Sentencia Definitiva N° 816/1998

//tevideo, 14 de setiembre de 1998. No. 816 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “MARTÍN, MERY con ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Acción de nulidad” (No. 1008/97). RESULTANDO : I) Comparece la parte actora impugnando de nulidad, la Resolución No. 970/97, dictada por el Consejo de Educación Técnico Profesional del 15 de mayo de 1997, desestimatoria de su petición de regularización como docente al amparo del art. 410 de la Ley No. 14.106. II) Conferido el traslado, la demandada contesta que el derecho de la actora a reclamar la efectividad caducó a los cuatro años de entrada en vigencia del Estatuto Docente, en marzo de 1986, por cuanto a partir de esa fecha el único medio para obtener la efectividad es el concurso. El referido plazo resulta aplicable de acuerdo a lo establecido por el art. 39 de la Ley No. 11.925, con la modificación introducida por el art. 22 de la Ley No. 16.226. Agrega que la norma del art. 410 de la Ley 14.106, es excepcional y que sólo es aplicable a quienes reunían los requisitos exigidos a la fecha de publicación de dicha norma legal. III) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen 323/98, glosados a fs. 15), se citó para sentencia la que fue acordada en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que, en la especie, se han cumplido adecuadamente los presupuestos formales del debido agotamiento de la vía administrativa y del accionamiento en plazo (arts. 317 y 319 de la Constitución y arts. 4 y 9 de la Ley 15.869). En efecto, tal como lo señala el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, y según surge de los antecedentes administrativos agregados: la parte actora formuló petición el 3/5/95 (fs. 3 A.A.). La misma fue desestimada por Resolución del 15/5/97 (fs. 61 A.A.), fue notificada a la actora el 30/5/97 (fs. 62 A.A.). Contra ella interpuso los recursos de revocación y jerárquico el 3/6/97 (fs. 65 A.A.). Dicha recurrencia administrativa fue desestimada por Resolución del Consejo Directivo Central de A.N.E.P. de fecha 12/8/97 Acta No. 53 res. 49 (fs. 72 A.A.) notificada el 3/9/97 (fs. 78 A.A.). La demanda de nulidad fue promovida el 26/9/97 (fs. 5 de autos), por lo que debe tenerse por incoada en tiempo y forma (arts. 9 y 10 de la Ley No. 15.869). II) En lo que refiere a la caducidad del reclamo de autos planteada por la demandada, el Tribunal ha sostenido en anteriores pronunciamientos que la disposición del art. 39 de la Ley No. 11.925 de 27/3/1953; refiere a “todos los créditos y reclamaciones contra el Estado”, lo que ha sido pacíficamente admitido como referente al reparatorio patrimonial. En cuanto al art. 22 de la Ley No. 16.226, establece que la citada disposición incluye a los Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. III) Nuestro régimen Contencioso Administrativo prevé una doble jurisdicción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y ante el Poder Judicial. El reparatorio patrimonial está otorgado a este último. IV) Que en lo sustancial, el Tribunal acogerá la demanda, teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corporación con relación al asunto planteado, y a fin de evitar estériles reiteraciones, se hace remisión brevitatis causae, a los fundamentos ampliamente explicitados en Sentencia No. 256 del 12/8/91, entre otras. La Sede ha entendido que el art. 410 de la Ley 14.106, instituyó un régimen permanente de estabilización de precarios que hayan cumplido con los requisitos exigidos en dicha normativa; que si bien la Ley 15.739 de 28 de marzo de 1985, en su art. 19 estableció, entre las bases del futuro Estatuto Docente, que el sistema de concurso será de precepto para ocupar en efectividad cualquier cargo de los escalafones docentes del Ente, dicha norma tuvo carácter programático hasta el 11/9/86, fecha en que se publicó el mencionado Estatuto, en la Sección “Documentos” del Diario Oficial. A partir de la vigencia del Estatuto de acuerdo al art. 26 del mismo, el ingreso a la docencia en la efectividad, sólo es posible por concurso. Ocurre en el caso en consideración que, conforme al informe del Departamento Docente de 2/8/96 (fs. 37 A.A.), surge que la accionante ingresó a la Institución, el 14/04/78, dictando clases en la asignatura Biología; que ha cumplido con los requisitos necesarios para ser efectivizada, esto es el carácter precario de la actora con tres años de docencia, e informes favorables de Inspección o Dirección (fs. 9 y ss. A.A.). En consecuencia, la decisión resistida es ilegítima al desconocer el derecho adquirido de la accionante a la efectividad, cuando se dan los requisitos que determina la ley con anterioridad al Estatuto Docente, publicado el 11/9/986. Por estos fundamentos, en concordancia con lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal FALLA : Anúlase el acto impugnado. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $3.000 (pesos uruguayos tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese.