido dictamen, el cual se comparte.” (fs. 88, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Así las cosas, la reserva de cierta información manejada por la Administración en el proceso de fijación del valor ficto de referencia para el régimen de percepción vigente en la comercialización de carne de ave constituye una medida de política tributaria que se impone en el caso y está determinada por razones suficientemente justificadas de oportunidad, conveniencia o mérito (ajenas al parquet competencial de este Tribunal), dadas con el fin de asegurar cierta eficacia y eficiencia en la recaudación de tributos en un sector particularmente complejo de la actividad económica de nuestro país. Como enseña el Maestro Cassinelli: “La legitimidad del acto es el ajuste a las reglas de Derecho, mientras que el mérito es el ajuste a las reglas de buena administración o a máximas de orientación políticas no cristalizadas en reglas de Derecho . La diferencia entre los aspectos de legitimidad y los de mérito no deriva de la materia de que se trate, sino de la circunstancia –variable en el tiempo y de una parcela a otra del ordenamiento administrativo- de que tal o cual aspecto se encuentre regulado por normas jurídicas o librado a la discrecionalidad del administrador.” (Cf. Horacio Cassinelli Muñoz, “El mérito y el fondo” en Derecho Constitucional y Administrativo, La Ley Uruguay, Montevideo, 2010, p. 825, aparecido originariamente en la Revista de Jurisprudencia y Administración, tomo 69, p. 254 y ss.) (la negrilla no está en el original). Por último, no puede soslayarse que en la órbita del Organismo encargado de velar por la correcta aplicación de la Ley No. 18.381 (la UAIP), se emitió el Informe Nº 17, de 21 de marzo de 2018, en el cual se afirmó que: “La reserva presentada por al Dirección General Impositiva se ajusta a lo establecido en al normativa vigente , por ende se recomienda a la Unidad considerar que la información relacionada con el diseño de los valores fictos por kilo de carne a los efectos de la percepción del IVA correspondiente a la comercialización de aves de la especie aviar galllus gallus, no debe ser brindada ante una solicitud de acceso por el plazo establecido en la Resolución Nº 1514/018” (fs. 110 a 110 vto., A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, por mayoría de sus integrantes FALLA : Desestímase la demanda anulatoria entablada y, en su mérito, confirmase la resolución impugnada Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett (d.), Dr. Simón. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado). Discordia Dra. Selva Klett DISCORDE: por cuanto entiendo que corresponde declarar la falta de jurisdicción de este Tribunal para entender en el asunto sometido a decisión. En obrados, la demanda anulatoria se dirigió en contra de: (i) Resolución Nº 1514/2018, de 6 de marzo de 2018, dictada por el Director General de Rentas, por la cual se dispuso: “Clasificar como reservada a toda aquella información referida al análisis de comportamiento económico - tributario del sector avícola, utilizada en el diseño del régimen de percepción del I.V.A., correspondiente a la comercialización de aves de la especie aviar gallus gallus, hasta el 30 de junio de 2030” (fs. 95 a 96, en carpeta verde de 141 fojas, A.A.). (ii) Resolución Nº 1515/2018, de 6 de marzo de 2018, emitida por el Director General de Rentas, por la cual se resolvió: “Acceder parcialmente a lo peticionado por la contribuyente GRANJA TRES ARROYOS URUGUAY S.A. (…), en los términos que surgen de la presente” (fs. 93 a 94, A.A.). En esta ocasión, conforme lo anunciado, no tengo el honor de compartir la solución confirmatoria postulada por la mayoría del Cuerpo, y me inclinaré, al igual que en otras causas análogas allegadas a conocimiento de la Corporación, por declarar la falta de jurisdicción. Concretamente, comparto y hago parte de este pronunciamiento los entendimientos plasmados en la Sentencia No. 32/2020, en particular en cuanto destacó: “En lo que refiere a la categorización del referido proceso, se ha señalado que “…estamos ante un proceso principal y autónomo, en tanto es la estructura diseñada por el legislador para tramitar una pretensión determinada, la de acceso a la información pública. Es decir, la vía procesal a seguir en el caso, está predeterminada y diseñada específicamente por la ley. Por lo cual, es un proceso que tiene un objeto y un fin específicos y en consecuencia no es dependiente o auxiliar no está vinculado a ningún otro proceso. De modo que no tiene una finalidad cautelar o preventiva. No es un proceso incidental, ni tampoco es un proceso subsidiario como el proceso de amparo (art. 2º de la ley No. 16.011). Por todo lo anterior lo resuelto en el proceso de acceso a la información pública pasa en autoridad de cosa juzgada (formal y material) a todos los efectos sin limitaciones, es decir, no se trata de cosa juzgada relativa, limitada o a determinados efectos (incidenter tantum) como se suele designar en esos términos a lo que se verifica en el proceso de amparo” (así: Santiago GONZÁLEZ MIRAGAYA- “Proceso de acceso a la información pública (Ley No. 18.381)” en Revista Uruguaya de Derecho Procesal, No. 3-4/2008, FCU, Montevideo, p. 345). En similar orientación, se ha indicado que: “Nos encontramos frente a un proceso especial, principal y autónomo, de conocimiento, contencioso, con un objeto y fin específico y que constituye la garantía de un derecho constitucionalmente consagrado. Si bien se ha señalado que se trata en puridad de un amparo referido a un derecho constitucional específico, mantiene con el proceso regulado por la Ley 16.011, manifiestas diferencias. La Ley en el art. 30, lo define como un proceso de naturaleza sumaria, sumariedad que refiere a su estructura, dada su característica de tutela urgente, pero no a la cognición ya que la misma es plena, sin perjuicio de las limitaciones que resultan de lo exiguo de los plazos previstos. Como consecuencia de esta cognición plena y el carácter principal y autónomo la cosa juzgada tiene la máxima amplitud…” (así: Gonzalo URIARTE AUDI - “El derecho de acceso a la información pública y su protección jurisdiccional” en Revista Uruguaya de Derecho Procesal - Procesos Constitucionales, 1ra. Edición, FCU, Montevideo, 2018, p. 292). En la materia el análisis parte del principio de legalidad conforme a lo establecido por el art. 18 de la Carta. El señalado principio liga a las partes y a los órganos que ejercen la jurisdicción, en tanto no pueden apartarse las ritualidades y formalidades legalmente establecidas a los efectos procesales. En consecuencia, dado que el legislador estableció un proceso principal y autónomo a efectos de dilucidar el objeto: acceso a la información pública, a la vez que dotó al Poder Judicial de jurisdicción a tales efectos (art. 23 de la citada Ley No. 18.381), deberá estarse al referido proceso y a la señalada jurisdicción a efectos de la resolución del objeto. La circunstancia anterior no enerva que la Corporación, incidenter tantum, entienda en cuestiones conexas que refieren al acceso a la información pública. Así, a simple vía de ejemplo, cuando en el marco de un proceso contencioso administrativo de anulación la Administración se niega a cumplir con el diligenciamiento de prueba en base a la existencia de razones de reserva de la información requerida, el Tribunal posee jurisdicción a efectos de pronunciarse sobre el diligenciamiento de dicho medio probatorio, concretamente si existen o no motivos de reserva y, en caso de que no existan tales motivos, ordenar el diligenciamiento del medio probatorio. No obstante, la jurisdicción de la Corporación, a efectos de resolver las señaladas incidencias relativas a información pública, no desplaza la vía principal y autónoma, así como la jurisdicción y objeto específico establecido por el legislador en materia de acceso a la información pública. El Tribunal ha avalado los entendimientos precedentes en un caso cuyas resultancias, mutatis mutandis, resultan replicables en obrados. Así, el Colegiado señaló que: “…lo que no se puede desconocer es que el acceso a tal información correspondía que se demandara ante las autoridades judiciales correspondientes, conforme lo dispuesto por el art. 22 de la ley de Acceso a la Información Pública. Y ello fue lo que efectivamente hizo CONSORCIO, conforme se expuso al repasar los antecedentes que llevaron al dictado del acto resistido. Expresado de otro modo: la ley confiere al interesado la posibilidad de impetrar al organismo público correspondiente el acceso a determinada información pública y en caso de que no se ampare tal petición, puede acudir, para exigirla, a la vía administrativa y consecuentemente a la contencioso anulatoria. Pero para hacer efectiva tal exigencia, deja expedita la vía judicial del citado art. 22, camino éste que, ante la negativa de la Administración, siempre deberá transitar para alcanzar su requerimiento” (Sentencia No. 696/2015 de 6 de octubre de 2015, los destacados no son del original). En adición a lo anterior, pueden señalarse como casos parangonables, los casos de expropiación, en los que la Corporación falló en el sentido de que carecía de jurisdicción por entender que existía un juicio ordinario previsto específicamente para atender dicha temática. En ese sentido, en la Sentencia No. 22/2016 el Tribunal sostuvo: “Por otra parte, del examen de los agravios consignados en la demanda de nulidad se vislumbra que los mismos versan básicamente en los defectos de procedimiento y omisión de escriturar atribuidas por la accionante a la demandada, especialmente el hecho de haber procedido la Administración a la re-tasación del bien inmueble de propiedad de la accionante luego de acaecido el siniestro, de lo que se concluye que es a todas luces aplicable la normativa vista en cuanto corresponde dichos agravios sean apreciados en la vía judicial correspondiente, en definitiva, se trata de aspectos que no son dilucidables en esta vía jurisdiccional. V) En definitiva, del estudio de la temática planteada, surge claramente que es el juicio expropiatorio el ámbito en el que corresponde debatir las cuestiones planteadas por la accionante.” (El destacado no se encuentra en el texto original). (En el mismo sentido ver Sentencia No. 466/2013 dictada por este Tribunal). En suma, el Tribunal considera que en el caso carece de jurisdicción para atender en el asunto planteado y siendo una cuestión relevable de oficio (art. 67 del D. Ley No. 15.524) se inclinará por fallar en tal sentido”. A mi modo de ver, los entendimientos precedentes determinan, por ser plenamente trasladables a la hipótesis de obrados, la falta de jurisdicción de este Tribunal en el asunto sometido en la actualidad a decisión.