Sentencia Definitiva N° 301/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 29 de julio de 2021. No. 301 VISTOS : Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “MOREIRA GAMARRA, CARLOS MARÍA con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de nulidad” (Ficha No. 748/2018). RESULTANDO : I) En este proceso, el actor Carlos María MOREIRA GAMARRA, dedujo pretensión anulatoria contra la resolución del Directorio del Banco de Previsión Social (en adelante: B.P.S.) dictada el 21 de febrero de 2018 e identificada con el No. 4-3/2018 por la cual se desestimó la petición por él incoada referente a los aportes no vertidos a República AFAP, administradora a la que está afiliado, en el período comprendido entre abril de 2001 y agosto de 2004 (fs. 14 vto. de los A.A.). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria alegó que trabajó para la empresa CLEVI FERREIRA Y CÍA. desde octubre de 1977 a febrero de 2015, tal como emerge de su historia laboral. Indicó que, de acuerdo con lo comunicado por República AFAP, desde abril de 2001 a agosto de 2004, el B.P.S. no volcó los aportes correspondientes a su cuenta de ahorro individual obligatorio, por lo que considera que se ha configurado una apropiación indebida. A su entender, corresponde a su interés se determine el monto total de aportes no vertidos a República AFAP S.A., actualizado con los intereses legales en el período abril del 2001 a agosto del 2004 inclusive y se viertan a la AFAP conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley No. 16.713 a los efectos de ser tenidos en cuenta para el cálculo del sueldo básico jubilatorio. Por último, y como colofón indicó que no resulta comprensible que siendo que en la Historia Laboral se hallan incorporados los servicios en el período reclamado -los cuales concuerdan con los que surgen de los recibos de sueldo- no sea posible verter a las AFAPs lo percibido conforme a la normativa antes citada. En definitiva, bregó por la nulidad del acto enjuiciado. III) Conferido traslado, la Administración demandada defendió la validez del acto, argumentando que su actuar resulta en un todo conforme a Derecho. Indicó que, si bien surgen registros de la actividad laboral del compareciente, la empresa para la que éste trabajaba no efectuó los aportes correspondientes. Ello determinó que el Organismo no vertiera a República AFAP los montos debidos puesto que no puede asumir una obligación que excede a lo que le compete. Controvirtió lo señalado por el actor en cuanto a que los aportes fueron recibidos por el Ente recaudador y ello determina que incurra en un error al señalar que los mismos no fueron debidamente vertidos a la AFAP. Al respecto, adujo que, el B.P.S. debe verter los “importes individuales (efectivamente) depositados”. Ello fue confirmado por el Presidente de República AFAP quien informó que, si bien no se recibieron los aportes personales del actor, no puede verificar si efectivamente la empresa volcó al B.P.S. los montos por concepto de aportes de su trabajador. Destacó que el Organismo actuó con la debida diligencia, solicitando, en definitiva, la confirmación del acto encausado. IV) Por Resolución No. 712/2019 se abrió a prueba por el plazo de 60 días, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 47, agregándose por cuerda separada los antecedentes administrativos (carpeta de tapas verdes, en 67 fojas). V) Las partes alegaron por su orden (fs. 50 - 52 y fs. 59 - 60 vto., respectivamente). VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante el Dictamen No. 360/2020, aconsejando la confirmación del acto impugnado (fs. 63 - 64). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 66). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria. (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). El acto impugnado fue notificado al accionante el 19 de abril de 2018 (fs. 19 de los A.A.) quien lo resistió el 27 de abril de 2018 mediante la interposición del recurso revocación (fs. 63 vto. de los A.A.). Por Resolución del Directorio No. 28-1/2018 no se hizo lugar a la recurrencia (fs. 27 vto. de los A.A.), siendo notificado el promotor el 27 de setiembre de 2018 (fs. 30 vto. de los A.A.). La demanda anulatoria fue deducida el 23 de noviembre de 2018 (nota de cargo fs. 16 infolios). II) Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la resolución del Directorio del B.P.S. dictada el 21 de febrero de 2018 e identificada con el No. 4-3/2018 por la cual se desestimó la petición incoada por el actor referente a los aportes no vertidos a República AFAP, administradora a la que se encuentra afiliado, en el período comprendido entre abril de 2001 y agosto de 2004 (fs. 14 vto. de los A.A.). III) Reseña de los antecedentes. Para realizar un correcto análisis de la cuestión, conviene ensayar una reseña de los hechos establecidos, a partir de las actuaciones que precedieron el dictado del acto enjuiciado. El 15 de agosto de 2017 compareció el actor ante las oficinas del B.P.S., solicitando a través del instituto de la petición calificada (art. 318 de la Constitución) lo siguiente: “Que se determine el monto total de aportes no vertidos a República AFAP S.A. discriminados mes a mes, actualizado con los intereses legales en el período abril del 2001 a agosto de 2004 inclusive, indicando los motivos por los cuales el Organismo no cumplió con lo dispuesto en el art. 46 de la Ley 16.713”. (Fs. 3 - 5 de los A.A.). Con fecha 21 de setiembre de 2017 se expidió la Unidad de Relacionamiento con los Agentes del Sistema, por el cual se informa que “(…) por el período descripto no surgen aportes a esta institución previsional, única razón por la que los mismos no