Sentencia Definitiva N° 278/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 29 de junio de 2021. No. 278 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “RODRÍGUEZ BACCINO, LUCY MARÍA Y OTRO con ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRANSMISIONES ELÉCTRICAS. Acción de nulidad” (Ficha No. 105/2018). RESULTANDO: I) Surge de autos que el 15 de marzo de 2018 (fs. 2) comparecieron la Sra. Lucy RODRÍGUEZ BACCINO y el Sr. Weston COMBA RODAS entablando demanda de nulidad contra la Resolución R 17-1233 de fecha 8 de junio de 2017, dictada por el Directorio de UTE, que aprobó la asignación de los funcionarios a los cargos de la nueva estructura organizativa aprobada por R 13-1711, a tenor del cuadro adjunto (fs. 12 de los A.A. Pieza en 58 fs.). Expresaron que eran Ingenieros Industriales y que habían ingresado a UTE en enero de 1985 y mayo de 1988, respectivamente. Reseñaron el proceso de reestructura que UTE había aprobado mediante la Resolución R 13.711, y afirmaron que la impugnada les había asignado un cargo cuyo grado era inferior al que legítimamente habían adquirido. Refirieron que habían promovido la nulidad de las resoluciones del Ente energético que habían establecido la estructura, la valoración de cargos y la que había dispuesto que debían participar en una prueba de suficiencia, causas que se tramitaban en los expedientes Fichas 393/2014 y 669/2015 y acumuladas a la Ficha 385/2014. Se agraviaron por la lesión a sus derechos subjetivos, en tanto se había afectado la carrera administrativa, la justa remuneración, el derecho a la movilidad funcional y se había configurado apartamiento del principio de buena administración. En definitiva, solicitaron la anulación del acto impugnado. II) A fs. 17, el 9 de mayo de 2018 compareció la representante de la demandada, contestando la demanda incoada. Controvirtió la alegada lesión a la carrera administrativa, y adujo que, según las pautas establecidas en la reestructura, se había producido una nueva valoración de los puestos en el organigrama del Ente. Afirmó que en el caso de los actores se había mantenido la valoración, y que de acuerdo a la R 14-1691 se habían respetado todos los derechos funcionales, lo que implicó mantener su remuneración y todo tipo de beneficio inherente al nivel del grado. Puntualizó que la resolución impugnada no había impedido que los funcionarios progresaran en la nueva estructura. Controvirtió que se hubiera afectado la retribución de los accionantes, y afirmó que percibían a todos los efectos el Grado 6 de la nueva escala de remuneraciones, incluyendo la partida por productividad, horas extras y compensaciones. Consideró que no se había afectado el derecho a la movilidad funcional ni había habido ausencia de garantías en el tránsito hacia la nueva estructura, al mantener los funcionarios los derechos adquiridos. Concluyó que no se había vulnerado el principio de buena administración ni era de aplicación la teoría de los actos propios. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. III) Abierto el juicio de prueba, se produjo la que obra certificada a fs. 58. IV) Alegaron las partes por su orden: la actora a fs. 61 y ss. y la demandada a fs. 68 y ss. V) Conferida vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, por Dictamen No. 194/2019 solicitó se recabara previamente el pronunciamiento de la ONSC (fs. 76). VI) La Oficina Nacional del Servicio Civil se pronunció por la anulación del acto impugnado (fs. 81-87). VII) Pasados nuevamente los autos al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, por Dictamen No. 317/2020 aconsejó la anulación del acto impugnado (fs. 92). VIII) Se citó para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma, previo pasaje a estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) En obrados se demanda la nulidad de la Resolución R 17-1233 de fecha 8 de junio de 2017, dictada por el Directorio de UTE, que aprobó la asignación de los funcionarios a los cargos de la nueva estructura organizativa aprobada por R 13-1711, a tenor del cuadro adjunto (fs. 12 de los A.A. Pieza en 58 fs.). Contra dicho acto, que no fue notificado a los accionantes, se interpuso el recurso de revocación el 1° de agosto de 2017 (fs. 19 a 30 vta. de los A.A.). Por Resolución R. 17-3221 de fecha 20 de diciembre de 2017 del Directorio de UTE no se hizo lugar al recurso de revocación (fs. 54 y 55 A.A.), notificándose el 19 de enero de 2018 (fs. 56 A.A.). Finalmente, la demanda de nulidad fue introducida en tiempo útil (el 15 de marzo de 2018 - nota de cargo a fs. 9). II) El Tribunal, en decisión adoptada por unanimidad, coincidiendo con lo dictaminado por la Oficina Nacional del Servicio Civil y por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, amparará la demanda y, en su mérito, anulará el acto impugnado en autos por los fundamentos que se desarrollarán en los siguientes numerales. III) En primer lugar, corresponde consignar que, como se indicó en la demanda, los accionantes habían interpuesto acciones de nulidad contra la Resolución Nº R 13-1711, dictada el 24 de octubre de 2013 por el Directorio de UTE, que había aprobado una nueva Estructura