Sentencia Definitiva N° 288/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 27 de julio de 2021. No. 288 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “MARRUBY S.R.L. con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de nulidad” (Ficha No. 315/2018). RESULTANDO : I) Con fecha 14 de mayo de 2018 compareció, en representación de MARRUBY S.R.L., la Sra. María Emilia Narbays Brito, quien dedujo pretensión anulatoria en contra de la Resolución N° 3214646, mediante la cual la Gerencia de Fiscalización de ATyR del Banco de Previsión Social (en adelante BPS), en ejercicio de atribuciones delegadas, determinó en cabeza de la empresa compareciente adeudos por concepto de Aporte Patronal, Aporte Mínimo, multas y recargos por el período 02/01/2010 - 30/04/2016 y por un total de $580.598 (fs. 56 vto. A.A.). En lo medular de su embate, la parte actora en este proceso expuso que la volición atacada es ilegítima por ser contraria a la realidad. Concretamente, postuló que la constatación del supuesto vínculo de dependencia laboral entre MARRUBY S.R.L. y el Sr. CARLOS MAYORAL partió de una desajustada valoración de los medios de prueba diligenciados en la instancia administrativa. Igualmente, argumentó que la Administración Tributaria cayó en erróneas interpretaciones del concepto de “relación laboral” y sus elementos característicos. Así, marcó y remarcó que es claro y evidente que el Sr. MAYORAL trabajó siempre en forma independiente, para beneficio propio de todos los vecinos del lugar donde tiene su taller. Sin perjuicio de lo cual, aclaró que lo más grave de la situación radica en que el BPS no advirtió que el Sr. MAYORAL fue titular, desde el 01.08.2006 hasta el 25.08.2015, de una sociedad de hecho cuyo giro era el acabado de muebles de madera: extremo que acredita la modalidad en que el otrora denunciante prestaba sus servicios. Finalmente, concluyó que las frágiles inconsistencias a las que aludieron los informes para negar la actividad independiente del Sr. MAYORAL, además de no acreditar la pretendida relación de subordinación, evidencian un afán recaudatorio carente de sustento. Por estos argumentos, en definitiva, solicitó el amparo de la demanda y la consecuente anulación del acto en proceso (fs. 17 a 20 vto.). II) Corrido el traslado de precepto compareció, en representación del BPS, el Dr. Francisco Leyzagoyen, quien contestó la demanda impetrada de forma contradictoria y bregó por la solución confirmatoria del acto en causa. En lo central de sus defensas, esgrimió que el cúmulo de pruebas diligenciadas en vía administrativa da cuenta de que existió una relación laboral entre el Sr. MAYORAL y la actora, que justifica plenamente el acto de determinación atacado en estos obrados. En esta línea manifestó que militan en favor de la tesis de la Administración: i) la denuncia del trabajador; ii) testimonio del acta de conciliación celebrada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se instrumentó una transacción extrajudicial entre la empresa promotora y el Sr. MAYORAL por un monto de $120.000; iii) sendas declaraciones de testigos que afirmaron que la empresa llevaba asiduamente trabajos al Sr. MAYORAL. La prueba, a su modo de ver, demostró la concurrencia de muchos de los indicios que hacen presumir una relación de trabajo subordinado, tales como un vínculo estable, exclusivo y con una retribución relativamente fija. Del mismo modo manifestó que la prueba ofrecida por la contribuyente, lejos de desvirtuar las conclusiones del equipo inspectivo, terminó apuntalando los términos de la denuncia del Sr. MAYORAL y la tesis de la Administración centrada en la existencia de una relación de subordinación entre el trabajador y la empresa. Bajo estas premisas, en suma, concluyó que el acto no merece reproche de ilegitimidad alguno, pues fue dictado con estricto ajuste a la normativa vigente (fs. 33 a 37). III) Abierto el juicio a prueba por Decreto No. 8469/2018 (fs. 39), las partes produjeron la que obra agregada y certificada a fs. 99. IV) Las partes alegaron por su orden, haciéndolo la actora en el escrito que corre de fs. 102 a 105, y la demandada en el que luce de fs. 110 a 113. V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, mediante Dictamen No. 306/2020, aconsejó hacer lugar a la demanda y anular el acto resistido (fs. 116 y ss.). VI) Por auto No. 4513/2020 (fs. 120) se citó para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma, previo estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) Desde el punto de vista formal se han cumplido adecuadamente los requisitos exigidos por las normas respectivas para habilitar el presente accionamiento anulatorio (art. 309 de la Constitución). II) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes naturales, de consuno con lo aconsejado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, procederá a hacer lugar a la demanda y a anular el acto objeto de impugnación. III) Ilegitimidad del acto de determinación en causa. III.I) En la emergencia, de acuerdo al contenido de la resolución atacada y a los agravios y defensas sustentadas en los respectivos escritos introductorios, el cerno de la controversia estriba en determinar si la actividad prestada por el Sr. Carlos MAYORAL a la empresa MARRUBY S.R.L., en tanto considerada por el BPS como el hecho generador de los adeudos tributarios determinados, fue o no en el marco de una relación de trabajo subordinada. III.II) Es así que, de modo inicial, cabe revalidar los razonamientos expuestos por este Tribunal en reciente Sentencia No. 170/2020, en la que se efectuó un extenso análisis conceptual sobre aspectos sustanciales y procesales de las relaciones de trabajo encubiertas: cuestión base de la determinación objeto de accionamiento. Así, la Corporación, con expresa remisión a postulados de la dogmática y la jurisprudencia, sostuvo: “Con carácter general, doctrina y la jurisprudencia han puesto de manifiesto que “Lo que interesa fundamentalmente en el contrato de trabajo es que el servicio, cualquiera sea su naturaleza, se preste en forma subordinada (Cf. Nicoliello en R.D.L., XIV, pág. 252)” (sentencias SCJ Nº 181/2005 y 14/2015) y que “(…) la subordinación o dependencia constituye el más típico elemento distintivo que sirve para identificar al contrato de trabajo . Los elementos típicos del contrato de trabajo son los siguientes: la actividad personal, onerosa, durable y subordinada. (…) es la subordinación jurídica la propiedad que verdaderamente caracteriza la relación de trabajo. Aquella consiste en la posibilidad de que el empleador imprima, cuando lo crea conveniente, una cierta dirección a la actividad del trabajador. (…) (Cf. ERMIDA URIARTE, Oscar, “El concepto de subordinación y dependencia en el Derecho Laboral y de Seguridad Social”, Revista Tributaria, T. X, Nº 52, pág. 8).” (sentencia TCA N° 711/2017). También se ha expresado que: “la subordinación jurídica, que permite diferenciar al trabajador subordinado y por ende protegido, del trabajador autónomo, supone fundamentalmente el poder del empleador de organizar (determinación por el empleador de cuál es la manera más idónea de utilizar la prestación del trabajo para lograr el resultado empresarial que se persigue); dirigir (dar órdenes relativas al modo, al lugar y al tiempo de la ejecución de las tareas realizadas por el trabajador); controlar (a efectos de que la prestación se adecue a la organización y órdenes impartidas); y disciplinar la actividad de éste (la sanción del incumplimiento del trabajador es una manifestación directa de la subordinación)” (Cf. Daniel Rivas, “Los indicios del trabajo subordinado en la jurisprudencia nacional”, Revista Judicatura Nº 36, p. 76 a 80) (sentencias SCJ Nº 38/2004 y 14/2015) Asimismo, se ha señalado que “El criterio acertado de distinción del contrato de arrendamiento y el contrato de trabajo es la subordinación . Sin embargo, en muchos casos, no es un elemento de fácil determinación. Son las llamadas “zonas grises”. Doctrina y jurisprudencia hacen referencia a los “indicios” que puedan señalar la existencia o inexistencia de subordinación” (Cf. Cristina Mangarelli, “Arrendamiento de Servicios”, en “Cuarenta y Dos Estudios sobre la Descentralización Empresarial y el Derecho del Trabajo”, FCU, p. 273) (…) En este contexto, cabe recordar que la jurisprudencia ha entendido que “la relación laboral debe ser acreditada por quien alega su existencia cuando la parte demandada lo niega (art. 139 del C.G.P.), debiendo aportar la actora prueba clara y concluyente de hechos concretos que revelaran que los servicios prestados para la accionada fueron de carácter subordinado durante el período en que se vinculó mediante sendos contratos de arrendamientos.” (sentencia SCJ Nº 14/2015) (véanse en similar sentido los siguientes casos: TAT 2º, publicada en AJL 1993 c. 928 y TAT 3º turno publicada en AJL 1999 c. 1254, ambos mencionados en sentencia TCA Nº 497/2019). En casos como el de autos, la carga de probar las relaciones de dependencia encubierta gravita sobre el Ente demandado, que debe aportar prueba clara y concluyente que permita demostrar que las formas jurídicas adoptadas por los particulares efectivamente no coincidan con la realidad porque “Si se advierten discordancias entre las formas escogidas por las partes y lo que ocurre en la práctica, debe darse prioridad a esto último, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos, en aplicación del principio de primacía de la realidad y verdad material (arts. 149 de la Ley No. 16.713 y 6, inc. 2º, del CT).” (sentencia TCA Nº 646/2017). En estos supuestos de “zonas grises” , en donde resulta complejo determinar si se está ante relaciones autónomas y de dependencia, cobra especial relevancia la prueba por indicios. El indicio, como lo define Devis Echandía es “un hecho conocido del cual se induce otro hecho desconocido, mediante un argumento probatorio que de aquel se obtiene, en virtud de una operación lógicacrítica basada en las normas generales de la experiencia o en principios científicos o técnicos.” (Cf. Hernando Devis Echandía: “Teoría General de la Prueba Judicial”, tomo II, Zavalia Editor, 5ª edición, Bs. Aires, 1981, p. 601). En similar sentido, Taruffo señala que el indicio demuestra un hecho secundario, que sirve para establecer, mediante un razonamiento inferencial, la verdad del hecho principal (Cf. Michele Taruffo: “La prueba de los hechos”, Editorial Trotta, Madrid, 2002, p. 456). Pero para que la evidencia circunstancial tenga suficiente valor probatorio es fundamental que exista una pluralidad de indicios, que tengan relación con el hecho a probar, que tengan armonía y concordancia, que el enlace entre los indicios y los hechos constitutivos de la hipótesis se ajusten a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia de modo que se eliminen las hipótesis alternativas. A su vez, es menester que no existan contraindicios que posibiliten desbalancear el razonamiento en sentido contrario (Cf. Daniel González Lagier: “Hechos y argumentos. Racionalidad epistemológica y prueba de los hechos en el proceso penal” en AA. VV.: “El Derecho en acción. Ensayos sobre interpretación y aplicación del Derecho”, ARA, Lima, 2010, p. 312 a 321) (sentencias Nº 221/2013, 601/2017, 549/2018, 522/2019, 761/2019 y 9/2020, entre otras). En similar línea de razonamiento, se ha indicado que: “se requiere que no existan contraindicios o circunstancias que faculten la duda en el juicio lógico de relación entre ambos hechos. Tal duda puede emerger tanto de la misma existencia de contraindicios, de la insuficiencia de prueba del hecho antecedente, de ausencia de certeza en la relación de causalidad per se, o falta de univocidad en los hechos indicadores” (Cf. Enrique Vescovi y colaboradores, “Código General del Proceso”, comentado, anotado y concordado, tomo 4, Editorial Ábaco, Buenos Aires, p. 239). Es que, como lo advierte Devis Echandía en sede de prueba indiciaria, “de una base insegura no puede resultar una conclusión