Sentencia Sentencia N° 317/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 3 de agosto de 2021. No. 317 VISTOS : Para resolución, estos autos caratulados “BABUGLIA MARTINEZ, ERNESTO EMILIO con INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN. Suspensión de Ejecución” (Ficha No. 550/2020), pieza separada del expediente de Acción de Nulidad (Ficha No. 313/2020). RESULTANDO : I) El 29 de junio de 2020, compareció el actor en el expediente principal, a demandar la nulidad de la resolución del Directorio del Instituto Nacional de Colonización Nº 15, de 5 de setiembre de 2019 (Acta Nº 5470) que dispuso: “1º) Rescindir el contrato de arrendamiento suscrito con el Sr. Ernesto Emilio Babuglia Martínez (…) que tiene como objeto la fracción Nº 27 de la Colonia Ingeniero Agrónomo Claude Galland, inmueble Nº 489 y adoptar las medidas judiciales tendientes a obtener el cobro de las sumas adeudadas al INC y la libre disponibilidad del bien…”. (fs. 310 vto.-311 vto. AA, pieza II). Conjuntamente con la demanda, en el numeral III) de su libelo (fs. 67 y ss.), el promotor solicitó la suspensión de ejecución de la resolución impugnada. Expresó que, en el caso, los daños que se le irrogan al compareciente son indiscutiblemente desproporcionados, graves e irreparables, puesto que de ejecutarse el acto administrativo impugnado, ya no será posible reconstruir más de 40 años de historia, inversión y dedicación, destrozando un acervo genético sin precedentes en la zona y en el país. Asimismo, sostuvo que el acto es manifiestamente ilegítimo, al desconocer la trayectoria de un colono que hace más de cuarenta años realiza el trabajo de forma personal y directa en la Granja, que ocupa la fracción 27 y que arrienda desde el año 1978. Añadió que lo invertido en esta fracción es su único capital de giro para hacer producir los frutales y el vivero en producción, considerándose un productor rural que además explota directamente el predio, lo que acredita con proyecto productivo que adjunta. II) Conferido traslado del pedido de suspensión (fs. 80), comparecieron los representantes de la demandada a evacuarlo, oponiéndose a la suspensión de ejecución impetrada (fs. 82-89). Invocaron la ausencia de ilegitimidad manifiesta, en el entendido que el acto impugnado es ajustado a Derecho y acorde a lo previsto por los artículos 6º y 101 de la Ley No. 11.029, norma a la cual se ajusta el contrato de arrendamiento objeto de rescisión. En referencia al balance de los perjuicios derivados de la ejecución del acto, enfatizaron que de lo expresado en la demanda no surge que se puedan derivar daños graves al accionante, que superen en entidad y alcance a los que la suspensión pudiere ocasionar a la organización y funcionamiento del Ente. III) Se abrió el incidente a prueba por auto Nº 6783/2020 (fs. 91), diligenciándose la que luce certificada a fs. 98, producida por la parte demandada. Alegaron de bien probado, por su orden, haciéndolo la parte actora a fs. 101-102; y la demandada a fs. 105-108. IV) Se oyó al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien se expidió por Dictamen No. 242/2021 (fs. 111 y vto.), aconsejando acceder a la medida incidental impetrada. V) Por auto No. 2449/2021 se citó para resolución, la que fue acordada en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que el Tribunal, apartándose de lo dictaminado por el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, no hará lugar al pedido de suspensión, por considerar que no se verifican en autos los requisitos exigidos por la Ley No. 15.869, art. 2º. II) La norma legal supedita la concesión del beneficio de la suspensión transitoria, total o parcial de la ejecución del acto impugnado, a la existencia de daños graves, cuyo alcance y entidad superen los que la suspensión pudiere ocasionar a la organización y funcionamiento del órgano involucrado. Dicha disposición añade que también podrá ser decretada, cuando a juicio del Tribunal, el acto impugnado aparezca, inicialmente, como manifiestamente ilegal. III) Sobre la ilegalidad manifiesta ha expresado CAJARVILLE, citando a GELSI en su trabajo sobre “Proceso de amparo en la ley de Uruguay”, haciendo un paralelismo con el carácter exigido a la ilegitimidad para la procedencia de la acción de amparo, que “(…) ‘manifiesto’ alude a lo indudable, a lo que claramente se nota, a lo que todos pueden advertir, un resultado de conocimiento al que se llega espontáneamente, sin requerir largos o específicos razonamientos, que aparece sin tropiezos, sin alternativas, para todo el que conoce el orden jurídico; debe ‘surgir del expediente a través de una prueba sumaria’, ‘flagrantemente verificable’, ‘espontáneamente perceptible’, ‘nítida, categórica, por encima de toda duda razonable y al margen de toda controversia’, ‘flagrante, notoria e indiscutible’” (Cf. CAJARVILLE PELUFFO, Juan Pablo. “Sobre Derecho Administrativo”, Tomo II, 3ª Edición 2012, FCU, p. 756). En la emergencia, y sin que ello implique prejuzgamiento sobre la cuestión de fondo objeto de debate, no se advierte que prima facie surjan indicios de una manifiesta ilegalidad. Y ello, por cuanto puede liminarmente entenderse, sin perjuicio de ulterioridades, que el acto impugnado encuentra sustento jurídico en la Ley de Colonización No. 11.029, que estatuye en su artículo 61, las obligaciones principales de los colonos y en el dispositivo 101, las causales de rescisión unilateral. Ahora bien, el actor aduce que no existió incumplimiento de sus obligaciones; más el examen de dicho extremo a la luz de la normativa citada, el contrato de arrendamiento celebrado y las actuaciones administrativas cumplidas, corresponde sea realizado al momento de analizar el mérito de la pretensión anulatoria, lo que excede esta etapa incidental. IV) En referencia al balance de los daños, la parte actora aduce, en lo medular, que los perjuicios que se le irrogan son indiscutiblemente desproporcionados, graves e irreparables, puesto que de ejecutarse el acto administrativo impugnado, ya no será posible reconstruir más de 40 años de historia, inversión y dedicación, destrozando un acervo genético sin precedentes en la zona y en el país. No obstante, el Tribunal estima que la prueba incorporada por el compareciente, con el pedido de suspensión, resulta inválida para acreditar los extremos que alega. Se ha dicho, al estudiar el principio de espontaneidad, no contaminación, genuinidad, inmaculación o fidedignidad de la prueba, que el Tribunal debe examinar si los medios incorporados lo fueron en condiciones de legalidad, lo que comporta el de su legitimidad formal, situación que alcanza también a su contenido. Se trata del procedimiento tendiente a establecer si el acto es válido y si no se encuentra inficionado por ningún elemento que afecte su fidedignidad, su esencia como medio probatorio, o su inmaculación, en la terminología de DEVIS ECHANDÍA. (Cf. KLETT, Selva, “Reglas generales de la prueba. Curso sobre el Nuevo Código del Proceso Penal”, FCU, 2ª Edición, Abril 2021, p. 478-479). Al analizar la prueba inválida por violación de la garantía de incolumidad y la cadena de custodia de la prueba, su preservación y seguridad, se ha expresado: “El tema de la custodia de la prueba se vincula, pues, con la validez de esta y con la posibilidad de que pueda ser considerada en el proceso. Si la prueba es inválida nada vale, su valor es nulo, porque, en puridad, la prueba ostenta vicios de tanta gravedad que no puede alcanzar la condición de acto probatorio, es un acto absolutamente nulo o inexistente, un no acto. Entonces, se deben diferenciar dos etapas distintas: examinar las condiciones de validez del acto probatorio y apreciar su valor en el cúmulo. Tal actividad únicamente puede realizarse una vez que el acto probatorio ha sorteado los controles de validez que son previos, como acontece con todos los medios de prueba. La correcta conservación y preservación de los medios es la única manera de que puedan adquirir valor probatorio en el proceso. El valor intrínseco de la evidencia o del medio probatorio se deberá relacionar con la forma en que fueron obtenidos –la forma constituye una garantía constitucional- y con el grado de acreditación que requieren: la prueba de la prueba. La acreditación implica que se han respetado las garantías que permitan concluir que “el hallazgo” (en el caso, las plantaciones), es el mismo que se considera en el proceso, lo que puede demostrarse por otros medios de prueba, sometidos al razonable control, ya que cualquier alteración determina la afectación del debido proceso”. (Cf. Aut. y Ob. cit. ps. 496-505). Bajo las precedentes coordenadas, a juicio de la Sede, las plantaciones e instalaciones que se aprecian a partir de las fotocopias simples de fotografías anexadas con la demanda (fs. 3-65 infolios) -alguna de ellas acompañadas de una breve descripción- , no pueden vincularse de forma única, natural y racional con la fracción de la colonia objeto de impugnación, desde que no fueron acompañadas de certificación notarial u otro instrumento que pudiera otorgarles genuinidad. Como aditamento de lo anterior, debe de verse que la parte actora tampoco produjo prueba en el incidente, tal como emerge de la certificación de fs. 98 infolios. Por tanto, no se han acreditado y cuantificado en debida forma los graves daños que se invocan a efectos de compararlos con los que sufriría la Administración de suspenderse el acto; en cuyo mérito, también en esta hipótesis, se impone el rechazo de la suspensión de ejecución impetrada. En virtud de lo expuesto y lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley No. 15.869, el Tribunal RESUELVE : No hacer lugar a la suspensión de ejecución del acto administrativo impugnado. Agréguense a los principales. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dra. Klett (r.). Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).