Sentencia Definitiva N° 311/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 3 de agosto de 2021. No. 311 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “DOS SANTOS MAIDANA, CARLOS ANDRÉS con ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE COMBUSTIBLES, ALCOHOL Y PORTLAND. Acción de nulidad” (Ficha No. 586/2018). RESULTANDO : I) Con fecha 21 de setiembre de 2018 compareció la parte actora y dedujo pretensión anulatoria en contra de la Resolución de la Gerencia de Mantenimiento de ANCAP de 14 de noviembre de 2017, mediante la cual, en el marco del proceso selectivo interno para proveer un cargo de Supervisor Mantenimiento Refinería -perfil Mecánica- (EI - No. 14): i) se aprobó el fallo del tribunal examinador; ii) se designó para el cargo a la funcionaria María Elena CASURIAGA; iii) se conformó una lista de prelación, por el término de dieciocho meses, con los funcionarios DOS SANTOS MAIDANA Y BENITEZ CURBELO (fs. 20 vto. A.A.). En lo medular de su embate, el promotor en los presentes sostuvo que la actuación de la Administración fue desviada y antijurídica, pues: i) se detectaron errores en la corrección de la prueba del concurso; ii) la prueba psicotécnica no fue realizada por el mismo profesional en todos los casos; iii) se desconocieron los fundamentos de la corrección de la prueba escrita, evaluación psicológica y puntaje del tribunal, los que no constan en el expediente del concurso; iv) se han ocultado las actuaciones; v) el tribunal asignó a la ganadora un puntaje superior aun cuando ésta no presentó su currículum. Manifestó, así, que los extremos expuestos fundamentan por sí solos la actuación antijurídica del tribunal de concurso. Seguidamente, aludió a que se desconocen los fundamentos que llevaron a la demandada a adoptar la resolución impugnada: extremo que evidencia la oscuridad que pautó el proceder del trámite y determina la ausencia de una adecuada motivación de la resolución atacada. Además, como corolario de lo anterior, postuló que la actuación del tribunal violó el principio de buena administración. En suma, por estos argumentos, solicitó el amparo de la demanda y la consecuente anulación del acto impugnado (fs. 2 a 7). II) Corrido el traslado de precepto comparecieron, en representación de ANCAP, las Dras. Alicia Tabárez y Charon Robles, quienes contestaron la demanda impetrada de forma contradictoria y bregaron por la solución confirmatoria de la volición en causa. En lo central de sus defensas, luego de relatar que la interposición de los recursos por parte del Sr. DOS SANTOS suscitó una nueva corrección de la prueba escrita (que arrojó el mismo resultado que la primera), sostuvieron que la demanda no individualizó de forma concreta cuál fue la situación jurídica subjetiva lesionada por el acto administrativo impugnado, extremo que, a su entender, redunda en la inexistencia de una causal de ilegitimidad que habilite el amparo del reclamo anulatorio impetrado. Sin perjuicio de lo cual, destacaron que: i) la corrección fue correctamente realizada; ii) las actuaciones y criterios del tribunal fueron conocidos por todos los participantes; iii) la realización de la prueba psicotécnica por diferentes profesionales obedeció a criterios de organización y aleatoriedad previamente establecidos. Sobre el primero de los aspectos anotados, indicaron que la prueba se corrigió de conformidad con los criterios de puntuación previamente establecidos por el tribunal evaluador. Al respecto, marcaron y remarcaron que luego de realizada dicha prueba, a solicitud de los concursantes, se procedió a realizar una reunión, con noticia del área de Recursos Humanos, donde estuvieron presentes los integrantes del tribunal evaluador. De ese modo, entendieron que resulta contradictorio que el actor sostenga que no tuvo acceso a la prueba realizada, cuando, en realidad, recibió las explicaciones que entendió pertinentes de los profesionales que corrigieron su prueba. En cuanto al alegado sigilo y oscuridad de las actuaciones, manifestaron que surge del desarrollo del concurso que siempre existió una comunicación permanente con los participantes. A ello, agregaron que cuando el Sr. DOS SANTOS compareció ante la Gerencia de Servicios Jurídicos de ANCAP a efectos de solicitar acceso a las actuaciones del expediente No. 241917/23, en el cual se tramitaron los recursos de revocación y jerárquico por él interpuestos, se accedió a la solicitud sin reparos, concediéndose vista de lo actuado hasta esta instancia. A partir de ello, concluyeron que la parte actora realiza una apreciación personal que difiere con lo acontecido en los hechos, tanto en el ámbito del concurso como en lo que refiere al trámite posterior en sede recursiva. Seguidamente, con apoyo en citas jurisprudenciales, indicaron que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no puede ingresar a valorar el contenido técnico de las pruebas de un concurso, pues el tribunal evaluador “es independiente y soberano” en dicha tarea. En tercer lugar, señalaron que la realización de la prueba psicotécnica por diferentes profesionales obedeció a criterios de organización y aleatoriedad previamente establecidos, que garantizaron, precisamente, la objetividad y transparencia de los resultados, con independencia de la persona encargada de realizar la tarea de evaluación en cada caso específico. Por último, con respecto a la entrevista con el tribunal evaluador, apuntaron que la agregación del currículum no era obligatoria ni determinaba consecuencia negativa alguna sobre los participantes. No obstante, precisaron que la ganadora del concurso no fue la que obtuvo el mayor puntaje en la entrevista con el tribunal: consideración que pone de relieve, en todo caso, la escasa trascendencia del vicio alegado en la demanda. En definitiva, bajo estas premisas, solicitaron la desestimatoria de la demanda y la confirmación del acto en proceso (fs. 14 a 22 vto.). III) Abierto el juicio a prueba por Decreto No. 9138/2018 (fs. 24), las partes produjeron la que obra agregada y certificada a fs. 61 IV) Las partes alegaron por su orden, haciéndolo la actora en el escrito que corre de fs. 64 a 65 vto., y la demandada en el que luce de fs. 68 a 73 vto. V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, mediante Dictamen No. 433/2020, aconsejó no hacer lugar a la demanda y confirmar el acto resistido (fs. 91). VI) Por auto No. 6806/2020 (fs. 93) se citó para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma, previo estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) Desde el punto de vista formal se han cumplido adecuadamente los requisitos exigidos por las normas respectivas para habilitar el presente accionamiento anulatorio (art. 309 de la Constitución). II) Encuadre de la quaestio. II.I) La resolución resistida fue el corolario del proceso selectivo interno para la provisión de cargos de Supervisor Mantenimiento Refinería, perfil Mecánica, en la Gerencia de Mantenimiento e Ingeniería de ANCAP, convocado con fecha 9 de mayo de 2017 (fs.1 A.A.). En este contexto procedimental, luego de aprobadas y publicadas las bases del llamado, (fs. 1 vto. y ss. A.A.), de designarse el tribunal examinador (fs. 12 A.A.), y de llevarse a cabo las instancias de evaluación (prueba escrita, fs. 16 A.A.; evaluación psicolaboral, fs. 17 vto. A.A.; entrevista personal, fs. 18 A.A.), el tribunal de concurso asignó la primera posición a la funcionaria María Elena CASURIAGA SANTANDREU. Posteriormente, la Gerencia de Mantenimiento, por la resolución atacada: i) aprobó el fallo del tribunal examinador; ii) designó para el cargo a la funcionaria María Elena CASURIAGA; iii) conformó una lista de prelación, por el término de dieciocho meses, con los funcionarios DOS SANTOS MAIDANA Y BENITEZ CURBELO (fs. 20 vto. A.A.). II.II) De acuerdo a lo reseñado en el capítulo I) de los Resultando, al que cabe remitir en honor a la brevedad, la parte actora, Sr. DOS SANTOS MAIDANA, se agravió, sustancialmente, por entender que: i) se detectaron errores en la corrección de la prueba del concurso; ii) la prueba psicotécnica no fue realizada por el mismo profesional en todos los casos; iii) se desconocieron los fundamentos de la corrección de la prueba escrita, evaluación psicológica y puntaje del tribunal, los que no constan en el expediente del concurso; iv) se han ocultado las actuaciones; v) el tribunal asignó a la ganadora un puntaje superior aun cuando ésta no presentó su currículum. II.III) La demandada, por su parte, defendió la legitimidad de lo actuado, y centró sus defensas en las siguientes consideraciones: i) la genericidad del planteo articulado en la demanda impide un pronunciamiento sobre el fondo; ii) la corrección de las pruebas fue correctamente realizada; iii) las actuaciones y criterios del tribunal fueron conocidos por todos los participantes; iv) la realización de la prueba psicotécnica por diferentes profesionales obedeció a criterios de organización y aleatoriedad previamente establecidos. III) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes naturales, de consuno con lo aconsejado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, procederá a desestimar la demanda y a confirmar el acto objeto de impugnación. IV) Legitimidad de la resolución en causa. IV.I) En primer término, resulta menester precisar que el relato ofrecido en la demanda no expuso con “claridad y precisión ”, como demanda la normativa vigente, los “… hechos y actos en que se funda el pedido de anulación, “…y la norma o normas que se consideren vulneradas o los extremos que se estimen configurativos de desviación, abuso o exceso de poder .” (nums. 5° y 6° del art. 59 del Decreto Ley No. 15.524). La demanda no cumplió con la recuesta normativa, pues se limitó a exponer genéricamente una serie de causales de nulidad sin una adecuada circunscripción a los hechos concretos y a la normativa presuntamente infringida. Véase, por ejemplo, que el actor no individualizó por qué en la prueba de conocimiento debió obtener un puntaje mayor, ni tampoco dónde o en qué aspecto el tribunal incurrió en error al corregirla. Esa carga se halla reforzada en hipótesis como en la de obrados, en la que se cuestionan criterios técnicos vinculados a los saberes de una ciencia específica, en las que, salvo el caso extremo de ilegalidad o desviación de poder debidamente probadas, el juicio de un tribunal calificador no puede ser revisado, por tratarse de una tarea específica que le fuera encomendada en vista de su aptitud especial para calificar ciertas cuestiones de clara índole técnica, a cuyo respecto debe considerársele “soberano” (CAGNONI, Aníbal. Cuadernos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales No. 22, p. 169). En idéntico sentido, el Tribunal ha expresado que “ Se debe tener en cuenta que, en una materia como la que nos ocupa, es pacífica la posición de que, en principio, no corresponde juzgar los criterios técnicos de evaluación, que se centra en el ámbito de la discrecionalidad propia del órgano evaluador. Tarea que excede las potestades jurisdiccionales, en cuanto se está ejerciendo tareas que son propias del actuar de la Administración, lo que sólo resulta revisable en caso de que se compruebe la existencia contraria a una regla de derecho, o bien exista vicio de procedimiento, exceso, abuso o desviación de poder ” (Sentencia No. 374/2011). Similares conclusiones merecen los agravios fincados en la falta de debida fundamentación y apartamiento del principio de buena administración, en tanto no se individualizaron los extremos configurativos de dichas causales de nulidad. En relación con lo anterior, y en términos replicables al proceso contencioso administrativo de anulación, se ha dicho que: “ El Ordenamiento Procesal vigente (art. 117 núm. 4) CGP), se afilia -como el anterior - a la teoría de la sustanciación, lo que significa que la demanda debe contener una relación circunstanciada de los hechos que originan el derecho que se alega, la que resulta necesaria para fundamentar el petitum. El objeto de la pretensión y el del proceso estará constituido no solo por la relación jurídica, sino, también, por los fundamentos de hecho y de derecho que determinan la deducción de dicha pretensión y el petitorio al juzgador La pretensión procesal debe exponer de manera explícita los hechos relevantes de los cuales el actor intenta extraer determinadas consecuencias jurídicas favorables a su interés, de conformidad con el aforismo da mihi factum, dabo tibi ius (…) La causa petendi debe hallarse en los propios términos del relato, en virtud del principio dispositivo y su aplicación en el ámbito relativo al material fáctico. Este límite ha de respetarse por el acto culminante del proceso, la sentencia, so pena de incurrir en vicio de incongruencia (arts. 1º y 198 CGP)” (KLETT, S., “Proceso Ordinario en el Código General del Proceso”, Tomo I, 2ª Ed. Actualizada, F.C.U., Montevideo, 2016, ps. 271- 272). Por ello, el actor no puede pretender que el Tribunal haga las veces de parte y anule un acto administrativo, expresando, para ello, razones o motivos que no se pusieron de manifiesto en la demanda por el único interesado. De lo contrario, se estaría violando directamente el principio dispositivo e, indirectamente, afectando el derecho de defensa de la demandada, que no cuenta con todos los elementos de juicio para oponerse a la pretensión anulatoria deducida. IV.II) Sin perjuicio de lo cual, para la Corporación, lo esbozado por el promotor no resulta suficiente para amparar el reclamo impetrado. Así, ha quedado probado que el procedimiento de concurso respetó las garantías de los funcionarios participantes. Tal aserto encuentra respaldo en que la corrección de la prueba de conocimiento fue anónima (fs. 16 vto. A.A.) y en que los concursantes contaron con una instancia oral de revisión de la corrección, en la que pudieron despejar sus dudas e interrogantes sobre los criterios seguidos por el tribunal evaluador (fs. 55 vto. y 56). Del mismo modo, no puede soslayarse que, frente a los reclamos, el tribunal de concurso realizó una segunda corrección, y mediante un profundo análisis de las “respuestas esperadas” y las “respuestas brindadas” arribó a resultados similares a los arrojados por la primigenia corrección (fs. 31 y ss. A.A.). Estos extremos, aunados a la instancia de vista concedida en sede recursiva, echan por tierra las afirmaciones de la demanda relacionadas con la aparente “oscuridad” del procedimiento, y refrendan la adecuada conjugación de las garantías en éste involucradas. Como decía el Tribunal ante un reclamo similar: “Corresponde consignar que ante el planteo de falta de acceso a la documentación por parte de la actora, la Comisión decidió otorgarle vista (fs. 159, A.A.) y ésta tuvo su oportunidad de presentar la ampliación de su fundamentación recursiva (fs. 163 a 164, A.A.). En virtud de lo consignado, no se aprecia en modo alguno la efectiva existencia de la infracción al principio de transparencia y al derecho a controlar los actos ni tampoco la verificación de un vicio de forma que efectivamente provocara un estado de indefensión en la demandante. Por lo expuesto, el alegado vicio de forma habrá de ser rechazado.” (Sentencia No. 50/2018) IV.III) Despejado lo anterior, el Cuerpo estima que tampoco asiste razón al actor en cuanto a que la no presentación del currículo de la Sra. CASURIAGA en la instancia de entrevista constituya un vicio invalidante de la actuación del tribunal examinador. En lo que a ello respecta, las bases del llamado establecieron que: “Los postulantes deberán entregar currículo, en caso de no presentarlo no se podrán puntuar algunos ítems de la entrevista” (fs. 2 A.A.). Pues bien. En la emergencia, la no presentación del currículo por parte de la Sra. CASURIAGA pudo haber influido negativamente en su propia entrevista, que conforme surge de los antecedentes fue calificada con un puntaje de 12 (igual al asignado al actor, fs. 18 A.A.). Sin embargo, ello no supone ni implica que la falta de presentación de currículo se haya evaluado, como parece aseverar la demanda, positivamente. Asimismo, no fue afirmado ni consta en los antecedentes que alguno de los participantes hubiera presentado el mentado currículo: circunstancia que abona a la conclusión de que no existen pruebas en torno a una valoración desigualitaria de los concursantes. En mérito a ello, el agravio sobre el punto merece ser desestimado. IV.IV) Finalmente, sobre los criterios seguidos por el tribunal examinador para calificar la prueba psicolaboral, cabe tener presente lo informado por la Gerencia de Recursos Humanos a fs. 48, en particular en cuanto a que la aplicación a todos los concursantes de la misma metodología y parámetros trae aparejado que los resultados no puedan variar más allá de quienes sean los profesionales que los emplean. Si bien esta explicación es posterior al dictado del acto y tampoco aclara pautas concretas que se hayan considerado en la evaluación del concurso en cuestión, para la Corporación no puede sostenerse que haya existido un vicio en esta etapa del procedimiento, pasible de inficionar el resultado que se impugna. Y ello es así porque no consta colisión alguna con las bases del llamado, que en el punto solo previeron los puntajes mínimos y máximos para la prueba (fs. 2 A.A). Por otra parte, el puntaje obtenido por el actor (14) y el adjudicado a la ganadora (17), en un total posible de 20 puntos, no evidencia en absoluto una irrazonabilidad que pueda teñir de ilicitud el resultado. En tal sentido, ha sostenido el Tribunal “Y resulta de las bases glosadas en el AA qu, no se exigía consignar otra cosa que el puntaje que correspondía al concursante, y no, además, explicitar los motivos de por qué se había llegado a tal número. Entonces, las decisiones de los Tribunales de concurso son discrecionales en la medida que se ajusten a las bases del llamado, y, en la especie, no se verifica apartamiento alguno que amerite recibir la pretensión del actor, máxime cuando éste conocía cuáles eran las reglas de juego.” (Cfme. Sentencias No. 388/13 y 77/17). O en otras palabras: “Debe de verse, asimismo, que de las Bases surge que no se exigía consignar otra cosa que el puntaje que correspondía al concursante y no, además, explicitar los motivos de por qué se había llegado a tal número. Las decisiones de los Tribunales de concurso son discrecionales en la medida que se ajusten a las bases del llamado y, en la especie, no se verifica apartamiento alguno que amerite recibir la pretensión de la actora. (…) Esto era de conocimientos de los postulantes y como ya se ha dicho, no se presentaron observaciones a las Bases, por lo que, en definitiva, todos los concursantes incluida la actora, conocían cuáles eran las reglas de juego y las aceptaron.” (Cfe. Sentencia No. 116/18) V) Para el Tribunal, consecuentemente, ningún reproche merece el obrar de la Administración, que en todas las instancias del concurso actuó con estricto apego a las pautas sentadas en las bases del llamado y a los principios que pautan el procedimiento administrativo. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímase la demanda incoada y, en su mérito confírmase el acto impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dr. Simón. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).