Sentencia Definitiva N° 792/1998

//tevideo, 14 de setiembre de 1998. No. 792 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “GUTIÉRREZ PIQUINELA, DANIEL con ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Acción de nulidad” (No. 668/97). RESULTANDO : I) El actor promueve demanda de nulidad contra la Resolución del Consejo de Educación Técnico Profesional, de fecha 30/7/96, que no accede a su solicitud de efectividad al amparo del art. 410 de la Ley No. 14.106. II) Conferido traslado, la demandada contesta que el actor ingresó a la docencia en el año 1987, luego de la vigencia del Estatuto Docente, sostiene que el único medio de ingreso a la docencia con carácter de efectividad, es a través del mecanismo del concurso. III) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 137/98), se citó para sentencia la que se acordó en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que desde el punto de vista formal, se ha cumplido adecuadamente con los presupuestos exigidos por las normas respectivas, para que pueda entrarse al fondo del asunto. II) En lo sustancial, si bien es jurisprudencia del Tribunal la admisión de reclamaciones como la de autos, es necesario que se cumplan los extremos establecidos por ley, de tres años de antigüedad e informes favorables de Inspección o Dirección. En tales casos, se ha reconocido el derecho adquirido, a aquellos docentes que hubieran configurado la situación prevista en el art. 410 de la Ley No. 14.106, con anterioridad a la sanción del Estatuto del Funcionario Docente, publicado en el Diario Oficial el 11/9/86. A partir de la vigencia del estatuto, de Acuerdo al art. 26 del mismo, el ingreso a la docencia en efectividad, sólo es posible por concurso. III) De acuerdo a lo que resulta de autos (fs. 7 de los A.A.), el actor ingresó a la docencia en el año 1987, fecha en la que estaba vigente el Estatuto de los Funcionarios Docentes que exige el concurso para lograr la efectividad, por lo que su situación no está amparada por lo dispuesto en el art. 410 de la ley No. 14.106. Por estos fundamentos, lo establecido en la norma citada y lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal FALLA : No haciendo lugar a la demanda, y, por ende, confirmando el acto administrativo impugnado. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 2.800 (pesos uruguayos dos mil ochocientos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese.