Sentencia Definitiva N° 292/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 27 de julio de 2021. No. 292 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados : “ANADON FURTADO, MARÍA ESTHER con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de nulidad” (Ficha No. 224/2019). RESULTANDO : I) Surge de fs. 12 que, con fecha 23/04/2019, compareció la accionante entablando demanda anulatoria contra la Resolución Nº DP 137/2017 de fecha 27/09/2017, dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Social, qu e denegó la solicitud de jubilación y la inclusión de los servicios prestados a Nair Silva por el período 02/05/1972 a 03/12/1973, MIMOSA por el p eríodo 02/01/1974 a 30/03/1974, Ernesto Patrone por el período 01/04/1974 a 30/12/1976, y María González por e l período 01/01/1977 a 30/12/1987 (fs. 30 de los A.A.). Como fundamento de su pretensión, alegó que había prestado efectivamente los servicios denunciados, lo que surgía de las declaraciones de los testigos presentados. Indicó que, al interponer los r ecursos administrativos, había propuesto nuevos testigos, pero que la Administración solo ha bía tomado declaración a la Sra. María Vaz, y no había citado a los demás que estaban en condiciones de probar los años trabajados para Nair Silva, Ernesto Patrone y María González. Afirmó que se habían infringido sus derechos a la seguridad social, a la defensa y al debido procedimiento, al no haber diligenciado un medio de prueba de vital relevancia para corroborar los hechos alegados. Citó jurisprudencia al re specto, y concluyó que la violación de normas de jerarquía superior y de los principios que las informaban, habían invalidado el acto administrativo. En definitiva, solicitó se anulara el acto impugnado. II) A fs. 21, el 17/06/2019 compareció la repr esentante de la demandada, contestando la demanda incoada. Controvirtió la pretensión de la actora, y sostuvo que había procurado, más allá de la diligencia debida, la comparecencia de la titular y la concurrencia de los testigos propuestos, siendo infru ctuosas las numerosas gestiones realizadas, salvo en el caso de la Sra. María Vaz. Manifestó que la prueba testimonial no resultaba eficaz para acreditar la actividad denunciada. Afirmó que había existido una orfandad probatoria imposible de soslayar y que no había habido aportación temporánea de probanzas. Señaló que la carga probatoria recaía sobre la actora, rechazó que se la trasladara a la Administración, y se remitió a jurisprudencia del Cuerpo al respecto. Concluyó que la prueba testimonial h abía sido estéril para acreditar la veracidad de la actividad denunciada, y solicitó que se desestimara la acción de nulidad incoada. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra certificada a fs. 62. IV) Alegaron las partes por su orden: la actora a fs. 65 y ss. y la demandada a fs. 70 y ss. V) Se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que produjo el Dictamen No. 314/2020 por el que aconsejó confirmar el acto administrativo en cuestión (fs. 75). VI) Se llamó para sentencia, girando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron su dictado en forma legal. CONSIDERANDO : I) Se han acreditado los extremos legales habituales requeridos por la normativa vigente (arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869) para el correcto accionamiento de nulidad. En efecto, se procesa la nulidad de la Resolución Nº DP 137/2017 de fecha 27/09/2017, dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Social, que denegó la solicitud de jubilación y la inclusión de los servicios prestados a Nair Silva por el período 02/05/1972 a 03/12/1973, MIMOSA por el período 02/01/1974 a 30/03/1974, Ernesto Patrone por el período 01/04/1974 a 30/12/1976, y María González por el período 01/01/1977 a 30/12/1987 (fs. 30 de los A.A.). Contra dicho acto, notificado personalmente a la actora con fecha 23/10/2017 (fs. 30 vta. de los A.A.), se interpusieron en tiempo y forma (el 31/10/2017) los correspondientes recursos de revocación y jerárq uico en subsidio (fs. 33 y vta. de los A.A.). Por Resolución N° 3-257/2019 de fecha 06/02/2019 el Directorio del Banco de Previsión Social no hizo lugar al recurso jerárquico (fs. 61 vta. y 62 de los A.A.), la que fue notificada el 06/03/2019 (fs. 66 A.A.). Finalmente, la demanda de nulidad se dedujo en tiempo útil (el 23/04/2019 - nota de cargo a fs. 15). II) En cuanto al fondo del asunto, e l Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, apartándose del pronunciamiento de la Procuraduría el Estado en lo Contencioso Administrativo, amparará parcialmente el planteo anulatorio impetrado en mérito a los fundamentos que se desarrollan en los siguientes numerales. III) Emerge de los antecedentes administrativos allegados al proceso que el 05/07/2017 la accionante se presentó ante el BPS a solicitar jubilación con cese (fs. 1 A.A.), declaró haber trabajado para Nair Silva, MIMOSA, Ernesto Patrone, María González, Esther Yribarne, Alicia Garbarino, Perfil S.A. y José Silveira en distintos períodos (fs. 2 A.A.), ofreciendo la declaración de 7 testigos (fs. 3 A.A.). Prestaron declaración jurada, con fecha 05/07/2016 la actora (fs. 5 vta. a 8 A.A.), y con fecha 03/08/2017 las Sras. Blanca Sosa (fs. 11 vta. a 12 A.A.), Gladys Gómez (fs. 14 y 15 A.A.), Mabe l Liberji (fs. 16 vta. y 17 A.A.), Orfilia Ferraz (fs. 19 A.A.), Myriam Andino (fs. 20 vta. y 21 A.A.), Luz Pérez (fs. 22 vta. y 23 A.A.) y el Sr. Enrique Vizcaíno (fs. 24 A.A.). El 8/8/2017 la Oficina Sucursal Cerro de la Gerencia de Prestaciones produjo informe en el que consignó que: “PERIODO PROBADO: 1988-1994 (SE INGRESO COMO IM TESTIGOS) PERIODO DENEGADO: 1977-1987 (SE INGRESO COMO IM DENEGADO)” (fs. 22 A.A.) Se otorgó vista de las actuaciones a la solicitante respecto de la denegatoria de los servicios prestados a Nair Silva, Mimosa, Ernesto Patrone y María González (fs. 27 y vta. A.A.), la que no fue evacuada. Finalmente, se dictó la resolución que se procesa en autos (fs. 30 A.A.). IV) La controversia está centrada en la valoración de la prueba aportada para acreditar los servicios declarados para Nair Silva por el período 02/05/1972 a 03/12/1973, MIMOSA por el período 02/01/1974 a 30/03/1974, Ernesto Patrone por el período 01/04/1974 a 30/12/1976, y María González por el período 0 1/01/1977 a 30/12/1987, ya que se tuvieron por probados los servicios para Esther Yribarne por el período 02/01/1988 a 30/03/1994, Alicia Garbarino por el período 04/05/1994 a 31/03/1996, Garbarino Rapetti Alicia Isabel por el período 13/07/1996 a 30/04/1997, Perfil S.A. por el período 01/07/1997 a 11/03/1999, y Silveira Nauar José Antonio por el período 09/09/2014 a 23/12/2015, computando un total de 13 años 11 meses y 10 días de servicios. A efectos de determinar si los otros servicios denunciados fuero n acreditados, corresponde analizar la prueba aportada, a saber: los testimonios diligenciados ante el BPS y en este proceso. IV.I) Respecto de los servicios realizados para Nair Silva por el período 02/05/1972 a 03/12/1973, la Sra. Blanca SOSA declaró q ue: “María trabajaba en una casa, limpiaba y cuidaba 4 chiquilines, Eso fue por 72 – 73 más o menos . Fue un año. Quedaba en Suárez … Trabajaba para Nair Silva, ella era Actuaria o Abogada” (fs. 12 A.A.). Por su parte y en relación a este período, Gladys G ÓMEZ sostuvo que: “María trabajaba en una casa en el Cerro, Nahir Suarez. Ella limpiaba, toda la tarea de la casa y le cuidaba los hijos, eran 4. Esto fue de marzo de 73 hasta diciembre de 1975”. (fs. 14 vta. A.A.). A ello se agrega el testimonio brindad o en la etapa probatoria del proceso por Rosa CALABRIA NUÑEZ, vecina de la accionante, quien afirmó que “… después trabajó con Nair que era funcionaria del juzgado y ella le cuidaba las niñas, tenía como cuatro chiquilines...” (fs. 51). Si bien los años referidos por las testigos no coinc iden exactamente con el período declarado por la actora para esta empleadora, los testimonios son contestes en señalar que trabajó para Nair SILVA, que le cuidaba los hijos, y la profesión o actividad laboral que aquélla tenía. En lo relativo a la actividad desempeñada para MIMOSA por el período 02/01/1974 a 30/03/1974 , la Sra. María Beatriz VAZ declaró conocer a la accionante por ser vecinas e ir a la escuela juntas, que “Ella empezó los primeros días de enero de 1974 y yo ingresé el 23 de enero (…) Era una fábrica de dulces que se llamaba MIMOSA en Sauce”, que “Fue una zafra, trabajamos hasta el 30 de marzo del mismo año, ... ” y que “Entrábamos a las 6 de la mañana y trabajábamos hasta las 14, de 12 a 12:30 era el de scanso era de lunes a viernes” , y describió las tareas que realizaban con la fruta y con la salsa de tomates (fs. 46 A.A.). En cuanto a los servicios prestados a Ernesto Patrone por el período 01/04/1974 a 30/12/1976, la Sra. Gladys GÓMEZ afirmó que: “ … se fue a trabajar a lo de Ernesto Patrone, ella limpiaba la casa, el era Policia y la mujer trabajaba en una fábrica de pintura, se llamaba Nelly. Trabajó un solo año, del 75 al 76. Era con retiro…”(fs. 14 vta. A.A.). Y en vía jurisdiccional, la testigo Rosa CALABRIA NÚÑEZ, vecina de la actora, declaró que “Ella cuidaba muchos chiquilines, cuando yo me mudé en el año 1969 y en el año 1970 nació Marianella la hija de Patrone y ella la cuidó siempre, la cuidó hasta grande porque la madre trabajaba. Trabajaba en muchos lados en fábrica de dulces, ...” (fs. 51). En similar sentido, el testigo Clemente NÚÑEZ DÍAZ sostuvo que: “Ella trabajó con Patrone creo que en el año 1972 en adelante, después cuidaba una muchacha llamada Marianella”. (fs. 53). De lo que se viene de transcribir, resulta que se puede tener por acreditado el desempeño de tareas para Nair SILVA entre los años 1972 y 1973, para MIMOSA entre los años 1975 y 1976 y para Ernesto Patrone por el período 01/04/1974 a 30/12/1976. En efecto, l a manifestación vertida por la declarante María Beatriz VAZ resulta creíble y, así lo entendió el funcionario actuante por el BPS que, en ocasión del testimonio, informó: “ La declaración fue espontánea, la declarante se mostró muy segura de sus dichos y merecería credibilidad, puesto que logra delimitar el período asociándolo con hechos relevantes de su vida...” (fs. 47 vta. A.A.). Como manifestara en su fundado voto la Sra. Ministro, Dra. Selva KLETT: “… y si bien en este caso se ofreció solo la depos ición de una testigo, la relación con ésta con el objeto de lo declarado era tan estrecha que debió haber sido considerada suficiente para tener acreditados los trabajos denunciados en favor de MIMOSA. Igualmente, a esto tampoco escapa la detallada versión de los hechos conjuntamente vividos, que incluyó hasta la peculiar y desagradable forma en que se hacía la salsa de tomate. Ello sirve para dotar de franca verosimilitud a la deposición de la testigo, desde que expuso ciertas características de las labore s que llevaron a rememorar hechos ocurridos décadas atrás.” Ahora bien, en lo relativo a los testimonios de las Sras. Blanca SOSA y Gladys GÓMEZ, el Tribunal no coincide con el temperamento de la funcionaria actuante que los calificó como “no conforme por existir discrepancias”, e informó como desfavorable el período para Nair SILVA, MIMOSA y Ernesto Patrone (fs. 13 