Sentencia Sentencia N° 284/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 27 de julio de 2021. No. 284 VISTOS : Para resolución, este incidente de oposición a la prueba formulado por la demandada, en los autos caratulados: “GINZO CARRERA, SUSAÍ RAQUEL con PODER EJECUTIVO. Acción de nulidad” (Ficha No. 622/2020). RESULTANDO : I) Que en autos se promovió demanda de nulidad contra el Decreto Nº 60/020, que resolvió la ampliación de las áreas naturales protegidas Quebrada de los Cuervos y Sierras del Yerbal, que comprende el padrón Nº 2927 y el 50% del padrón Nº 3386, de la quinta sección catastral del departamento de Treinta y Tres, propiedad de la compareciente. II) Que con fecha 5/3/21, la demandada dedujo oposición a algunos medios probatorios ofrecidos por la actora, concretamente: Prueba documental: a) Copia Decreto Nº 60/2020 (i, según fue identificado en escrito de ofrecimiento) por ser norma jurídica y no una prueba. b) Copia escrito recurso (ii) y certificado de propiedad de los padrones Nº 2927 y 3386 (iii) por ser manifiestamente innecesario, en tanto ya fueron agregados. c) Testimonio del acta notarial de la audiencia pública realizada el 6/12/19 (iv). Expone defectos formales y falsedad ideológica del documento, dado que no refleja fielmente lo dicho en la audiencia, constatado a partir de la comparación con el archivo de audio contenido en CD, agregado por la actora. d) Mapa presentado durante la audiencia pública (vi), por ser manifiestamente impertinente e inconducente. e) Documento con firmas recolectadas a “vecinos de la zona” (vii), por impertinente e inconducente. f) Informe realizado por Ramiro Gerona, sobre supuesta disminución del valor de los inmuebles incorporados al SNAP (xi), señalado como impertinente e inconducente. g) Información registral de los padrones Nº 1809, 10262, 10264 y 10865 del Departamento de Cerro Largo (xii), por su manifiesta impertinencia e inconducencia. h) Informe de la Ing. Agr. Inés Bocage (xiii), por inconducente. Prueba por intimación: a) Agregación de toda documentación/información al proyecto de ampliación del Área protegida Quebrada de los Cuervos y cualquier escrito presentado contra el mismo a partir de 2018 (i), inadmisible por no ser identificada concretamente. b) Al Ministerio de Ambiente (iii), por manifiestamente innecesaria en tanto es parte de los antecedentes administrativos. Prueba testimonial: Se opone a la declaración de Nelson Ledesma (III, según identificación en escrito de ofrecimiento), por no indicar la actora el objeto de su deposición. III) Que conferido el correspondiente traslado, éste fue evacuado por la actora, abogando por el rechazo de la oposición deducida. En relación a la oposición formulada en literales a y b, afirmó que los documentos se agregaron con la demanda, en forma previa a la presentación de los antecedentes administrativos y en cumplimento de lo dispuesto en el art. 59 DL 15.524. En cuanto al testimonio de acta de audiencia, (oposición literal c), negó todos los defectos formales acusados. En cuanto a la falsedad ideológica opuesta, negó su ocurrencia, la existencia de dolo o mala fe; y reconociendo que pudo haber algún error de oído o tipeo, refrendó su admisibilidad. Sobre el mapa y documento con firmas (oposiciones literales d y e), justificó que acreditan sus agravios relativos a la afectación del debido proceso y fueron agregados durante la audiencia pública, siendo que serán valorados por el Tribunal y su agregación no implica menoscabo a la parte demandada. Respecto del informe del consultor Gerona y la información registral (oposiciones literales f y g), expresó que el informe del consultor Gerona es un informe técnico agregado por la parte, sin que se haya sostenido se trata de otro tipo de prueba. Con él se intenta acreditar la afectación de los predios para sus titulares y limitación del derecho de propiedad, siendo prueba pertinente y conducente. También la información registral está estrechamente vinculada con el tema de la afectación del derecho de propiedad. Relativo al informe de la Ing. Agr. Inés Bocage (h), reiteró lo señalado a propósito de los informes técnicos de parte, defendiendo la conducencia. Sobre la prueba por intimación adujo que en los casos en que poseía detalle concreto de la información requerida así lo proporcionó, en todo caso será el organismo al cual se le solicitó la información quien contestará sobre lo pedido. Rechazó la aludida innecesariedad de lo solicitado al Ministerio de Ambiente, siendo que a partir de las constancias en los antecedentes administrativos puede suponerse que haya actuaciones excluidas. Por último, indicó la intención dilatoria del demandado al oponerse a la declaración del testigo, siendo que no se ha desconocido el art. 378 CPC y el interrogatorio fue proporcionado. IV) Por Decreto 1896/2021, se dispuso poner los autos para resolución, la que se acordó en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que el Tribunal, se pronunciará por desestimar la oposición deducida. II) Es posición sólida del Tribunal, el interés prioritario en la recepción con amplitud de la prueba solicitada por las partes, sin menoscabo del derecho de defensa, como forma de que el Tribunal llegue al conocimiento de la legitimidad o no del acto administrativo impugnado (Cfme. Sentencias 848/15, 1/16, 598/17, 377/18, 318/19 entre varias). Se ha señalado por el Tribunal (Sent. 96/2019, entre muchas) que “La pertinencia de la prueba refiere a la vinculación entre los medios de prueba y los hechos que constituyen el objeto de la prueba. Sería, entonces, prueba impertinente aquella que no versa sobre proposiciones o hechos que son objeto de demostración en ese proceso concreto (…) no puede hablarse con propiedad de un medio de prueba impertinente; lo que es impertinente es el hecho cuya prueba se pretende, y esa impertinencia del hecho tiñe, con la misma nota, cualquier medio que pretenda usarse a su respecto” (así: Selva KLETT. Proceso Ordinario, t. II, 1ra. Edición, FCU, Montevideo, 2014, p. 121). Concretamente, en lo que refiere a la pertinencia de los medios probatorios en el proceso contencioso administrativo de anulación, se ha señalado que “…el Tribunal ha entendido que si bien rige el principio “libertad probatoria”, el mismo se encuentra naturalmente limitado por el objeto del proceso y sus antecedentes. Aplicando el art. 74 del Decreto Ley Nº 15.524, así como los arts. 330 y 331 del CPC, el TCA ha desechado medios de prueba impertinentes que no se ciñen al asunto sobre el que se litiga” (Ignacio SOBA BRACESCO en “Procedimiento Probatorio en el Proceso Contencioso Anulatorio” en Procesos Constitucionales, Revista Uruguaya de Derecho Procesal, FCU, Montevideo, 2018, p. 715).” III) Dichas notas de impertinencia o inconducencia, no se advierten en la ofrecida, desde que apuntan a acreditar o bien los vicios en el procedimiento administrativo seguido o la inconveniencia de la declaración de protección del área, conforme se ha expuesto en los agravios formulados en la demanda. IV) En punto a los documentos señalados en el escrito de ofrecimiento de prueba i, ii, iii, resulta claro para el Tribunal que se han agregado conjuntamente con el acto de proposición inicial, en cumplimiento de lo dictado por el art 59 del DL 15.524 y la acreditación de la legitimación activa. V) Tampoco habrá de acogerse la oposición deducida respecto del testimonio del acta notarial de audiencia pública (iv), por no advertirse los vicios acusados. Siendo el acta notarial un instrumento público, “hacen plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha” (art. 1575 CC). Por lo tanto, como señala Couture, “cuando el art. 1574 del C.C. dice que la escritura pública hace plena fe en determinados aspectos, sienta un principio de prueba legal, que excluye toda idea de sana crítica o de libre convicción” (Estudios de Derecho Procesal Civil, Tomo II, 3º edición pág. 87). Dicha prueba legal es aplicable al instrumento público contenido en la definición del citado 1574, “aunque el hecho sea inverosímil, aunque la fecha sea sospechosa...” y agrega que dicha solución, “solo podría ceder ante la prueba de la falsedad...” (Cfme. Sent. 497/2006). Conforme a las disposiciones que rigen la materia, art. 33 de la Ley No. 13.355 y art. 172 del Código General del Proceso, el objeto de la querella o tacha de falsedad consiste en obtener la declaración de falta de veracidad o autenticidad, que afecta al documento en todo o en parte, en su propia esencia, como objeto representativo; pero no en su “contenido ideológico” (VESCOVI, E.: Código General del Proceso. Comentado, anotado y concordado. Ed. Ábaco, Buenos Aires, 1998, Tomo V, págs. 234-236). De lo expresado por el opositor, no se deduce que la referida acta notarial adolezca de falsedad material. Lo señalado por aquel, allende el reconocimiento de la actora acerca de la existencia de errores de oído o tipeo, lo que eventualmente indicaría falsedad ideológica, no puede ser objeto de querella de falsedad (art. 172.2 C.G.P.). En consecuencia, se trata de un tema relacionado con el mérito de la causa principal, por cuya virtud es un extremo a dilucidar en la cuestión de fondo planteada en la pretensión anulatoria (Cfme. Simón, Luis María, en IX Jornadas Nacionales de Derecho Procesal, págs. 158 y ss.) (Cfme. Sents. 676/01, 497/06, 864/15, 28/18). VI) Ha justificado suficientemente el actor la vinculación de la prueba documental ofrecida y nominada en su escrito vi (mapa), vii (firmas) y xii (información registral), habiéndose de rechazar en esta instancia por no ser manifiesta su impertinencia (art. 74 DL 15.524), la oposición a su respecto. VII) Asimismo se ha de rechazar la oposición respecto de los documentos señalados xi (informe consultor Gerona) y xiii (informe Ing. Agr. Bocage). Ambos se han ofrecido como prueba documental y no pericial, por lo que no se trata de sucedáneos de prueba, y en lo que hace a su eficacia convictiva, habrán de ser valorados oportunamente (art. 170.3 C.G.P.). Sin perjuicio de que dichos documentos, también podrían ser agregados por la parte con su alegato de bien probado. VIII) Acerca de la prueba por intimación, no se hará lugar a la oposición, habiéndose a estar a lo que respondan las autoridades requeridas respecto de la información intimada. IX) La prueba testimonial ha sido ofrecida en forma, adjuntándose el interrogatorio correspondiente. Corresponde considerar además, que el objeto de la citación del testigo incluye el reconocimiento de la firma puesta en el documento también ofrecido (xv), cuya agregación no fue objeto de oposición. Por estos fundamentos, el Tribunal, RESUELVE : Desestimar la oposición deducida, con costas a cargo del demandado (arts. 52 ley 13.355, 699 C.C., 56 y 57 C.G.P.). Diligenciar la prueba ofrecida, conforme fuera dispuesto en Decreto 759/2021, cometiéndose a la oficina la fijación de nueva fecha de audiencia. Dra. Salvo, Dr. Corujo (r.), Dr. Simón. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).