Sentencia Definitiva N° 996/1998

//tevideo, 28 de octubre de 1998. No. 996 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “BERASAIN RODRÍGUEZ, RICARDO AGUSTIN con ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Acción de nulidad” (No.1203/97). RESULTANDO : I) Que a fs. 1 comparece la parte actora impugnando de nulidad la Resolución denegatoria de su regularización-efectivización funcional al amparo del art. 410 de la Ley 14.106, en la asignatura Física. Considera que tal resolución es ilegítima, pues, a su juicio, ha cumplido con los requisitos establecidos en el art. 410 de la Ley 14.106, ya que manifiesta dictar clases en la referida materia desde el año 1981 y tener informes de Inspección y Dirección favorables. II) Que a fs. 7 comparece la demandada abogando por la confirmación del acto encausado, en virtud de los siguientes fundamentos: en primer lugar expresa que la parte actora solicitó su regularización después de los cuatro años de entrada en vigencia el Estatuto Docente, caducando por ende su derecho a la misma. Por último, señala que la Ley 14.106 estableció un mecanismo de efectivización de carácter transitorio y de interpretación restrictiva, que rige para quienes llenaran los requisitos de fondo establecidos por la ley mencionada, al momento de su publicación (20/3/73). III) Que fue oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien por dictamen 427/98, a fs. 12 , aconsejó declarar la caducidad del derecho de la actora a pedir su efectivización. Se citó a las partes para sentencia y giraron los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en legal forma. CONSIDERANDO : I- Que desde el punto de vista formal se han cumplido los requisitos habilitantes del accionamiento anulatorio (arts. 4 y 9 de la ley 15.869). II- Que en lo sustancial, este Cuerpo entiende que no se ha verificado la caducidad de la reclamación de la parte actora, discrepando con los fundamentos expresados por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs.l2). En efecto, tanto el art. 39 de la Ley 11.925 como el art. 22 de la ley 16.226, han sido pacíficamente admitidos como referentes al reparatorio patrimonial, lo cual los hace inaplicables a la cuestión discutida en autos. Nuestro régimen contencioso administrativo prevé una doble jurisdicción, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y ante el Poder Judicial. El reparatorio patrimonial justamente está otorgado a este último, por lo que la reparación siempre se deberá promover ante la justicia ordinaria. En relación a la concreta pretensión de la parte actora, si bien es jurisprudencia de este Tribunal la admisión de reclamos como el de autos, es necesario que para ello se cumplan las condiciones requeridas por el art. 410 de la Ley 14.106. En tales casos el Tribunal ha reconocido el derecho adquirido a la efectividad a aquellos docentes que hubieran configurado la referida situación -prevista por el art. 410 citado- con anterioridad a la sanción del Estatuto Docente, publicado en el Diario Oficial el 11/9/86. A partir de la vigencia del Estatuto Docente el ingreso a la docencia en efectividad, sólo es posible por concurso. En el caso, la reclamación planteada por la parte actora se encuentra amparada por la referida ley. Según el Informe del Departamento de Personal Docente (fs. 3 A.A. en 29 fojas), Ricardo Berasain comenzó a dictar clases de Física en el año 1981, haciéndolo en forma ininterrumpida por más de tres años y con Informes de Inspección y Dirección favorables (fs. 7 a 20 A.A. en 53 fojas). En consecuencia, este Cuerpo considera que el actor reunió los tres años ininterrumpidos de docencia anteriores al 11/9/86, por lo que corresponde acceder a su efectivización. Por los fundamentos expuestos, discrepando con lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal FA L L A : Amparando la demanda y, por ende, anulando el acto impugnado. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 3.000 ( pesos uruguayos tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese.