Sentencia Definitiva N° 314/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 3 de agosto de 2021. No. 314 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “MACHADO, ALICIA con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de Nulidad” (Ficha No. 623/2019). RESULTANDO : I) A fs. 15 compareció Alicia MACHADO, a demandar la nulidad de la Resolución dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas, Área Pasivos, del Banco de Previsión Social, Nº DP 116/2017, de 23 de agosto de 2017, por la cual se le deniega a la actora la pensión por invalidez solicitada, por no cumplir con los extremos exigidos por el artículo 43 de la Ley No. 16.713 (fs. 2 infolios). Sostuvo, en lo medular, que el acto resistido atenta contra reglas de la sana crítica y buena fe, así como contra los más elementales derechos a una vida y vejez digna. Puntualizó que ostenta una incapacidad absoluta para insertarse en el mercado laboral, con un baremo de 70,86 de invalidez total global por Colitis Ulcerativa Crónica (CUC); que sus ingresos mensuales por pensión otorgada al fallecer su esposo no son suficientes para su subsistencia básica y mucho menos para afrontar los gastos de impuestos y tarifas de su hogar, aunado a los de su dieta especial debido a su grave dolencia y a los gastos médicos provenientes de la emergencia móvil. Añadió que vive sola con uno de sus hijos, quien con sus ingresos no puede solventar todos los gastos de su persona, enfermedad, tratamiento y medicamentos, además de solventarse a sí mismo. En definitiva, entendió que la volición impugnada fue dictada sin tener presente su verdadera situación socio-económica, razón por la cual es ilegítima. II) Conferido el correspondiente traslado, compareció a fs. 27 Juan Andrés NOYA, en representación del Banco de Previsión Social a contestar la demanda. Afirmó que al no determinarse por el art. 43 de la Ley No. 16.713, qué se entiende por carencia de recursos para sus necesidades vitales, debió el Organismo regular dichos aspectos, lo que hizo a través de diferentes disposiciones y actualmente a través de la Resolución RD 4-19/2013 que regula los requisitos necesarios para el acceso a la prestación por invalidez. En el caso, el familiar obligado (hijo de la actora) supera ampliamente el tope de ingresos establecidos por dicha norma y la actora cuenta con las necesidades básicas requeridas para su sustentación cubierta. A lo que se adiciona que la actora cuenta con ingresos propios, aunque inferiores al monto de pensión por invalidez, que contribuyen a su sustento. La expresión “CARENCIA DE RECURSOS” está dispuesta en un sentido amplio y no exclusivo del beneficiario. La titular no carece de recursos necesarios para cubrir sus necesidades vitales, por lo que corresponde se desestime la demanda. III) Abierto el juicio a prueba (fs. 34) se produjo la que luce certificada a fs. 60. IV) Alegaron de bien probado las partes por su orden (fs.66-69 y 71-74). V) Conferida vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, aconsejó por Dictamen No. 559/2020, la anulación del acto impugnado. VI) Se dispuso el pase a estudio y se citó a las partes para sentencia, que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) La pretensión anulatoria se dirige contra la Resolución dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas, Área Pasivos, del Banco de Previsión Social, Nº DP 116/2017, de 23 de agosto de 2017, por la cual se le deniega a la actora la pensión por invalidez solicitada, por no cumplir con los extremos exigidos por el artículo 43 de la Ley No. 16.713 (fs. 2 infolios). II) Desde el punto de vista formal, se ha cumplido adecuadamente con los presupuestos respectivos para que pueda ingresarse al análisis de mérito del asunto (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869). III) En cuanto a la cuestión de fondo sometida a decisión, el Tribunal por unanimidad, compartiendo lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por la anulación del acto impugnado. IV) Las exigencias para la percepción de una pensión por invalidez se encuentran previstas por el artículo 43 de la Ley No. 16.713, que específicamente establece lo siguiente: “Será beneficiario de la pensión a la vejez e invalidez, todo habitante de la República que carezca de recursos para subvenir a sus necesidades vitales y tenga setenta años o, en cualquier edad, esté incapacitado en forma absoluta para todo trabajo remunerado. Quienes tengan ingresos de cualquier naturaleza u origen inferiores al monto de esta prestación o beneficio recibirán únicamente la diferencia entre ambos importes (…)”. En informe previo al dictado de la resolución impugnada, la Oficina de Estudio y Liquidación GPRE, por actuación electrónica que consta a fs. 6 de los antecedentes, se expidió en los siguientes términos: “Titular percibe pensión por fallecimiento de $ 7.237 nominales. Vive con sus hijos Sergio y (según los descargos) Mauricio. Mauricio estuvo en actividad hasta 02/2017, no tiene ingresos registrados en sistema y actualmente se encuentra buscando