Sentencia Definitiva N° 805/2010

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 14 de octubre de 2010. No. 805 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “DE CESARE, JOSÉ AQUILES con ESTADO. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Acción de Nulidad” (Ficha No. 198/08). RESULTANDO : I) Que a fs. 2 compareció la parte actora demandando la nulidad del numeral 46 de la resolución identificada con el No. 662/2007 del 29 de junio de 2007. Indicó que es un ex funcionario de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios despedido antes del 30 de junio de 2007, en virtud de haber cumplido 70 años de edad. Que sin perjuicio de la indemnización por despido abonada antes del 1º de julio de 2007, resta abonar un complemento equivalente a tres sueldos, el que se abonará ya en vigencia del IRPF, denominado “retiro incentivado”. Afirmó que la norma que se impugna afecta directamente su derecho en tanto dispone que las partidas correspondientes a retiros incentivados tributen IRPF, considerándolas devengadas mensualmente. Sostuvo que el acto administrativo que se impugna es antijurídico por apartarse abiertamente de las disposiciones de la ley 18.083. En efecto, el art. 31 del Título 7 del TO 1996, en la redacción dada por el art. 8 de la ley 18.083, definitiva y categóricamente recoge en esta oportunidad el criterio de lo devengado y se aparta del criterio de lo percibido, disponiendo que las rentas devengadas antes del 1º de julio de 2007 están exoneradas. Que el incentivo de retiro se devengó antes del 1 de julio de 2007, al otorgarse el contrato adjunto y de conformidad con el Diccionario de la Real Academia, devengar es “adquirir derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo, servicio u otro título” Expresó que no se trata de un contrato de tracto sucesivo, a diferencia de, por ejemplo, el arrendamiento de cosa, ya que la obligación del dicente fue de cumplimiento instantáneo y en ese momento -antes del 1.07.07-, se hizo acreedora de un obligación de pago a cargo de la entidad, la que se extinguirá en un pago a cumplir en el lapso acordado contractualmente, pero que se devengó y nació en el momento de celebrarse el contrato. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. II) Que, conferido el correspondiente traslado, compareció a fs. 11 el representante de la Dirección General Impositiva, contestando la demanda. Manifestó que el derecho al cobro del incentivo no se devenga ni con la opción, ni con la aceptación de la renuncia, sino mes a mes, pues, las partidas por incentivo no integran el patrimonio del retirado incentivado. Ello en tanto, en caso de fallecimiento deja de devengarse, y para los sucesores cobrarán vigencia las normas generales en materia de seguridad social. Señaló que el régimen de retiros incentivados está regulado por el “Plan de Beneficios de Retiro Voluntario empleados con causal jubilatoria mayores de 64 años de edad al 31.12.2007”, aprobado por Acta de Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios de 19 de diciembre de 2006. Que no puede negarse el nexo causal o la relación de ocasión entre el incentivo de retiro con la actividad laboral en relación de dependencia y justamente el retiro anticipado implica que se abona por ponerle fin a la relación. Y los retiros incentivados están gravados por el IRPF por encuadrar en la tipificación genérica del art. 31, al configurar un ingreso extraordinario de dinero generado en ocasión de haber realizado actividad personal en relación de dependencia. Que el acto impugnado simplemente se limita a aclarar el momento en que se consideran devengadas las mencionadas rentas, en aplicación del principio de lo devengado consagrado en el art. 31 del Título 7 (atribución temporal), y en cumplimiento de las facultades normativas consagradas por el art. 3 del Código Tributario. Que de acuerdo a lo dispuesto por el plan aprobado por la Resolución del acta 69 del 19.12.2006 del Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y el contrato celebrado entre aquélla y la parte actora, el beneficiario tiene derecho a percibir una prestación mensual hasta los 70 años, siempre y cuando no fallezca, prestación que se devenga mensualmente, surgiendo claramente que la renta se devenga y es exigible mensualmente, siendo ese el momento en que se genera y que coincide con el momento en que se percibe, por lo que la obligación que asume la Caja se generaría día a día y lo misma pasa con el beneficiario, que tiene derecho a cobrar el incentivo día a día. Concluyó que el numeral 46 impugnado de la resolución 662/007 no es innovativo, ni se aparta un ápice alguno de lo establecido y regulado por la ley 18.083, sustitutivo del Título 7 del TO 1996. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. III) Que abierto el juicio a prueba (fs. 21), se produjo la que luce certificada a fs. 77. IV) Que alegaron de bien probado las partes por su orden (fs. 70/81 y 83/87). V) Que, conferida vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, aconsejó por dictamen No. 1007/2009 la anulación del inciso primero del art. 46 de la R. 622/2007, exclusivamente en cuanto dispone que las rentas originadas en retiros voluntarios incentivados se consideran devengadas mensualmente. VI) Se dispuso el pase a estudio y se citó a las partes para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que en la especie, conforme a lo establecido en la normativa vigente (Ley 15.869), se han satisfecho debidamente los presupuestos esenciales habilitantes para el accionamiento en nulidad. II) Que el Tribunal, por mayoría legal, y compartiendo el fundado dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el acogimiento parcial de la pretensión anulatoria actuada. II.1.- El acto administrativo impugnado en autos, resultó ser el art. 46 de la Resolución Nº 662/2007, dictada con fecha 29 de junio de 2007 por el Director General de Rentas, en cuanto establece que las rentas originadas en retiros voluntarios incentivados tributarán el IRPF de acuerdo con el régimen general; y, que dichas rentas se consideran devengadas mensualmente. II.2.- Contra la anterior, José Aquiles De Cesare Gutiérrez dedujo útilmente los recursos de Revocación y Jerárquico en subsidio (AA, fs. 7/14); y, no habiéndose expedido a su respecto la Administración dentro de los plazos legalmente establecidos, operó su denegatoria ficta (arts. 5 y 6 de la Ley Nº 15.869, en la redacción dada por el art. 41 de la Ley Nº 17.292). II.3.- Luego, la demanda anulatoria de infolios fue deducida en tiempo y forma el día 24 de marzo de 2008 (fs. 2/5vto. y 6). III) Los argumentos que sustentan las partes litigantes, se encuentran explicitados ampliamente en el capítulo de RESULTANDOS del presente pronunciamiento definitivo, al cual corresponde remitirse “brevitatis causae”. IV) Tras el análisis detenido del subcausa, por los fundamentos que se pasarán a explicitar, el Tribunal (en mayoría legal), considera parcialmente de recibo los agravios expuestos por el accionante en su pretensión anulatoria; debiéndose consignar la existencia de reiterada jurisprudencia del Tribunal en el sentido antes apuntado (Sents. 132/2010 y 185/2010, entre otras), a la cual habrá de remitirse (en lo pertinente), por tratarse de asuntos jurídicamente similares. IV.1.-No obstante, corresponde establecer liminarmente, que el accionante es un ex funcionario de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios que renunció a su cargo de Gerente de División antes del 1º de julio de 2007, para ampararse al Plan de Retiro Voluntario dispuesto por las resoluciones del Directorio de la referida Institución previsional identificadas como R/D de 6 de octubre de 2004, Acta Nº 153 y R/D de 19 de diciembre de 2006, Acta Nº 69. En efecto, emerge acreditado de la documentación obrante a fs. 33/41 de autos que, por Resoluciones del Directorio de la Caja de fecha 18 de abril de 2007 (Nos. 407 y 410/2007 del Acta Nº 81 del duodécimo período) se aceptó la solicitud de amparo al Plan de Beneficios de Retiro Voluntario realizada por José Aquiles De Cesare Gutiérrez, estableciéndose como fecha de retiro el 30 de junio de 2007. Precisamente, consta en el “Convenio sobre Retiro Incentivado” firmado el 11 de junio de 2007 entre ambas partes, que fue acordado -en carácter de compensación por retiro- un beneficio que se pagará en cuotas mensuales desde el momento de la desvinculación funcional, la que “operará el día 30/VI/2007 según resolución del Directorio de fecha 18/IV/2007 que dispuso la aceptación de la renuncia voluntaria del empleado Gerente de División José Aquiles De Cesare Gutiérrez” (AA, fs. 40/41). IV.2.- Es así, que esta Corporación expresaba en uno de las sentencias definitivas referidas, que: “El Tribunal se aboca una vez más a adoptar posición en una cuestión de puro Derecho, respecto de la cual ya emitió pronunciamiento en anteriores oportunidades litigiosas. Dicha cuestión consiste en determinar si el incentivo de retiro que percibe la accionante, puede ser gravado por el IRPF; para ello, debe resolverse, en primer lugar, si el referido incentivo ingresa en el aspecto objetivo del hecho generador del IRPF; y en segundo lugar, si desde el punto de vista temporal, el hecho imponible se genera en forma mensual -al cobrar el beneficiario cada una de las cuotas mensuales- o en un único momento, cuando la renuncia del beneficiario es aceptada por el Estado. “Pues bien, el acto implícito que se impugna, resulta ser la aplicación al caso concreto, del acto regla también impugnado -art. 46 de la Resolución de la D.G.I. Nº 662/007-, el cual dispone: “Quienes obtengan rentas originadas en retiros voluntarios incentivados tributarán este impuesto de acuerdo al régimen general. Dichas rentas se consideran devengadas mensualmente”. “Ahora bien, emerge del libelo impugnatorio, que la accionante invoca sendos agravios; la Corporación emitirá pronunciamiento respecto de cada uno de ellos, a saber: “A) Agravio referente a que el retiro incentivado, no estaría gravado por el IRPF: “Fundamenta su posición la demandante, en cuanto entiende que dicho “retiro incentivado” no ingresa dentro de la descripción del elemento material del hecho generador del impuesto. Dicho agravio será desestimado, por estos fundamentos: “El art. 32 del nuevo Título 7 del T.O. de 1996, dispone que estarán gravados por el IRPF “los ingresos regulares o extraordinarios, en dinero o en especie, que generen los contribuyentes por su actividad personal en relación de dependencia o en ocasión de la misma”. En este aspecto, considera este órgano jurisdiccional, en mayoría, que el incentivo por retiro, regulado en el art. 29 de la Ley 17.930, ingresa dentro de esta previsión, ya que constituye claramente un ingreso extraordinario generado por el contribuyente, en ocasión de una relación de dependencia. Desde la óptica de este Cuerpo decisor, el referido ingreso se genera en ocasión de la actividad prestada por el funcionario en relación de dependencia, debido a que la anterior relación funcional del demandante con el Estado, es el presupuesto necesario para el nacimiento del derecho, ante lo cual puede concluirse que el beneficio se genera en ocasión de dicha relación. Y ello, porque como lo destaca la distinguida dictaminante, la Ley no exige que el ingreso, para poder ser gravado, tenga que ser de carácter remuneratorio sino que lo único que requiere es que el mismo tenga un nexo causal con la relación de dependencia, nexo que en el incentivo en estudio, se verifica de modo indudable. “B) Agravio referido al aspecto temporal del hecho generador del impuesto con respecto al incentivo en cuestión; aquí, el Tribunal en mayoría, acogerá el agravio invocado. Por los siguientes fundamentos: “Considera este órgano jurisdiccional colegiado, que la ley que crea el IRPF, se afilia al criterio de “lo devengado”, lo cual supone que la renta se genera en el momento que el contribuyente adquiere el derecho a la percepción de la misma; dicho criterio se opone a aquel otro: “de lo percibido”, según el cual, la renta se genera en el momento en que es efectivamente percibida por el contribuyente. Dicha afiliación de la Ley al principio de “lo devengado” conduce a concluir que, en lo relativo al incentivo de retiro, el hecho generador se configura cuando el Estado acepta la renuncia del funcionario, ya que es en ese momento que nace el derecho del mismo, a cobrar el incentivo por el lapso de cinco años o hasta que cumpla setenta años de edad. Entonces, la circunstancia de que luego el incentivo se cobre mensualmente, no altera la conclusión anterior, porque ello tiene que ver con la exigibilidad o con la percepción del beneficio y no con su nacimiento, el cual como se destacó supra, se produce en el momento de la aceptación de la renuncia, por el Estado. Y la conclusión a la cual arriba este Cuerpo decidor, no resulta alterada por el hecho de que el derecho a la percepción del retiro, se extinga por el fallecimiento o la incapacidad del beneficiario; y ello porque tales circunstancias, configuran condiciones resolutorias del derecho del beneficiario, resultando de aplicación en la especie, lo que dispone el art. 25 del C.T., norma que prevé que si el hecho generador del tributo es un acto sometido a una condición resolutoria, el hecho generador se entiende ocurrido al momento de la celebración de dicho acto; concretamente, reza el citado precepto: “Si el hecho generador fuera un acto jurídico condicionado, se le considerará perfeccionado: “1º) En el momento de su celebración, si la condición fuese resolutoria. “2º) Al producirse la condición si esta fuera suspensiva. “En caso de duda se entenderá que la condición es resolutoria”. “Pues bien, aplicando el designio legal al caso que nos ocupa, se entiende que la condición resolutoria opera su efecto, en el mismo momento en el cual el Estado acepta la renuncia del funcionario. “En conclusión, considera la mayoría del Tribunal, que la renta no se devenga mensualmente -en conclusión opuesta a lo que se estipula en la resolución impugnada- sino en el momento de la aceptación de la renuncia; ante ello, se infiere que la solución que consagra la citada Ordenanza -motivo de agravio- vulnera la previsión legal (art. 31, Título 7 del T.O. de 1996); todo ello determina que el retiro incentivado correspondiente a la actora generado (en el caso que nos ocupa, con fecha 27 de abril de 2007), -momento de la aceptación de la renuncia-, no puede ser alcanzado por el IRPF, pues dicho impuesto entró en vigencia el 1º de julio de 2007, o sea, con posterioridad al acaecimiento del hecho generador” (Sent. 185/2010). IV.3.- Asimismo, como se indica con acierto indudable por parte del Sr. Procurador del Estado en su dictamen de fs. 89 y ss., resulta por demás sintomático que el criterio sustentado por la Dirección General Impositiva en la resolución resistida, y aplicado en el acto administrativo implícito procesado, es diametralmente opuesto al que la misma Administración observó, ante una situación análoga, en el mismo acto-regla. Puede observarse que en el art. 46 bis de la propia R. 662/007, en la redacción dada por la R.1017/007 de la DGI, se establece que: “ La renta proveniente de indemnizaciones por despido que excedan el mínimo legal, se computará en el mes en que se configura el despido, con independencia de la forma de pago acordada entre las partes”. Por lo que, aquí se está claramente al momento del devengo (despido), con abstracción de la exigibilidad (vencimiento de las cuotas pactadas), que es el criterio que marca la Ley, y que debió haber sido también seguido respecto de las rentas provenientes de retiros voluntarios incentivados. V) Por todo lo expuesto, considera el Tribunal en mayoría legal, que la pretensión anulatoria movilizada en el casus sólo puede ser acogida parcialmente, en la medida que por las razones previamente reseñadas corresponde anular el inciso primero del art. 46 de la R. 662/2007, de 29 de junio de 2007, exclusivamente, en cuanto dispone que las rentas originadas en retiros voluntarios incentivados se consideran devengadas mensualmente. Por los expresados fundamentos, lo dispuesto por el art. 309 de la Constitución de la República y, lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal, por mayoría legal, FALLA : Acogiendo parcialmente la demanda anulatoria incoada y, en su mérito, anúlase la Resolución Nº 662/2007 citada, exclusivamente, en la frase final de su art. 46 inciso 1º, en cuando establece: “Dichas rentas se consideran devengadas mensualmente”. Sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $17.000 (pesos uruguayos, diecisiete mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese.- Dra. Sassón (d.), Dr. Lombardi, Dr. Preza, Dr. Harriague (r.), Dr. Monserrat. Dr .Marquisio (Sec. Letrado) Discordia de la Dra. Sassón. Discorde por los mismos fundamentos expresados en la discordia emitida en la sentencia No. 185 del 8/4/10.