y 15 vta. A.A.) Además, dichos testimonios fueron contestes con las deposiciones de la Sra. Rosa CALABRIA NUÑEZ y del Sr. Clemente NÚÑEZ DÍAZ respecto a la actividad laboral desempeñada por la actora en los hogares de Nair SILVA y de la familia Patrone (fs. 51 y 53 infolios). De modo que se estima que son suficientes para probar los servicios denunciados por la compareciente para los emp leadores Nair SILVA, MIMOSA y Ernesto PATRONE. Como ha sostenido el Tribunal en innumerables fallos, no es necesario exigir una precisión extrema en las declaraciones de quienes atestiguan acerca de los servicios prestados por el interesado, especialmente si esos hechos datan de mucho tiempo atrás (casi 50 años) como en el presente, por lo que no se puede pretender que los relatos sean detallados y dotados de una gran exactitud de detalles. La Corporación, ante casos similares, expresó que: “En tal sentido vale recordar consideraciones vertidas en Sentencia N° 457/2011 en cuanto a que “(…) La Administración tampoco tuvo en cuenta que la apreciación de la prueba testimonial debe hacerse tomando en cuenta las circunstancias de conocimiento de los testi gos y el contexto en el que se desarrollaron los hechos objeto del testimonio; siendo lógico que surjan imprecisiones y desprolijidades cuando se declara sobre acontecimientos acaecidos hace mucho tiempo (…) ”. (cf. Sentencia 810/2016). Y, en el mismo enfoque, sostuvo que: “En este sentido, la Corporación ha señalado ante casos similares que “(…) corresponde admitir que no cabe exigir una puntillosa pulcritud en la deposición de quienes atestiguan sobre servicios denunciados por el interesado en obtener el amparo jubilatorio, sobre datos de la vida ocurridos tiempo atrás (sentencias 457/2011, 434/2009, 193/2008 (…)”, lo que (…) no significa una suerte de franquicia probatoria en favor del interesado, que determine el auxilio anulatorio en base a una exce siva benignidad en la valoración del informativo testimonial aportado (sentencia 809/2012)” (sentencias N° 143/2017 y 1053/2017) ” (cf. Sentencia 355/2018). Por ende, estos períodos debieron haberle sido reconocidos a la Sra. Anadon. IV.II) Ahora bien, distinta es la conclusión a la que se arriba sobre la actividad denunciada respecto de María GONZÁLEZ por el período 01/01/1977 a 30/12/1987. Enseña el Maestro COUTURE que el cúmulo probatorio incorporado debe valorarse de acuerdo a las reglas de la “sana crítica” que son ante todo “las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez” (cf. COUTURE, Eduardo J. “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, 3ª Edición (14ª reimpresión), Ed. Depalma, Buenos Aires, 1987, pág.270). En este enfoque, estima la Sala que procede el rechazo del agravio respecto a este período, desde que existió una correcta valoración de la prueba por parte del Organismo previsional demandado. Es de verse que la Sra. Mabel LIBERJI declaró que: “ María cuidaba a la suegra de la hermana de ella y le hacía la limpieza pienso. La Sra. se llamaba María, no me acuerdo el apellido. Sé que fue hace muchos años, pero no recuerdo el año, no recuerdo cuantos años fueron.” (fs. 17 A.A.). Por su parte y en relación a este período, la Sra. Myriam ANDINO afirmó que la actora “ trabajaba en una casa de familia desde el año 1988 al año 1994, (…). Para la Familia Yribarne” y preguntada si conocía otras actividades de la t itular, respondió: “Sé que trabajó en vari os lugares , luego sé que trabajó para la suegra de la hermana en las Torres, pero no sé cuánto tiempo (fs. 21 A.A.). La funcionaria actuante calificó el testimonio de la Sra. LIBERJI como insuficiente porque no c onocía el apellido de la empleadora ni el período y años trabajados (fs. 18 A.A.), y señaló que la Sra. ANDINO no declaró respecto a la familia GONZÁLEZ por el período 1977 a 1987, por lo que su declaración solo era válida en lo relativo a la familia Yribarne por el período 1988 a 1994 (fs. 21 vta. A.A.). Por tanto, de las actuaciones reseñadas se desprende que no se aportaron elementos suficientes para acreditar fehacientemente el período denunciado como laborado para María GONZÁLEZ, como con acierto l o afirma la demandada. Resulta evidente la insuficiencia de información aportada para justificar un período de trabajo de más de diez años para un empleador, ya que no se está ante diferencias de detalle que puedan justificarse en razón del tiempo transc urrido y que evidencien espontaneidad, sino que lisa y llanamente no se probó la actividad invocada. La Corporación, en un caso similar, en Sentencia No. 181/2013 expresó que: “Si bien no resulta posible adoptar un criterio absolutamente riguroso en l a valoración de la prueba por el obstáculo que, para el conocimiento de los hechos a probar, supone el transcurso del tiempo y la avanzada edad de los testigos, la prueba rendida subespecie revela inconsistencias que hacen que, valorada en su globalidad, no constituya un soporte utilitario para viabilizar la solicitud de la reclamante. En tal sentido, como recientemente ha expresado la Sede: “Cierto es que, la circunstancia de que los testimonios refieran a hechos acontecidos hace muchísimos años, posible mente provoque que los deponentes incurran en inexactitudes, pero aun cuando corresponde admitir que no cabe exigir una puntillosa pulcritud en la deposición de quienes atestiguan sobre servicios denunciados por el interesado en obtener el amparo jubilatorio, sobre datos de la vida ocurridos tiempo atrás (Cfe. Sentencias 457/2011, 434/2009, 193/2008, entre muchas otras), ello no significa una suerte de franquicia probatoria en favor del interesado, que determine el auxilio anulatorio en base a una excesiva benignidad en la valoración del informativo testimonial aportado” (Sentencia 809/2012)”. V) Finalmente, es menester precisar el alcance de la solución anulatoria a la que se arribará. Al respecto, corresponde señalar que la Administración se encuent ra inserta en el poder deber de recomponer las actuaciones administrativas considerando, a efectos del cálculo del haber jubilatorio, los servicios que tuvo por no reconocidos en relación a la Sra. María Esther ANADON (02/05/1972 a 03/12/1973, 02/01/1974 a 30/03/1974, y 01/04/1974 a 30/12/1976). Asimismo, la anulación parcial obedece a las coordenadas del principio dispositivo y a los agravios esgrimidos en el presente proceso. Así, del acto objeto de impugnación (fs. 30 de los A.A) resulta que, evidentemente, a la actora no le generó agravios el sector relativo a los servicios que le fueron reconocidos, pero sí los que involucran a los que -a criterio del Tribunal- le fueron erróneamente denegados, el que era perfectamente escindible a efectos del análi sis de su juridicidad y que da mérito a la anulación parcial a la que se llega. En definitiva, de lo que se viene de exponer fluye la decisión de amparar parcialmente la demanda y, en su mérito, anular parcialmente el acto resistido. Por las razones e xpuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, FALLA : Ampárase parcialmente la pretensión anulatoria y, en su mérito, anúlase parcialmente el acto impugnado, con el alcance establecido en el Considerando V) de este pronunciamiento. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios profesionales del abogado de la parte actora en la suma de 39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, de vuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo (r.), Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón Dr. Marquisio (Sec. Letrado).