Sentencia Definitiva N° 58/2026

Sentencia No. 58/2026 Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno Ministro redactor: Dra Rosario Sapelli Ministros firmantes: Dra. Patricia Hernández, Dr. Pablo Benítez y Dra. Rosario Sapelli. Montevideo, 2 de marzo de 2026.- VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados “AA C/ MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y OTRO. AMPARO.” IUE 2-124962/2025, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el representante de la parte demandada; Fondo Nacional de Recursos, (en adelante FNR, fs. 525 y ss), contra la Sentencia No.5/2026 del 27 de enero del 2026, dictada por el Sr. Juez Letrado de Feria, Dr Juan Benitez Caorsi. (fs. 508 y ss). - R E S U L T A N D O: 1) Se darán por reproducidas todas las resultancias de autos contenidas en la sentencia apelada por ajustarse a lo actuado en la instancia anterior. 2) Por el referido pronunciamiento, se desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Fondo Nacional de Recursos, se amparó la demanda promovida y, en su mérito se condenó a ambos codemandados a suministrar a la Sra AA, la cobertura y financiación necesaria para la colocación de una bomba de insulina o infusión subcutánea continua de insulina, así como insumos mensuales que requiere su uso por el tiempo que se considere necesario por el médico tratante, cubriéndose el procedimiento y todos los materiales necesarios dentro en un plazo no mayor a las 48 horas, bajo apercibimiento legal. Sin especial condenación. 3) A fs. 525, compareció Karina Reguera en representación del codemandado FNR, (art. 44 del CGP), interponiendo recurso de apelación contra la Sentencia definitiva de primera instancia, dictada en autos, articulando sus agravios de fs. 525 a 527. En lo sustancial, argumentó lo siguiente: Que únicamente puede financiar aquellos procedimientos y prestaciones médicas que se encuentren incluidos en el PIAS con cobertura financiera a su cargo, siendo el MSP la autoridad competente para regular los actos médicos y medicamentos comprendidos dentro del régimen de cobertura de dicha Institución. Que el dispositivo cuya cobertura se reclama —sistema de infusión subcutánea continua de insulina— no está contemplado en la normativa vigente del FNR para el caso de autos. En efecto, la reglamentación prevé su financiación exclusivamente para pacientes de hasta 21 años de edad, mientras que la amparistas cuenta con 32 años, quedando por tanto excluida del beneficio. Asimismo, sostuvo que la normativa de cobertura fue dictada en cumplimiento de la ley y su decreto reglamentario, y que al no encontrarse la situación planteada comprendida en ella, no puede imputarse al FNR una actuación ilegítima ni se configuran los presupuestos exigidos por la Ley (fs. 347). Finalmente, alegó que la obligación consagrada en el artículo 44 de la Constitución no tiene carácter absoluto y que, aun en la hipótesis de considerarse irrestricta, dicha obligación recae sobre el Estado, del cual el Fondo Nacional de Recursos no forma parte. Por todo lo expuesto solicita se revoque la sentencia impugnada y se desestime en todos sus termino la demanda de amparo impetrada en autos. 4) Sustanciado el recurso, comparece la Dra Carmen Vázquez, en representación judicial de la parte actora, contestando el recurso de apelación abogando por la confirmación de la apelada en los términos solicitados en la demanda, con costas y costos. 5) Por auto 312 del 20 de febrero del 2026 se dispuso franquear el recurso de apelación interpuesto por el FNR, ante el Tribunal de Segunda instancia que por turno corresponda. Asignada esta Sala, los autos se recibieron el 24 de febrero del 2026. Realizado el estudio correspondiente se acordó el dictado de la presente decisión. C O N S I D E R A N D O: I) El Tribunal por el número de votos legalmente requerido (art. 61 de la Ley Nº 15.750), acordó por confirmar la Sentencia dictada en cuanto condeno al FNR, por los motivos que se expondrán. 2) De la documentación agregada en autos, consistente en informe de su médico tratante Dra Rosa Finozzi, fs.30/32, historia clínica agregada en autos de fs. 34 a 293, resulta acreditado que la actora es una paciente de 32 años, y es portadora de una diabetes mellitus tipo 1, de más de 23 años de evolución. Que con los años la diabetes se vuelve más lábil, difícil de controlar, por lo que ha tenido que afrontar diversas dificultades derivadas de la enfermedad. En el 2014 accedió a una bomba de insulina, la que actualmente se encuentra obsoleta, y no le funciona correctamente. Con el fin de evitar complicaciones agudas, que suponen un riesgo inminente para su salud y la necesidad de mantener y optimizar el control metabólico, su medica tratante considera imperativo que acceda en el menor plazo posible a la terapia de infusión subcutánea continua de insulina (ISCI) que actualmente provee el FNR a menores de 21 años de edad- con la finalidad de evitar la ocurrencia de complicaciones como la hipoglucemia. Como corolario de lo anterior, la parte actora sustentó esencialmente la acción de amparo en la vulneración de los derechos fundamentales a la vida y a la salud, que entiende lesionados por actos y omisiones manifiestamente ilegítimos atribuidos al FNR, concretados en la negativa a suministrarle el dispositivo solicitado en autos, el cual fue debidamente indicado por su médica tratante. La prueba documental oportunamente agregada —historia clínica e informe médico— así como la prueba testimonial producida, acreditan la patología que padece la promotora. Así, la Dra Finozzi en audiencia; afirmó de manera categórica que la bomba de infusión continua de insulina constituye una herramienta terapéutica destinada a pacientes con diabetes tipo I, representando una garantía en el tratamiento en tanto permite alcanzar un control metabólico óptimo. Explicó que, debido a la tecnología avanzada que incorporan estos dispositivos, se reducen significativamente las hipoglicemias —complicaciones agudas y potencialmente graves—, evitando su aparición y contribuyendo a mantener al paciente en un adecuado y estable control metabólico. Tampoco fue discutida por el accionado la eficacia del dispositivo de infusión subcutánea continua de insulina reclamado, en cuanto a su aptitud para prevenir episodios de hipoglicemia en pacientes como la actora. Asimismo, la demandada no controvirtió lo afirmado en la demanda respecto a que los cuadros de hipoglicemia, cuando revisten gravedad, pueden generar discapacidades permanentes e incluso comprometer la vida del paciente. Consecuentemente, el centro de la controversia radica en el presente, entonces, en determinar, si ha existido ilegitimidad que revista la nota de manifiesta en el actuar de la demandada recurrente, así como la existencia de otros medios judiciales o administrativos que permitan obtener el mismo resultado que el amparo. 3) Así, La acción de Amparo prevista en la ley Nº 16011 del 19/12/1988, en su artículo 1 establece que: "Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, podrá deducir la acción de amparo contra todo acto, omisión o hecho de las autoridades estatales o paraestatales, así como de particulares que en forma actual o inminente, a su juicio, lesione, restrinja, altere o amenace con ilegitimidad manifiesta, cualquiera de sus derechos y libertades reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución...". En virtud de lo antes expuesto: estado de salud de la actora, necesidad del tratamiento urgente, pertinencia de la indicación terapéutica impetrada, no deja duda alguna sobre la procedencia de la acción de amparo promovida, que es la única via por la cual la actora puede obtener la protección de su derecho a la vida, a la salvaguarda de su salud, en tiempo y forma. 4) En cuanto a la legitimación pasiva del FNR, el agravio expuesto por ese codemandado carece de fundamento, por lo cual será repelido, por la siguiente fundamentación: La Sala tiene jurisprudencia constante en hipótesis de pretensiones como la de autos en cuanto aun; “en su esfuerzo defensista el FNR no aporta a la causa ninguna prueba donde se establezcan fundamentos de orden científico – médico que permitan concluir en la inconveniencia de acceder a lo solicitado por la promotora. Se establece en la “Normativa de Cobertura de la infusión subcutánea continua de insulina (ISCI)” que el financiamiento se limita a “Pacientes menores e iguales a 21 años de edad con Diabetes Mellitus tipo 1 en las condiciones establecidas en esta normativa” (fs. 198). Pero en ningún pasaje de dicha normativa (agregada en fs. 191/206), se expresan las razones por las cuales la cobertura se limita a personas de hasta 21 años y se niega a los mayores de dicha edad. Es más, al detallarse los “Criterios de exclusión”, ninguno de ellos refiere a cuestiones vinculadas al rango etario del paciente. En definitiva, no surgen de la documental agregada al subexámine ni de los términos de su contestación, fundamentos científicos que permitan justificar con qué criterio se proporciona la prestación sanitaria requerida en autos a personas de hasta 21 años de edad al momento de la solicitud y se descarta para aquellos que superaron dicho rango etario, siendo que en ambos casos se padece la misma patología y no hay evidencia científica que de muestras de que el dispositivo requerido será efectivo solo en el grupo de personas que arbitrariamente (pues no hay justificación) crea el propio demando por medio de su Comisión Honoraria Administradora. Siendo así, resulta claro que en el presente caso la decisión del demandado FNR de negar a la actora el dispositivo que reclama vulnera el Principio de Igualdad consagrado en el art. 8 de la Constitución de la República. Como expresara la Suprema Corte de Justicia en Sentencia N° 284/2013: “Con respecto al alcance del principio de igualdad la Corte, en Sentencia No. 122/2007 (entre muchas otras), sostuvo que: ‘...el mismo no impide que se legisle para clases o grupos de personas, siempre que éstos se constituyan justa y racionalmente. A condición de que, tal como lo ha sustentado la justicia norteamericana y lo ha expresado el ilustrado constitucionalista nacional Justino Jiménez de Aréchaga, todos los comprendidos en el grupo sean igualmente alcanzados por la norma y de que la determinación efectuada por la misma sea razonable, no injusta, caprichosa o arbitraria, sino fundada en una real distinción (Cfme. Jiménez de Aréchaga, 'La Constitución Nacional', Ed. Cámara de Senadores, T. I, pág. 367; Cfme. Sentencias de la Corporación Nos. 323/94, 720/96 y 28/2006...’...” (los subrayados no surgen del original). Aplicando tales conceptos al caso en estudio, resulta claro que el demandado en el ejercicio de su función pública puede establecer criterios para la provisión o financiación de medicamentos o procedimientos médicos a determinados grupos de la población al tiempo que otros queden por fuera de la cobertura, pero ello siempre que estos grupos se constituyan justa y racionalmente. Ahora bien, lo que en el caso se observa es que el demandado no ha justificado ni en el orden científico ni en ningún otro (económico, social, etc.) la pertinencia o razonabilidad de la creación de los dos grupos en que divide a los habitantes de la República recurriendo a su edad. Siendo así, su conducta aparece como no razonable, injusta y discriminatoria, con lo cual infringe claramente el principio constitucional de Igualdad, consagrado en el art. 8 de la Carta Magna. Por lo que viene de señalarse, cabe concluir que en el caso el FNR ha asumido una conducta que, al tenor del art. 1° de la Ley N° 16.011, corresponde calificar como manifiestamente ilegítima, lo que permite descartar los agravios que el mismo desplegara en fs. 346/348 vto” (Conf Sentencia No 336/2024 y Sent No 26/2025, entre otros .BJN) Por tanto, la negativa del FNR, a proporcionar la cobertura y financiación necesaria para la colocación de una bomba de insulina o infusión subcutánea continua de insulina, así como insumos mensuales a la Sra AA, no puede más que catalogarse como de ilegitimidad manifiesta, y en su mérito se confirmara la condena impuesta en primera instancia, desestimando los agravios oportunamente esgrimidos. 5) La correcta conducta procesal de las partes y la existencia de posiciones discordantes determinan que no corresponda efectuar especial condena al pago de las costas y costos de esta instancia (arts. 688 CC y 261 CGP). Por los fundamentos expuestos, normas citadas y lo dispuesto por los arts. 197, 198 y 257 del CGP, el Tribunal, por unanimidad de sus integrantes y por mayoría, F A L L A: Confirmase la recurrida, en el objeto de agravio, sin especial condena en la instancia. Honorarios fictos tres Bases de Prestación y Contribución. - Notifíquese a las partes en el domicilio electrónico. - Oportunamente, devuélvase a la Sede de origen con las formalidades de estilo. - Rosario Sapelli Ministra Pablo Benítez Ministro Patricia Hernández Ministra