Sentencia Definitiva N° 198/2024

Montevideo, cuatro de abril de dos mil veinticuatro VISTOS : Para sentencia definitiva en estos autos caratulados: “ I.M.M. C/ POSADA, NORMA Y OTROS - DEMANDA DE SOLICITUD DE DECLARATORIA DE DOMINIO PÚBLICO Y DE NULIDAD DE ESCRITURA - PZA. FDA. DEL EXP. 441/2001 - CASACIÓN”, IUE: 290-288/2004. RESULTANDO : I) Por sentencia definitiva Nº 5/2022 de fecha 2 de marzo de 2022 dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 6º Turno, se acogió parcialmente la pretensión deducida y, en su mérito, se declaró del dominio público el padrón Nº 2059 de la 5ª Sección Catastral de Maldonado, Playa Grande y se desestimó la declaratoria de nulidad de las escrituras relativas al citado padrón. Asimismo, se desestimó el excepcionamiento opuesto. Sin especial condenación procesal (fs. 1815/1832). II) Por sentencia de segunda instancia, Nº 147/2023 de fecha 28 de junio de 2023 dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, se confirmó parcialmente la recurrida en cuanto declaró que el padrón Nº 2059 pertenece al dominio público. Asimismo, se revocó la sentencia de primera instancia en cuanto desestimó la pretensión anulatoria, y en su lugar, se declaró la nulidad de los negocios jurídicos impugnados e identificados en el numeral VII de la demanda a fs. 336, oficiándose en la forma de estilo. III) Contra el precitado pronunciamiento, el Defensor de Oficio de los enajenantes interpuso recurso de casación (fs. 2031/2035) y, en necesaria síntesis, sostuvo que: a) La declaración de nulidad de los negocios jurídicos de compraventa de fecha 31 de diciembre de 1988, escritura ratificatoria de fecha 27 de diciembre de 1991 y escritura de compraventa de fecha 31 de octubre de 1992, causa agravio a sus defendidos. En tal sentido, afirmó que no debió acogerse la pretensión anulatoria, por cuanto no se cumplió con la carga procesal de narrar con precisión y formular adecuadamente el petitorio. No se individualizaron debidamente los actos jurídicos cuya impugnación pretendía, dejándolo al arbitrio de la interpretación de quien debiera resolverlo. b) Quedó demostrado que, desde los orígenes, el padrón en cuestión ha venido transmitiéndose con total seguridad jurídica, sin que ninguna de esas transferencias de dominio mereciera observación alguna. El bien empadronado con el Nº 2059 de la localidad catastral de Playa Grande del Departamento de Maldonado, se encuentra comprendido en la salida fiscal en la cual José DE VILLANUEVA Y PICO denunció un campo en 1750 y adquirió a la Real Hacienda en remate efectuado el 19 de agosto de 1752. IV) A fs. 2036/2054, comparecieron Daniel GASALLA y Susana ELIZEIRE en representación de Norma POSADA, Cecilia y Adolfo KRYSZTOPOWICZ a interponer recurso de casación y, en apretada síntesis, sostuvieron que: a) La Sala incurrió en errores en la aplicación o interpretación de las normas adjetivas aplicables, con incidencia determinante en el fallo. Para concluir que se respetó la conformación compleja del objeto del proceso, violentó los arts. 301 y 302.1 del CGP que regulan las consecuencias de la respuesta en el proceso provocativo de jactancia. En el caso, la respuesta brindada por la IDM expresó que los hechos son ciertos, por tanto, el padrón Nº 2079 integra el dominio público municipal. En mérito a esa respuesta y no al contenido de la resolución de la Comuna del año 1996, se intimó a ésta a promover la demanda correspondiente en el plazo de 30 días y bajo apercibimiento de tenerse por caducado el derecho. Afirmó que el contralor jurisdiccional de la conexión estructural necesaria entre ambos procesos (provocativo y provocado) es fundamental para resolver la temática de la caducidad y subsistencia del eventual derecho postulado. El TAC 5º en su actual integración, en infracción del art. 215 del CGP, modificó la sentencia interlocutoria Nº 415/2003. En criterio de la Sala, el proceso único complejo en trámite puede no coincidir en la misma persona jurídica “Gobierno Departamental” que actúa en juicio a través de sus órganos. El Tribunal para justificar la legitimación activa, invocó el art. 35 num. 21 de la Ley Nº 9.515, como la norma en virtud de la cual la Comuna poseería interés en la declaración de bien de dominio público peticionada en la demanda, más allá de si es o no titular dominial. b) El órgano de alzada al igual que el juez de primera instancia, infringieron el art. 139.1 del CGP, ya que no rechazaron la demanda promovida por la IDM como hubiera correspondido. En este sentido, la Sala incurrió en un error in iudicando en relación a la inclusión oficiosa de un tercero en el proceso. c) El TAC 5º arribó a un resultado calificable como absurdo y arbitrario ya que trajo a la “liza” a un tercero como parte sustancial en el proceso, esto es, al Estado como persona pública mayor. La Sala modificó el objeto del proceso y de la prueba. Advirtió que, más allá de la dificultad que plantea reunir la prueba de la propiedad hasta determinar la salida fiscal del bien, lo cierto es que al lograr hallar esos antecedentes, sus resultancias son incuestionables. Es imposible cuestionar o desconocer que la IDM se limitó a fundar su pretensión declarativa de bien de dominio público municipal, exclusivamente, en la negación de bien del dominio privado. En este sentido, incumplió con el art. 117 del CGP que se afilia a la teoría de la sustanciación. d) El Tribunal soslayó que el bien de dominio público pertenece a la salida fiscal llamada de VILLANUEVA PICO y su superficie o área no era, ni es, costa ni ribera de propiedad comunal e indisponible para la Corona Española, sino que pertenecía a su dominio fiscal y salió en venta al mejor postor. La Sala se pronunció en términos absolutamente contradictorios e incompatibles. La afirmación de que en el año 1752 no estaba determinada la extensión hacia el interior del territorio de la costa marítima infringe o ignora lo dispuesto en las Leyes de Partidas cuya transcripción obra en el informe del perito (fs. 1433 vto.). e) En cuanto a la inaplicabilidad del art. 395 del Código Rural, se remitió al análisis efectuado por el Esc. Washington LANZIANO. La faja se constituyó con tierras fiscales, esa ribera especial o ensanchada nació legalmente con la vigencia del Código Rural. Esa faja no alcanzó a los inmuebles enajenados por las autoridades públicas o habidos por los particulares, con anterioridad a la vigencia del Código Rural. f) No hubo libramiento al uso público, como resulta probado en autos, no se fraccionó la zona al uso público por sus propietarios, por lo que no resulta aplicable el art. 1 del Decreto-Ley Nº 14.530. g) Sobre la declaración de nulidad de las escrituras públicas, señaló que el Tribunal es “consecuente” con los errores “in iudicando” primigenios, en virtud de los cuales aplica el art. 395 del Código Rural que, en puridad, es inaplicable. El objeto de los negocios de compraventa es lícito y está en el comercio de los hombres, se trata de una unidad inmueble catastral del dominio privado de particulares, mensurada y deslindada. La Sala –sin haber valora-do ni estudiado la prueba de la propiedad particular del bien– declaró la nulidad absoluta de las escrituras públicas. Esa nulidad es declarada en exclusivo perjuicio del derecho de propiedad de los comparecientes demandados. En suma, solicitaron que se anule la sentencia de segunda instancia y, en su lugar, se desestime la demanda. V) Se confirieron los traslados correspondientes, los que fueron evacuados en debida forma tal como surge de fs. 2059 a 2066 y 2067 a 2074 vto. VI) El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, por providencia Nº 361/2023 (fs. 2076), ordenó el franqueo de las presentes actuaciones. Los autos fueron recibidos por esta Corporación el día 5 de octubre de 2023 (fs. 2081). VII) Por decreto Nº 1504/2023 (fs. 2083), de fecha 31 de octubre de 2023, se ordenó el pase a estudio de las presentes actuaciones y autos para sentencia. VIII) Culminado el estudio por parte de los Sres. Ministros, se acordó emitir el presente pronunciamiento en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, con el voto unánime de sus miembros naturales, desestimará los recursos de casación interpuestos, en base a los fundamentos que acto seguido se expondrán. II) En primer lugar, con respecto al recurso de casación interpuesto por el Defensor de Oficio designado en autos, Dr. Juan José GURY, corresponde señalar que el recurrente sostuvo que el Tribunal infringió el art. 117 del CGP, en el entendido de que la parte actora no individualizó debidamente los actos jurídicos cuya impugnación pretendía, dejándolo al arbitrio del juzgador. A juicio de la Corte, no le asiste razón en su planteo. Basta con leer detenida-mente el acto de proposición inicial para advertir que la actora acumuló a la pretensión declarativa de dominio público del padrón Nº 2059, la de nulidad de los negocios jurídicos de compraventa celebrados por los demandados. En el numeral VII) de la demanda, la Intendencia Departamental de Maldonado, consignó textualmente: “ Al haberse celebrado la supuesta enajenación de un pedazo de costa del Territorio oriental, que por definición e indiscutiblemente, integra el dominio público, procede solicitar se declare la dominialidad pública de la referida área y se confirme declarando la nulidad absoluta, de las escrituras celebradas entre los Srs. María Celia Gloria Fontana Etchepare, Carlos Bernardo Santiago Fontana Etchepare, Fernando Heber Santana, Luis Alberto, Mario, Alejandra, y Cecilia Heber Fontana como enajenantes y la Sra. Carina de Ferrari Rocci, como adquirente, celebrada en la ciudad de Piriápolis, el día 31 de diciembre de 1988, ante el Escribano Martín Loinaz Barbosa respecto al inmueble empadronado con el Nº 2059 de Playa Grande antes padrones 6416 y 7820 con una superficie de 6 Hás. 935 m.c. 606 cms., cuya fotocopia certificada obra agregada de fs. 31 a 34 del expediente municipal 3926/94; escritura ratificatoria celebrada entre las mismas partes, autorizada por el Esc. Martín Loinaz Barbosa, en la ciudad de Piriápolis, el día 27 de diciembre de 1991, cuya fotocopia certificada, obra agregada a fs. 35 y 36 del expediente municipal 3926/94 y escritura de 13 de octubre de 1992, autorizada por el Escribano Darío Goicochea en la ciudad de Piriápolis, actuando como enajenante la Sra. Carina De Ferrari Rocci y como adquirentes los Srs. Juan Carlos Krysztopowicz Ridoni y el Sr. Daniel Bolívar Gasalla Calvo respecto al padrón 2059, de la 5ª Sección judicial del Departamento de Maldonado, Playa Grande, que según plano del Agrim Rafael Passanante de junio de 1960, inscripto en la Dirección de Catastro Nacional el día 8 de junio de 1960, con el Nº 2644, se compone de una superficie de 6 Hás., 1083 m.c., cuya copia certificada obra agregada a fs. 25 a 30 del expediente municipal 3926/94” (fs. 336/336 vto.). En función de lo expuesto, se advierte el tracto sucesivo y las diversas escrituras de compraventa cuya nulidad alegó y solicitó que fuera declarada. Esa expresión circunstanciada de los hechos, con singularidad y precisión para justificar el petitum obviamente satisfizo los requerimientos del art. 117 num. 4) del CGP. Es, por ese motivo, que la Sala derechamente se abocó al análisis de mérito de la pretensión anulatoria actuada. En lo sustancial, el impugnante indicó que los últimos actos traslativos de dominio resultaron ajustados a Derecho, en tanto al momento de realizarse no había cuestionamiento a la titulación y ha operado la prescripción del saneamiento. Añadió que el bien se encuentra comprendido en la salida fiscal en la cual José DE VILLANUEVA Y PICO denunció un campo en noviembre de 1750 y compró a la Real Hacienda en remate efectuado el 19 de agosto de 1752. La salida fiscal se encuentra archivada en salida fiscal 77 de Maldonado. Pues bien, lo cierto es que, el impugnante no atacó el argumento sustancial determinante del fallo. El acogimiento de la pretensión anulatoria se justificó en la inexistencia o imposibilidad de su objeto (art. 1282 inc. 2º del CC), por integrar la superficie del padrón Nº 2059 el dominio público y encontrarse fuera del comercio de los hombres. El recurrente persiste en sostener que el bien inmueble tuvo salida fiscal en el año 1752 y que el proceso dominial a través de la celebración de distintos negocios jurídicos ha sido regular. En efecto, este argumento fue puntualmente rebatido por la Sala en la sentencia impugnada al señalar que la superficie que integra el padrón no se encuentra comprendida ni alcanzada por la salida fiscal del año 1752 (fs. 1299 vto.), no resultando de recibo la defensa de los demandados ni el fundamento invocado en la sentencia de primera instancia. Y añadió el Tribunal, que la salida fiscal, por demás genérica, refiere a “terrenos situados en los Dptos. De Canelones, Minas y Maldonado, comprendidos entre los arroyos Solís Chico y Grande, y Pan de Azúcar, o del Potrero, desde sus respectivas nacientes hasta su confluencia en el Río de la Plata, que denunció José de Villanueva y Pico en Noviembre de 1750 y que compró a la Real Hacienda, en remate efectuado el 19 de agosto de 1752”. Partiendo de la base de que la misma tuvo en cuenta la normativa vigente al momento de su emisión, sólo puede