segura”. Para que esta surta eficacia probatoria se exige “que aparezca clara y cierta la relación de causalidad entre el hecho indicador (o el conjunto, si son varios los indicios contingentes) y el indicado (...) que no existan pruebas de otra clase que informen los hechos indiciarios o que demuestren un hecho opuesto al indicado por aquéllos (…) que se pueda llegar a una conclusión final precisa y segura, basada en el pleno convencimiento o la certeza del juez .” (Cf. Hernando Devis Echandía, “Compendio de la Prueba Judicial”, Anotado y Concordado por Adolfo Alvarado Velloso, tomo II, Rubinzal - Culzoni Editores, Buenos Aires, p. 278) (sentencia TCA Nº 497/2019) La cuestión de los indicios y el llamado razonamiento indiciario se encuentra vinculada al tema de las máximas de la experiencia (Cf. Enrique Vescovi y colaboradores, “Código General del Proceso”, comentado, anotado y concordado, tomo 4, op. cit., p. 235), que según enseña Couture son normas de valor general que se extraen de la observación de lo que generalmente ocurre en numerosos casos y que son susceptibles de aplicación en todos los de su misma especie (Cf. Eduardo Couture, “Estudios de Derecho Procesal Civil”, Buenos Aires, 1949, tomo II, p. 192). En este sentido, contribuyen tanto como los principios lógicos a la valoración de la prueba según las reglas de la sana crítica, que además de lógica supone la correcta apreciación de ciertas proposiciones de experiencia de que todo hombre se sirve en la vida (Cf. Eduardo Couture, “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, Buenos Aires, 1990, p. 192, citado por Enrique Véscovi y colaboradores, en “Código General del Proceso”, comentado, anotado y concordado, tomo 4, op. cit., p. 223 y 232). Estas últimas son, ante todo, “las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez.” (Cf. Eduardo Couture, “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, 3ª Edición, Buenos Aires, 1987, p.270) (sentencias Nº 459/2018 y 812/2019, entre otras)” III.III) Pues bien; luego de conjugar todos los conceptos y pautas bajo análisis, el Tribunal considera que la prueba rendida tanto en vía administrativa como en la presente instancia jurisdiccional, lejos estuvo de probar que el Sr. MAYORAL prestara sus servicios para la empresa MARRUBY S.R.L. en el marco de una relación de dependencia. En efecto, la demandada no logró acreditar que el Sr. MAYORAL estuviera integrado a la estructura organizativa de la empresa en calidad de dependiente, subordinado a las directivas de los socios ni al poder disciplinario de estos. Tal extremo fue puesto de relieve por la prueba testimonial obrante en el expediente, que expuso que el Sr. MAYORAL: i) no cumplía un horario ni estaba sometido a potestad disciplinaria alguna; ii) no recibía una retribución fija; iii) trabajaba para varias mueblerías; iv) las labores las realizaba en su taller; v) tenía una sociedad de hecho con el Sr. Gastón CANO dedicada al lustrado de muebles (ver declaraciones obrantes a fs. 52 de los antecedentes y 63, 65 y 75 infolios). No es menor, además, considerar que la relación entre los testigos y el objeto de su declaración dotó de una particular eficacia convictiva a las deposiciones, que sin esfuerzo desmantelaron las conclusiones a las que arribó el acto impugnado. Ello, como decía TARIGO, hace a las condiciones de formación del testimonio, que imponen al juzgador “ considerar el objeto del testimonio, el tiempo transcurrido, la relación entre el sujeto y el objeto, etc.” (Cfme. TARIGO, Enrique, Lecciones de Derecho Procesal Civil, T.II, 3ª Edición, F.C.U., Montevideo, 2004, págs. 41 y 76). En este derrotero resulta imposible sortear que el socio del Sr. MAYORAL, Sr. Gastón CANO ROSSI, declaró en este proceso, y puso de manifiesto con absoluta claridad y espontaneidad las características de los servicios prestados para MARRUBY S.R.L. Así, cuando preguntado el Sr. CANO sobre si tuvo una sociedad con el Sr. MAYORAL, replicó: “Sí, tuvimos una empresa, abrimos por el año 2006 hasta el 2015 más o menos, lustrábamos muebles” (fs. 61). Por su parte, cuando interrogado sobre si realizaban las tareas de lustrado bajo dependencia y a cambio de una retribución, contestó: “ Solo vínculos comerciales ”; “ No, no trabajamos en exclusividad para ellos”; “No, cobrábamos por mueble hecho” (fs. 61 vto.). Finalmente, cuando se le requirió que brindara la razón de sus dichos, expuso: “ Porque yo era socio de Carlos Mayoral, teníamos el taller en mi casa, teníamos como clientes a muchas mueblerías y yo era el que me movía para conseguir los clientes, yo visitaba las mueblerías, entregaba la lista de precios y, si les servía, hacíamos el trabajo. Vendíamos un servicio, no éramos empleados de nadie” (fs. 61 vto.). III.IV) Entiende el Cuerpo que, a partir de lo relacionado, la Administración valoró sesgada y aisladamente los elementos obrantes en la causa, y soslayó la concurrencia de múltiples contra indicios en favor de la tesis sustentada por la empresa contribuyente. Ha de tenerse en cuenta que el principio de la valoración unitaria de la prueba reclama que el informativo probatorio deba ser considerado como “…una unidad, y que, como tal, debe ser examinado y apreciado por el juez, para confrontar las diversas pruebas, puntualizar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme. (…) Esa unidad se refleja también en el fin propio de la prueba judicial y en la función que desempeña; es decir, que no obstante el interés de cada parte en sacar adelante sus propias pretensiones o excepciones con las pruebas que aporta, en oposición a lo perseguido por la otra con las que por su lado aduzca, existe una unidad de fin y de función en esa prueba: obtener la convicción o certeza del juez y suministrarle ´los medios de fallar conforme a la justicia’ (DEVIS ECHANDIA, Hernando, “Teoría General de la Prueba Judicial ”, T.I, 6ª Edición, Temis, Bogotá, 2017, p. 121). Desde estas pautas, para la Corporación, la conclusión a la que se arriba no resulta empañada por la celebración de una transacción en el ámbito del MTSS entre MARRUBY S.R.L. y el Sr. MAYORAL, pues en dicha instancia, con expreso desconocimiento de la relación laboral, se arribó a un acuerdo con la finalidad de “prevenir” un litigio eventual. No corresponde, por la propia naturaleza de las concesiones (Cfme. PLA RODRÍGUEZ, Américo, “ Los principios del Derecho del Trabajo ”, F.C.U., Montevideo, 2015, p. 145), asignar valor de “confesión” a la transacción en materia laboral. Lo contrario, en particular en esta hipótesis, equivaldría a desestimar, en pos de una supuesta supremacía del recaudo documental, un aplastante cúmulo de elementos que acreditan que el Sr. MAYORAL no era dependiente de la empresa MARRUBY S.R.L. III.V) A partir de lo expuesto, es evidente que la demandada omitió efectuar un ajustado encuadre de los hechos probados en los supuestos que la normativa, la dogmática y la jurisprudencia han definido como elementos típicos o caracterizantes de la relación de trabajo subordinado, como ser: a) el cumplimiento o no de horario; b) el lugar de prestación del trabajo; c) el tipo de remuneración; d) el suministro de materiales por el empleador; e) la ausencia de asalariados dependientes del trabajador; f) la posibilidad de relación con terceros (el trabajador independiente contrata libre y directamente, colocando los productos directamente en el mercado), j) la participación en los riesgos de la explotación; entre otros (Cfme. ERMIDA URIARTE, Oscar, “El concepto de subordinación y dependencia en el mercado laboral y de seguridad social ”, Revista Tributaria, Tomo X, Nº 52, p. 8). Dicha circunstancia, en tanto base de la determinación de adeudos impugnada, determina irrefragablemente la nulidad de la resolución en causa. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Ampárase la demanda incoada y, en su mérito anúlase el acto impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dr. Simón. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).