se han vertido a República AFAP”. (Fs. 7 - 8 de los A.A.). Se le confirió vista al interesado del referido informe (fs. 8 de los A.A.), la que no fue evacuada. Seguidamente, surge nuevo informe de la Unidad de Relacionamiento con los Agentes del Sistema, en el que se destaca que: “(…) si bien la actividad desempeñada por el Sr. Moreira para la firma Clevi Ferreira y Cia. consta en los ‘registros de historia laboral’ se fundamenta en que la empresa efectivamente presentó la nómina de sus dependientes, pese a no haber cancelado las obligaciones tributarias para con esta institución previsional (...) extremo que no obsta a que se registren las actividades en historia laboral tal lo preceptuado por el art. 86 de la Ley No. 16.713”. (Fs. 10 vto. - 11 de los A.A.). Finalmente, el 21 de febrero de 2018 el Directorio del Ente Previsional resolvió desestimar la petición incoada, acto que se procesa en los presentes obrados (fs. 14 vto. - 15 de los A.A.). IV) Tras el análisis de los hechos del caso y de la normativa vigente, el Tribunal, compartiendo lo aconsejado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el rechazo de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, confirmará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. El actor se agravia de la resolución impugnada, alegando que a pesar de haber trabajado en forma ininterrumpida para la empresa CLEVI FERREIRA Y CÍA. SC desde el 3 de octubre de 1977 al 28 de febrero de 2015, no surge acreditado que el B.P.S. haya vertido a República AFAP - administradora a la que está afiliado- los aportes correspondientes al período comprendido entre abril de 2001 a julio de 2004. A su entender, se configuró una retención indebida. Y como prueba de ello se funda en su historia laboral, la que concuerda con las copias de los recibos de sueldo agregadas a los antecedentes, donde lucen realizadas las retenciones efectuadas por la empresa empleadora. Por su parte, el Ente Previsional niega haber percibido los montos reclamados, señalando que no puede verter aportes que efectivamente nunca percibió. A juicio del Tribunal, le asiste razón a la Administración demandada en su planteo. A saber. Haciendo referencia a que los aportes personales jubilatorios de los trabajadores dependientes y no dependientes, así como los aportes patronales constituyen los recursos del régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio, el artículo 46 de la Ley No. 16.713 establece que: “(Recaudación de los aportes obligatorios). Los aportes mencionados en los literales A), B) y C) del artículo anterior son contribuciones especiales de seguridad social y serán recaudados, en forma nominada, por el Banco de Previsión Social, sujetos a los mismos procedimientos y oportunidades que los demás tributos que recauda. La recaudación de las sanciones pecuniarias establecidas en el literal F) del artículo 45 de la presente ley se distribuirá en las cuentas de ahorro individual, en lo pertinente. Dentro del plazo que establecerá la reglamentación, con un máximo de hasta quince días hábiles después de vencido el mes de recaudación, el Banco de Previsión Social deberá hacer el cierre y la versión de los aportes obligatorios a cada entidad administradora y deberá remitir a la misma la relación de los afiliados comprendidos, los sueldos de aportación y los importes individuales depositados.”. De la lectura de este artículo se desprende que la obligación legal del B.P.S. consiste en verter a cada unidad administradora los importes que le sean depositados en concepto de contribuciones especiales de seguridad social. Por consiguiente, puede concluirse sin mayor dificultad que, en caso de no percibir los aportes, por parte de la empresa empleadora, el Ente Previsional no tiene obligación de verter a la AFAP suma alguna. En el caso que nos ocupa, no surge acreditado que la empresa CLEVI FERREIRA Y CÍA. SC para la cual laboró el actor desde el año 1977 a 2015, haya realizado los aportes correspondientes al período reclamado. Esto es, desde abril de 2001 a agosto de 2004. En efecto, los elementos probatorios presentados por el actor no logran acreditar en forma fehaciente lo que éste pretende probar. Esto es: como informara la Unidad de Transferencias Operativas (fs. 7 de los A.A.), si bien la empresa efectuó los registros en la historia laboral de sus respectivos trabajadores, en función del artículo 86 de la Ley No. 16.713 que obliga a mantener al día los registros de la historia laboral, ello, no implica de por sí, que haya realizado al B.P.S. los aportes retenidos. Por su parte, los recibos de sueldo acreditan que la empresa efectivamente retuvo los importes correspondientes a las contribuciones especiales de seguridad social del promotor; sin embargo, no logran acreditar que dichos importes hayan sido efectivamente volcados al Ente Previsional. En adición a lo anterior, cabe agregar que conforme emerge de los recaudos agregados al proceso, el actuar del Organismo no resultó negligente al haber procurado perseguir el cobro que se reclama en la órbita de lo jurisdiccional civil, conforme emerge del testimonio de las gestiones ejecutivas que la demandada agregó a la causa (fs. 1 a 38 de la carpeta de Documentación en 58 fs. así como las sucesivas reinscripciones de embargo trabado a fs. 51, 53 y 55 de los A.A.). En definitiva, comprobándose la ausencia de pagos efectuados por la empresa empleadora, no puede la demandada realizar los pagos de aportes que reclama el actor, por lo que negativa a la petición incoada resulta conforme a Derecho. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett, Dr. Simón. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).