Sentencia Interlocutoria N° 24/2026

Sentencia Nro. 24/2026 - IUE: 38-74/2025 Montevideo, 02 de marzo de 2026 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE 3er. TURNO. Ministros firmantes: Dra. Claudia Kelland, Dr. Fernando Tovagliare, Dr. Gustavo Iribarren. Ministro redactor: Dr. Gustavo Iribarren. Vistos: Para sentencia interlocutoria de segunda instancia estos autos: “ECHEVARRIARZA 2 SAS, Recurso de Apelación” IUE 38-74/2025 (tramitados en autos caratulados: “RUBIO PORTO, Daniel y otros c/ ECHEVARRIARZA 2 SAS. Intimación de pago.”, IUE 2- 105479/2023), venidos a conocimiento de este Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia interlocutoria No 1820/2025 dictada en obrados por el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 18vo. Turno, Dr. Diego Saravia. Resultando: 1. Por sentencia interlocutoria No 1820/2025 del 29 de mayo de 2025 (fs. 777) se resolvió: “Por operada la cesión parcial de derechos y créditos litigiosos (25%), ampliase la carátula respecto a la parte actora. Adviértese a los comparecientes de fs. 679 que conforman un litisconsorcio facultativo y no necesario, por cuanto no se verifica la inescindibilidad requerida por el art. 45 del C.G.P., tal es así que se encuentra determinada la cuota parte que le corresponde a cada uno del crédito litigioso. Notifíquese a domicilio a las partes y en especial a la demandada a los efectos previstos en el art. 1757 del C.C..” 2. Dicha providencia fue impugnada por la parte demandada ECHEVARRIARZA 2 SAS, la que al fundar sus recursos de reposición y apelación expresó, en síntesis, los siguientes agravios: a) La recurrida (interlocutoria anómala, atípica o encubierta) realiza una incorrecta admisión liminar de una cesión de crédito litigioso por acto entre vivos, extremo éste que imponía escuchar a la parte contraria dado que la misma puede oponerse (art. 35.2 del C.G.P.), generando así un incidente innominado. La cesión de cosa litigiosa por acto entre vivos no determina automáticamente la sucesión de parte (en el caso: sucesión parcial), solución que queda justificada en la necesidad de prevenir y evitar fraudes procesales. b) La cesión parcial de créditos litigiosos invocados por la parte actora resulta inexistente o absolutamente nula por ausencia de precio; resaltando la apelante en tal sentido que el contrato aludido solo fijó pautas para determinar el monto del crédito que se pretende ceder en un 25%; relacionándolos con honorarios y con el resultado de numerosos juicios en que los cesionarios patrocinan al cedente. Con ello, y tratándose de una cesión onerosa, el precio de la misma no puede tenerse por determinado o determinable, no teniendo los jueces de los procesos respectivos la competencia para determinar el precio de la cesión. c) Sin perjuicio de lo anterior, la cesión presentada en autos resulta en cualquier caso ineficaz por impedir el retracto litigioso a favor del cedido, de conformidad con lo establecido por el art. 1764 del C. Civil. d) En función de tales argumentos solicita se revoque la sentencia interlocutoria 1820/2025 y en su lugar: se disponga sustanciar el incidente de precepto (art. 321 del C.G.P.), se rechace la pretensión de ampliación de la parte actora por nulidad absoluta o inexistencia del contrato de cesión parcial de crédito inoponible al apelante, manteniéndose la integración original de la parte actora. 3. Conferido el traslado de rigor (fs. 799) oportunamente compareció la contraparte a evacuar el mismo (fs. 803-805 vto.), exponiendo en el escrito respectivo los argumentos por los cuales entiende que los agravios formulados por su contraria no admiten recibo. 4. Por providencia No 2745/2025 del 13 de agosto de 2025 (fs. 810-835) el tribunal a quo mantuvo la recurrida y franqueó el recurso de apelación sin efecto suspensivo, ordenando a tales efectos la formación de pieza con testimonio íntegro de las actuaciones cumplidas en autos. 5. Recibidos la pieza en este Tribunal (fs. 840 vto.), con fecha 14 de noviembre de 2025 se dispuso el pasaje a estudio (fs. 841). Y cumplido el estudio sucesivo se acordó el dictado de la presente en legal forma. Considerando: I. El Tribunal, con el número de voluntades exigidos legalmente (art. 61 de la ley 15.750) habrá de revocar la sentencia interlocutoria impugnada, por entender que la cesión parcial del crédito litigioso invocado en autos carece de un elemento necesario para su validez y eficacia. Ello conforme a los fundamentos que se expondrán en los apartados siguientes. II. El objeto del contrato de cesión (onerosa) de créditos litigiosos consiste en la transferencia, por el cedente (o tradente) de un crédito cuya existencia se encuentra en controversia; crédito que es adquirido por el cesionario (o adquirente) por un precio determinado o determinable. Y es opinión de la Sala que la calidad de determinado o determinable de dicho precio debe verificarse con anterioridad al dictado de una eventual sentencia que resuelva, eventualmente, la controversia sobre la existencia y cuantía del crédito. Tal exigencia no se verifica en el caso bajo examen donde -sin haberse distinguido que la determinación judicial del monto del crédito no equivale técnicamente a la determinación del precio de la cesión de dicho crédito- cedente y cesionario establecieron un precio a través de pautas que solo serán verificables cuando una o varias sentencias judiciales eliminen la incertidumbre sobre la existencia del crédito pronunciándose a favor del titular del mismo. III. En adición a lo anterior, no puede menos que compartirse con el apelante que, en cualquier hipótesis, la inexistencia de un precio determinado o determinable antes de la finalización de los litigios, impide al cedido ejercer el derecho potestativo consagrado a su favor por el art. 1764 del C. Civil (retracto litigioso), instituto que encuentra su ratio en permitir la pronta extinción del litigio y evitar la especulación acerca del mismo (cfm.: Gamarra, T.D.C.U., Tomo IV, 4ta. ed., págs. 404-405). Así lo ha expresado distinguida jurisprudencia: “La singularidad de la cesión de créditos litigiosos radica en que, por el solo hecho de estipularse (esto es, independientemente de la voluntad de los contratantes) genera un derecho potestativo llamado retracto litigioso en beneficio de un tercero (el cedido). Dicho en otras palabras: cuando la cesión tiene por objeto un crédito litigioso, el cedido obtiene, por ministerio de la ley, el derecho (potestativo) de liberarse abonando al cesionario (no el valor nominal del crédito sino) el precio de la cesión con sus intereses y los gastos que hubiere realizado (artículo 1764 inciso 1o del Código Civil) (Cfm.: Jorge Gamarra “Tratado de Derecho Civil Uruguayo” Tomo IV, pág. 213)”. (T.A.C. 1ro. -Maccio, Salvo, Venturini-, sentencia 91/2016). En consonancia con los conceptos precedentes, la necesidad de que el precio de la cesión resulte determinado o determinable resulta indispensable para el ejercicio del retracto litigioso, mediante el cual se evita la continuación del juicio en virtud de esta simple pero justificada regla: si el cedente accede a desprenderse del crédito que tiene en un litigio transfiriéndolo por un determinado precio a un tercero, resulta enteramente razonable -amén de ajustado a derecho- que deba brindar la misma alternativa, por idéntico precio, a la persona con la cual litiga. Por lo demás, la Sala, contrariamente a lo que sostuvo el juez a quo en la providencia por la cual se mantuvo la sentencia interlocutoria recurrida (numeral X -fs. 834-), entiende que las conclusiones expuestas supra no se ven alcanzadas por la excepción prevista en el inciso segundo del art. 1765 del C. Civil. Como recientemente fuera señalado por este Tribunal -con idéntica integración- en caso análogo: “... éste Colegiado considera que la excepción prevista en art. 1765 inc. 2 C.C., - excluyendo la posibilidad de que el cedido ejerza el derecho potestativo de extinguir el litigio pagando al cesionario (adquirente) el precio de la cesión- debe ser interpretada con criterio restrictivo, en la medida que el ejercicio del retracto sirve para poner fin a un litigio, esto es a un estado conflictual de lucha, que resulta socialmente nocivo y además el retracto combate la especulación que puede producirse con motivo de un proceso (Cfm.:. Gamarra, op. cit. p. 405/406). ... en sintonía con ese criterio restrictivo de interpretación, de las hipótesis que excluyen el ejercicio del derecho potestativo en cuestión por parte del cedido (extinguiendo el litigio y el derecho del cesionario con sólo pagar el precio de la cesión) resulta atendible la argumentación desarrollada ... en cuanto que el art. 1765 inc. 2 C.C., refiere a los casos de cesión de crédito como ‘dación en pago’ (art.1490 C.C.), que no es el caso de autos, pues la cesión de créditos pretendida por el Sr. Rubio y su letrados no se realizó ‘en pago’ de la supuesta deuda alegada, sino que, del contrato de cesión de créditos surge que no se pretendía ‘extinguir’ la existencia de una supuesta deuda de honorarios, sino que el contrato habría sido celebrado “configurando novación del anterior contrato de prestación de servicios” (T.A.C. 3ro. -Iribarren, Kelland, Tovagliare (red.)-, sentencia interlocutoria 5/2026). IV. En suma: la ausencia de precio determinado o determinable de la cesión decréditos no sólo impide que el referido contrato pase el ‘test de validez’ previsto por el art. 1261 del C.C. y 1560 C.C., sino que en el caso, además, impediría al cedido a ejercer un derecho potestativo consagrado expresamente por el art. 1764 del C. Civil; todo lo cual conduce a revocar la solución adoptada en primera instancia, disponiendo en su lugar el rechazo de la sucesión de parte. Por tales fundamentos y por lo establecido en las disposiciones citadas, el Tribunal RESUELVE: Revócase la sentencia interlocutoria No1820/2025, rechazándose la sucesión de parte reclamada por la parte actora en el principal, correspondiendo que el proceso continúe conforme a su estado. Sin especiales condenas procesales en la instancia. Notifíquese a domicilio. Y oportunamente devuélvase al Juzgado de origen. Dr. Fernando Tovagliare - Ministro Dra. Claudia Kelland - Ministra Dr. Gustavo Iribarren - Ministro Esc. Laura Pérez - Secretaria Letrada