Sentencia Definitiva N° 1363/1999

//tevideo, 10 de noviembre de 1999. No. 1.363 VISTOS en el Acuerdo: Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “MIZRAHI SOARES DE LIMA, RITA con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de nulidad” (No. 492/99). RESULTANDO : I) La actora deduce demanda de nulidad (fs. 3 y ss.) contra la resolución del Directorio del Banco de Previsión Social No. 37/42/97, de 12 de noviembre de 1997, por la que se ratificaran criterios expuestos en resoluciones anteriores respecto a la interpretación y alcance de los arts. 449 de la ley 16.320 y de la ley 16.284. II) Conferido traslado de la demanda, éste fue evacuado por el representante de la demandada (fs. 11 y ss.), contestándose la misma. III) Fueron los autos en vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien en Dictamen No. 938/99 aconsejó desestimar la demanda por haberse extinguido con anterioridad la acción por caducidad (fs. 17). Se citó a las partes para sentencia (fs. 19), la que se adoptó en el Acuerdo. CONSIDERANDO : I- Que el Tribunal, conforme al dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, habrá de desestimar el accionamiento, desde que, examinando el efectivo cumplimiento de los requisitos necesarios y habilitantes para el válido ejercicio de la acción de nulidad, advierte que en el caso se produjo la caducidad del derecho de la parte a accionar en tal sentido, de conformidad al art. 9 de la ley 15.869. II- Si el recurso de revocación fue interpuesto el 17/8/98, y sobre el mismo no se expidió la demandada, el 25/1/98 se produjo la denegatoria ficta, comenzando a correr el plazo luego de la Feria Judicial Mayor. Si bien se agotó correctamente la vía administrativa, se accionó el 3/5/99, fuera del término de caducidad previsto en el art. 9 de la ley 15.869, que acaeció el 8/4/99. Por estos fundamentos, y los concordantes del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal FALLA : Declarando que la parte actora no pudo incoar válidamente la acción de nulidad, en virtud de haber caducado su derecho. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 3.000 (pesos uruguayos tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese.