Sentencia Interlocutoria N° 97/2026

Sentencia Nro. 97/2026 - IUE: 542-89/2019 Ministro Redactor: Dr. Marcelo Malvar Juncal. Montevideo, 03 de marzo de 2026 VISTA: Para sentencia interlocutoria de segunda instancia esta pieza: 1) AA. 2) BB. 3) CC. REITERADOS DELITOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD, REITERADOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD CONTRA LOS DETENIDOS, EN ESTE CASO EN CONCURSO FORMAL CON REITERADOS DELITOS DE LESIONES GRAVES Y LOS ANTERIORES EN CONCURRENCIA FUERA DE LA REITERACIÓN CON REITERADOS DELITOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD, EN CALIDAD DE COAUTORES. Principal 103-244/2011 (106- 255/2017, 543-5/2023). IUE 542-89/2019; venida del Juzgado Letrado Penal de 23o Turno, en virtud del recurso interpuesto por las defensas Dra. Graciela Figueredo por CC, Dr. Santiago López por AA y Dr. Emilio Mikolic por BB contra el auto de procesamiento N.o 640/2025 del 4 de junio de 2025, dictado por la Dra. Isaura Tórtora Bof, con intervención de la Fiscalía Letrada de Crímenes de Lesa Humanidad a cargo del Dr. Ricardo Perciballe. RESULTANDO: I) El auto de procesamiento N.o 640/2025 del 4 de junio de 2025, decretó el procesamiento con prisión de AA y BB y con prisión domiciliaria y colocación de dispositivo electrónico de CC, bajo la imputación prima facie de reiterados delitos de privación de libertad, reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, en este caso en concurso formal con reiterados delitos de lesiones graves y los anteriores en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de privación de libertad, en calidad de coautores. II) La Dra. Graciela Figueredo, por CC, interpone recursos de reposición, apelación en subsidio y nulidad (fs. 887) y expresa que la A quo admitió la interpretación fáctica y jurídica de la fiscalía para procesar al imputado CC, asumiendo su responsabilidad únicamente por haber sido jefe del Batallón de Infantería N.o 12 de Rocha durante el período dictatorial. Según la resolución impugnada, los denunciantes habrían sido sometidos a torturas en ese establecimiento, y la responsabilidad del acusado se deriva de su jerarquía y del contexto histórico. La defensa sostiene que no existe prueba directa que vincule a su defendido con hechos ilícitos ni con la participación en torturas o privaciones de libertad, ya que los denunciantes no lo mencionan y su identificación se basa solo en conjeturas. Afirma que imputar responsabilidad penal por la sola condición jerárquica supone instaurar una responsabilidad objetiva prohibida por el derecho penal liberal. También destaca que las detenciones de la época estaban amparadas por la normativa vigente y que, en este caso, las personas concurrieron al batallón a partir de citaciones y no fueron detenidas por CC. Agrega que la prueba fundamental es únicamente la declaración de las presuntas víctimas, sin corroboración externa, lo que vulnera la presunción de inocencia y el debido proceso. La apelante transcribe declaraciones del propio CC, quien niega haber ordenado o conocido torturas, y critica que su procesamiento se haya basado en inferencias sin sustento probatorio suficiente, reiterando que no existen elementos que acrediten su coautoría en los delitos imputados. En la apelación se controvierten los delitos imputados – entre ellos, las lesiones por carecer de prueba – que no corresponde el procesamiento con prisión porque el imputado es primario, el delito es excarcelable y no existen riesgos procesales. Se alega nuevamente la prescripción en el entendido de que en el momento existe una imputación concreta, lo que conduce a que deba tratarse nuevamente el punto. Los delitos están prescriptos y cualquier interpretación en contrario, o incluso la propia ley 18.831, implican una aplicación retroactiva e inadmisible de normas más gravosas. Por último, invoca la nulidad porque no pudo interrogar a las víctimas, y la impugnación de la decisión denegatoria todavía no fue resuelta por la alzada. III) El Dr. Santiago López por AA, interpone recurso de reposición, apelación en subsidio y nulidad por indefensión (fs. 901) y expresa que el procesamiento carece de fundamentación suficiente y es violatorio de principios esenciales del Derecho Penal y del debido proceso. La imputación no identifica con precisión los hechos atribuidos ni las pruebas que los sostienen, lo que impide ejercer adecuadamente el derecho de defensa y vulnera el principio de legalidad. Alega además que el estándar probatorio exigido