Organizativa y de Cargos, Sistema de Valoración de los mismos y Sistema de Remuneraciones, así como contra la Resolución Nº R 15-320, dictada el 26 de febrero de 2015 por el Directorio de UTE, que había aprobado el Procedimiento para la cobertura de vacantes mediante Prueba de Suficiencia, las que se tramitaron en los autos de idéntica carátula, Fichas 393/2014 y 669/2015, respectivamente, y en los que recayó la Sentencia Nº 26/2020 que anuló ambas resoluciones. En la citada sentencia, la Corporación consideró que: “Así pues, puede concluirse que si los actores no han sido designados en cargos equivalentes en la nueva estructura a los que ya tenían en cuanto a tareas, responsabilidades, complejidades y fundamentalmente jerarquía, el derecho a la carrera administrativa se ve vulnerado y la solución anulatoria se impone, tanto del acto regla que aprobó la reestructura del Ente (resolución del Directorio R 13.- 1711), procesada en la Ficha Nº 393/14, así como de la resolución del Directorio R 15.-320, mediante la cual se aprueba el “Procedimiento para la cobertura de vacantes mediante Prueba de Suficiencia”, procesada en la Ficha Nº 669/15.” IV) Ahora bien, en el presente caso no solo no está controvertido sino que -por el contrario- ambas partes coinciden en considerar que el acto atacado (Resolución R 17-1233) fue dictado en aplicación de las resoluciones R 13- 1711 y R 15-320 , por lo que debe ser calificado como “acto consecuencial”. Así, la solución anulatoria de la reestructura del organismo y de la resolución que dispuso el procedimiento de cobertura de vacantes mediante prueba de suficiencia, determina la anulación de los actos conexos, consecuenciales y derivados, como acontece en el caso, donde se procesa la asignación de funciones a los actores que se efectuó en base a los actos administrativos otrora anulados por el Colegiado. En virtud de ello, no puede más que concluirse que asistimos a un supuesto de lo que la doctrina llama decaimiento del acto por la eliminación de uno de sus presupuestos de Derecho. Al respecto, y en términos que, mutatis mutandi, aplican al presente, en Sentencia No. 70/2017 se sostuvo que: “…ante la irregularidad jurídica superveniente del acto, tal como está estructurada la jurisdicción contencioso-anulatoria, la única vía posible para hacer valer el derecho es el de disponer su anulación si, como en la especie, se ha dado debido cumplimiento a los requisitos de admisibilidad de la acción (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República). Como establece SAYAGUES LASO: “Los actos administrativos pueden perder su eficacia jurídica independientemente de la voluntad de la Administración, por circunstancias supervinientes que hacen desaparecer un presupuesto de hecho o de derecho indispensable para su existencia” (SAYAGUES LASO, Enrique: “Tratado de Derecho Administrativo”, T. I, FCU, Montevideo, 1998, pág. 439). En idéntica orientación Aparicio MÉNDEZ define al decaimiento como: "...la muerte de un acto por pérdida del contenido jurídico o material.” (MÉNDEZ, Aparicio: “Notas para un estudio sobre los caracteres de la revocación”, en La Justicia Uruguaya, T. 18 (1949) compendiado en el Tratado Jurisprudencial y Doctrinario, bajo la dirección de Carlos E. Delpiazzo y Graciela Ruocco, tomo II, La Ley URUGUAY, Montevideo, 2014, págs. 961 y ss.; Diego PESCADERE: “La pérdida retroactiva de eficacia de algunas causales de interrupción y suspensión de la prescripción de la obligación tributaria”, presentado a las X Jornadas Académicas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; Sentencia 50/2016) (sentencia No. 420/2016).” Por otra parte, también resulta de aplicación en la especie la teoría de las nulidades en cascada, sobre la que el Tribunal, en términos reeditables en este proceso, indicó en Sentencia No. 181/2016 que: “... la teoría de ‘las nulidades en cascada’ o de ‘propagación’ de la nulidad, según la cual, el vicio de un acto se ‘contagia’ o trasmite a los subsiguientes que de él dependen, de tal modo que la nulidad que causa ese vicio se propaga a los actos ulteriores interdependientes conexos con aquél o que de aquél dependen, en mérito del conocido fenómeno de “propagación” de la nulidad (art. 104 del Decreto-Ley 15.524 y art. 113 del C.G.P., conforme Sentencias 576/2001, 152/2002, 444/2011 y 23/2013). La ilegitimidad constatada y anulación dispuesta del acto precedente pero ligado jurídicamente a los aquí procesados, no hace más que trasladar las consecuencias jurídicas de aquella ilegalidad a éstos inficionándolos de nulidad (Cfme. Sentencias 644/2011, 916/2011, 833/2012, 127/2013, 689/2013, 28/2014, 171/2014, 286/2014, entre otras). En definitiva, por los fundamentos expuestos, atento a lo dispuesto en los arts. 309 y 310 de la Constitución de la República, el Tribunal, FALLA : Ampárase la pretensión anulatoria y, en su mérito, declárase la nulidad del acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados, de la parte actora y demandada, en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil), cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo (r.), Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).