Sentencia Definitiva N° 178/1999

//tevideo, 12 de abril de 1999. No. 178 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “RICOBALDI CAUBET, SUSANA DAISSY con ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Acción de nulidad” (No. 1319/97). RESULTANDO : I) El actor promueve demanda de nulidad contra la Resolución No. 1 -Acta 75- adoptada por el Consejo Directivo Central, de la ANEP, de fecha 28/10/97, que denegó su petición de efectividad que formulara ante el Consejo de Educación Secundaria, al amparo del art. 410 de la Ley No. 14.106. II) Conferido traslado, la demandada contesta que el derecho a reclamar la efectividad caducó a los cuatro años de la entrada en vigencia del Estatuto Docente, en marzo de 1986, por cuanto a partir de esa fecha el único medio de obtener la efectividad es el concurso. El referido plazo resulta aplicable de acuerdo a lo establecido por el art. 39 de la ley 11.925 con la modificación introducida por el art. 22 de la ley 16.226. Agrega que la norma del art. 410 de la ley 14.106, es excepcional, y que sólo es aplicable a quienes reunían los requisitos exigidos a la fecha de publicación de dicha norma legal. III) Oído el Sr. Procurador del Estado (Dictamen No. 618/98), se citó para sentencia, la que se acordó en legal forma.- CONSIDERANDO : I- Que desde el punto de vista formal, se ha cumplido adecuadamente con los presupuestos exigidos por las normas respectivas, para que pueda entrarse al fondo del asunto.- II- Si bien el actor dirige su pretensión anulatoria contra el acto que puso fin a la vía administrativa, de acuerdo al artículo 60 del DL 15.524, la demanda se entenderá dirigida contra el acto originario, creador de la situación de perjuicio que se invoca. El Tribunal ha tenido a la vista los Antecedentes Administrativos de los que resulta que la resolución que denegó al actor la efectividad como Profesor de Dibujo es la Resolución del Consejo de Educación Técnico Profesional de fecha 7/8/97 (fs. 43 de los A.A.), que le fue notificada al accionante el día 1/9/97 (fs. 44 de los A.A.) y contra la cual interpuso los recursos de revocación y jerárquico en subsidio el día 10/9/97 (fs. 47 de los A.A.) en forma tempestivos. La Administración deniega expresamente los recursos interpuestos en vía jerárquica por acto de fecha 28/10/97 (fs. 62 de los A.A.), que se le notificó el 4/11/97 (fs. 67 de los A.A.), por lo que la demanda anulatoria presentada el 22/12/97 fue en plazo.- III- La demandada plantea la caducidad del reclamo de autos en virtud de lo establecido por el art. 39 de la ley 11.925, de 27/3/1953, disposición que refiere a “todos los créditos y reclamaciones contra el Estado”, lo que ha sido pacíficamente admitido como referente al reparatorio patrimonial. En cuanto al art. 22 de la ley 16.226, establece que la citada disposición incluye a los Gobiernos Departamentales y Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.- IV- Nuestro régimen contencioso administrativo prevé una doble jurisdicción: la anulatoria ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la reparatoria ante el Poder Judicial, aplicándose a esta última el término de caducidad referido (art. 312 de la Constitución).- V- En lo sustancial, teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corporación en relación al asunto planteado, y a fin de evitar estériles reiteraciones, se hace remisión brevitatis causae, a los fundamentos ampliamente explicitados en Sentencia No. 256 del 12/8/91, entre otras.- En autos se cumplen los requisitos exigidos por el art. 410 de la ley 14.106, esto es, el carácter de precario de la actora con más de tres años de docencia. En efecto, ingresó al Organismo el 5/5/76 (fs. 30 de los A.A.) impartiendo clases de Dibujo desde el año 1980, por un período superior a tres años (fs. 30 de los A.A. ya citados), contando con informes favorables de Inspección y Dirección (fs. 3 y ss. de los A.A.).- En consecuencia, la decisión resistida es ilegítima al desconocer el derecho adquirido del actor a la efectividad, cuando se dan los requisitos que determina la ley con anterioridad al Estatuto Docente, publicado el 11/9/86. Por estos fundamentos, y pese a lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo , el Tribunal FALLA : Anulando el acto administrativo impugnado. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 4.000 (pesos uruguayos cuatro mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese.