Sentencia Definitiva N° 304/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 29 de julio de 2021. No. 304 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos auto s caratulados: “ABAL OLIÚ , DIEGO ROBERTO con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de Nulidad” (Ficha No. 612/2018). RESULTANDO : I) El actor compareció y dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución Nº 03 -936-2018-43, de 8 de enero de 2 018, emitida por la Gerencia de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Social, mediante la cual se dispuso: “Desestímase la solicitud del Sr. Diego Roberto Abal Oliú por encontrarse el trámite paralizado por causas imputables al mismo, procediéndos e de acuerdo a lo establecido en el artículo 78 del Reglamento de Procedimiento Administrativo R.D. 40 -2/97 del 10/12/97, denegándose la solicitud de jubilación” (fs. 66 vto. a 67, en carpeta verde de 120 fojas, A.A.). En su demanda, relató que el 21 de ag osto de 2017, solicitó se le otorgara la jubilación por causal común, sin que tuviera incidencia la situación contributiva, la que le fue denegada a través del acto impugnado. En necesaria síntesis, sostuvo que este le causa los siguientes agravios: i) el requerimiento no se ajusta a derecho dado que el Organismo tiene toda la información relativa a la carrera laboral y la notificación no se realizó en el domicilio constituido; ii) para acceder a su pasividad se le exigió la cancelación de los adeudos (de G M INSTALACIONES SRL) en mérito a su calidad de socio, lo cual no se ajusta a derecho; iii) el BPS funda la negativa a otorgar la pasividad en lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley Nº 19.185, norma que no resulta aplicable a la situación de obrados; iv) debe tenerse presente que por el período en cuestión (01.02.2002 al 31.08.2003) la empresa GM INSTALACIONES SRL efectuó aportes, si bien, por montos menores a los que la Administración correspondía. La consecuencia de ello es que esos servicios son computa bles; v) debe descartarse el argumento esgrimido por el BPS en otras oportunidades, en punto a que no es posible segregar servicios correspondientes a una misma afiliación, puesto que ello está prohibido por el artículo 20 del Decreto Nº 481/1981. Esta nor ma es ilegítima en tanto excede la potestad reglamentaria conferida por la norma legal al imponer limitaciones que ésta no consagró (sentencia Nª 330/2017). En definitiva, demandó la anulación del acto impugnado (fs. 2 a 5). II) Conferido el correspondiente traslado compareció -en representación del Banco de Previsión Social - el Dr. Juan Noya, quien se opuso al accionamiento en base a la siguiente fundamentación. Según surge de la demanda incoada, el Sr. Abal solicitó al BPS su jubilación por la causal común, al amparo de lo dispues to por el Título VI de la Ley Nº 16.713 (Régimen de Transición). Su solicitud fue denegada en virtud de existir adeudos patronales pendientes de pago. A diferencia de lo sostenido por el actor, éste fue intimado conforme a la naturaleza del asunto por correo certificado cuya notificación surge de los antecedentes. Como este no compareció a estar a derecho, la Administración procedió a dictar el acto encausado conforme a derecho. El accionante debía, previo a continuar con el tr ámite jubilatorio, clausurar las empresas activas o en su caso darse de baja puesto que a la fecha continúa en actividad para GM INSTALACIONES SRL, en la que figura como socio con actividad. Es decir, sólo por esa razón el Organismo estaba impedido de otorgarle la pasividad solicitada. Al tenor del acto atacado, no se debería entrar al análisis de otros aspectos, puesto que los mismos no forman parte formal, ni sustancial del acto atacado. Sin perjuicio de ello, los agravios formulados tampoco son suficientes para anular el acto, que se encuentra en un todo ajustado a derecho. Debe señalarse que no es de recibo el agravio que engañosamente introduce el actor respecto de la aplicación de la Ley Nº 19.185, por cuanto no estamos ante adeudos prescriptos. Se desconoce la razón porque se introduce el tema en discusión y por qué maliciosamente se refiere al período 01/02/2002 al 31/08/2003, cuando de lo intimado se desprende algo diferente. A diferencia de lo explicitado por el actor, ni lo adeudado se reduce a un solo avalúo, ni es un sólo período, ni los mismos se encuentran prescriptos. La situación fiscal de la empresa de la que este es socio administrador era claramente irregular, al punto de no haberse efectuado aportes patronales desde 2005 en adelante. Por tal razón, todos los agravios destinados a atacar la aplicación de la Ley Nº 19.185, así como aquellos que hacen referencia a períodos prescriptos deben ser desechados. La legislación vigente, que refiere al reconocimiento de servicios, cómputo de asignaciones y a los requisitos necesarios para entrar al goce de la p asividad está consagrada en la L ey Nº 16.713. De la lectura de los artículos 77 y 86 literal B) se desprende que para el caso de los trabajadores no dependientes se exige como requisito previ o que se haya realizado la correspondiente aportación o cotización. La solución de que el reconocimiento de los servicios de los trabajadores dependientes está condicionada a la efectiva cotización no es nueva en nuestro ordenamiento jurídico. Las Leyes No s. 9.999, 11.237, 12.143, 15.840 y 17.963 consagraron las mismas soluciones, requiriendo la aportación efectiva. La Ley Nº 19.185 vino a declarar lo que siempre estuvo implícito en todas las leyes mencionadas. Si el actor pretende percibir cualquier prest ación jubilatoria deberá abonar la deuda por los aportes no vertidos. Ello está en armonía con los principios inspiradores de la seguridad social, como lo son el de universalidad subjetiva y solidaridad. Finalmente, debe destacarse la responsabilidad del a ctor en las deudas existentes de la empresa de la cual es socio administrador, y ello independientemente de lo dispuesto en el artículo 21 del Código Tributario. En efecto, el artículo 13 de la Ley Nº 17.963 establece que a los trabajadores no dependientes comprendidos en el régimen mixto les serán registrados sus servicios desde la fecha en que aquellos hubiesen sido cancelados o cuando existiere aportación regular. Asimismo, el artículo 14 señala que a los trabajadores no dependientes comprendidos en el régimen mixto les serían registrados sus servicios y asignaciones computables una vez canceladas totalmente las obligaciones. Tal como surge de la normativa, no cabe duda alguna que el período desempeñado para la empresa GM INSTALACIONES SRL como no dependiente de ninguna forma puede ser computado a los efectos jubilatorios, independientemente de su responsabilidad tributaria al amparo de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Tributario. Además, debe señalarse que conforme a lo dispuesto por el artícu lo 20 del Decreto Nº 431/1981, no podrán fraccionarse actividades que correspondan a una misma afiliación. Conforme a ello, el titular no puede acceder a la pasividad solicitada hasta tanto no cancele dicho período adeudado. Pero aún, si se considerara que dicho precepto es ilegítimo el actor tampoco configura la causal común solicitada porque sólo contabilizando los períodos efectivamente trabajados como dependiente cuenta con un total de veintiocho años, siete meses y diez días, no alcanzando el mínimo legal de treinta años de servicios. En suma, abogó por el rechazo de la pretensión deducida y el mantenimiento del acto impugnado (fs. 12 a 21). III) Por D ecreto No. 9494/2018 (fs. 23) se dispuso la apertura a prueba, diligenciándose la que luce agregad a y certificada a fs. 82. IV) Las partes alegaron por su orden (fs. 85-86 vto. y fs. 89-92, respectivamente). V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronun ció mediante D ictamen No. 506/2020 y aconsejó la confirmación del acto (fs. 113 a 114). VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 116). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente (Constitución de la República artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4, 8 y 9) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. La Resolución Nº 03 -936-2018-43, se emitió el 8 de enero de 2018 (fs. 66 vto. a 67, A.A.) y se notificó el 27 de febrero de 2018 (fs. 69, A.A.). El 6 de marzo de 2018, interpuso en tiempo y forma los recursos de revocación y jerárquico (fs. 70 a 71, A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria ficta , la que se configuró a los doscientos días sin que la Administración resolviera el último de los recursos, el 29 de setiembre de 2018. La demanda se presentó el 8 de octubre de 2018, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 6). II) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada corresponde realizar una reseña de los antecedentes relevantes para la resolución de la causa. El actor presentó una solicitud de jubilación común sin cese el 3 de junio de 2013 (fs. 10, A.A.). El 21 de agosto de 2017, formuló una petición de jubilación señalando que configuró la causal de jubilación común, sin que tenga incidencia el crédito tributario que se determinó a la contribuyente GM INSTALACIONES SRL por el perío do 01/02/2002-31/08/2003, avalúo Nº 11045511, mediante Resolución Nº 34509, dictada por la Gerencia de Fiscalización (fs. 114 a 115 vto., A.A.). El 11 de setiembre de 2017, el Servicio de Pasividades proveyó: “Considerando nuevo petitorio calificado solic itando jubilación (…), pase a Liquidaciones a fin de proseguir con el trámite” (fs. 58 vto., A.A.). Seguidamente, el 26 de setiembre de 2017, se elaboró un documento de intimación por el cual se consignó: “(…) en este acto se lo intima a regularizar su situación por la Empresa Nº 1650792. Una vez transcurrido el plazo de 30 días, de no existir impedimento se continuará el procedimiento hasta dictar resolución con los elementos de juicio que obren en autos (R.D. 40-2/97-Artículo 78). Requerimiento: Por Reg. Nº 1.640.792 “G M Instalaciones SRL” presenta inicio con fecha 2/1/1999 sin que haya regularizado la baja del registro el cual continúa abierto. En esta empresa presenta aportes al 2/2011, haciéndose notar que del 1/2005 al 2/2011 solo se efectuó el aporte por los dependientes, pero no el aporte patronal. El registro presenta deudas por: DT Nº 45511 (1/2/2002 al 31/8/2003) vigente Deuda de Nómina 11/2001, 3/2003 al 2/2011 Hueco de Nómina: 3/2011 a la fecha DNP 1/2004, 8/2004 al 1/2005 Multa GAFI 8 y 9/2003. Empresa EMBARGADA. Para que sea posible valorar adecuadamente su situación contributiva es necesario que previamente regularice la baja del registro a la fecha que corresponda” (fs. 61 a 62, A.A.) (la negrilla no está en el original). El 4 de octubre de 2017, se incorporó constancia de certificación del envío (fs. 63, A.A.). El 23 de noviembre de 2017, se remitió el expediente al liquidador en atención al vencimiento del plazo (fs. 64, A.A.). El 27 de noviembre de 2017, se emitió un detalle d e las actuaciones consignando como impedimento para habilitar el cómputo de servicios patronales la imposibilidad de determinar con exactitud los servicios del actor como no dependiente y la situación irregular de la empresa registro Nº 1.650.792 de la que el actor figuraba como socio y se encontraba embargada (fs. 64 vto., A.A.). El 27 de noviembre de 2017, Informaciones Patronales informó: “Atento al tiempo transcurrido sin que el titular haya regularizado la baja del registro Nº 1.650.792 se pasa a fin de continuar con las actuaciones que correspondan. Se hace notar que existe trámite (…) donde con fecha 16 de agosto de 2017 el titular presenta un Petitorio ” (fs. 65, A.A.) (la negrilla no está en el original). El 1º de diciembre de 2017, la Oficina de L iquidaciones elevó las actuaciones a la Sección Resoluciones “para que se sirvan proyectar resolución denegatoria por desistimiento a la solicitud de jubilación del titular teniendo en cuenta lo informado por Sección Informaciones Patronales con fecha 27/11/2017” (fs. 65 vto., A.A.) (la negrilla no está en el original). Finalmente, el 8 de enero de 2018, si dictó el acto encausado (fs. 66 vto. a 67, A.A.). III) El Tribunal, por unanimidad, habrá de apartarse de la solución aconsejada por el Sr. Procur ador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 113 a 114) y dispondrá la anulación del acto, por los fundamentos que se habrán de explicitar. En su primer agravio, el accionante cuestiona que el requerimiento del Organismo no se ajustó a derecho dad o que este tenía toda la información relativa a su carrera laboral y la notificación no se realizó en el domicilio constituido. Al respecto, no le asiste razón. Sobre el primer aspecto , hay que tener en cuenta el detalle de actuaciones emitido por Informac iones Patronales, que señaló entre los impedimentos para habilitar el cómputo de servicios patronales por el Registro Nº 1.650.792, que “No fue posible determinar con exactitud la totalidad de los servicios en calidad de No Dependiente” (fs. 64 vto., A.A.) (la negrilla no está en el original). Por ende, es claro que no bastaba con que el Ente pudiera contar con toda la información acerca de su carrera laboral porque las observaciones apuntaron a su actividad como no dependiente. En cuanto al segundo aspecto, si bien es cierto que en la petición del 21 de agosto de 2017, el actor constituyó domicilio en otra dirección distinta de su domicilio real, no lo es menos que tras habérsele notificado personalmente el acto impugnado en este no opuso ninguna objeción, señalando en los recursos (fs. 70, A.A.) y en la demanda que fue notificado el 27 de febrero de 2018 (la negrilla no está en el original). Por lo tanto, el eventual vicio de forma por la falta de notificación en el domicilio constituido carece de virtualidad para inficionar de nulidad al encausado, en aplicación del principio de trascendencia. En donde sí le asiste razón al actor es en el segundo cuestionamiento que para acceder a su pasividad se le exigió la cancelación de los adeudos (de GM INSTALACIONES SRL) por su condición de socio, lo cual no se ajusta a derecho. Este extremo ha sido reconocido expresamente en la contestación de demanda en cuanto se afirmó que “1- Según surge de la demanda incoada, el Sr. Abal solicitó a BPS su jubilación por la causal común, al amparo de lo dispuesto por el Título VI de la Ley 16.713 (Régimen de Transición). 2- Su solicitud fue denegada en virtud de existir adeudos patronales pendientes de pago .” (fs. 12, infolios) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Por otra parte, de la compulsa de los antecedentes administrativos reseñados en el Considerando II) ut supra de la presente emerge que efectivamente al actor se le denegó el acceso a su jubilación en virtud de una situación de irregularidad en el pago de a deudos por aportes a la seguridad social de la empresa Registro Nº 1.650.792 “GM INSTALACIONES SRL”, de la cual el actor continuaba figurando como socio. Así consta en el acto de intimación que dio cima al acto impugnado, en donde específicamente se estableció: “(…) Requerimiento: Por Reg. Nº 1.640.792 “GM Instalaciones SRL ” presenta inicio con fecha 2/1/1999 sin que haya regularizado la baja del registro el cual continúa abierto. En esta empresa presenta aportes al 2/2011 , haciéndose notar que del 1/2005 al 2/2011 solo se efectuó el aporte por los dependientes, pero no el aporte patronal (…)” (fs. 61, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). La demandada pretende argumentar que “debe destacarse la responsabilidad del actor en las deudas e xistentes de la Empresa de la cual es socio administrador , y ello independientemente del aspecto tributario dispuesto en el art. 21 del Código Tributario ”, invocando a continuación lo dispuesto por los artículos 13 y 14 de la Ley Nº 17.963, en cuanto refie ren a la necesidad de cancelación de los adeudos de los trabajadores no dependientes como requisito para la registración de sus servicios (fs. 19, infolios) (la negrilla y el subrayado no están en el original). El Tribunal no comparte dicho razonamiento por cuanto no distingue la responsabilidad por deuda ajena de la propia y consecuentemente presupone que no se requiere cumplir con lo dispuesto por el artículo 21 del Código Tributario. En el casus, al actor se le impidió el acceso a su jubilación en virtu d de una situación irregular por omisiones en el pago de adeudos por contribuciones a la seguridad social de una sociedad comercial de la cual era socio. El Tribunal ya ha tenido oportunidad de analizar situaciones análogas a la que se dirime en autos y ha entendido que el proceder del Ente demandado resulta ilegítimo ( sentencias Nos. 730/2016, 289/2020 y 435/2020, entre otras). Cabe replicar aquí tales razonamientos, en tanto advierten que: “En la especie, indudablemente, no se trata de una deuda personal de la actora, o de su esposo fallecido, sino de una deuda de una persona jurídica diferenciada de ambos (…) (…) Sobre el punto, en términos mutatis mutandis aplicables en la especie se ha señalado que: “…el BPS ha denegado el acceso a los beneficios jubila torios por entender que el actor registra un adeudo tributario pendiente con el BPS. Como reza la parte dispositiva del acto procesado -a juicio del BPS - el actor: “…tiene deuda por aportes.” (fs.114 de los A.A.). Esto, sin embargo, no es así . Basta repasa r los antecedentes para detectar que los adeudos tributarios que la Administración ha postulado que corresponden al actor , en puridad, es mantenido por dos sociedades comerciales en las que aquél participó . El accionante, nunca fue responsabilizado al ampa ro de lo dispuesto en el art. 21 del CT por dichas obligaciones. En consecuencia, le asiste razón en su cuestionamiento al pretensor, cuando señala que ningún acto lo responsabilizó por dichos adeudos tributarios. Las obligaciones tributarias pendientes de pago por las que el BPS le denegó el otorgamiento de la jubilación -la pensión en el presente caso al accionante, fueron determinadas en cabeza de dos sociedades comerciales: “UNIDAD ODONTOLÓGICA MUTUAL S.R.L”, contribuyente con el Nº de registro 3.556.1 07 y “LESTIDO BORDAD EDGARDO Y COLMAN GUEVARA, ROBERTO (Sociedad de hecho)” contribuyente con el Nº de registro 03635257 (ver fs. 9, 29 y 30 de los A.A.). De las actuaciones administrativas y de la prueba rendida en este proceso, surge con total claridad d e los actos de determinación tributaria que el BPS ha dictado -y en algunos casos ejecutado judicialmente ante distintas sedes judiciales- determinaron obligaciones en cabeza de las dos sociedades contribuyentes. En todos los casos, las determinaciones tributarias se han realizado en cabeza de las sociedades en las que el actor participó como socio. Ahora bien, las deudas son de las sociedades contribuyentes , no del socio, a quien no se ha responsabilizado tributariamente por las mismas . En otras palabras, quienes registran deudas con el BPS, son otros sujetos de derecho : dos personas jurídicas -sociedades comerciales - que son centros de imputación de derechos y obligaciones distintos de los socios que las integraron en su oportunidad. Esto no es otra cosa q ue el lógico corolario de que a las sociedades comerciales se les reconozca personería jurídica (art. 2 de la Ley N° 16.060; en jurisprudencia la sentencia Nª 410/2014 publicada en Revista Tributaria T. XLIII, Nº 252, págs. 398/408). Que el actor , potencialmente, pueda ser responsabilizado al amparo del art. 21 del CT por dichas obligaciones , no implica que fuera deudor del BPS en el momento que recayó la resolución resistida . En ese momento nada adeudaba al BPS, por lo que el acto -que presupone la existen cia de una deuda a cargo del actor - es contrario a la Regla de Derecho. Cabe insistir: no existe ningún acto administrativo que lo haya responsabilizado por las obligaciones de las sociedades contribuyentes en las que participó . Por ende, no es cierto que el actor tenga deuda por aportes, como establece el acto procesado que, por tal razón, está viciado en sus motivos (…) (…) En resumidos términos, el acto impugnado es ilegítimo : presupone que el actor tiene una deuda por aportes que en realidad no es tal . Quienes registran deudas por aportes son dos sociedades en las que el actor participó, pero nunca fue responsabilizado por dichas obligaciones, por lo que su esfera jurídica no se vio alterada por dicha situación en ningún momento ” ( sentencia Nº 730/2016 de 8 de noviembre de 2016) (…)” (sentencia Nº 289/2020 ) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Del mismo modo, en el sub - examine el proceder del BPS no se ajustó a derecho al denegar al actor el acceso a su jubilación ante la existencia de deudas de contribuciones a la seguridad social de la empresa Registro Nº 1.650.792, “GM INSTALACIONES SRL” en la cual el actor era socio, sin que haya existido ningún acto administrativo que lo declare responsable por dichos adeudos (artículo 21 del Código Tributario), circunstancia que además configura un vicio en la motivación. En este sentido, cabe tener presente lo expresado en sentencia Nº 730/2016, en cuanto concluye: “ Asistimos, por lo tanto, a un supuesto de motivación errónea e inexacta, que no pu ede sustentar válidamente la volición residenciada . Como enseña Alberto Ramón Real, la fundamentación del acto debe ser exacta, las razones de Derecho deben corresponder a los textos invocados y los hechos deben ser verdaderos. No basta que existan los hec hos, sino que se les aprecie correctamente. La Administración debe ser veraz no solo en cuanto a la existencia de los motivos sino también en cuanto a la calificación jurídica y a la subsunción de las situaciones de hecho en el tipo de los conceptos jurídi cos indeterminados (Cf. REAL, Alberto Ramón: “La fundamentación del acto administrativo”, en L.J.U., T. LXXX, págs. 10/11; en jurisprudencia sentencias Nos. 346/2011 y 586/2013). Como indica Durán Martínez: “La motivación, además de ser suficiente y congru ente, para ser legítima debe, además, ser exacta. La motivación es exacta cuando son ciertas las circunstancias de hecho enunciadas, cuando las reglas de derecho invocadas son aplicables al caso y su interpretación es correcta y cuando la finalidad enuncia da puede ser satisfecha con lo decidido.” (DURÁN MARTÍNEZ, Augusto: “Motivación del acto administrativo y buena administración” en AA.VV. “Ética; Estado de Derecho; Buena Administración”, Universidad Católica del Uruguay, 2013, págs. 137-138). Desde la per spectiva de Cajarville, asistimos a un supuesto de inexistencia de motivos. Como establece este autor: “En todo caso, el acontecer de los hechos es una circunstancia exterior, cuya existencia se impone a la Administración objetivamente, desde fuera, de la cual el ejercicio del poder de dictar el acto aparecerá como una consecuencia jurídica. Por lo tanto, en cuanto a la apreciación de la existencia o inexistencia en si misma de los hechos y su valoración jurídica (legitimidad o ilegitimidad), la Administración no goza de ninguna discrecionalidad. Si los hechos operantes como supuesto normativo, o motivo del acto administrativo, no existen o no son como la Administración pretende, el acto estará viciado por inexistencia de los motivos. Si los hechos son com o la Administración pretende, pero no caben en el supuesto (determinado o indeterminado) de la norma atributiva del poder de dictar el acto, éste estará viciado por ilegitimidad de los motivos.” (CAJARVILLE PELUFFO: “Sobre actos administrativos” en “Sobre Derecho Administrativo”, FCU, Montevideo, 2008, págs. 31/32). En el caso que nos ocupa, uno de los supuestos tomados en consideración por la Administración para el dictado del acto encausado (la presunta deuda del actor con el BPS), no puede erigirse en un motivo legítimo. En la emergencia, los hechos no son como la Administración pretende y, en la especie, ese error en su apreciación vicia el acto atacado, dejándolo huérfano de motivos válidos .” (véase también sentencias Nos. 289/2020 y 435/2020) (la negrilla no está en el original) IV) Las consideraciones eximen al Tribunal de pronunciarse acerca de los restantes agravios (inaplicabilidad del artículo 4º de la Ley Nº 19.185, ilegitimidad del artículo 20 del Decreto Nº 481/1981, etc.), los que por otra parte tampoco fueron considerados entre los “elementos de juicio” que tuvo en cuenta el BPS para denegar a l actor acceso a su jubilación. En todo caso, y al igual que se pusiera de manifiesto en las sentencias Nos. 289/2020 y 435/2020 , estas causales de il egitimidad refieren a la deuda de la empresa ( GM INSTALACIONES SRL ), la que, como ya se vio, resulta ajena a la esfera patrimonial del actor. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artícu los 309 y 310 de la Constitución de la República, FALLA : Ampárase la pretensión anulatoria y, en su mérito, declárase la nulidad del acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fí janse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).