Sentencia Definitiva N° 312/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 3 de agosto de 2021. No. 312 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “CÁMARA DE TELECOMUNICACIONES DEL URUGUAY Y OTROS con INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES. Acción de nulidad” (Ficha No. 240/2017). RESULTANDO : I) Surge de fs. 39 que el 24 de abril de 2017 comparecieron la CÁMARA DE TELECOMUNICACIONES DEL URUGUAY, TELEFÓNICA MÓVILES DEL URUGUAY S.A. (MOVISTAR) y AM WIRELESS URUGUAY S.A. (CLARO) entablando demanda de nulidad contra los artículos 7 numeral 4 y 12 de la Resolución Nº 5089/016 de fecha 22 de agosto de 2016 dictada por la Intendencia de Canelones (fs. 230 a 237 de los A.A.) e interponiendo, por vía de excepción, la inconstitucionalidad de los artículos 14 literal d) y 16 del Decreto Nº 54/2012 de fecha 23 de noviembre de 2012 dictado por la Junta Departamental de Canelones (fs. 104 a 113 de los A.A.). Sostuvieron que la Resolución Nº 5089/016 de la Intendencia de Canelones, que reglamentó la Ordenanza de Instalación de Antenas de Comunicaciones en el marco del Decreto Departamental Nº 54/012, había discriminado entre los proveedores de servicios y establecido “cánones” exorbitantes, violando la regla de derecho y contrariando la Constitución. Manifestaron que la Cámara de Telecomunicaciones del Uruguay (CTU) era titular de un interés directo, personal y legítimo al ser una asociación civil con personería jurídica que agrupaba empresas prestadoras de servicios de telefonía móvil, trasmisión de datos, telefonía de larga distancia internacional, y “call centers”, entre otros. Describieron los objetivos sociales principales de la CUT, entre los que destacaron la defensa irrestricta de los principios que regían la actividad de las telecomunicaciones, la tutela de los derechos de licenciatarios de los servicios de telecomunicaciones, y la defensa de la libre competencia, y postularon que la resolución era contraria a sus fines propios. Señalaron que Claro y Movistar eran titulares de un derecho subjetivo y detentaban un interés directo personal y legítimo por ser operadores privados de servicios de telecomunicaciones que, para ser prestados en el territorio nacional, requerían la instalación de estructuras de soporte de antenas de comunicaciones en el Departamento de Canelones, y que las disposiciones de la resolución les discriminaban al favorecer al operador público y hacer más gravosa la instalación de antenas antes mencionada. Desarrollaron los argumentos que sustentaban la inconstitucionalidad por vía de excepción de los artículos 14 numeral d) y 16 del Decreto Nº 54/012 de la Junta Departamental de Canelones. En su memorial de agravios, afirmaron que el artículo 7 numeral 4 de la Resolución Nº 5089/16 vulneraba los principios de igualdad, de libertad de comercio y de libre competencia, consagrados en los artículos 8 y 36 de la Constitución, y la libre competencia y la libertad e igualdad de condiciones de acceso y productos a los mercados establecidos en la Ley No. 18.159. Señalaron que el inciso final del numeral 4 del artículo 7 de la resolución enjuiciada, que exoneró a los entes comerciales y/o industriales del Estado comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la contratación de un seguro de responsabilidad civil, benefició a ANTEL en detrimento de los demás prestadores, contrarió los artículos 2, 3, y el literal C del artículo 4 de la Ley No. 18.159, y generó ganancias de eficiencia económica a ANTEL, perjudicando a las demás empresa y vulnerando el principio de imparcialidad. Agregaron que se violó la igualdad entre los inversores nacionales y extranjeros en territorio nacional y el tratamiento justo a las inversiones, establecidos en los artículos 2 y 4 de la Ley No. 16.906, y en las Leyes Nos. 16.444 y 17.766 de Promoción y Protección de las Inversiones entre Uruguay y España, y el Tratado de Libre Comercio con México, respectivamente. Consideraron que la resolución impugnada careció de motivación, contrarió lo enunciado por los artículos 123 y 124 del Decreto 500/91 y afectó las reglas básicas de todo Estado de Derecho. Indicaron que el canon regulado en el artículo 12 de la Resolución Nº 5089/16 no era un Precio ni una Tasa, sino un Impuesto. Citaron doctrina y jurisprudencia al respecto, y concluyeron que si se entendiera que el tributo creado por el artículo 16 del Decreto 54/012 y regulado por el artículo 12 de la enjuiciada fuera una tasa, ésta sería inconstitucional por no haber respetado el principio de reserva legal y violar los artículos 85.4, 273.3, 275.4 y 297.5 de la Constitución. En definitiva, solicitaron la anulación de los artículos 7 numeral 4 y 12 de la Resolución Nº 5089/016. II) Por Decreto No. 4316/2017 el Tribunal resolvió dar curso a la excepción de inconstitucionalidad opuesta por la accionante, suspendió los procedimientos y remitió las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia (fs. 86). III) Se desarrolló a continuación el proceso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, que culminó con el dictado de la Sentencia No. 1537 de fecha 20 de agosto de 2018, que luce glosada a fs. 176 a 191, que resolvió: “DECLÁRASE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN -ACTIVA- DE LA CÁMARA DE TELECOMUNICACIONES DEL URUGUAY (C.T.U.) Y - PASIVA- DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES. AMPÁRASE PARCIALMENTE LA DEMANDA Y, EN SU MÉRITO, DECLÁRASE INCONSTITUCIONAL E INAPLICABLE A TELEFÓNICA MÓVILES DEL URUGUAY S.A. Y AM WIRELESS URUGUAY S.A. EL ART. 16 LITERAL A) DEL DECRETO DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES Nº 54/2012, DESESTIMÁNDOLA EN LO RESTANTE, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL”. Posteriormente, dicha Corporación dictó la Sentencia No. 2591 de fecha 12 de setiembre de 2018, en cuyo fallo se estableció: “DECLÁRASE QUE SE PADECIÓ ERROR MATERIAL EN LA SENTENCIA Nº 1537 DE 20.VIII.2018 HABIÉNDOSE ESCRITURADO “DECRETO DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES Nº 57/2012”; DONDE DEBIÓ DECIR “DECRETO DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES Nº 54/2012” (fs. 199). IV) A fs. 224, el 8 de noviembre de 2018 compareció la representante de la demandada, contestando la demanda incoada. Opuso, como cuestión formal, la falta de agotamiento de la vía administrativa porque, como no se había presentado la fundamentación del recurso de reposición, éste no se había incoado correctamente al carecer de un elemento esencial para su válida y eficaz interposición. Respecto al numeral 4 del artículo 7 de la Resolución N° 5089/16, se remitió al Considerando III.I de la Sentencia No. 1537/2018 dictada por la Suprema Corte de Justicia. Indicó que la motivación de la Resolución surgía de los antecedentes administrativos, sin perjuicio de la clara finalidad que persiguió la norma al disponer la contratación obligatoria de un seguro de responsabilidad civil, siendo esta la protección de los terceros. Sostuvo que el artículo 12 de la Resolución enjuiciada había reglamentado una Tasa con el fin de financiar el servicio administrativo de inspección y verificación del cumplimiento de los requisitos para el mantenimiento de las estructuras. Agregó que, de conformidad con los arts. 9 y 10 de la Resolución encausada, las tareas de verificación del cumplimiento de los requisitos de mantenimiento de las antenas y estructuras comprendían actuaciones inspectivas, por lo que el importe de la Tasa se había calculado en función de la altura de las estructuras de soporte, ya se requerían distintos equipos y dotación de personal especializado para llevar a cabo las inspecciones según las diferentes alturas. Consideró que la Tasa guardaba una razonable equivalencia con el costo del servicio, como lo establecía el Código Tributario. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. V) El excepcionamiento oportunamente interpuesto se resolvió por interlocutoria No. 521 de fecha 13 de agosto de 2019, que desestimó la cuestión formal de falta de agotamiento de la vía administrativa, declaró que ésta había sido correctamente agotada, y que la acción de nulidad se había interpuesto en plazo (fs. 267 – 268). VI) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra certificada a fs. 271. VII) Alegaron las partes por su orden: la actora a fs. 274 y ss. y la demandada a fs. 285 y ss. VIII) Se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que produjo el Dictamen No. 254/2020 que obra a fs. 293, que se remitió al Dictamen No. 371/019 (fs. 262 - 264) aconsejando amparar la demanda y declarar la falta de legitimación activa de la Cámara de Telecomunicaciones del Uruguay. IX) Se llamó para sentencia, girando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron su dictado en forma legal. CONSIDERANDO : I) En cuanto a los aspectos formales, corresponde remitirse a lo dispuesto por la Sentencia No. 521 de fecha 13 de agosto de 2019, glosada a fs. 267 y 268, por la que se resolvió: “Desestimar la cuestión formal de falta de agotamiento de la vía administrativa planteada por la demandada. Declarar que la vía administrativa respecto del acto administrativo impugnado fue correctamente agotada, y la acción de nulidad interpuesta en plazo. A prueba por el término legal. .” II) Antes de ingresar al análisis de los agravios articulados por la parte actora, la Sala entiende que corresponde analizar el aspecto concerniente a la legitimación causal activa de la Cámara de Telecomunicaciones del Uruguay, en tanto configura un presupuesto relevable de oficio. II.1) Con carácter general se ha señalado que: “Tanto el interés como la legitimación, por su relación con el derecho de fondo (sustancial), deben ser juzgados normalmente al final del proceso, en la sentencia definitiva. Pero lógicamente antes de entrar a la cuestión de fondo. El tribunal, antes de considerar la causa en cuanto al fondo, para juzgar la razón o sinrazón de la demanda, debe analizar si existen estos elementos que son indispensables para entrar a dicho juicio (de mérito). Es decir que si no hay interés o legitimación en la causa no se podrá obtener una sentencia favorable (aunque exista el derecho ). En cambio, si se tiene interés y legitimación, se podrá también perder el juicio por no tener derecho .” (Cf. Enrique Véscovi y colaboradores, “Código General del Proceso”, comentado, anotado y concordado, tomo 1, Editorial Ábaco, Buenos Aires, p. 227 a 228) (el subrayado no está en el original). En lo que concierne específicamente a la estructura procesal por la cual se tramita la pretensión anulatoria, Tarigo ha señalado: “En este proceso contencioso administrativo de anulación, y tal como acontecía en el proceso civil cuando él se regía por el Código del Procedimiento Civil, la legitimación causal es, en todo caso, considerada y decidida recién en la sentencia definitiva, naturalmente sin siquiera entrar a considerar la situación de fondo si considerara que falta la legitimación” (Cf. Enrique Tarigo, “Enfoque procesal del contencioso administrativo de anulación”, 2ª Edición, reimpresión inalterada, octubre de 2004, FCU, p. 30) (el subrayado no está en el original). Conceptualmente, ha sido definida como “ la posición de un sujeto que le permite una providencia eficaz sobre el objeto del proceso . Es decir que es, ante todo , una legitimación , relación entre el sujeto y el objeto jurídico. Luego es en la causa, esto es, en el objeto jurídico que reclama (defiende, etc.) el sujeto. ” (Cf. Enrique Véscovi y colaboradores, “ Código General del Proceso”, comentado, anotado y concordado, tomo 1, op. cit., p. 229) (el subrayado no está en el original). En una línea de razonamiento similar, la Corporación sostuvo que: “La legitimación en la causa surge de hallarse situado en una determinada situación jurídica subjetiva (derecho subjetivo o interés legítimo, el que además debe ser directo y personal ), extremo que es totalmente independiente de la legitimidad o ilegitimidad del acto que se resiste con el accionamiento. La legitimación reclamada para accionar es previa o preexistente a que se determine el arreglo o desarreglo a Derecho del acto administrativo objeto de la acción de nulidad . Dicho en otros términos: no nace como consecuencia de la inobservancia del Derecho por el acto encausado. (…) La situación jurídica que legitima a accionar es un presupuesto del examen de regularidad del acto y existe o no existe antes de que se determine la legitimidad o ilegitimidad del acto, pues justamente, es un presupuesto que habilita examinar la regularidad del acto que se enjuicia. La situación jurídica legitimante del accionamiento no se produce a consecuencia de un obrar administrativo desarreglado a Derecho.” (Sentencia No. 289/2014, citada -entre otras- en Sentencias No. 297/2018, 540/2019 y 100/2020) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Como se explicó en la Sentencia No. 399/2015: “(…) Este requisito sustancial, expresamente exigido en el art. 309 de la Carta, también es puesto de manifiesto en la doctrina española… GARCÍA DE ENTERRÍA destaca: “…De modo que el demandante debe encontrarse en una determinada relación previa con un acto o disposición administrativa que haga legítima la presencia de un determinado sujeto en el concreto proceso en que se impugna ese acto o disposición. Esa relación sujeto objeto en que consiste la legitimación juega, pues, como una condición o presupuesto subjetivo de la admisibilidad de la pretensión, impidiendo, en los casos en que falte, entrar a decidir sobre la cuestión de fondo objeto de la litis ” (Cf. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo en “Curso de Derecho Administrativo”, T. II, Ed. Civitas, Madrid, 1981, p. 532) (…)” (véase también en idéntico sentido, Sentencias No. 479/2018, 540/2019 y 100/2020) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Por otra parte, debe tenerse presente que, como lo expresó en su oportunidad la Comisión de Reforma Constitucional de la Cámara de Representantes, en relación a la redacción del actual artículo 309 de nuestra Carta Magna: “No existe un derecho subjetivo a la legalidad; ni tampoco el sólo interés legítimo a la legalidad, que pertenece a todos los habitantes de la República, es suficiente como legitimación para promover este contencioso. La acción de nulidad no es una acción popular. Por consiguiente, el titular de la acción debe justificar la existencia de un interés directo de inmediata satisfacción personal, fundado en una situación jurídica particular respecto al acto impugnado” (citado por Héctor Giorgi, “ El Contencioso Administrativo de Anulación ”, op. cit., p 188; en la misma línea, Enrique Sayagués Laso, “ Tratado de Derecho Administrativo”, tomo II, 5ª Edición, Octubre de 1988, Clásicos Jurídicos Uruguayos, FCU, pág. 574 y Julio Prat, “ Derecho Administrativo ”, tomo V, volumen III, Editorial Acali, Montevideo, 1982, p. 169) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Pues bien, a partir de la aplicación de estos conceptos se procederá al análisis de la situación jurídica de los accionantes respecto del acto contra el cual contienden. II.2) En lo que concierne a la situación de la CÁMARA DE TELECOMUNICACIONES DEL URUGUAY, la unanimidad de los ministros considera que carece de legitimación causal activa , en tanto no es titular de un interés personal en la acción, tal como lo exige el art. 309 de la Constitución. Para una correcta dilucidación de la presente litis, conviene recordar las enseñanzas de Giorgi: “El interés legítimo debe caracterizarse, además, por ser personal y directo. Interés personal significa interés que atañe a personas determinadas, es decir, interés vinculado a situaciones jurídicas subjetivas o particulares, no impersonales ni generales . Corresponde señalar que el interés personal no implica un interés exclusivo de una persona, sino un interés relativo a situaciones jurídicas particulares a las cuales pueden estar ligados los intereses de varias personas. El interés concurrente de varios sujetos de derecho en la impugnación de un acto administrativo no excluye la subjetividad de las situaciones en que cada uno de ellos se halle colocado respecto del acto administrativo. Interés directo significa interés inmediato, no eventual ni futuro. La existencia de un interés directo implica que el particular se encuentra en una situación jurídica definida y actual con relación a la Administración. La jurisprudencia francesa ha objetivado, en parte, el contencioso anulatorio, admitiendo que las asociaciones y sindicatos pueden recurrir de actos administrativos -en ejercicio de la llamada acción corporativa- en defensa de un interés gremial o profesional colectivo . Allí no encontramos un interés propio de la entidad gremial o de la asociación. Estas actúan para proteger intereses de sus miembros o del gremio, no de la entidad u organización en cuanto tal.” (Cf. Héctor Giorgi, “El Contencioso Administrativo de Anulación ”, Montevideo, 1958, p. 188 a 189) (Sentencias Nos. 823/2011, 324/2012, 405/2013, y 600/2015, entre otras). Resulta evidente que la Resolución atacada atañe directamente a la esfera jurídica particular de los operadores de servicios de telecomunicación involucrados, y tan solo indirectamente puede hablarse de un interés colectivo involucrado susceptible de ser tutelado por el accionar de la cámara demandante. En un caso de similares características al ventilado en autos, la Corporación expresó que: “En lo concreto, la promotora es una cámara empresarial que agrupa a algunas empresas transportistas, y como resulta evidente, el interés eventualmente afectado por el cuestionado será, en tal caso, el de sus afiliadas, pero no el atinente a su esfera jurídica personal. En otras palabras, el interés invocado no tiene la nota de ser personal, como lo reclama la normativa constitucional y legal que disciplina la acción anulatoria ante este órgano jurisdiccional.- Debe de verse, que el Tribunal tiene reiteradamente admitido, en casos análogos al de obrados, donde entidades -en especial patronales- invocaron intereses de sus afiliados para impugnar actos que afectaban a éstos, ha concluido que carecen de una condición indispensable para acceder a una sentencia de mérito (fondo) sobre la controversia planteada.- En tal sentido, y a vía de ejemplo, corresponde recordar los fundamentos consignados en la Sentencia No. 110/2012, por la que se desestimara la demanda por falta de legitimación de la cámara empresarial actora (la Cámara de Telecomunicaciones del Uruguay), que pretendía la declaración de nulidad de un decreto que regulaba aspectos vinculados al llamado “Plan CARDALES”, expresándose en esa ocasión:“…su interés es de carácter simple, mientras que el interés habilitante de la presente acción (interés directo y personal) radicaría en realidad en sus miembros, que son los que podrían considerarse lesionados. (…) Y, en ese sentido, se destaca la posición de Tarigo quien observó ‘que un interés sea directo significa tanto como exigir que sea existente, inmediato no eventual o futuro; que sea personal significa que atañe a una o más personas determinadas, por contraposición a intereses impersonales o generales’ (Tarigo, Enrique: Enfoque Procesal del Contencioso Administrativo de Anulación, FCU, Montevideo, 1999, pág 30). Por su parte, Sayagués Laso al referirse a la temática que nos convoca, dice: ‘no se quiso consagrar una acción popular, y al exigir un interés personal y directo, se excluyó la acción de las entidades colectivas cuando invoquen el interés de sus integrantes o afiliados’ (SAYAGUÉS Laso, Enrique: ‘Tratado de Derecho Administrativo’, Montevideo, 1952, pág. 187). (…) No se puede desconocer que una Asociación eventualmente puede encuadrar en la situación jurídica subjetiva reclamada por el texto constitucional en el art. 309 de la Constitución de la República. Pero en el caso, es claro que la libertad de competencia y desarrollo de las telecomunicaciones refiere al interés propio de cada operador en el ramo, en clara desatención al carácter personal del interés que nuestro constituyente reclama.-“(en el mismo sentido, véase la Sentencia No. 324/2012, que involucraba a la misma entidad empresarial).-” (Cfme. Sentencia No. 39/2014). En el caso, la invocación realizada por la persona colectiva compareciente, relativa a la defensa de los derechos e intereses de las Prestadoras de Servicios de Telefonía Móvil, no la legitima porque los actos administrativos no son susceptibles de afectarla como tal, sino eventualmente, a través de la lesión o derechos o intereses personales y directos de sus miembros. En definitiva, se advierte que la organización empresarial compareciente carece de legitimación ad causam , y faltando un presupuesto de admisibilidad de la acción de nulidad, corresponde el rechazo de la demanda a su respecto. III) En cuanto al fondo, el Tribunal, por unanimidad y apartándose de lo dictaminado por la Procuraduría del Estado, se pronunciará por el acogimiento parcial de la demanda incoada, en mérito a las consideraciones que se pasan a exponer. III.1) Es de verse que la actora, en su libelo introductorio, se agravió concretamente de las siguientes disposiciones de la Resolución Nº 5089/016 resistida: Artículo 7 Gestión de Permiso de Instalación. Expedida la viabilidad urbanística de emplazamiento de instalación de estructura de soporte y antena, se deberá formalizar la Gestión de Permiso de instalación, la cual deberá contener: (...) 4) Contratación de un seguro de responsabilidad civil, que cubra posibles daños y perjuicios a terceros, personas o bienes, dentro del radio de acción de eventual accidente por caída de la estructura, así como posibles afectaciones sanitarias o de otra índole, estas cuando su emplazamiento lo requiera. Dicho seguro se constituirá conforme a lo establecido por la Ordenanza y en base a los requerimientos y tipos de cada una de las instalaciones en forma específica, o mediante una cobertura genérica con el mismo alcance. Quedan exentos de la obligación de contratar el seguro, los Entes comerciales y/o industriales del Estado comprendidos en el Artículo 221 de la Constitución de la República”. Y Artículo 12 Pago de Derechos. Al inicio de la gestión, la delegada Departamental con competencia en el lugar en dónde se pretenda instalar la antena, procederá a realizar la liquidación por concepto de pago de Derechos por la inscripción y verificación del cumplimiento de lo requerido para el mantenimiento de las estructuras, en un único pago correspondiente al plazo de vigencia de autorización, que se liquidará acorde al listado de “Tarifas y Precios” que la Intendencia ajusta semestralmente de la siguiente forma: (…)” III.2) En cuanto al artículo 7 numeral 4 de la Resolución impugnada, considera el Tribunal que no le asiste razón a los accionantes, por no ser contrario a derecho, y no lesionar los principios de igualdad, libertad de empresa y libre competencia, como fuera alegado. Esta disposición estableció como requisito para la gestión del permiso de instalación, la contratación de un seguro de responsabilidad civil y la exención de tal requisito para los Entes comerciales y/o industriales del Estado comprendidos en el art. 221 de la Constitución. En efecto, se previeron distintas exigencias para sujetos de derecho diferentes, por lo que no se puede tildar de arbitraria ni de falta de razón la solución adoptada por la norma. Y ello es así porque, por un lado, nos encontramos frente a sujetos de derecho privado (las prestadoras de servicios móviles) y, por otro, frente a un Ente Comercial del Estado, con las notorias diferencias que esto conlleva en materia de eventuales accionamientos por daños y perjuicios que se causaran y se debieran reparar. Cabe consignar que los actores no aportaron prueba alguna conducente a acreditar sus afirmaciones respecto a la lesión a su libertad de contratar ni tampoco de los perjuicios económicos ante una eventual competencia que esgrimieron. A su vez, el artículo 7 numeral 4 de la Resolución Nº 5089/016 reprodujo en forma idéntica lo estipulado en el artículo 14 Requisitos de autorización del Decreto de la Junta Departamental Nº 54/012 (fs. 109 de los A.A.) y la actora esgrimió los mismos agravios en los que sustentó la excepción de inconstitucionalidad de la norma (numerales 3.5 y 4.2 de su demanda). Al respecto, la Suprema Corte de Justicia en la Sentencia No. 1537/2018 al analizar la constitucionalidad del art. 14 literal b) del Decreto Nº 54/012 sostuvo: “En relación a este artículo, la Corporación no comparte la existencia de las transgresiones constitucionales denunciadas. (...) En el caso de la disposición normativa impugnada, no se verifica ninguna vulneración del principio de igualdad constitucional. Ello, porque mal podría considerarse vulnerado tal principio cuando la delimitación de quiénes se encuentran excluidos de la ley alcanza a todos aquellos comprendidos en igual situación (entes industriales o comerciales del Estado comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la República) y no se establecen distinciones, ni diversos tratamientos entre ellos. El hecho de que el legislador no haya impuesto el deber de contratar seguros comerciales a los Entes del Estado responde a la máxima de que el Estado se presume solvente, no así las empresas privadas como las promotoras.” (fs. 183 y 184). En consecuencia, esta norma con fuerza de ley, que específicamente exigió el seguro civil a las prestadoras y eximió de la obligación a los entes comerciales e industriales del Estado, se encuentra vigente, no fue declarada inconstitucional en el caso concreto, y resulta plenamente aplicable a las actoras. Por ende, en tanto el acto administrado impugnado reproduce dicha norma legal, no puede ser calificado de ilegítimo. III.3) A distinta conclusión se llega respecto del artículo 12 de la Resolución Nº 5089/016. La disposición estableció el “Pago de Derechos” a cargo de las prestadoras de servicios de telefonía móvil y se sustentó en lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto de la Junta Departamental Nº 54/012. El referido artículo 16 del Decreto Departamental bajo el nomen iuris “Cánones” dispuso: “Facúltase a la Intendencia de Canelones a efectuar el cobro de los cánones que entienda correspondientes referidos a: a) Inscripción y verificación del cumplimiento de lo requerido para el mantenimiento de las estructuras; en un único pago al efectuarse la inscripción” (fs. 110 de los A.A.). Sometida esta última norma a examen de constitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia en la ya citada Sentencia No. 1537/2018 entendió que: “… este precepto colide con la Constitución de la República. Como bien lo señalan las recurrentes a fs. 61 vuelto a 62 vuelto de su libelo pretensivo, el órgano legislativo departamental delegó facultades que le son propias y no está facultado a delegar en el Intendente Departamental (ejecutivo departamental). Delegó, nada más y nada menos, que la estructura de un tributo. Esto resulta particularmente grave, sobre todo, porque dejó en manos del ejecutivo departamental la fijación de un elemento esencial: la base de cálculo. Este aspecto debe ser, necesariamente, establecido por vía legal. Los órganos con facultades legislativas no pueden -en nuestro sistema constitucional- delegar esa facultad privativa en los órganos con competencia ejecutiva (Poder Ejecutivo en el ámbito nacional o Intendente Departamental en el ámbito departamental) (Cfme. Sentencia de la S.C.J. del 30 de diciembre de 1955 en LJU, T. 38, Caso 4892, págs. 264/271). El precepto vulnera el principio de legalidad tributaria, recepcionado en los arts. 85 numeral 4º, 273 Numeral 3º, 274 Num. 4º y 297 Num. 5º de la Constitución de la República.”. Continuó afirmando que “El ingreso público al que refiere el art. 16 literal a) del Decreto Departamental Nº 54/012 no es un precio sino un tributo” (fs. 186 y vta.), y lo declaró inconstitucional e inaplicable a Telefónica Móviles del Uruguay S.A. y AM Wireless Uruguay S.A. (fs. 191). En similar orientación, en referencia a la delegación de competencias constitucionalmente establecidas, y trasladable al caso, en Sentencia No. 438/1998 este Tribunal sostuvo: “…los órganos legislativos, tanto a nivel nacional como departamental, no pueden abdicar de sus potestades “por medio de delegaciones de competencia inadmisible en nuestro derecho constitucional” (Valdés Costa, Instituciones...p. 254). La doctrina más autorizada es unánime en cuanto a que en ausencia de disposición constitucional expresa, la delegación es improcedente, fundándose en el principio de que los órganos estatales están en el deber de ejercer las funciones que la Constitución les adjudica (Valdés Costa, Curso de Derecho Tributario, 2ª Ed. 