Sentencia Interlocutoria N° 347/2024

Montevideo, cuatro de abril de dos mil veinticuatro. VISTOS: Estos autos caratulados: ROFES DOMINGO, JOSEPH MARÍA C/ SENTENCIA Nº 11/2021 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2021 DICTADA POR EL JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA DE MALDONADO DE 5º TURNO – RECURSO DE REVISIÓN - IUE: 1-132/2023. RESULTANDO: 1.- En autos Shirley Rossana Buzzalino en representación de Josep María Rofes Domingo presentó recurso de revisión contra la sentencia Nº 11 de fecha 11 de marzo de 2021 dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 5º Turno en los autos caratulados: “RAMSES S.A. c/ ROFES, Josep María – Cobro de Pesos – Daños y Perjuicios – IUE: 290-20/2019” y solicitó como medida cautelar que se disponga que los fondos de la cuenta cautelada e inmovilizada no sean liberados a la actora RAMSES S.A., hasta la resolución definitiva de la revisión que se moviliza, comunicándose tal extremo al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 5º Turno, por las razones que desarrolló a fs. 16/24 vta. 2.- Por providencia Nº 1.537 de 7.XI.2023 la Corte dispuso: “Atento a que el recurrente no ha agregado en autos testimonio de la sentencia impugnada, ni ha acreditado que la sentencia cuya revisión pretende se encuentra ejecutoriada, confiéresele un plazo de 5 días hábiles para incorporar en autos la prueba pertinente (arts. 281 y 288 del C.G.P.), bajo apercibimiento de tener por no presentado el recurso de revisión interpuesto” (fs. 26), lo que fue cumplido a fs. 36. 3.- Por providencia Nº 1.708 de 30.XI.2023 la Corte resolvió: “Dar ingreso al recurso de revisión interpuesto. No hacer lugar a la medida cautelar solicitada. Y ofíciese al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 5º Turno, solicitando se sirva remitir a la Corporación testimonio de los autos caratulados: `Ramses S.A. c/ Rofes, Joseph María – Cobro de Pesos – Daños y Perjuicios – IUE: 290-20/2019´. Notifíquese personalmente” (fs. 38/40 vta.). 4.- A fs. 51/52 vta., compareció la representante de Joseph María Rofes Domingo reiterando la solicitud de adopción de medida cautelar ante la inminente liberación de orden de pago solicitada por RAMSES S.A. en los autos caratulados: “RAMSES S.A. c/ ROFES, Joseph María – IUE: 290-20/2019”. CONSIDERANDO: 1.- La Suprema Corte de Justicia hará lugar la medida cautelar solicitada. 2.- En efecto. En tal sentido, corresponde hacer lugar a la misma, en tanto se alegan y se verifican “prima facie” las circunstancias fundantes de su adopción (art. 289 C.G.P.). Sobre las exigencias previstas por el art. 289.5 del C.G.P., la doctrina procesalista las ha equiparado con los requisitos de las medidas cautelares, por ser la suspensión de los efectos de la sentencia una especie dentro de dicho género. “Se trata, como lo indica Tarigo, de una auténtica medida cautelar, que deberá contar con los requisitos propios de tales medidas, previstos expresamente en este artículo, a saber: - la acreditación del fumus bonis iuris , que se traduce en el “aparente fundamento del recurso”; – la invocación y prueba sumaria del periculum in mora , recogido en esta norma como “la posibilidad de que la demora del trámite pudiera causar perjuicios graves e irreparables al recurrente”; – la prestación de garantía suficiente (contracautela). La medida cautelar habrá de consistir, por regla, en la suspensión de la ejecución de la sentencia impugnada, pero pueden darse otros supuestos cautelares...” (Landoni Sosa, Á. (director), Código General del Proceso. Comentado, anotado, con jurisprudencia , BdeF, Buenos Aires, 2004, vol. 2 b, pp. 1059, 1060). Por su parte, enseña Calaman-drei: “(...) Por lo que se refiere a la investigación sobre el derecho, la cognición cautelar se limita en todos los casos a un juicio de probabilidades y de verosimilitud. Declarar la certeza de la existencia del derecho es función de la providencia principal; en sede cautelar basta que la existencia del derecho aparezca verosímil, o sea, para decirlo con mayor claridad, basta que, según un cálculo de probabilidades, se pueda prever que la providencia principal declarará el derecho en sentido favorable a aquel que solicita la medida cautelar. El resultado de esta cognición sumaria sobre la existencia del derecho tiene pues, en todos los casos, valor no de declaración de certeza sino de hipótesis: solamente cuando se dicte la providencia principal se podrá ver si la hipótesis corresponde a la realidad. No existe nunca, en el desarrollo de la providencia cautelar, una fase ulterior destinada a profundizar esta investigación provisoria sobre el derecho y a transformar la hipótesis en certeza: el carácter hipotético de este juicio está íntimamente identificado con la naturaleza misma de la providencia cautelar y es un aspecto necesario de su instrumentalidad. El día en que la existencia del derecho no sea ya una hipótesis, sino una certeza jurídica, la providencia cautelar habrá agotado su cometido” (Calamandrei, P., Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares , Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1945, pp. 77, 78). En cuanto al elemento o requisito relativo al peligro de lesión o frustración del derecho invocado (“ periculum in mora ”), como señalara el TAC 2º (en sentencia No. 368/2010): “(...) En conceptos trasladables de Calamandrei (Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares, p. 74 y ss., EBA, Bs. As. 1945), el daño, en evitación del cual se concede la medida provisoria, subsiste solamente en cuanto se prevé que el retardo de la providencia definitiva pueda impedir o disminuir la satisfacción de un derecho (daño jurídico). El periculum in mora que constituye la base de las medidas cautelares no es, pues, el peligro genérico de daño jurídico, al cual se puede, en ciertos casos, obviar con la tutela ordinaria; sino que es, específicamente, el peligro del ulterior daño marginal que podrá derivar del retardo de la providencia definitiva, inevitable a causa de la lentitud del proceso ordinario (Calamandrei, op. cit. p. 42)”. 3.- Trasladados los conceptos que anteceden al caso de autos, se advierte que el recurrente cumplió con los requisitos exigidos, esto es: acreditó el fundamento de su recurso en grado de apariencia suficiente; el peligro de frustración de su derecho, que deriva del estadio procesal en que se encuentra la causa (v. fs. 51/52 vta.). Por lo expuesto, la Suprema Corte de Justicia RESUELVE: HACER LUGAR A LA SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS PENDIENTES DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA (ART. 289 C.G.P.), OFICIÁNDOSE. NOTIFÍQUESE A DOMICILIO.