trabajo. En cuanto a Sergio es empleado de Securitas, percibe $30.308 nominales según los datos registrados en sistema, dado que no contamos con los recibos de sueldo. A dicho monto se le descuentan los aportes legales, los cuales ascienden a 19.625%, quedando un ingreso líquido mensual de $24.360. El tope de ingresos para hijos solteros que conviven se sitúa en los $8.431, por lo que Sergio supera el mismo por $ 15.929. En los descargos presentados la titular indica que sus ingresos y los de Sergio no son suficientes para sustentar los gastos del hogar (…), sin embargo, no aporta gastos médicos que puedan ser deducidos de los ingresos de Sergio (…)”. Los topes a los que alude la Administración a efectos de evaluar la percepción del beneficio emergen de la RD 4-19/2013. Tal disposición reglamentaria, en lo que refiere a la carencia de ingresos suficientes, toma en cuenta no solo los propios del eventual beneficiario, sino también los de los familiares obligados a servir alimentos y distingue, según los familiares convivan o no con el solicitante (fs. 27 vto. infolios y fs. 28 y vto. AA). Sobre este extremo, cabe apuntar que la obligación de servir alimentos por parte de los familiares no proviene de la mentada disposición reglamentaria, sino de disposiciones del Código Civil. En tal sentido, asiste razón a la demandada sobre que son los familiares, los obligados principales en servir alimentos al solicitante; y en su defecto, -o subsidiariamente- el BPS. Sin embargo, lo que sí resulta a todas luces ilegítimo es pretender, mediante reglamentación, establecer topes que no surgen previstos en la norma legal y que a estar a sus previsiones resultan irrisorios. Sobre este punto, el Tribunal ha señalado: “…cabe descartar el criterio postulado por el Ente demandado sobre la posibilidad de objetar el acceso al beneficio prestacional en función de topes de ingresos previstos en reglamentos internos del Organismo. A juicio de la Sede, el art. 195 de la Constitución de la República que otorga al Banco de Previsión Social como función la coordinación y organización del sistema de seguridad social, no implica la viabilidad jurídica del dictado de reglamentos de ejecución de la Ley. La actividad jurídica cometida de acoplamiento, coherencia, relacionamiento y ordenación del sistema no puede entenderse como poder implícito para REGLAMENTAR UNA LEY, VACIANDO DE OPERATIVIDAD el art. 168, numeral 4º de la Constitución de la República. Por igual, tampoco el art. 9, numeral 7 de la Ley Nº 15.800 en cuanto le asigna como competencia del Directorio del Banco de Previsión Social la de dictar, cumplir y hacer cumplir las reglamentaciones internas necesarias para el funcionamiento del servicio, puede servir de sustento jurídico suficiente para limitar o restringir el derecho del solicitante consagrado en la Ley, mediante topes elaborados con carácter general que desatienden la realidad que cabe considerar caso a caso, en función de la situación socio-económica del peticionante” (Cf. Sentencia No. 434/2017). De igual modo, la Corporación ha puntualizado desde larga data, que no es dable exigir al solicitante una situación de indigencia o pobreza extrema, debiéndose, en todo caso, estar a la prueba obrante en autos para delimitar la situación económico-familiar: “La carencia de recursos económicos para solventar sus necesidades debe relacionarse con las posibilidades que el solicitante tenga de obtenerlos mediante su trabajo o de sus familiares directos”. (Cf. Sentencias Nos. 212/2019, 298/2011, 555/2009, 291/2008, entre muchas otras; recientemente, Sentencias Nos. 380/2020, 155/2020, 121/2020). En el caso, a la reclamante le fue asignado un baremo de 70,86 %, configurando incapacidad laboral permanente para toda tarea con grado común de discapacidad (fs. 23-25 AA). En lo que dice relación con la valoración específica de su situación económica-familiar, a estar a la prueba obrante en autos, la Administración realizó una incorrecta apreciación. El ingreso propio de la titular asciende a $ 6.086 líquidos (fs. 11 infolios) y el ingreso de su hijo conviviente, asciende a $ 21.621 (f. 9 ibídem) montos que aunados resultan insuficientes para afrontar gastos básicos de servicios indispensables en un hogar, alimentación, cuota de emergencia médica, gastos médicos, etc., todo lo cual consta acreditado a fs. 16 y 17 de los antecedentes y fs. 10 y 12 infolios. Por lo anterior, estima la Corporación el acto encausado resulta ilegítimo, al fundarse en una apreciación o valoración apartada de la real condición socio-económica de la reclamante. La prueba rendida da cuenta de una situación de vulnerabilidad social significativa, que meritaba indudablemente la concesión del beneficio prestacional. Por lo expuesto, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, FALLA : Ampárase la demanda incoada y, en su mérito, anúlase el acto administrativo impugnado, sin condena en costas ni costos. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón (r.). Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).