1996, pág. 231). Es la norma legislativa en sentido formal (ley nacional o decreto departamental con fuerza de ley en su jurisdicción) la que debe establecer todos los elementos que influyen en la existencia y cuantía de la obligación tributaria”. Entiende el Cuerpo que a partir de tales entendimientos, la norma administrativa impugnada es ilegítima y corresponde su anulación. III.4) Los actores cuestionaron la ausencia de motivación del acto impugnado. No se comparte su temperamento. Corresponde anotar que, la resolución enjuiciada fue el corolario de la “Propuesta Modificativa de la Ordenanza de Instalación de Antenas de Comunicaciones” (fs. 3 a 7 A.A.), de la “ Propuesta Modificativa de la Reglamentación de la Ordenanza de Instalación de Antenas de Comunicaciones” (fs. 8 a 12 A.A.) y del proceso originado en abril de 2010 “tendiente a conciliar las voluntades de la Intendencia Municipal de Canelones en conjunto con la Cámara de Telecomunicaciones y los operadores de las distintas emisoras de telefonía móvil para la modificación de la Ordenanza y Reglamentación de instalaciones de antenas de comunicaciones, ...” remitiendo los obrados al Director General de la Comuna con el fin de “considerar el envío de obrados para evaluación del Cuerpo Legislativo” (fs. 13 A.A.). Cabe consignar que por Resolución Nº 2331/10 el Intendente de Canelones remitió, con fecha 4 de mayo de 2010, las actuaciones a la Junta Departamental y solicitó anuencia para modificar la “Ordenanza de Instalación de Antenas de Comunicaciones” (fs. 17 A.A.). A su vez, con fecha 23 de noviembre de 2015 La Junta Departamental de Canelones aprobó por Decreto Nº 54 “la Ordenanza de Instalación de Antenas de Comunicaciones” (fs. 104 a 113 A.A.). En enero de 2013 la Intendencia de Canelones inició el proceso de redacción de la reglamentación referida a la Ordenanza de Antenas con la participación e informes de diversas áreas de la Comuna (fs. 137 y ss. A.A.), proyectó la propuesta de Reglamentación (fs. 171 y ss. A.A.), la Cámara de Telecomunicaciones realizó comentarios y propuestas (fs. 192 a 210 A.A.) que fueron analizadas (fs. 188 a 190 A.A.) y, finalmente, se dictó la Resolución Nº 5089/016 impugnada. Las actuaciones que vienen de referirse constituyen el proceso de formación del acto, y, al decir de MARIENHOFF en tesitura admitida por la Corporación, se erigen en motivación suficiente del acto administrativo. En tal sentido, ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia del Tribunal en la materia que la fundamentación del acto puede y debe surgir del acto mismo o de sus antecedentes. Como enseña MARIENHOFF, la motivación del acto administrativo -aunque ella fuere obligatoria- puede resultar acreditada en cualquiera de los dos momentos que integran o pueden integrar la “forma” del acto; en el proceso de “formación” o en el de “expresión” de la voluntad de la Administración Pública. Es decir, la motivación puede ser concomitante o contemporánea con la expresión de dicha voluntad o anterior a tal expresión, apareciendo en este último caso en el proceso de formación de la voluntad administrativa; en dos palabras: motivación idónea y eficaz requiere que ella sea “suficiente” para apreciar con exactitud los motivos determinados del acto (cf. MARIENHOFF, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, págs. 330-332; en la jurisprudencia del Tribunal véanse, entre muchas otras, las Sentencias No. 881/2010, 374/2011, 325/2012, 312/2013 y 539/2016). Así, cabe concluir que la motivación del acto administrativo encausado resulta suficiente, por lo que no puede prosperar el agravio de los accionantes. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, FALLA : Declárase la ausencia de legitimación causal activa de la CÁMARA DE TELECOMUNICACIONES DEL URUGUAY y, en su mérito, desestímase la demanda anulatoria promovida por ésta. Ampárase parcialmente la pretensión anulatoria incoada y, en su mérito, declárase la nulidad del artículo 12 de la Resolución Nº 5089/016 Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo (r.), Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).