Tribunal de lo Contencioso Administrativo · Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Sentencia Sentencia N° 319/2021
3 de agosto de 2021
- Ficha (IUE)
- 530/2019
- Procedimiento
- Acción de nulidad
- Materia
- Derecho administrativo
- Resultado (estimado)
- Desestima o rechaza
- Fallo: otro
Texto de la sentencia
DECRETERO DE SENTENCIAS
//tevideo, 3 de agosto de 2021.
No. 319
VISTOS :
Para resolución estos autos caratulados: “MOSERA, MARIELA c on BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO. Acción de nulidad” (Ficha No. 530/2019).
RESULTANDO :
I) Abierto el juicio a prueba por Decreto No. 8125/2020 de fecha 25 de noviembre de 2010 (fs. 93) la parte actora, entre otros medios probatorios, solicitó se intime a la contraparte comunique al Tribunal si los funcionarios profesionales que detalla en el numeral 1.5 de su escrito (fs. 1 y vto. foliatura provisoria, carpeta parte actora) continúan en actividad en el Banco de Seguros del Estado y qué edad tiene cada uno de ellos.
Asimismo, solicitó se oficie al Banco de la República Oriental del Uruguay y al Banco Hipotecario del Uruguay (numerales iii y iv), a efectos de que , en ambos casos se informe: “a. Si en el BROU y en el Banco Hipotecario del Uruguay, existe una causal de cese de los funcionarios por razón de edad y desde qué fecha; b. En caso afirmativo, a partir de qué edad y si para que la causal de cese por edad sea aplicada es necesario tener causal jubilatoria; c. En caso de que la causal jubilatoria sea un requisito para configurar el cese, que informe al Tribunal cómo aplica este requisito. Precisamente informe: (i) si refiere a causal jubilatoria común o por edad avanzada, (ii) Si refiere a la configuración de causal jubilatoria en Caja Bancaria exclusivamente o en algún otro instituto de seguridad social, (iii) Si para el caso de funcionarios que t ienen aportaciones en más de un organismo previsional, y entre todos suman más de treinta años de servicio se aplica la causal de cese; d) Informe las modificaciones operadas en la causal de cese desde el 2017 a la fecha”.
II) Ordenado su diligenciamiento, con citación (Decreto No. 8859/2020 del 15 de diciembre de 2020 fs. 7 ibídem) compareció, en plazo, el representante del Banco de Seguros del Estado, a formular oposición.
Adujo que lo solicitado por la actora como intimación, en el numeral
1.5, e s impertinente, puesto que se trata de funcionarios que no guardan relación alguna con el presente proceso. Igual consideración efectuó respecto a la prueba por informe identificada con los numerales iii y iv, en el entendido que no se condice con el obje to del presente proceso la reglamentación, aplicación, implementación de causales jubilatorias que pueden existir en el BROU o en el BHU.
Sostuvo, además que esta prueba deviene inconducente ya que no es hábil para probar la legitimidad o ilegitimidad de l acto atacado en este proceso.
III) Por Decreto No. 992/2021 (fs. 11 ib.) se confirió traslado de la oposición a la parte actora, quien la evacuó en los términos que surgen del escrito agregado a fs. 13-16, solicitando su rechazo.
IV) Se citó para resolución (fs. 17) que se acordó en legal y oportuna forma.
CONSIDERANDO :
I) El Tribunal, desestimará la oposición deducida por la parte demandada.
II) En cuanto al análisis de la pertinencia o no del medio probatorio Couture e stablece: “ prueba pertinente es aquella que versa sobre las posiciones y hechos que son verdaderamente objeto de prueba. Prueba impertinente es, por el contrario, aquella que no versa sobre las proposiciones y hechos que son objeto de demostración” (COUTURE “Fundamentos de Derecho Procesal Civil” , Ediciones Depalma, p . 238). Por su parte, Enrique Véscovi y co -autores sostienen: “La pertinencia de un medio probatorio exige, en el medio probatorio que refiera de modo directo al objeto de la prueba, esto es, a los hechos que corresponde probar en el proceso concreto en que se ofrece.
(…) La prueba impertinente es entonces aquella que evade o exorbita el objeto del proceso y de la prueba (...)” (Enrique Véscovi et al, “Código General del Proceso, come ntado, anotado y concordado” , Tomo 4, pp 278-279).
Cabe reiterar que el Tribunal ha dicho que “(...) en lo que refiere a la prueba impertinente -así calificada por la demandada -, Couture señalaba que el Juez sólo en la sentencia definitiva debía pronunciarse sobre la pertinencia de la prueba ofrecida en juicio, ya que se corre el riesgo de prejuzgar o rechazar determinadas probanzas sin un conocimiento integral del juicio (Couture, Eduardo J: ‘Fundamentos...’, págs. 236 y ss.). Por lo que la impertine ncia de estos medios probatorios, no siendo manifiesta, debe ser materia de decisión final y no liminar (Cf.
Sentencia No. 554/09). (Cf. sentencia No. 274/2017).
III) En el caso, tal como fue relevado al evacuar el traslado de la oposición, la prueba objetada refiere al cúmulo de alegaciones contenidas en la demanda anulatoria.
Así, con relación a la oposición a la prueba por intimación (1.5), la actora adujo que en la demanda anulatoria invocó como agravio que el acto impugnado en cuant o resolvió: “No hacer lugar a la prórroga solicitada. Dispónese el cese de la médico suplente doctora Mariela Mosera Lafitte (…)” implicó un tratamiento diferencial y perjudicial en comparación a otros funcionarios del BSE y una flagrante violación al principio de no discriminación. Respecto de la prueba por informe requerida al BROU y BHU (iii y iv), afirmó que está destinada a acreditar que la volición impugnada carece de motivación, habida cuenta del fundamento expuesto en el Decreto Nº 22/2018 que modi ficó el Estatuto del Funcionario del BSE: “…equiparar dicho Estatuto al resto de las Instituciones Financieras Oficiales (BCU, BROU y BHU)”. (fs. 18 vta.
foliatura provisoria ib.).
IV) La prueba cuyo diligenciamiento solicitara la parte actora y que fuera objeto de oposición, no se aprecia como manifiestamente impertinente, improcedente o dilatoria. Ninguna de las probanzas solicitadas refieren a cuestiones ajenas al objeto del proceso sino que justamente están dirigidas a probar los extremos consti tutivos de la pretensión.
Tampoco puede considerarse prueba inconducente, porque ella concierne a la idoneidad del medio probatorio respecto del hecho o circunstancia que se trata de acreditar, y ello sólo puede analizarse, al valorarse todo el complejo probatorio.
La admisión de la prueba solicitada por la promotora armoniza con la línea jurisprudencial trazada por la Corporación, que reiteradamente ha señalado que se ha de ser cauteloso a la hora de rechazar los medios probatorios propuestos, habida cue nta que en la materia rige el principio de libertad de la prueba, que se manifiesta, por ejemplo, mediante el derecho de las partes a desplegar todos sus esfuerzos probatorios con el fin de aportar elementos a la causa que permitan acr editar sus dichos (se ntencias Nos. 178/2015, 592/2014, 685/2013, 612/2013, 775/2016, entre otras). Ello sin perjuicio del mayor o menor valor probatorio que pueda tener la prueba solicitada, aspecto que será analizado en el momento procesal oportuno, el dictado de la sentencia definitiva.
Igualmente, no hay obstáculos relativos a la “ admisibilidad” de los medios de prueba propuestos, en tanto no son “ prohibidos por la ley ”, a la vez que no se avizora que ostenten la nota de notoriamente dilatorios, de conformidad con lo estable cido por el art. 74, inc. 1º del Decreto Ley Nº
15.524.
Por los fundamentos expuestos, el Tribunal,
RESUELVE :
Desestímase la oposición deducida por la parte demandada; con costas.
Dra. Salvo, Dra. Klett, Dr. Simón (r.).
Dr. Marquisio (Sec. Letrado).
Fuente: consulta de jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los nombres de las partes figuran tal como los publica el TCA (los juzgados los anonimizan; el Tribunal, no siempre).