Sentencia Definitiva N° 302/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 29 de julio de 2021. No. 302 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “CALMET REYNOSO, BEATRIZ con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de Nulidad” (Ficha No. 41/2019). RESULTANDO : I) La parte actora compareció y dirigió su pretensión anulatoria contra el acto administrativo emitido por la Unidad Operativa 3, Montevideo, de la Asesoría Tributaria y Recaudación del Banco de Previsión Social, por el cual se proveyó lo siguiente: “Compartiendo lo informado en el decreto que antecede, no hay nuevos elementos para variar el resultado de lo actuado. Pase a mesa de entrada para notificar del informe de los inspectores y posteriormente corresponde el Archivo” (fs. 50 vto., en carpeta verde de 94 fojas, A.A.). En su demanda, la accionante relató los antecedentes del acto que impugna y se agravió por entender que de los testimonios recabados en sede administrativa surge acreditado que efectivamente trabajó como empleada desde el 6 de marzo de 2006 al 16 de diciembre de 2016, para la empresa García Rodríguez Ana María, así como las tareas domésticas que realizó para la misma. Del punto de vista formal, sostuvo que en su caso hubo al menos un acto implícito ya que de lo actuado surge indubitablemente una manifestación de voluntad generadora de una situación lesiva porque en el informe de 26 de enero de 2018, de la Unidad Operativa 3, Montevideo, se afirmó que “No se obtuvieron pruebas de la diferencia de fecha de ingreso denunciada”. Fue en función de ello que se pasó a archivar su trámite. En cuanto al fondo del asunto , reafirmó la ilegitimidad del acto por incorrecta valoración de la prueba ya que surge razonablemente acreditado según las reglas de la sana crítica que la solicitante se desempeñó como doméstica de la Sra. Ana María García por el período de servicios denunciado. De los testimonios recabados surge plenamente probado que las tareas existieron, y también los períodos de actividad, sin perjuicio de las pruebas complementarias que se habrán de diligenciar en vía jurisdiccional. En suma, solicitó el amparo de la demanda (fs. 2 a 6). II) Conferido el correspondiente traslado compareció -en representación del Banco de Previsión Social- el Dr. Juan Noya, quien tras relacionar los antecedentes del acto se opuso al accionamiento en base a la siguiente fundamentación. En primer lugar, esgrimió como cuestión previa la no lesividad del acto atacado porque, como lo puso de manifiesto la informante en sede administrativa, se interpusieron los recursos de revocación y jerárquico contra el informe de la Unidad Operativa 3. No se dictó un acto administrativo definitivo que pueda generar agravio a la accionante. De seguirse el razonamiento de la actora, el acto pasible de ser recurrido debería ser en todo caso el notificado el 12 de diciembre de 2017, puesto que fue este el que determinó primariamente la inexistencia de prueba alguna sobre los hechos alegados. En el plano sustancial, recordó que la actora denunció que ingresó a trabajar el 6 de marzo de 2006 y no el 12 de marzo de 2007, como surge del alta efectuada por su empleadora. Sin embargo, de la prueba testimonial presentada no surge mínimamente ningún elemento que permita determinar la existencia de su actividad laboral previa a dicha alta. Indudablemente todos son contestes en que esta trabajó para la Sra. García y de su historia laboral surge que lo hizo por un período de diez años. Lo que no se acreditó fehacientemente es que dicha actividad hubiera iniciado un año antes de su registro. Además, los testigos tampoco permiten acreditar el salario efectivamente percibido en dicho período. Claramente no es sencillo acreditar dichos extremos, pero no puede pasarse por alto que la aprobación de dicha actividad implica una determinación tributaria, que impide al Organismo ser flexible en la valoración de la prueba, la que necesariamente debe ser clara, máxime si se tiene en cuenta que la solicitud se presentó más de diez años después del período denunciado. En definitiva, abogó por el rechazo de la demanda a la vez que solicitó se noticiara del pleito a la empleadora de la actora (fs. 13 a 17 vto.). III) Por Decreto No. 2562/2019, se ordenó dar noticia del pleito a la tercera (fs. 19), la que al no haber dado cumplimiento a la requisitoria que se le formulara por Decreto No. 3882/2019 (fs. 23) se la tuvo por no presentada en virtud de lo dispuesto por Decreto No. 4725/2019 (fs. 27). IV) Por Decreto No. 4725/2019 (fs. 27) se dispuso la apertura a prueba, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 66. V) Las partes alegaron por su orden (fs. 69-74 vto. y fs. 77-78, respectivamente). VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció sobre el fondo del asunto mediante Dictamen No. 441/2020 y aconsejó la confirmación del acto procesado (fs. 81 a 82). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 84). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. El acto se emitió el 5 de febrero de 2018 (fs. 50 vto., A.A.) y se notificó el 11 de abril de 2018 (fs. 53 vto., A.A.). El 24 de abril de 2018, se interpusieron en tiempo y forma los respectivos recursos de revocación y jerárquico (fs. 80 vto. a 81 vto., A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria ficta , la que se configuró a los doscientos días sin que la Administración resolviera el último de los recursos, el 10 de noviembre de 2018. La demanda se interpuso el 18 de febrero de 2018, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 7). II) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada corresponde realizar una reseña de los antecedentes relevantes para la resolución de la causa. El 13 de febrero de 2017, la actora se presentó ante la Sección C.A.R.T.A. del BPS y denunció “que la empresa no me puso en caja desde la fecha real de ingreso y omisión de aportes de esos meses” e indicó como período trabajado el comprendido del 6 de marzo de 2006 al 16 de diciembre de 2016 (fs. 2 vto. a 3, A.A.). Como prueba de sus dichos ofreció la declaración de los siguientes testigos: i) Manuel Balestra; ii) Nubia Silveira; y iii) Estela Silveira (fs. 3 vto. a 4, A.A.). El 1º de setiembre de 2017, se emitió orden de inspección para que dos funcionarios de la Unidad Operativa III de Montevideo se constituyeran en el domicilio de la empresa García Rodríguez Ana María (fs. 18, A.A.). El 14 de noviembre de 2017, se labró acta de declaración jurada a la actora, quien declaró: “Yo trabajé como doméstica para la señora Ana María García Rodríguez desde el 06/03/2006 hasta el 16/12/2016. trabajaba de lunes a viernes de las 9 a las 14, siempre hice el mismo horario. Me pagaban por semana al egreso ganaba $U 960 por día. Al ingreso ganaba $U 50 por hora” (fs. 20 vto., A.A.) (la negrilla no está en el original). En la misma fecha declararon los testigos Estela Silveira, Nubia Silveira y Manuel Balestra. La primera dijo: “Yo conozco a Beatriz Calmet desde hace unos 14 años atrás . Yo trabajaba en el Shopping de Portones en la limpieza y la veía porque viajábamos en el ómnibus juntas. Se que ella trabajaba para Ana María García en la calle Gral. Paz porque era donde se bajaba del ómnibus. Nunca la vi trabajar. Yo viajaba diariamente y la encontraba en el ómnibus por lo menos unas tres veces a la semana ” (fs. 20, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). La segunda, expresó: “Yo conozco a Beatriz Calmet desde hace unos 14 años atrás . Se que ella trabajaba para Ana María García en la calle Gral. Paz porque muchas veces la fui a esperar a la casa de la Sra. García. Yo además trabajé para la madre de la Sra. García. Se que trabajaba de lunes a viernes porque la llegué a acompañar esos días. Nunca la vi cobrar” (fs. 20 vto., A.A.). En tanto el tercer testigo declaró: “Yo conozco a Beatriz Calmet desde hace unos 12 años atrás . Se que ella trabajaba para Ana María García en la calle Gral. Paz porque conozco la zona , incluso fui a la casa de la Sra. García. La vi trabajar por lo menos unas tres veces en horario de la mañana. Nunca la vi cobrar, pero sé que le dejaba el dinero todos los lunes” (fs. 21, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). El 19 de diciembre de 2017, se interrogó en actas a la Sra. Ana María García, quien manifestó: “ La Sra. Beatriz Calmet trabajo para mí como empleada doméstica. Inicialmente la contraté para que realizara tareas para mi madre. Concurría una vez por semana unas cuatro horas . Luego en el 2009 dejó de trabajar en casa de mi madre comenzó a trabajar para mí con la misma frecuencia y horario. Estimo que desde el 2010 comenzó a trabajar dos veces por semana cuatro horas por jornada . Ganaba al egreso unos $U 60 por hora , se le proporcionaba el almuerzo. Se realizó un acuerdo privado con el abogado de la Sra. Calmet . No conozco los documentos que me exhiben.” (fs. 21 vto., A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Seguidamente, se incorporó documentación presentada por la denunciante (fs. 22 a 37, A.A.), de la que se surgen: a) planillas sobre rubros salariales de aguinaldo, presentismo, aumentos de sueldo, licencias y salario vacacional de los años 2013, 2014, 2015 y 2016, con dos firmas de la actora (fs. 22 a 30, A.A.); b) acuerdo transaccional celebrado entre la parte trabajadora y la empleadora, en la que se reseña en el capítulo de antecedentes que “Beatriz Calmet desde el 1º de febrero de 2009 trabaja para la Sra. Ana María García al cuidado de su hogar y familia en la categoría de servicio doméstico , percibiendo al cese la suma de $U 73,79 por hora efectiva de trabajo” (fs. 30 vto. y 32 vto., A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original); c) notificación por escrito de la desvinculación con fecha 16 de diciembre de 2016 (fs. 31, A.A.); d) apertura de caja de ahorro en BROU de la trabajadora (fs. 32, A.A.); y e) anotaciones en manuscrito de cálculos de aguinaldo, salario vacacional, licencias y jornales de los años 2010 y 2011 (fs. 33 a 37, A.A.). El 21 de diciembre de 2017, los inspectores actuantes emitieron su informe final de actuación en el cual relacionaron lo actuado y concluyeron que “No se probó la irregularidad denunciada ” (fs. 37 vto., A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). El 15 de enero de 2018, se presentó la actora formulando el siguiente descargo: “Habiendo presentado ante el BPS un reclamo por años de trabajo y presentado la documentación correspondiente el fallo fue adverso. El no estar de acuerdo con este fallo es el motivo de mi reclamo y solicito se revise esta situación ” (fs. 43, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). El 26 de enero de 2018, se pronunciaron nuevamente los inspectores intervinientes, quienes informaron lo siguiente: “La Sra. Beatriz Calmet se agravia del resultado alcanzado en actuación inspectiva Nº 805406, realizada por reclamo de servicios presentado por la mencionada. En dicha actuación no fue posible obtener elementos de prueba que permitieran probar los extremos reclamados por la Sra. Calmet , los documentos por ella exhibidos no fueron reconocidos como auténticos por la titular del registro. En esta instancia la Sra. Calmet no aportó nuevos elementos probatorios por lo que no es posible variar los resultados alcanzados. Se sugiere a la reclamante que, en caso de obtener nuevos elementos probatorios, inicie un nuevo trámite. En consecuencia, por lo precedentemente expuesto no se modifican los resultados previamente alcanzados” (fs. 50, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). El 5 de febrero de 2018, la Jefe de la Unidad Operativa 3, Montevideo proveyó: “Compartiendo lo informado en el decreto que antecede, no hay nuevos elementos para variar el resultado de lo actuado. Pase a mesa de entrada para notificar del informe de los inspectores y posteriormente corresponde el archivo” (fs. 50 vto., A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Una vez notificada la actora (fs. 53, A.A.), interpuso los recursos de revocación y jerárquico en subsidio (fs. 80 vto. a 81 vto., A.A.) y a posteriori los fundamentó (fs. 86 a 87, A.A.). Es así como en vía recursiva ofreció la declaración de los siguientes testigos: i) Miguel Ángel Aramburu; ii) Silvia Texeira; y iii) Elvira Carballo. El 24 de julio de 2018, se recabó la declaración de Miguel Aramburú, quien expresó: “Yo conozco a Beatriz Calmet desde hace unos 4 años atrás , somos vecinos. Sé que ella trabajaba en la calle Gral. Paz porque fui a esa casa llevar a Beatriz Calmet en varias oportunidades , recuerdo una vez que le regalaron una casita para un perro en lo que lo traslade yo. Sé que trabajaba allí porque la llevaba y la traía de la misma dirección, pero nunca la vi trabajando allí. Trabajaba en la mañana desde que yo la conozco. Estimo que ella dejó de trabajar allí hace aproximadamente un año (…)” (la negrilla y el subrayado no están en el original). El 27 de julio de 2018, se interrogó a Silvia Texeira, manifestando esta que “ Yo conozco a Beatriz desde hace unos 15 años atrás de la Iglesia. Yo trabajo hace unos quince años en Camino Carrasco y Oncativo y ella trabaja en Gral. Paz entre Rivera y Palermo y la veía allí porque la iba a esperar para venir juntas a la Iglesia en el centro. Estimo que ella trabajo allí hace unos 15 años y hasta creo que el año 2016 (…)” (fs. 61, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). El 24 de julio de 2018, declaró Elvira Carballo, quien indicó: “Yo conozco a Beatriz Calmet desde hace unos 15 años atrás . Yo trabajaba en Limburgo y Rivera y ella trabajaba en Gral. Paz entre Rivera y Palermo y la veía porque las casas quedaban cerca y además como vivíamos en el mismo barrio viajábamos en el mismo ómnibus juntas. Estimo que ella trabajo allí desde hace unos 9 o 10 años atrás y hasta hace más o menos un año (…)” (fs. 60, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). El 10 de agosto de 2018, informó la Jefe de la Unidad Operativa 3, Montevideo, quien entendió que “De estos tres testimonios, y los tomados anteriormente, surge que no hay coincidencia en los períodos , ninguno la vio trabajar, por lo cual de los mismos no surgen elementos de prueba fehacientes, para probar la actividad solicitada ” (fs. 64 vto., A.A.) (la negrilla no está en el original). El 20 de setiembre de 2018, dictaminó la Asesoría legal de ATYR y sostuvo que los recursos no eran de recibo porque “no se ha dictado ningún acto administrativo definitivo pasible de ser recurrido (…) No obstante ello, y teniendo en cuenta que los actuantes procedieron a recibir las declaraciones testimoniales ofrecidas (…), el fondo del cuestionamiento fue atendido adecuadamente, sin perjuicio de concluir nuevamente los fiscalizadores actuantes que no se pudo acreditar por la denunciante los servicios prestados , lo que los lleva a ratificar lo actuado” (fs. 69 vto., A.A.) (la negrilla no está en el original). Una vez compartido lo informado (fs. 70, A.A.) la Dirección Técnica ordenó el pasaje del expediente a Mesa de Entrada “ a fin de informar a la peticionante que no son de recibo los recursos interpuestos, atento a las palabras vertidas por la Asesoría Letrada (…)” (fs. 71, A.A.) (la negrilla no está en el original). El 10 de octubre de 2018, se notificó a la actora de lo precedentemente señalado (fs. 73 vto., A.A.). A su vez, en vía jurisdiccional la pretensora solicitó la declaración de los siguientes testigos: i) Ruben Rodríguez; y ii) Manuel Balestra. El testigo Balestra expresó que: “Beatriz perdió a su mamá en setiembre de dos mil seis y ella hacía ya unos seis o siete meses que trabajaba allí” (fs. 40, A.A.) (la negrilla no está en el original). Y más adelante, cuando se le preguntó específicamente si recordaba haber visto a la actora en el domicilio de la Sra. García en el mes de marzo de 2006, contestó: “No, En esa fecha no la recuerdo . En esa fecha haría poco que había comenzado a trabajar” (fs. 40, A.A.). En tanto el testigo Rodríguez afirmó que vio a la Sra. Calmet trabajando en el domicilio de la Sra. García cuando trabajó haciendo reformas en la casa y precisó que “El primer trabajo