comprender las áreas susceptibles de ser propiedad particular conforme las leyes entonces vigentes; esto es, aquellas superficies que no se encontraban dentro de la costa marítima o faja costera y/o su equivalente respecto a la ribera de los ríos, pues tales zonas eran indisponibles, “comunales”, y no podían ingresar al dominio privado ni ser propiedad particular (fs. 2016). Y, para rematar, el TAC 5º indicó: “La superficie identificada hoy como padrón No. 2059, formaba (y forma) parte de la costa marítima que, de acuerdo a las leyes vigentes cuando se otorgó la salida fiscal del año 1752 (y también las actuales) no podía (ni puede) ser propiedad particular, y en consecuencia, no podría considerarse comprendida en aquella genérica salida fiscal” (fs. 2017). Quiere decir que el órgano de alzada, contempló y analizó adecuadamente la salida fiscal referida por el impugnante, la calificó como “genérica” y señaló que conforme a la normativa vigente antes y ahora, el bien no podía ser susceptible de propiedad particular. En su recurso, el Defensor de Oficio incurre en una petición de principios, pues la conclusión (que el bien era susceptible de propiedad particular) integra las premisas, y aquélla justamente era lo que debía demostrar y no lo hizo. De hecho, su crítica la dirige a reivindicar que el proceso dominial se verificó sin sobresaltos, con continuidad pero partiendo implícitamente de que el bien es de objeto lícito. Justamente, si quería rebatir el criterio técnico de la Sala lo que debía enarbolar era una crítica circunstanciada y fundada sobre las razones que le llevaban a concluir que el objeto es lícito y susceptible de ser comercializado por los hombres. En definitiva, corresponde desestimar el recurso de casación interpuesto por el Defensor de Oficio designado en autos. III) Por su parte, respecto al recurso de casación interpuesto por Daniel GASALLA y Susana ELIZEIRE en representación de Norma POSADA, Cecilia y Adolfo KRYSZTOPOWICZ, corresponde señalar que los impugnantes desdoblan su crítica sobre dos puntos litigiosos claramente distinguibles. Por un lado, el núcleo central de sus agravios se dirige contra el segmento decisional de la Sala que confirmó la sentencia de primera instancia que acogió la pretensión declarativa de dominio público del padrón Nº 2059 de la 5ª Sección Judicial del Departamento de Maldonado. Sobre este punto, en posición de los Sres. Ministros Dres. Martínez, Sosa, Morales y el redactor, existen dos pronunciamientos coincidentes (art. 268 inc. 2º del CGP). Dado que en el presente proceso la Intendencia de Maldonado es parte actora, no rige a su respecto la excepción contenida en el inc. 2º del art. 268 del CGP, sino que recobra su fuerza imperativa la regla, esto es, los aspectos litigiosos sobre los que hayan recaído pronunciamientos coinci-dentes no son susceptibles de ser revisados en casación. En la norma referida, el legislador estableció, como regla general, que el recurso de casación es improcedente cuando la sentencia de segunda instancia haya confirmado en todo y sin discordias lo resuelto en primera instancia. Tal regla reconoce como excepción la hipótesis de los “juicios seguidos contra el Estado (...) En estos casos, aun mediando sentencia de segunda instancia que confirme en todo y sin discordias la sentencia de primera instancia, el recurso será admisible cuando se trate de asuntos cuyo monto superare el equivalente a 6.000 U.R. (seis mil unidades reajustables)” . En el caso, entonces, y revalidando el criterio que la Suprema Corte de Justicia expuso en sentencias Nos. 131/2010, 299/2016 y 1.616/2018, entre otras, resulta inadmisible el agravio relativo a la naturaleza dominial del padrón de autos, ya que tanto en primera como en segunda instancia se falló en igual sentido. No obstante ello, la Sra. Ministra Dra. Minvielle estima del caso de señalar que en cuanto a la “doble confirmatoria”, es conocida su posición amplia, pues existe otra lectura posible y más compatible con los principios propios de la vía impugnativa (así lo ha sostenido, en los fundamentos particulares consignados en la sentencia Nº 652/2017). Se postula en tal marco, una posición más amplia sobre los requisitos de admisibilidad del recurso que nos ocupa, que entiende que siempre que el Tribunal de segunda instancia revoque en forma total o parcial la sentencia de primera instancia o que la confirme, pero con discordia, la sentencia, en su integralidad, es pasible de ser revisada en casación. En criterio de la Sra. Ministra Dra. Minvielle, esta tesis es la que mejor se condice no solamente con el texto legal, sino con el sistema procesal en su conjunto. En particular, es la que mejor realiza el principio de libertad impugnativa, que está consagrado en el art. 244.1 del CGP, destacándose que cualquier restricción a la libertad de impugnación –como la que en este caso consagra la disposición legal en estudio- debe interpretarse en sentido restrictivo. Como señala VALENTIN en trabajo reciente: “... el específico requisito de admisibilidad del recurso de casación previsto en el art. 268 inc. 2º del CGP es que la sentencia dictada por el órgano de segunda instancia no confirme en todo y sin discordia a la sentencia del órgano de primera instancia. En otras palabras, entiendo que el requisito se vincula con el acto procesal sentencia como un todo, y no con las concretas cuestiones que fueron decididas por esa sentencia en comparación con la sentencia de primera instancia ” (VALENTÍN, Gabriel: “ El alcance de la mal llamada ‘doble confirmatoria’ como supuesto excluyente del recurso de casación civil ”, en Revista Uruguaya de Derecho Procesal Nº 1-2/2022, FCU, Montevideo, 2022, pág. 95). En similar orientación conceptual, enseña ABAL OLIÚ que: “ El inciso 2º del art. 268 no se refiere ni a puntos, ni a aspectos o cuestiones de la sentencia, sino que refiere a la sentencia en su integralidad, excluyendo el recurso cuando la sentencia de segunda instancia confirma “en todo” a la sentencia de primera instancia. De allí que resulta extremadamente claro que si no existe confirmación ‘en todo’ (pues algún punto, aspecto o cuestión de la primera instancia no es confirmado por la segunda), el recurso contra la sentencia (contra esos y también contra cualquier otro de los puntos, aspectos o cuestiones que han sido confirmados por la segunda instancia) no queda excluido ” (ABAL OLIÚ, Alejandro: “Acerca de la admisibilidad del recurso de casación ante la llamada ‘doble confirmatoria’ ”, en Revista Uruguaya de Derecho Procesal Nº 1-2/2022, FCU, Montevideo, 2022, pág. 25). La disposición en cuestión (art. 268 del CGP), se limita a determinar las sentencias que pueden ser objeto del recurso, pero en ningún momento limita el contenido de éste o establece qué partes de la sentencia pueden recurrirse o no. Ahora bien, como esta posición sobre la admisibilidad del recurso es minoritaria, estima la Sra. Ministra Dra. Minvielle que resulta estéril en este caso ingresar a examinar aspectos sobre los cuales, a juicio de la mayoría de la Corporación, resulta vedado su control en casación. IV) El otro punto litigioso sobre el que enderezan su crítica los recurrentes, es la revocatoria de la desestimatoria de la declaración de nulidad de los negocios jurídicos. Pues bien, el hecho de que el agravio resulte inadmisible por “doble confirmatoria” sobre la declaración de dominio público del bien, por transitiva, determina irremisiblemente la nulidad absoluta de los negocios jurídicos cuyo objeto era el padrón Nº 2059. No es posible, en esta etapa, que se acoja una pretensión declarativa de dominio y, paralelamente, se desestime la pretensión declarativa de nulidad que es el acto consecuencial y esperable. La declaración de dominio público supone que el bien inmueble esté por fuera del comercio de los hombres y los negocios jurídicos de compraventa celebrados respecto de aquél sean absolutamente nulos. Algo no puede ser y no ser al mismo tiempo (principio de no contradicción). No se pueden considerar válidos los negocios jurídicos de compraventa y lícito el objeto si, previamente, se declaró que el bien integra el dominio público, lo que tornaría ilícito el objeto de esas compraventas. Por los fundamentos anunciados también corresponde desestimar el recurso de casación interpuesto por los adquirentes del padrón Nº 2059. V) La conducta procesal de las partes no amerita la especial imposición de sanciones, por lo que las mismas serán distribuidas por su orden. Por los fundamentos expuestos y conforme lo dispuesto por los artículos 268 y siguientes del Código General del Proceso, la Suprema Corte de Justicia FALLA : DESESTIMÁNSE LOS RECURSOS DE CASACIÓN INTERPUESTOS. SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. HONORARIOS FICTOS 20 BPC. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE.