Tribunal de lo Contencioso Administrativo · Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Sentencia Sentencia N° 286/2021
27 de julio de 2021
- Ficha (IUE)
- 575/2020
- Procedimiento
- Amparo
- Materia
- Derecho administrativo
- Resultado (estimado)
- Revoca o anula
- Fallo: caducidad
Texto de la sentencia
DECRETERO DE SENTENCIAS
//tevideo, 27 de julio de 2021.
No. 286
VISTOS :
Para resolución, estos autos caratulados: “ROJAS FACCIO, SANDRA GISELLE con ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO. Acción de Nulid ad” (Ficha No.
575/2020).
RESULTANDO :
I) Que a fs. 12 -19 vto. infolios compareció la actora a accionar de nulidad contra la Resolución de la Gerencia de Recursos Humanos de ASSE Nº 5066 de fecha 25 de setiembre de 2018 , dictada en ejercicio de atribuciones delegadas, mediante la cual se resolvió rescindir el contrato que la accionante mantenía con la Administración al amparo de lo dispuesto por el artículo 256 de la Ley No. 18.834, prestando funciones en la Unidad Ejecutora 005 “Hospital Maciel” (A.A fs. 142-145).
En lo medular, la accionante sostiene que no existió resolución fundada de la rescisión de su vínculo contractual con ASSE. Señala que desde su ingreso al Hospital Maciel se desempeñó siempr e en forma responsable y eficaz, no existiendo en su legajo ningún tipo de observación y/o sanción, ni verbal ni escrita. Nunca recibió ningún tipo de queja, observación, llamado de atención, sanción, etc. por parte de quien era la encargada de su supervisión Lic. Enf. Verónica MAGALLANES.
Dirige su embate crítico contra las evaluaciones realizadas por la Lic.
MAGALLANES en formularios donde tildó lo que se le dio en gana;
realizando afirmaciones falsas, vagas e imprecisas hacia su desempeño funcional, t odo lo cual le ha ocasionado un profundo perjuicio no solo económico, sino también moral y psicológico.
Expresa que los medios probatorios ofrecidos en etapa recursiva fueron sorpresivamente rechazados por improcedentes, violentando así de forma flagrante su derecho de defensa. Tal accionar revela abuso, exceso o desviación de poder por parte de la Administración, violentando el principio de buena fe.
II) A fs. 29 -33v compareció la representante de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) Dra. Fabiana ALONSO a contestar la demanda, controvirtiendo los dichos expresados por la demandante. Asimismo señala que la demanda no puede prosperar al haber operado la caducidad de la acción establecida en la Ley No. 15.869.
III) Conferido traslado de la cuestión formal planteada, la actora lo evacuó a fs. 37 -38v. infolios, abogando por su rechazo pues entiende que la Resolución expresa del Poder Ejecutivo de fecha 6 de julio de 2020 hace renacer el plazo de 60 días con que cuenta para presentar la acción de nulidad, por lo que la presente demanda anulatoria fue interpuesta en tiempo y forma.
IV) Pasados los autos en vista al Sr. Procurador del Estado en lo Cont encioso Administrativo, por Dictamen No. 151/2021 (fs.
41), se aconsejó declarar la caducidad del derecho a accionar de la parte actora.
V) Por Decreto Nº 1967/2021 (fs. 43) se pusieron los autos para resolución, la que se dictó en legal y oportuna forma.
CONSIDERANDO :
I) El Tribunal hará lugar a la cuestión formal planteada por la Administración demandada y en concordancia con lo dictaminado por la Sra. Procuradora del Estado Adjun ta en lo Contencioso Administrativo, declarará que ha operado la caducidad del derecho a accionar de la parte actora por los fundamentos que se exponen a continuación.
II) La accionante impugna como verdadero acto originario de l perjuicio que se invoca la Resolución de la Gerencia de Recursos Humanos de ASSE Nº 5066 de fecha 25 de setiembre de 2018, dictada en ejercicio de atribuciones delegadas, por la cual se dispone rescindir su contrato como Técnica III Licenciada en Enferme ría en la Unidad Ejecutora 005 “Hospital Maciel”.
Dicho acto fue notificado personalmente el día 1º de octubre de 2018 (A.A fs. 152) y se interpusieron tempestivamente sendos recursos de revocación y anulación en subsidio con fecha 9 de octubre de 2018 (A.A fs. 157-158).
Ya en sede recursiva, la actora solicitó el diligenciamiento de diversa prueba documental y testimonial. Por Resolución Nº 2296/2019 de fecha 15 de mayo de 2019 , el Directorio de ASSE resolvió rechazar dicho ofertorio probatorio por impertinente (A.A fs. 221); contra la cual se interpusieron los recursos administrativos correspondientes, a los que no se hizo lugar por Resolución del Directorio de ASSE Nº 3783/2019 de fecha 1º de agosto de 2019 (A.A fs. 228) y por Resolución de la Pros ecretaria de la Presidencia de la República de fecha 6 de julio de 2020, dictada en ejercicio de atribuciones delegadas (A.A fs. 260v-261).
III) Así pues, se observa que con respecto a los recursos administrativos interpues tos contra la resolución originaria del perjuicio invocado el día 9 de octubre de 2018, esto es, la resolución que rescinde el contrato de la actora de fecha 25 de setiembre de 2018, la Administración demandada no se pronunció expresamente sobre los mismos y, por tanto, fueron denegados en forma ficta a los 200 días de su interposición, es decir, el día 4 de mayo de 2019.
No habiendo pronunciamiento expreso, a partir del día siguiente a esta última fecha se comienza a computar el plazo de 60 días corrido s y siguientes de que disponen los accionantes para interponer hábilmente la demanda de nulidad, so pena de caducidad (artículo 9º de la Ley No.
15.869). Dicho plazo venció el día 19 de julio de 2019 , por lo que la demanda de autos interpuesta el 22 de set iembre de 2020 (según nota de cargo de fs. 20 infolios), lo fue claramente en forma extemporánea al haber vencido largamente el término de caducidad establecido en la Ley No.
15.869.
IV) La Resolución de la Prosecretaria de la Presidencia de la República de fecha 6 de julio de 2020, dictada en ejercicio de atribuciones delegadas, no resulta válida para reabrir el plazo para accionar de nulidad, pues no se trata de la resolución del recurso de anulación contra la resolución origi naria impugnada, sino de la resolución de la recurrencia contra el acto que denegó la prueba en sede recursiva.
Por tanto, no posee la virtualidad de reabrir el plazo de accionamiento pues se trata de la resolución de recursos contra un acto procedimental independiente y autónomo, totalmente diferente al del agotamiento de la vía administrativa del principal y definitivo acto impugnado objeto de las presentes actuaciones.
En efecto, al no tratarse de un acto que confirme expresamente, interprete o modifique el acto recurrido o el acto que haya agotado la vía administrativa a su respecto, no encuadra dentro del elenco de voliciones administrativas capaces de reabrir un plazo de accionamiento de nulidad ya vencido, tal como se prevé en el inciso qu into del artículo 9º de la Ley No.
15.869.
Por los fundamentos expuestos, y de acuerdo a lo dictaminado por la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal
RESUELVE :
Declarar que la demanda anulatoria incoada por la parte actora no pudo ser interpuesta válidamente al haber operado la caducidad de su derecho a accionar.
Sin sanción procesal específica.
A los efectos fiscales fíjan se los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil).
Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados y; archívese.
Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo (r.), Dr. Simón.
Dr. Marquisio (Sec. Letrado).
Fuente: consulta de jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los nombres de las partes figuran tal como los publica el TCA (los juzgados los anonimizan; el Tribunal, no siempre).