que realicé allí fue por el dos mil diez y ella ya estaba allí”, por lo que no recordaba haberla visto en el mes de marzo de 2006 (fs. 41 y 42, A.A.) (la negrilla no está en el original). III) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, habrá de compartir el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 81 a 82) y desestimará la demanda, por los fundamentos que se habrán de explicitar. En lo inicial, corresponde examinar el planteo defensivo que esgrimió la parte demandada, argumentando básicamente que: i) se interpusieron recursos contra un informe y no se dictó un acto administrativo definitivo; y ii) de seguirse el razonamiento de la actora, el acto lesivo pasible de ser recurrido debería ser en todo caso el notificado el 12 de diciembre de 2017, puesto que fue este el que determinó primariamente la inexistencia de prueba alguna sobre los hechos alegados. Sobre el primer argumento, si bien es cierto que de los antecedentes administrativos no surge ningún acto que reúna las formalidades propias de un acto final, que desestime el reclamo de la actora, ello no significa que haya impugnado un dictamen o que no haya habido un acto administrativo definitivo susceptible de irrogarle perjuicios. Repárese que el acto que se impugnó fue el que ordenó el archivo del asunto, previa notificación a la actora (fs. 51, A.A.), luego de compartir un informe final en el cual se sostuvo que “no fue posible obtener elementos de prueba que permitieran probar los extremos reclamados por la Sra. Calmet (…)” y que “Se sugiere a la reclamante que, en caso de obtener nuevos elementos probatorios , inicie un nuevo trámite” (fs. 50, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Con tales entendimientos, y más allá de las formas, es evidente el contenido decisorio del acto, que trasuntó una manifestación de voluntad definitiva de la Administración. A la luz de lo expresado, la Administración no puede pretender ampararse en el argumento de que “no se ha dictado ningún acto administrativo definitivo” cuando mediante el impugnado se decidió sobre el fondo del asunto y se puso fin al procedimiento. Al respecto, cabe recordar lo dispuesto por el artículo 24 inciso 3º del Decreto-Ley No. 15.524, que dice así: “ (…) se consideran comprendidos entre los actos administrativos definitivos procesables, aquellos que hacen imposible o suspenden en forma indefinida la tramitación, decidiendo así, directa o indirectamente , el fondo del asunto ” (la negrilla y el subrayado no están en el original). Conviene tener presente aquí lo expresado por Cajarville: “Los actos del procedimiento , preparatorios o de trámite, son impugnables jurisdiccionalmente si “hacen imposible o suspenden en forma indefinida la tramitación, decidiendo así, directa o indirectamente, el fondo del asunto”, para la ley, estos actos adquieren el carácter de definitivos en cuanto resuelven sobre el fondo del asunto planteado , y por eso se les aplica el régimen de impugnación jurisdiccional”. (Cf. Juan Pablo Cajarville, “Recursos Administrativos” , FCU, 4ª Edición, 2008, p. 151 a 152). De modo que, aun cuando no haya habido un acto final que formalmente desestimara el reclamo de la interesada, es claro que el impugnado implicó una decisión sobre el fondo que puso fin al trámite y que como tal reviste reúne las características de un “acto definitivo procesable”. En cuanto al segundo argumento que se esgrime afirmando que el acto lesivo pasible de ser recurrido debería ser en todo caso el notificado el 12 de diciembre de 2017, porque fue este el que determinó primariamente la inexistencia de prueba alguna sobre los hechos alegados, carece de asidero por varias razones. En primer lugar, cabe recordar que la propia Administración afirmó que no dictó ningún acto administrativo definitivo, con lo cual no parece lógico que a la vez pretenda sostener la preexistencia de otro que habría sido el originariamente lesivo. En segundo término, debe de verse que la conclusión a la que se arribó en la fecha indicada está contenida en un informe de los inspectores actuantes que fue seguido de un mero “Pase para su archivo” (véase fs. 37 vto. y 38 vto., respectivamente, A.A.). En tercer lugar, si inclusive se entendiera que hubo un anterior “pronunciamiento definitivo” , tampoco puede olvidarse que el derecho a la reforma o modificación de la pasividad -en este caso, reconocimiento de servicios, que resulta parangonable- puede plantearse en cualquier momento y lo resuelto no causa estado. Así, se ha referido el Tribunal: “Como tiene dicho la Corporación, el derecho a solicitar la revisión y/o reliquidación de los haberes jubilatorios o pensionarios, no caduca. (sentencias Nos. 670/18, 96/18, 534/17, 448/17, por citar tan solo algunas de las más recientes). En tal sentido, sostuvo el Tribunal: “Sabido es que el derecho a solicitar la revisión y/o reliquidación de los haberes jubilatorios o pensionarios es un principio general que integra el bloque constitucional de derechos humanos y como tal, la reforma o modificación de una pasividad no caduca, no causa estado, de acuerdo a lo que correctamente dispone el art. 79 del Acto Institucional No. 9”. (sentencia No. 670/2018). Por todo lo expresado, las argumentaciones que esgrimió la demandada en el apartado intitulado “cuestión previa” no pueden ser amparadas. IV) En lo que respecta al fondo del asunto, el cerno del pleito estriba en determinar si existió una incorrecta valoración de la prueba, de la testimonial y si surge razonablemente acreditado según las reglas de la sana crítica que la solicitante se desempeñó como doméstica de la Sra. Ana María García por el período de servicios denunciado, desde el 6 de marzo de 2006 al 16 de diciembre de 2016. Con carácter general, en nuestro ordenamiento jurídico rige un sistema de valoración racional o de la sana crítica, que, al decir de Couture, “configura una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción . Sin la excesiva rigidez de la primera y sin la excesiva incertidumbre de la última, configura una feliz fórmula, elogiada alguna vez por la doctrina, de regular la actividad intelectual del juez frente a la prueba. Las reglas de la sana crítica son , ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano . En ellas interfieren las reglas de la lógica , con las reglas de la experiencia del juez . Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, de peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. (…) La sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia , sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento” (Cf. Eduardo J. Couture, “Fundamentos de Derecho Procesal Civil”, 4ª edición, editorial B de F, Montevideo - Buenos Aires, 2002, p. 221 a 222) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En otras palabras, el autor las define como la “Calificación atribuida a las reglas que rigen los juicios de valor emitidos por el entendimiento humano en procura de su verdad, por apoyarse en proposiciones lógicas correcta y por fundarse en observaciones de experiencia confirmadas por la realidad” (Cf. Eduardo J. Couture, “Vocabulario Jurídico”, 3ª edición actualizada y ampliada por Ángel Landoni Sosa, editorial B de F, Montevideo - Buenos Aires, 2006, p. 660) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En el casus, es menester tener presente las dificultades probatorias que existen en el servicio doméstico y su incidencia en las reglas de la sana crítica. Sobre el punto, la sentencia No. 443/2018 advirtió: “En la especie , las reglas de la lógica y de la experiencia recobran especial importancia . Las particularidades sociológicas de la labor que desempeñan las empleadas del servicio doméstico inciden directamente en la actividad de valoración de la prueba . En efecto, a 12 años de la promulgación de la Ley No. 18.065, las estadísticas sobre la informalidad del rubro alcanzan al 50% de los trabajadores del servicio doméstico. En este aspecto , no puede soslayarse por el juzgador la dificultad de probar el trabajo prestado en la esfera íntima de una familia , en una actividad calificada como “ayuda” más que como un trabajo propiamente dicho.” (la negrilla y el subrayado no están en el original). A su vez, cuando se trata de declaraciones sobre hechos que ocurrieron hace muchos años como ocurre en el sub - examine, “no cabe exigir una puntillosa pulcritud en la deposición de quienes atestiguan sobre servicios denunciados por el interesado en obtener el amparo jubilatorio, sobre datos de la vida ocurridos tiempo atrás ” (sentencias No. 457/2011, 434/2009, 193/2008 , 809/2012 y 20/2020 ) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Sin embargo, ello no puede significar “una suerte de franquicia probatoria en favor del interesado, que determine el auxilio anulatorio en base a una excesiva benignidad en la valoración del informativo testimonial aportado” (sentencias No. 809/2012, 181/2013, 143/2017, 1053/2017, 459/2018, 629/2018 y 20/2020, entre otras). Ahora bien, teniendo en cuenta las pautas y reglas de valoración de las pruebas doctrinales y jurisprudenciales que se vienen de mencionar, la Corporación no advierte que se haya producido una errónea valoración de la prueba de parte del BPS, por lo que se dirá. V) En sede administrativa la actora ofreció inicialmente la deposición de los testigos Estela Silveira (fs. 20, A.A.), Nubia Silveira (fs. 20 vto., A.A.) y Manuel Balestra (fs. 21, A.A.), quienes dijeron conocer a la actora “desde hace unos 14 años atrás” (las dos primeras) y “desde hace unos 12 años atrás” (el tercero), difiriendo en cuanto a los días que trabajaba (la primera y el tercer testigo refieren a 3 veces por semana y la segunda testigo dijo que sabía que trabajaba de lunes a viernes) y a cómo sabían de ello (la primera testigo viajaba con la actora en el ómnibus y los otros dos testigos dicen haber ido alguna vez a esperarla a la casa). Es evidente que, con tal grado de imprecisión en los relatos, no puede concluirse que surja razonablemente acreditado que la actora haya trabajado desde el 6 de marzo de 2006 como pretende. A su vez, en vía recursiva las declaraciones de Miguel Aramburu, Silvia Texeira y Elvira Carballo no cambian la perspectiva del razonamiento. El primero de los testigos dijo que la conocía desde hacía cuatro años y que esta trabajaba en la mañana desde que él la conocía (fs. 60 vto., A.A.). En tanto la segunda y la tercera testigo declararon que la conocen desde hace quince años, estimando que “trabajó allí hace unos 15 años” (fs. 61 y 60, respectivamente, A.A. A.A.). Por último, la prueba rendida en autos tampoco permite revertir la insuficiencia probatoria constatada durante el procedimiento administrativo de fiscalización y en la etapa recursiva. En este proceso declararon los testigos Ruben Rodríguez y Manuel Balestra. De estos, únicamente el primero refirió a que “Beatriz perdió a su mamá en setiembre de dos mil seis y ella hacía ya unos seis o siete meses que trabajaba allí” (fs. 40, A.A.) (la negrilla no está en el original). Pero cuando se le preguntó específicamente si recordaba haber visto a la actora en el domicilio de la Sra. García en el mes de marzo de 2006 contestó: “No, En esa fecha no la recuerdo . En esa fecha haría poco que había comenzado a trabajar” (fs. 40, A.A.). En tanto el segundo, expresó que “El primer trabajo que realicé allí fue por el dos mil diez y ella ya estaba allí” , por lo que no recordaba haberla visto en el mes de marzo de 2006 (fs. 41 y 42, A.A.) (la negrilla no está en el original). Con tales entendimientos, mal puede pretenderse que se tenga por suficientemente probada la existencia de servicios domésticos prestados por la actora hacia la Sra. Ana María García Rodríguez desde el 6 de marzo de 2006 en adelante, debiendo estarse a la fecha de ingreso emergente del alta que se le dio en el Ente Previsional, a partir del 12 de marzo del 2007 (fs. 19, A.A.). Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, por unanimidad de sus integrantes FALLA : Desestímase la demanda anulatoria entablada y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).