Sentencia Definitiva N° 1368/1999

//tevideo, 10 de noviembre de 1999. No. 1.368 VISTOS en el Acuerdo: Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “ARBIZA CABRERA, MABEL con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de nulidad” (No. 431/99). RESULTANDO : I) Que la parte actora promovió demanda de nulidad (fs. 3), contra la Resolución No. 37-42/97 de fecha 12/11/97, dictada por el Directorio del Banco de Previsión Social, por la que se resuelve ratificar en un todo, lo que se refiere a la interpretación y alcance del art. 449 de la ley 16.320 y de la ley 16.824, los criterios ya consagrados en resoluciones de fecha 9/6/93 y 18/6/97. Expresa que el acto impugnado lesiona sus derechos adquiridos, causándole daño material y moral, ya que le prohíbe acogerse a un régimen jubilatorio más beneficioso económicamente y que le impide el ejercicio de sus derechos como funcionaria pública, agraviándole moralmente. II) La Administración demandada, contestando el traslado conferido (fs. 11-14) manifiesta, luego de realizar un estudio cronológico de las disposiciones aplicables al caso, que el Directorio del B.P.S. se ajustó estrictamente a las mismas, por lo que la resolución impugnada de nulidad no violó ninguna regla de derecho. III) Se dispuso la agregación de los antecedentes administrativos; se oyó al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 1044/99,fs. 17), por lo que se citó para sentencia, la que se acordó en legal forma. CONSIDERANDO : I- Que el Tribunal se ve impedido de ingresar al examen de mérito del asunto, por cuanto el incumplimiento de aspectos formales que hacen a la admisibilidad del accionamiento promovido así lo impiden (arts. 67 y 73 del D.L. 15.524). II- En efecto, se procesa en autos la resolución No. 37- 42/97 de fecha 12/11/97, dictada por el Directorio del B.P.S., y de la cual, el actor tomó conocimiento informal, según sus dichos no controvertidos, en fecha 18/8/98 (fs. 3). Contra dicha resolución interpuso recurso de revocación en fecha 26/8/98 (fs. 2-3 A.A.), en un todo de acuerdo a lo preceptuado por el art. 4 de la ley 15.869. Sobre dicho recurso no hubo pronunciamiento expreso de la Administración, por lo que transcurridos 150 días se configuró denegatoria ficta en fecha 23/1/99 por aplicación de lo dispuesto en los arts. 5 y 10 de la ley 15.869, quedando así expedita la vía jurisdiccional a fin de promover la acción de nulidad. La demanda interpuesta en fecha 30/4/99 (nota de cargo de fs. 6), lo fue extemporáneamente, cuando ya había operado la caducidad del derecho a proponerla en virtud de lo preceptuado por el art. 9 de la ley 15.869. La actora abrió la instancia tardíamente, y ello perjudicó irremediablemente su accionar, circunstancia que conlleva a que la Corporación no pueda ingresar posteriormente a la parte sustancial de la litis, por no darse en autos el estricto cumplimiento de los presupuestos que condicionan el ejercicio válido de la acción anulatoria. Por tales fundamentos, y los concordantes del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal FALLA : Declárase que la acción anulatoria no pudo incoarse válidamente, por haber caducado el derecho de la parte actora a accionar de nulidad. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 3.000 (pesos uruguayos tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese.