Sentencia Definitiva N° 313/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 3 de agosto de 2021. No. 313 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “ CERRO CURCHO, SUSANA BEATRIZ con BANCO DE PREVISI ÓN SOCIAL. Acción de Nulidad” (Ficha No. 197/2018). RESULTANDO : I) A fs. 6 compareció Susana Beatriz CERRO CURCHO, a demandar la nulidad de la resolución del Directorio del BPS R.D Nº 22 -7/2017 de fecha 12 de julio de 2017, mediante la cual se aprueba lo actuado por el Tribunal interviniente en el concurso implementado para proveer 2 cargos presupuestales de Gerente de Sector Especializado en la GPRE, Escalafón D, Grado 020, en las Unidades Gestión de Sistemas e Información y Soporte a los Usuarios dependiente de la Dirección Técnica de Prestaciones y se design a a determinados funcionarios, ganadores del concurso de referencia (A.A fs. 63). Sostuvo que el acto impugnado es nulo por error en los motivos, ya que el Tribunal no ha estimado los méritos y antecedentes de los concursantes de acuerdo a Derecho. Sostuvo que resulta injustificable la puntuación que se le asignó y no le fue posible contraponer sus calificaciones con las de la postulante que obtuvo el segundo lugar. Manifestó que existió un error en la valoración de los presupuestos de hecho del acto impu gnado y relevó los errores en la asignación de puntajes que a su criterio se aplicaron. En definitiva, solicitó la nulidad del acto impugnado. II) Conferido el correspondiente traslado, compareció a fs. 33 la Dra. Daniella D’ANATRO en representación del Banco de Previsión Social a contestar la demanda. Afirmó que no ha existido irregularidad alguna en la notificación de la resolución impugnada, fue publicada el día 20 de julio de 2017 (al amparo de lo previsto en el art. 88 del Reglamento de Procedim iento Administrativo) el mismo día que la actora declara haber tomado conocimiento. Sostuvo que el concurso fue realizado ajustándose en un todo a Derecho. Una vez cumplidas todas las etapas del proceso concursal y acorde a lo establecido por el artículo 16 del Reglamento, se elaboró un detallado informe conteniendo además del Ranking Final, el detalle de las etapas cumplidas, así como los criterios de valoración adoptados para cada una de las etapas. Refutó la puntuación en cada ítem cuestionado por la a ctora, para concluir que el Tribunal analizó y valoró todos los presupuestos de hecho, de acuerdo con lo establecido en las Bases del Concurso, los criterios estipulados y lo aportado por los concursantes, no existiendo error en la interpretación ni apartamiento de lo dispuesto en las Bases. Concluyó que lo pretendido por la contraria resulta inadmisible y supone en definitiva la adjudicación de un puntaje mayor. Solicitó se dé noticia del pleito a las funcionarias Elena Sorgi y Marta Cassanelo. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. III) A fs. 56 a 64 compareció María Elena SORGI a deducir tercería coadyuvante con el Banco de Previsión Social. IV) Abierto el juicio a prueba (fs. 68) se produjo la que luce certificada a fs. 138. V) Alegaron de bien probado las partes por su orden (fs. 141-153, 155-159 y 160-166). VI) Conferida vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, solicitó previamente el informe de la Comisión Nacional del Servicio Civil como medida para mejor dictaminar. VII) A fs. 178 -183 la Comisión Nacional del Servicio Civil se pronunció por la confirmación del acto impugnado. VIII) Por Dictamen No. 434/2020, el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo aconsejó la confirmación del acto impugnado. IX) Se dispuso el pase a estudio y se citó a las partes para sentencia definitiva, que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Desde el punto de vista formal, se ha cump lido adecuadamente con los presupuestos respectivos para que pueda ingresarse al análisis de mérito del asunto (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y arts. 4 y 9 Ley No. 15.869). II) El Tribunal, por unanimidad, de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará la demanda y confirmará el acto enjuiciado. III) La resolución impugnada aprueba lo actuado por el Tribunal interviniente en el concurso implementado para proveer 2 cargos presupuestales de Gerente de Sector Especializado en la GPRE, Escalafón D, Grado 020, en las Unidades Gestión de Sistemas e Información y Soporte a los Usuarios dependiente de la Dirección Técnica de Prestaciones y designa a determinados funcionari os, ganadores del concurso de referencia (A.A fs. 63). Las Bases del Concurso fueron aprobadas por Resolución del Directorio del BPS R.D. No. 27-5/2016 de fecha 17 de agosto de 2016 (AA fs. 23 vta.) y lucen agregadas a fs. 16 a 23 de los antecedentes administrativos. Las etapas previstas en el procedimiento concursal al que se presentaron inicialmente 19 postulantes, se desarrollaron y la actora obtuvo el tercer lugar con un puntaje de 58.95 puntos (AA fs. 45) y quedó así fuera de la provisión de los cargos disponibles. IV) No advierte la Corporación ninguna irregularidad formal ni sustancial, ni apartamiento alguno del Tribunal Concursal actuante respecto a la regla de Derecho que rige este tipo de actuaciones, como lo son las propias Bases del concur so, que no fueron objeto de impugnación por parte de la actora. La motivación emergente del Acta de valoración de puntajes que luce agregada a fs. 48 vto. de los antecedentes, se presenta como suficiente, y permitió a los concursantes conocer razonablement e los motivos por los cuales se les asignaron los correspondientes puntajes. Se podrá discrepar, como lo hizo la actora en su planteo recursivo, pero ciertamente, no se está ante un supuesto de motivación insuficiente, que haya impedido a los concursantes conocer los criterios aplicados por el Tribunal de Concursos. La referencia que efectúa la actora al informe obrante a fs. 84 de los antecedentes y que a su juicio constituye motivación “ex post facto” y por tanto, inválida, no configura tal. El Tribunal del Concurso elaboró un informe que se le requirió a raíz del recurso deducido por la actora, precisando cuestiones sobre su caso particular, pero sin apartarse, ni innovar sustancialmente la fundamentación originaria. Tampoco se advierte una valoración er rónea en el sistema de puntuación, en particular con respecto a los rubros “Dirección, Planificación y Control”, “Procesos” y “Experiencia Laboral”, que la actora cuestiona. Así, en el rubro “Dirección, Planificación y Control”, conforme se señala en las Bases del llamado, no se puntuarán las tareas desempeñadas en régimen de subrogación. Tampoco correspondía distinguir la diferencia de grados entre la actora y la funcionaria Sorgi, ya que las Bases no prevén distinción. En relación con el rubro “Experie ncia Laboral”, conforme las Bases del llamado y los criterios fijados por el Tribunal de Concursos, el puntaje por Supervisión sería de 0.50, independientemente del tiempo en que la supervisión fue ejercida. A ello se suma que correspondía considerar la experiencia laboral en los cargos ocupados en los últimos 5 años. Por último, en relación con el ítem “Procesos” la actora obtuvo 0 puntos, puntaje que se explica por no haber acreditado su experiencia en el organismo, extremo exigido por las Bases del Conc urso en cuanto dispone: “4.1. Antecedentes (…) El postulante declarará en formularios los conceptos establecidos según corresponda, debiendo adjuntar la documentación probatoria en fotocopias (numeradas correlativamente) (…) El no cumplimiento de este requ isito hará que la misma no sea considerada para su valoración” (AA fs. 17 vta. en 125 fs.). Tal como lo ha expresado en su jurisprudencia constante esta Corporación, la forma o manera de asignación del puntaje por parte de los Tribunales Calificadores que intervienen en concursos es, en principio, una materia que excede su parquet competencial por tratarse de una cuestión de mérito y no de legalidad; destacándose la autonomía técnica de estos Tribunales de Concurso, para efectuar las puntuaciones que estime adecuadas, que sólo resulta pasible de ser revisada en casos de ilegalidad o irrazonabilidad manifiesta, que revelen desviación o abuso de poder notorios (Sentencias No s. 713/2019, 487/2019, 588/2014, entre muchas otras). En el caso, no se advierte una irrazonabilidad o ilogicidad tal en la asignación del puntaje otorgado a la accionante que permita al Tribunal entrar en la revisión del mismo ante abuso o desviación de poder, trato discriminatorio o desigual, irracionalidad u otros vicios ( Cfme. Sentencias Nos. 625/2007, 549/2010, por ejemplo). Así, la ponderación de las características o atributos de los concursantes, en tanto no implique apartamiento de las bases concursales (extremo que no se da en el caso de autos) forma parte de la esfera de la discrecionalidad de los Tribunales concursales pues la cuestión queda circunscripta a un criterio técnico y como bien decía CAGNONI “el Tribunal del Concurso es soberano: al ser su cometido esencial calificar aptitudes, su juicio no puede ser revisado ya que se a sienta sobre la presunción de una competencia adecuada al fin ordenado de la cual el Tribunal dispone para sentar sus juicios; y salvo el extremo probado de ilegalidad o desviación de poder, ese juicio no es revisable” (José Aníbal CAGNOGNI,. “Cuadernos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales”, No. 22, p. 169). En definitiva, los puntajes asignados se ajustaron estrictamente a las Bases del Concurso y responden a una pauta razonable. Por tales fundamentos, el Tribunal FALLA : Desestímase la demanda anulatoria y por ende confírmase el acto admini strativo impugnado; sin sanción en costas ni costos. A los efectos fiscales fíjanse los honorarios de los abogados de las partes, actora y tercerista en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil) a cada una. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón (r.). Dr. Marquisio (Sec. Letrado).