Sentencia Definitiva N° 895/1999

//tevideo, 21 de mayo de 1999. No. 895 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “DE LEÓN RODRÍGUEZ, GRACIELA con ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Acción de nulidad” (No. 366/98). RESULTANDO : I) El actor promueve demanda de nulidad contra la resolución expresa de fecha 27/2/98 (fs. 56 y 56 vta. de los AA) denegatoria de la petición de regularización presupuestal que formulara el día 27/10/97 ante el Consejo de Educación Técnico Profesional de la ANEP, al amparo de lo dispuesto en el artículo 410 de la Ley 14.106 (fs. 2 y 2 vta. de los AA) en la asignatura “Forma y Moldeable”.- II) Conferido traslado, la demandada contesta que el derecho a reclamar la efectividad caducó a los cuatro años de la entrada en vigencia del Estatuto Docente, en marzo de 1986, por cuanto a partir de esa fecha el único medio de obtener la efectividad es el concurso. El referido plazo resulta aplicable de acuerdo a lo establecido por el art. 39 de la ley 11.925 con la modificación introducida por el art. 22 de la ley 16.226. Agrega que la norma del art. 410 de la ley 14.106, es excepcional y que sólo es aplicable a quienes reunían los requisitos exigidos a la fecha de publicación de dicha norma legal.- III) Oído el Sr. Procurador del Estado (Dictamen Nº 1274/98), se citó para sentencia la que se acordó en legal forma.- CONSIDERANDO : I) Que desde el punto de vista formal, se ha cumplido adecuadamente con los presupuestos exigidos por las normas respectivas, para que pueda entrarse al fondo del asunto.- II) El Tribunal ha tenido a la vista los Antecedentes Administrativos, de los que resulta que la resolución que denegó al actor la efectividad como Profesor de la asignatura “Forma y Moldeable” es la Resolución que se reseñó en el numeral I) del Resultando, la que fue notificada a la accionante el día 17/3/98 (fs. 57 de los AA), por lo que los recursos de revocación y jerárquico en subsidio interpuestos el 26/3/98 (fs. 60 de los AA) fueron tempestivos.- El acto que agotó la vía administrativa es la Resolución del Consejo Directivo Central de la ANEP de fecha 19/5/98 (fs. 66 a 63 de los AA) notificado a la reclamante el día 22/5/98 (fs. 70 de los AA).- La demanda de nulidad se presentó en tiempo útil el día 8/6/98 (nota de cargo de fs. 3 de autos) de acuerdo a lo establecido en el artículo 9º de la ley 15.869.- III) La demandada plantea la caducidad del reclamo de autos en virtud de lo establecido por el art. 39 de la ley 11.925 de 27/3/1953, disposición que refiere a “todos los créditos y reclamaciones contra el Estado”, lo que ha sido admitido como referente al reparatorio patrimonial.- En cuanto al art. 22 de la ley 16.226, establece que la citada disposición incluye a los Gobiernos Departamentales y Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.- IV) Nuestro régimen contencioso administrativo prevé una doble jurisdicción: la anulatoria ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la reparatoria ante el Poder Judicial, aplicándose a esta última el término de caducidad referido (art. 312 de la Constitución).- V) En lo sustancial, teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corporación en relación al asunto planteado, y a fin de evitar estériles reiteraciones, se hace remisión brevitatis causae, a los fundamentos ampliamente explicitados en Sentencia Nº 256 del 12/8/91, entre otras.- En autos se cumplen los requisitos exigidos por el art. 410 de la ley 14.106, esto es el carácter de precario del actor con más de tres años de docencia. En efecto, ingresó al Organismo el 20/07/81 impartiendo clases en la asingatura “Forma y Moldeable” por un período superior a tres años (fs. 44 de los AA cit.), contando con informes favorables de Inspección y Dirección (fs. 18 y ss) En consecuencia, la decisión resistida es ilegítima al desconocer el derecho adquirido del actor a la efectividad, cuando se dan los requisitos que determina la ley con anterioridad al estatuto Docente, publicado el 11/9/86.- Por estos fundamentos y pese a lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado, el Tribunal FALLA : Anulando el acto administrativo impugnado. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 4.000 (pesos uruguayos cuatro mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese.