Sentencia Definitiva N° 307/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 29 de julio de 2021. No. 307 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “GUBITOSI MOYA, EMMA ÁNGELA con BANCO DE PREVISIÓ N SOCIAL. Acción de nulidad” (Ficha No. 316/2019). RESULTANDO : I) A fs. 11 compareció Emma Ángela GUBITOSI MOYA, a demandar la nulidad de la Resolución de la Gerencia de Prestaciones Económicas No. DP98/2018 de fecha 4 de julio de 2018, en virtud de la cual se deniega su solicitud de jubilación por no cumplir con los extremos exigidos por la causal. Afirmó que la resolución es violatoria de lo dispuesto en el art. 63 del Acto Institucional No. 9 y del artículo 77 de la Ley No. 16.713. Indicó que en su Historia Laboral y en lo que refiere a los servicios cumplidos para la Asociación Española Primera de Socorros Mutuos desde el 6 de abril de 1981 al 6 de setiembre de 1988, el vínculo funcional es el número de código 12, el cual corresponde a empleado. Manifestó que correspondía en consecuencia que el Ente dem andado reconociera los mismos, independientemente de que exista o no acreditación de las retribuciones. Destacó que ante la ausencia de información sobre las asignaciones computables o la omisión de la empleadora de efectuar los aportes correspondientes, la Administración debió acreditar el mismo a través de prueba testimonial. El criterio aplicado por el BPS vulnera el principio de igualdad consagrado en la Constitución de la República. En definitiva, solicitó la nulidad del acto impugnado. II) Conferido el correspondiente traslado, compareció a fs. 23 Valeria VIDART NIETO, en representación del Banco de Previsión Social, a contestar la demanda. Afirmó que conforme se expidió la Asesoría Letrada del Organismo, no existen elementos que permitan r evertir la denegatoria recaída. Entendió contradictorio que durante el transcurso del tiempo en que estuvo vinculada a la Asociación Española (más de 7 años) no hubiera percibido remuneración. Indicó que de sus propios dichos surge que durante ese períod o, percibió remuneraciones en forma irregular a través de otros médicos que tenían la calidad de efectivos y al no mediar una denuncia concreta por parte de la interesada, el BPS no tiene elementos que le permitan comprobar dichas circunstancias. Asimismo, consignó que la no existencia de aportación contemporánea determina que deba analizarse la prueba de servicios con mayor rigor, so pena de otorgar una prestación sin causal habilitante, con el consiguiente perjuicio para la sociedad toda. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. III) Abierto el juicio a prueba (fs. 27) se produjo la que luce certificada a fs. 60. IV) Alegaron de bien probado las partes por su orden (fs. 63-67 y 69-71). V) Conferida vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, aconsejó por D ictamen No. 554/2020 la confirmación del acto impugnado. VI) Se dispuso el pase a estudio y se citó a las partes para sentencia definitiva, la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) En cuanto al aspecto formal, se han cumplido con los requisitos habilitantes exigidos por la normativa vigente para el correcto accionamiento de nulidad (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y arts. 4 y 9 Ley No. 15.869). II) La pretensión anulatoria se dirige contra la Resolución de la Gerencia de Prestaciones Económicas No. DP98/2018 del Banco de Previsión Social, de fecha 4 de julio de 2018, en virtud de la cual se deniega su solicitud de jubilación por no cum plir con los extremos exigidos por la causal (AA fs. 23). III) El Tribunal, por unanimidad, compartiendo lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el rechazo de la demanda. La negativa del Org anismo demandado se funda en el no reconocimiento de los servicios que denunciara la actora como prestadora para la Asociación Española Primera de Socorros Mutuos, por el período comprendido entre el 6 de abril de 1981 y el 6 de setiembre de 1988. Surge de la consulta de servicios agregada a fs. 4 de los antecedentes, que durante dicho período la actora tuvo vinculación funcional con la citada empresa (vínculo 12, empleado). Sin perjuicio de ello, surge a fs. 7 vta. a 11 de los antecedentes administrativos que la Asociación Española informó que durante el período en cuestión, la actora no percibió remuneración alguna y que su cargo era Médico General Suplente. Conforme lo dispone el art. 77 de la Ley No. 16.713: “(Reconocimiento de servicios). Los servi cios de los afiliados al Banco de Previsión Social, prestados con anterioridad a la implementación de la historia laboral, se reconocerán por el mencionado organismo cuando sean acreditados ante el mismo mediante prueba documental tanto en los años de acti vidad, como en el monto computable y en el caso de los no dependientes las aportaciones correspondientes (…)”. De manera que la normativa requiere que se acredite una actividad efectiva, esto es, la real prestación de tareas. A ello se suma que el servicio debió ser remunerado. Respecto a este último extremo en oportunidad de evacuar la vista conferida (AA fs. 16 vto. a 19) la accionante manifestó que sí recibió remuneraciones, pero el pago se hizo en forma irregular, a través de otros médicos que tenían la calidad de titulares o efectivos. Sin embargo, más allá de su mera alegación, no produjo prueba alguna que permitiera respaldar su postura. Más aún, la Administración ante la invocada irregularidad en el pago de los salarios, le informó que podía e fectuar la denuncia que considerara pertinente en la sección Reclamos (AA fs. 21 vto.) pero la actora nada hizo. En definitiva, la negativa al beneficio jubilatorio solicitado no fincó en una interpretación normativa que le era adversa a la actora, sino, según viene de explicarse, rectamente, en que no se configuraron los requisitos normativos habilitantes para obtener la jubilación solicitada. Por tales fundamentos, el Tribunal, FALLA : Desestímase la demanda y, en su mérito, confírmase la resolución impugnada; sin especial condena en costas ni costos. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de abogado de la parte actora en la suma de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados y; archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón (r.). Dr. Marquisio (Sec. Letrado).