Sentencia Definitiva N° 922/1998

//tevideo, 7 de octubre de 1998. No. 922 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “ROSSATTI RIVERO, RICHARD CARLOS con ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Acción de nulidad” (No. 1275/97). RESULTANDO : I) Que a fs. 4, comparece la parte actora impugnando de nulidad la Resolución denegatoria de su regularización-efectivización funcional, al amparo del art. 410 de la Ley 14.106, en la asignatura TALLER DE MECÁNICA. Considera que tal Resolución es ilegítima, pues entiende que ha cumplido con los requisitos establecidos en el art. 410 de la Ley 14.106, ya que manifiesta dictar clases en la referida materia desde el año 1980 y tener informes de Inspección y Dirección favorables. II) Que a fs. 10, comparece la demandada abogando por la confirmación del acto encausado, en virtud de los siguientes fundamentos: en primer término, entiende que ha caducado el derecho del actor a solicitar su efectividad, en virtud de haber peticionado su regularización pasados los cuatro años de entrada en vigencia del Estatuto Docente. Por último, señala que la Ley 14.106 estableció un mecanismo de efectivización de carácter transitorio y de interpretación restrictiva, que rige para quienes llenaran los requisitos de fondo establecidos por la ley mencionada, al momento de su publicación (20/3/73). III) Fue oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien por dictamen 526/98, de fs. 15 a 16, aconsejó declarar la caducidad del derecho del actor a pedir su efectivización. Se citó a las partes para sentencia y giraron los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en legal forma. CONSIDERANDO : I- Que desde el punto de vista formal se han cumplido los requisitos habilitantes del accionamiento anulatorio (arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869). II- Que en lo sustancial, este Cuerpo entiende que no se ha verificado la caducidad de la reclamación de la parte actora, aunque por distintos fundamentos a los tradicionalmente expresados por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 15 a 16vta.). En efecto, tanto el art. 39 de la Ley 11.925 como el art. 22 de la ley 16.226, han sido pacíficamente admitidos como referentes al reparatorio patrimonial, lo cual los hace inaplicables a la cuestión discutida en autos. Nuestro régimen contencioso administrativo prevé una doble jurisdicción, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y ante el Poder Judicial. El reparatorio patrimonial justamente está otorgado a este último, por lo que la reparación siempre se deberá promover ante la justicia ordinaria. En relación a la concreta pretensión del actor, si bien es jurisprudencia de este Tribunal la admisión de reclamos como el de autos, es necesario que para ello se cumplan las condiciones requeridas por el art. 410 de la Ley 14.106. En tales casos el Tribunal ha reconocido el derecho adquirido a la efectividad, a aquellos docentes que hubieran configurado la referida situación -prevista por el art. 410 citado- con anterioridad a la sanción del Estatuto Docente, publicado en el Diario Oficial el 11/9/86. A partir de la vigencia del Estatuto Docente, el ingreso a la docencia en efectividad sólo es posible por concurso. En el caso, la reclamación planteada por la parte actora se encuentra amparada por la referida ley. Según los informes de Dirección e Inspección (fs. 5 a 21 A.A.), Richard Carlos Rossatti dictó clases en la asignatura Taller de Mecánica desde el año 1980, por más de tres años ininterrumpidos y con calificaciones favorables, por lo que este Cuerpo entiende que corresponde su efectivización. Por los fundamentos expuestos, discrepando con lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal FALLA : Amparando la demanda y, por ende, anulando el acto impugnado. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 3.000 (pesos uruguayos tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese.