Sentencia Definitiva N° 318/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 3 de agosto de 2021. No. 318 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “CORREA, MARÍA ELENA con ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Acción de nulidad” (Ficha No. 317/2019). RESULTANDO : I) A fs. 16 compareció María Elena CORREA, a demandar la nulidad de la Resolución N° 142, Acta 10, dictada por el Consejo de Educación Secundaria el 22 de marzo de 2018 que dispuso “Homologar la observación escrita, con anotación en el legajo funcional, aplicada por la Coordinadora de Áreas Pedagógicas a la Prof. María Elena Correa, C.I. 2.778.090-4” (AA fs. 246 y vta.). Relató que es docente dependiente de la Administración Nacional de Educación Pública, desde el año 1987 y en el año 2015 comenzó a desarrollar su tarea como docente de Idioma Español en el Liceo N° 3 de la ciudad de Mercedes y para el proyecto “Áreas Pedagógicas” en convenio con el INAU. Indicó que este programa se desarrolla con referentes responsables y coordinadores tanto del INAU como del Consejo de Educación Secundaria. Señaló que en el informe de desempeño correspondiente al año 2015, que le fue entregado recién en el mes de mayo de 2016, con un contenido negativo, planteó su disconformidad y luego, el día 10 de mayo, recibió una sanción verbal por un hecho supuestamente ocurrido en la semana anterior a la fecha indicada. Relató que el hecho en cuestión se vinculó a la convocatoria a Tribunal de exámenes para el día 23 de junio, examen que fuera suspendido y fuera posteriormente convocado para el 12 de julio por los referentes por sí, integrando a dicho tribunal a la Coordinadora General del programa Mastrangelo, quien toma a su cargo sus alumnos ante su ausencia por motivos de enfermedad. Lo ocurrido fue denunciado por la compareciente y tres días después de la denuncia, se la cita a una reunión integrada por los referentes y la coordinadora para notificarla de la sanción de observación escrita con anotación en el legajo. En esa reunión, se realiza un informe y se describe de forma textual el dialogo que supuestamente allí se presentó y se agrega a la sanción sus supuestos desbordes. Todo ello es demostrativo de un caso de persecución laboral en su contra. Afirmó que la coordinadora no tiene potestad para delegar en otros funcionarios la realización de los informes anuales como tampoco para sancionar. De conformidad con el art 67 del Estatuto del Funcionario Docente son competentes los Directores, Subdirectores e Inspectores. También se violó el principio de presunción de inocencia y verdad material para endilgarle responsabilidad y no se diligenció más prueba que los testimonios de los de los involucrados, que además presentan contradicciones. Agregó que los motivos en los que se basó la sanción disciplinaria tienen una base fáctica errónea. La finalidad perseguida fue la de hostigarla a raíz de las observaciones que formulara a la evaluación de desempeño. El hecho por el cual se la sanciona es falso y debió ser documentado mediante un Acta de Examen que tampoco existe. Tampoco es cierto que hubiera desarrollado una conducta indebida frente a los referentes y a la coordinadora el día en que fue citada para notificarle la sanción impugnada. Destacó que los supuestos desbordes fueron consecuencia de la angustiosa situación que estaba viviendo, en la medida en que no se atendieron las diversas denuncias formuladas respecto a las irregularidades y a las personas involucradas: referentes y coordinadora. En definitiva, solicitó la nulidad del acto impugnado. II) Conferido el correspondiente traslado, compareció a fs. 26 la Dra. Inés PITTAMIGLIO, en representación de la Administración Nacional de Educación Pública, a contestar la demanda. Controvirtió los hechos denunciados por la accionante, por ser contrarios a la verdad material. Afirmó que no asiste razón a la promotora al sostener que se efectuó su informe de evaluación de forma tardía. Luce en los antecedentes administrativos que el informe se encontraba a disposición de la accionante desde el mes de febrero de 2016 y que les fue comunicado mediante la cartelera docente. Tampoco es cierto que casualmente 3 días después de haber efectuado la denuncia, se la observó verbalmente por su conducta frente a los referentes, a quienes insultó por su disconformidad con la evaluación. Indicó que la accionante convocó a examen sin las formalidades requeridas para el llamado y ante ello, se citó para mesa de examen el día 12 de julio de 2016 al que asistió la Coordinadora, en su calidad de docente de Idioma Español y no lo hizo la accionante por motivos de enfermedad. La pretensora usa tonos amenazantes en sus expresiones y por los hechos relatados fue que se dispuso la aplicación de una observación con anotación en su legajo personal. En cuanto a los vicios sindicados en el procedimiento investigativo, se controvierten los agravios esgrimidos. En ese sentido, se le confirió la oportunidad de defensa y si entendía que era necesario recabar más testimonios así debió ofrecerlo. Se cumplió con el debido proceso y se le dio curso a las probanzas solicitadas en instancia de evacuar la vista que se le confirió. La sanción de observación escrita fue impuesta por la Coordinadora, quien tiene competencia suficiente para aplicarla al amparo de lo dispuesto en el art. 66 lit. B del Estatuto del Funcionario Docente y fue homologada por el Consejo de Educación Secundaria. Solicitó finalmente la imposición de costas y costos a cargo de la promotora por su conducta procesal debido a que indicó en la demanda que no convocó a examen, pero de los antecedentes se desprende lo contrario, en nota suscrita por la Sra. CORREA en la que cursó queja por la suspensión del examen que fuera convocado a pedido del alumnado. En definitiva, solicitó la confirmación del acto enjuiciado (fs. 26 a 30). III) Abierto el juicio a prueba (fs. 32) se produjo la que luce certificada a fs. 38 correspondiente a la parte demandada, no produciendo prueba alguna la parte actora. IV) Alegó la parte demandada a fs. 44-47, siendo la actora acusada en rebeldía (fs.41-43). V) Conferida vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, aconsejó por Dictamen No. 510/2020, la confirmación del acto impugnado. VI) Se dispuso el pase a estudio y se citó a las partes para sentencia definitiva, que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) La pretensión anulatoria se dirige contra la Resolución N° 142, Acta 10, dictada por el Consejo de Educación Secundaria el 22 de marzo de 2018 que dispuso “Homologar la observación escrita, con anotación en el legajo funcional, aplicada por la Coordinadora de Áreas Pedagógicas a la Prof. María Elena Correa, C.I. 2.778.090-4” (AA fs. 246 y vta.). II) Desde el punto de vista formal, se han cumplido adecuadamente los requisitos establecidos para que pueda ingresarse al análisis de mérito del asunto (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y arts. 4 y 9 Ley No. 15.869). III) El Tribunal, por unanimidad, de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por la confirmación del acto impugnado. IV) Emerge del estudio de los antecedentes administrativos agregados que con fecha 12 de julio de 2016, la funcionaria Coordinadora MASTRANGELO labró un informe, en el que se consignaron los motivos por los que se solicitó la aplicación de observación escrita con anotación en el legajo personal de la actora. Las razones expuestas refieren a la irregular convocatoria que efectuara la promotora a examen a sus alumnos, sin las debidas garantías ni la citación del Tribunal (3 miembros) correspondientes. Asimismo, se dejó constancia que se la apercibió verbalmente en el mes de mayo por dirigirse a uno de los referentes de forma inapropiada (actuación que luce a fs. 46 de los A.A. con fecha 10 de mayo de 2016). El día 18 de agosto de 2016 se labró acta de la reunión que se efectuara a los efectos de comunicar el pedido de sanción a la Prof. CORREA quien se encontraba presente, además de los referentes DELBONO Y ROZZO y las Coordinadoras ALANIZ (por INAU) y MASTRANGELO (por el CES). En el mismo acto, se consignó la actitud de la promotora y el diálogo mantenido entre las coordinadoras y la Prof. CORREA (fs. 38 a 40 de los A.A.). El referido informe fue elevado a la Directora General del Consejo de Educación Secundaria peticionando la homologación de la sanción (fs. 41 de los A.A.). Con fecha 13 de octubre de 2016 el Área División Jurídica sugirió la instrucción de investigación administrativa (fs. 134 de los A.A.) la cual fue dispuesta por Resolución N° 99, Acta 46 y se dispuso dejar en suspenso la homologación de la sanción de observación (fs. 135 de los A.A.). Sustanciada la correspondiente instrucción, se recabaron las declaraciones de los funcionarios involucrados: Elsa MASTRANGELO (fs. 151 a 158 de los A.A.); María Elena CORREA (fs. 159 a 159 a 161 de los A.A.); referente Paolo ROSSO (fs. 162 a 165 de los A.A.) y al referente Prof. Renzo Delbono (fs. 166 a 167 de los A.A.). Se efectuó el informe circunstanciado de precepto, del cual se confirió vista a la accionante el día 4 de mayo de 2017 (fs. 176 de los A.A.) quien la evacuó en los términos que surgen de su escrito de fs. 202 a 226, aportó prueba documental y solicitó el diligenciamiento de prueba testimonial, la que fue diligenciada por la Administración (AA. 229 a 238). Nuevamente se pronunció la instructora el día 10 de octubre de 2017 (AA fs. 239) ratificando las conclusiones arribadas anteriormente, que fueron compartidas por el encargado de la Dirección de la División Jurídica sugiriendo la homologación de la sanción impuesta, oportunamente suspendida durante el curso de la investigación (fs. 244 y 245 de los A.A.). Finalmente, se dictó la resolución impugnada. (fs. 246 de los A.A.). V) Inicialmente, corresponde abordar el análisis de los vicios formales planteados por la actora en su demanda, que no se consideran de recibo. De acuerdo con lo prevenido por el Estatuto del Funcionario Docente, el procedimiento tendiente a la aplicación de la sanción impuesta por la Coordinadora de Áreas Pedagógicas, en su calidad de Directora del Proyecto, fue ajustado a Derecho. Así lo prevé el art. 67 del Estatuto en cuanto dispone: “ Tendrán atribuciones para aplicar las sanciones de los literales a, b y c, del artículo 66, los Directores o Subdirectores de establecimientos y los Inspectores en el ejercicio de sus responsabilidades funcionales”. La sanción estará sujeta a homologación, por parte de los Consejos Desconcentrados, como aconteció en el caso. Por otro lado, se advierte que en el curso del procedimiento, la funcionaria gozó de las más amplias garantías, razón por la cual no hubo ningún apartamiento de su derecho de defensa. VI) La sanción impugnada fue impuesta por la ausencia de formalidad en la convocatoria a examen, sin el Tribunal correspondiente y en un plazo menor al estipulado, tal como fuera admitido por la actora en nota manuscrita que luce a fs. 48 de los A.A. Conforme se señala en el informe de instrucción, la actora reconoce que no realizó por escrito la comunicación para conformar tribunal de examen, que los alumnos deben ser citados con dos a tres días y hasta una semana de anticipación y que se debe conformar los tribunales de examen con tres miembros (AA fs. 177). Por lo tanto, no es de recibo el agravio invocado por la accionante en cuanto a que los hechos por los cuales fue sancionada son falsos. La impugnada también recoge como motivo las malas actitudes y agravios hacia los referentes, que fueron puestos de manifiesto en las declaraciones y en el informe efectuado por los Sres. Delbono y Rosso el día 10 de mayo de 2016 (fs. 59 de los A.A.) por lo cual se le impuso una observación verbal. Las referencias que efectúa en su demanda, relacionadas con la demora en la elaboración del informe de desempeño y el acoso laboral del que dice fuera objeto por parte de los referentes y coordinadores de la Unidad Áreas Pedagógicas, no son tales (fs. 15 y 16 de los A.A.). El informe de desempeño fue efectuado en el mes de febrero de 2016 y pese a que surge acreditado que estaba a su disposición, recién fue retirado por la Prof. CORREA en el mes de mayo, quien presentó su disconformidad. Así, no asiste razón a la promotora en la tardanza invocada en la recepción de dicho informe. En otro orden, l a actora no ha aportado prueba alguna que acredite sus afirmaciones relativas a la existencia de persecución laboral en su contra (ver certificación de la prueba a fs. 38). Por el contrario, ha quedado probada la agresión verbal efectuada por la actora a los referentes de Áreas Pedagógicas, principalmente al Profesor ROZZO. Así, resulta de su declaración agregada a fs. 159 de los antecedentes, oportunidad en la cual reconoce el uso de expresiones impropias contra el citado docente, manifiesta su arrepentimiento aunque lo justifica como una respuesta reactiva a una actitud persecutoria. En definitiva, la sanción fue ajustada a Derecho, no es desproporcionada ni irracional y se le otorgaron las debidas garantías de defensa. VII) Finalmente, la absoluta sinrazón de la fundamentación expuesta en la demanda anulatoria, así como la conducta procesal observada por la parte actora haciendo tácito abandono del proceso tras la presentación del libelo introductorio, indudablemente informan acerca de una clara responsabilidad subjetiva producto de un actuar calificable como ligereza culpable (art. 688 del Código Civil). Por tales fundamentos, el Tribunal FALLA : Desestimase la demanda y por ende queda firme el acto impugnado; con costas del proceso a cargo de la parte actora, sin especial condena en costos. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón (r.). Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).