Sentencia Sentencia N° 315/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 3 de agosto de 2021. No. 315 VISTOS : Para resolución estos autos caratulados: “CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS con PODER EJECUTIVO. Acción de nulidad” (Ficha No. 354/2020). RESULTANDO : I) La accionante dedujo pretensión anulatoria contra el Decreto Nº 382/2019, publicado el día 17/12/2019, que agregó al numeral 2 del artículo 1 del Decreto Nº 67/005 de 18/2/2005 el siguiente inciso: “No estarán gravados los resultados de exámenes y análisis clínicos cuando se tratare de pacientes internados, tanto cuando se realizaren en la misma institución de salud o fueren realizados externamente por ser parte de la unidad e integralidad de la asistencia y atención al usuario, por tratarse de intervenciones o tratamientos incluidos en el artículo 20 del presente Decreto”. II) Surge de fs. 18 que el 5/10/2020 comparecieron en escrito conjunto ambas partes y solicitaron la suspensión de los plazos procesales por 60 días corridos, en tanto en el curso de la sustanciación de los recursos administrativos que se tramitaban en expediente Nº 12/001/1/184/2020 se habían producido informes jurídicos favorables a la revocación del artículo que era objeto de la acción. III) Por Decreto N° 6489/2020 de 9/10/2020 (fs. 20) se hizo lugar a la suspensión peticionada. IV) El 8/12/2020 la demandada solicitó la clausura de este proceso por falta de objeto, ya que por Resolución Nº 904/020, publicada el 27/10/2020 y dictada por el Pro Secretario de la Presidencia de la República en ejercicio de atribuciones delegadas por el Poder Ejecutivo, se había revocado, por razones de legalidad, el Decreto impugnado (fs. 24 y ss). V) Se confirió traslado a la parte actora, que no fue evacuado, por lo que se acusó su rebeldía a pedido de la demandada (fs. 30). VI) Por. Dictamen Nº 269/2021 de 5/6/2021 el PECA aconsejó acceder a la clausura impetrada. VII) Por Decreto N° 2408/2021 de fecha 15/6/2021 se giraron los autos para resolución (fs. 33). CONSIDERANDO : I) El Tribunal, en concordancia con lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, hará lugar a la clausura impetrada por los fundamentos que se pasan a exponer. II) En efecto, se cumplen en obrados los requisitos exigidos en el artículo 95 del Decreto Ley N° 15.524 que dispone que: “Si antes de pronunciada la sentencia la Administración revocara el acto por razones de legalidad, comprobado el hecho fehacientemente, se dispondrá la clausura y archivo de los procedimientos a petición de cualquiera de las partes y aún de oficio si el Tribunal tuviera conocimiento auténtico de la referida situación.” Es de verse que el acto objeto de la presente acción es el Decreto Nº 382/2019 que, en oportunidad de resolverse el recurso de revocación oportunamente interpuesto, fue revocado por Resolución Nº 904/020, dictada por el Pro Secretario de la Presidencia de la República en ejercicio de atribuciones delegadas por el Poder Ejecutivo, por razones de legalidad. III) En cuanto a la potestad del Pro Secretario de la Presidencia de la República para revocar el acto, corresponde indicar lo siguiente. El Decreto Nº 382/2019 ingresa en el elenco de actos administrativos denominados reglamentos. Tal como indica Cassinelli, “ El hecho de que el orden jurídico otorgue potestad reglamentaria a determinados órganos, permite que cuando estos órganos tienen además la potestad de delegar sus atribuciones, puedan delegar esa potestad reglamentaria. En ese caso, podrá ocurrir que algún órgano que normalmente no puede ejercitar la potestad reglamentaria, pueda dictar reglamentos en nombre del órgano que tiene la potestad reglamentaria y que la delegó en aquél. La Constitución admite la delegación de atribuciones del Poder Ejecutivo, de los Ministerios, y de las Intendencias” (Cassinelli Muñoz, Horacio. “Derecho Público”, FCU, ed. 30/6/2009, pág. 96). IV) De esta forma, como primera conclusión, se puede señalar que mediante el instituto de la delegación, el Prosecretario de Presidencia puede ser delegatario en materia de dictado de reglamentos, lo que incluye el dictado de decretos reglamentarios; podría por lo tanto, por vía reglamentaria modificar un reglamento anterior. Siguiendo a Cajarville, “Para determinar quienes pueden ser delegados del Poder Ejecutivo, se aplican los principios generales antes expuestos: deberá ser una persona estatal, órgano o funcionario público con vocación delegatoria. La Constitución faculta al Poder Ejecutivo a “delegar… las atribuciones que estime convenientes”, sin indicar en quien puede recaer la delegación; esto no puede interpretarse sino como que ha quedado librada a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo la elección del delegado”. En consecuencia, la vocación delegatoria para serlo del Poder Ejecutivo resulta necesariamente de la propia resolución delegatoria, por imperio de la disposición constitucional que confiere discrecionalidad en ese aspecto al delegante” ( Cajarville, Juan Pablo, “Dos estudios de Derecho Administrativo”, Editorial Universidad Ltda., mayo 1995, pág. 52) V) Tal como se indicó, conforme lo previsto por el artículo 168 numeral 24 de la Constitución, le corresponde al Presidente de la República, actuando con el Ministro o Ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros, “delegar por resolución fundada y bajo su responsabilidad política las atribuciones que estime conveniente”. El Poder Ejecutivo cuenta por lo tanto, con norma habilitante para realizar la delegación. VI) En cuanto al contenido del acto de delegación, señala Cajarville que “ las atribuciones delegables son en principio todas las que entran en la competencia del delegante, salvo que la delegación esté excluida por una norma expresa o resulte incompatible con otras soluciones de Derecho positivo. Pero ninguna norma puede impedir el ejercicio de la potestad de delegar acordada por otra de superior jerarquía” (Cajarville, Juan Pablo, Ob. Cit., pág. 64). No estando excluida la delegación por norma expresa y no resultando incompatibles con otras soluciones -puesto que la potestad reglamentaria se puede delegar- corresponde concluir que el Poder Ejecutivo se encuentra facultado para delegar la potestad de revocación de un acto administrativo de carácter reglamentario como lo es un decreto. VII) Teniendo presente lo indicado anteriormente, las Resoluciones del Poder Ejecutivo Nº 421/020 de 1/4/2020 y 460/2020 de 20/4/2020 delegaron en el Prosecretario de la Presidencia de la República las atribuciones relativas al dictado de actos administrativos “ que resuelven los recursos de administrativos de revocación, interpuesto contra actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, en Acuerdo o únicamente el Presidente de la República por sí o como Poder Ejecutivo, jerárquico y de anulación”. VIII) Corresponde indicar que dichas Resoluciones delegatorias fueron dictadas actuando en Consejo de Ministros conforme lo preceptúa la parte final del artículo 160 de la Constitución. Asimismo, la Resolución 904/020 que revoca el Decreto impugnado, fue publicada en el Diario Oficial con fecha 27/10/2020, esto es, con la misma formalidad requerida para un reglamento. IX) Por tanto, en función de la revocación del acto, cesó la materia de contienda y, en su mérito, corresponde acceder a la clausura impetrada. Por los fundamentos expuestos y lo dispuesto por el artículo 95 del Decreto-Ley Nº 15.524, el Tribunal, RESUELVE : Hacer lugar a la clausura impetrada. Sin sanción procesal específica. Oportunamente archívese. Dra. Salvo, Dr. Corujo, Dra. Klett. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).