por el CPP 1980 no se encuentra satisfecho, ya que no existen elementos de convicción serios que vinculen de forma concreta a AA con los delitos imputados. Sostiene que los únicos elementos en su contra son testimonios rendidos décadas después, sin respaldo objetivo y bajo condiciones que habrían afectado la percepción de los declarantes (encapuchados, años después de los hechos, condiciones de estrés, etc.). También destaca declaraciones que resultarían exculpatorias, así como la negación expresa del propio imputado. El apelante entiende que la resolución judicial lo responsabiliza únicamente por el cargo que ocupaba en la estructura militar, y no por una conducta específica, lo cual configuraría una forma inadmisible de derecho penal de autor. Respecto a los delitos atribuidos (privación ilegítima de libertad, abuso de autoridad contra detenidos y lesiones graves), sostiene que no se describen hechos concretos que configuren cada figura ni la participación personal de AA. Afirma que las detenciones se realizaron bajo normativa vigente en el contexto de la lucha contra la subversión, por lo que no habrían sido ilegítimas. No es correcto imputar simultáneamente privación de libertad y abuso de autoridad sobre los detenidos. En cuanto al abuso de autoridad y las lesiones, sostiene que no existen pruebas que acrediten actos arbitrarios ni lesiones de entidad grave, ni evaluaciones médicas que lo respalden, y las lesiones requieren prueba concreta de su existencia, y no una mera probabilidad de que hayan existido. Finalmente, la defensa cuestiona la concurrencia de delitos, considera que la imputación carece de motivación adecuada, que los hechos están prescriptos – indicando que se declararon inconstitucionales los arts. 2 y 3 de la ley 18.831 – y existe nulidad por indefensión ya que la prueba se tomó sin la presencia de la defensa y los imputados, extremo que no ha sido resuelto aún por la alzada. IV) El Dr. Emilio Mikolic por BB, interpone recurso de reposición, apelación en subsidio y nulidad (fs. 915), y expresa que el auto de procesamiento carece totalmente de motivación jurídica. Afirma que todos los argumentos de la fiscalía fueron oportunamente rebatidos con fundamentos sólidos y detallados en el expediente, pero que la A quo no respondió ni analizó esas defensas. La resolución únicamente descarta lo sostenido por la defensa sin explicar por qué, lo que viola el deber constitucional de fundar las sentencias, principio esencial del debido proceso en un sistema republicano. Además, se reprocha que el procesamiento haya sido dictado con prisión preventiva sin acreditar riesgo procesal alguno, cuando el imputado es primario, de edad avanzada y siempre estuvo a derecho, viniendo del exterior para someterse al proceso. La defensa entiende que, conforme al CPP 2017 – de aplicación inmediata – la prisión preventiva solo puede decretarse mediante fundamentos concretos, lo que no ocurrió. Finalmente, se denuncia que la defensa no pudo interrogar a los testigos de cargo ni obtener oficios solicitados antes de la resolución, lo que implica una grave vulneración del derecho de defensa y genera nulidad absoluta del procedimiento. No hay prueba que involucre al imputado, salvo indirectamente la declaración de DD, pero de hecho aquel no estaba en el batallón en el momento de los hechos. No hay prueba de la lesión y no se sustancia la coautoría. El apelante alega la prescripción. Las normas más gravosas no pueden aplicarse retroactivamente y no es tal cosa lo que establecen los tratados. Agrega que los delitos que se le imputan tienen un plazo de prescripción de diez años, que ya pasaron incluso contados desde la vigencia de la ley 18.831. V) El Dr. Ricardo Perciballe, por fiscalía, evacua el traslado y aboga por la confirmatoria (fs. 937). La fiscalía rechaza los argumentos de la defensa de CC y solicita que se mantenga el auto de procesamiento, por entender que es jurídicamente correcto y debidamente fundamentado. CC, como Jefe del Batallón de Infantería N.o 12, es responsable de los delitos cometidos contra los detenidos, ya sea por acción directa o por omisión, dado que se encontraba en posición de garante y tenía la obligación de impedirlos. Aun cuando no haya participado materialmente en torturas o detenciones ilegales, estas no pudieron realizarse sin su consentimiento u orden. Fiscalía recuerda que el Estado uruguayo reconoció oficialmente que durante la dictadura existieron prácticas sistemáticas de tortura y privación ilegítima de libertad, por lo que el contexto represivo está fuera de discusión. En consecuencia, otorga plena validez a los testimonios de las víctimas, señalando que, debido al carácter clandestino de los hechos, estos relatos constituyen la principal prueba disponible. Respecto de los delitos imputados, indica que las detenciones fueron ilegales por carecer de orden judicial válida y exceder los plazos constitucionales, configurando privación de libertad. A su vez, las torturas y otros tratos crueles agravan la responsabilidad penal, ya que las condenas dictadas por la justicia militar se basaron en confesiones obtenidas bajo tormento, consolidando una privación de libertad ilegítima de larga duración. En cuanto a la prescripción, afirma que ya fue resuelta y que los hechos constituyen crímenes de lesa humanidad, por lo que son imprescriptibles. Sobre la prisión preventiva, sostiene que el CPP 1980 establece como regla general su aplicación cuando existen delitos graves y riesgo de fuga, extremos que considera presentes, aun cuando CC cumple la medida en régimen domiciliario. Finalmente, rechaza el planteo de nulidad formulado por la defensa, señalando que no existe violación a garantías procesales, que las defensas conocían los hechos y la prueba desde tiempo atrás y que la reiteración de declaraciones de las víctimas contrariaría su protección frente a la revictimización. En relación a los agravios de AA, varios de ellos coinciden con los planteados por la defensa de CC, ya contestados anteriormente. En primer lugar, rechaza que se haya violado el principio de legalidad, señalando que el auto de procesamiento describe suficientemente los hechos, pruebas y normas aplicables. Respecto a la falta de prueba, fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para vincular a AA con las torturas y privaciones ilegítimas de libertad ocurridas durante la dictadura en el Batallón de Infantería N.o 12 de Rocha. Diversas víctimas relatan las torturas sufridas y mencionan expresamente a AA como participante directo o responsable funcional, además de señalar que él actuaba como S2 y juez sumariante, lo que lo coloca en posición de responsabilidad. En cuanto a los delitos imputados, la defensa afirma que las detenciones se amparaban en normas vigentes en ese momento, pero fiscalía reitera que se trató de privaciones ilegítimas de libertad y abusos contra detenidos, acreditados mediante múltiples testimonios. También recuerda que la jurisprudencia nacional admite informes médicos y periciales para probar las lesiones graves. Sobre la coautoría y el concurso de delitos, fiscalía indica que esos aspectos podrán precisarse más adelante, en etapas procesales posteriores. En materia de prescripción, señala que la Suprema Corte ya rechazó la inconstitucionalidad de la normativa aplicable, confirmando la vigencia de la Ley 18.831 y, por tanto, la imprescriptibilidad de los hechos. Por último, descarta la alegada indefensión y la nulidad del auto de procesamiento, remitiéndose a argumentos ya desarrollados frente a similares planteos de la defensa de CC. Fiscalía responde a los agravios de EE, quien cuestionó el auto de procesamiento alegando falta de motivación, indebida imposición de prisión preventiva y ausencia de pruebas que lo vinculen a los hechos. En relación con la supuesta falta de motivación, sostiene que el auto recurrido cumple razonablemente con las exigencias propias de esta etapa inicial del proceso. Explica que no puede exigirse el mismo nivel de fundamentación que el de una sentencia definitiva, y que la resolución describe los hechos imputados, la participación atribuida a EE y la prueba considerada. Sobre la prisión preventiva, fiscalía recuerda que en los casos vinculados a delitos de lesa humanidad los tribunales han sido uniformes en afirmar que corresponde aplicar el CPP 1980, bajo el cual la prisión preventiva es la regla tras el procesamiento, especialmente cuando los hechos son de extrema gravedad y cita jurisprudencia. Respecto de la prueba, señala que EE integraba el aparato represivo del Batallón de Infantería N.o 12 durante la dictadura, donde la privación ilegítima de libertad y la tortura eran prácticas sistemáticas. Varias víctimas lo mencionan expresamente como participante en detenciones, interrogatorios y torturas, incluyendo testimonios directos en los que se lo identifica. Además, los registros militares indican que fue sustituto del jefe de informaciones (S2) y actuó como oficial interrogador en ese período. En cuanto a los delitos imputados y la discusión sobre la prescripción, fiscalía se remite a los argumentos ya desarrollados frente a recursos similares de otros coimputados, recordando que la Suprema Corte rechazó la inconstitucionalidad de la Ley 18.831, manteniéndose así la imprescriptibilidad. Finalmente, también rechaza el planteo de nulidad por los argumentos vertidos con anterioridad en su contestación. VI) Por resolución N.o 769/2025 se desestimó la reposición y se franqueó la apelación. Recibida la pieza pasó a estudio y culminado el mismo, se dicta la presente. CONSIDERANDO: I)La Sala, por unanimidad, habrá de confirmar la recurrida, por los fundamentos que siguen. II) Los hechos que fundan el procesamiento consisten en los siguientes. En enero de 1976, personal del Batallón de Infantería de Ingenieros N.o 12 de Rocha detuvo – entre otros – a los denunciantes de autos: DD, FF, GG, HH II y JJ. El 19 de enero de 1976 fue detenida DD por ser integrante de la UJC. Acto seguido, fue encapuchada, sometida a plantón, golpizas y picana eléctrica al tiempo en que era interrogada. Al ser interrogada respecto a si pudo identificar a los responsables de tales tratos inhumanos sindicó al Capitán AA y a EE. El 14 de enero del mismo año fue detenido FF por su pertenencia a la UJC. Acto seguido, fue encapuchado y conducido al Batallón de Infantería N.o 12. Allí fue sometido a diversos apremios físicos tales como plantones, picana eléctrica, golpizas y violencia psicológica. Interrogado respecto a los responsables de tales apremios, declaró reconocer la voz de Beracochea, a unos hermanos Miraballes y el Juez que también estaba a cargo de las torturas AA. El 15 de enero de 1976 fue detenida GG. Encapuchada e interrogada con tratos crueles, inhumanos y degradantes tales como picana eléctrica, submarino, golpizas. Identifica al colorado AA, EE y reconoció la voz de EE. HH fue detenido el 14 de enero de 1976. Sometido a diversos apremios físicos y psicológicos como colocación de capuchas, plantones y reconoce a AA. JJ fue detenida en el año 1975 en los meses de abril y mayo de 1976. Sometida a diversos apremios físicos y psicológicos. Identifica como agresor a AA. II fue detenido el 18 de enero de 1976. Encapuchado y sometido a apremios físicos durante los interrogatorios, identifica al Capitán KK, al Capitán AA y al Capitán LL. Agrega la Sra. Magistrada, que en la fecha estaba a cargo del batallón el Teniente Coronel CC; MM juez sumariante y EE el sustituto S2. III) Consideración inicial y nulidad: En la impugnación se menciona que al tiempo del dictado del auto de procesamiento, estaba pendiente de resolución el recurso de apelación contra la interlocutoria N.o 1663/2024. Esta Sala se expidió sobre el punto en interlocutoria N.o 586/2025 del 13 de octubre de 2025, denegando el recurso de apelación, y por consiguiente, confirmando aquella. Por consiguiente, el dictado del auto de procesamiento estando pendiente la resolución de segunda instancia no generó agravio alguno, amén de que en principio, las impugnaciones en etapa presumarial no tienen efecto suspensivo (Cfme. Interlocutoria 159/2017. TAP 2o. RDP. N.o 27. Caso 220). En cuanto al aspecto material de la impugnación – referido al no diligenciamiento de prueba, concretamente, la no citación de los denunciantes – ello no genera nulidad alguna. Como desde antiguo tiene dicho la Sala y hoy lo reitera: ‘...La cuestión a decidir en esta etapa del proceso consiste en establecer si efectivamente se está en presencia de un hecho ilícito y si los enjuiciados han tenido en él algún grado de participación (art. 125 CPP). La decisión que en tal sentido se pronuncie tendrá carácter provisional (art. 132 CPP), puesto que será en oportunidad del fallo definitivo que habrá de establecerse el juicio de responsabilidad concomitante al proceso penal (art. 245 N.o 4 CPP)” (de la Sala, S. 109/97). La decisión de procesamiento no es más ni menos que un juicio de probabilidad acerca de los extremos fácticos y jurídicos de la imputación que declara que hay elementos de convicción suficientes para juzgar, al momento en ha dictado y provisionalmente, que se ha cometido un hecho delictuoso y que tal imputado ha participado en el mismo. ‘El deber sobre la coherencia de la prueba, sobre el elemento subjetivo o las circunstancias modificativas, debe resignar hasta la etapa de conocimiento, el plenario del proceso ...” (de la Sala, S. 218/98 y 100/04, RDP16, p.628, c.60, entre otras) (Interlocutoria 11/2018. TAP 1o. RDP. N.o 28. Caso 47). Entonces, en un proceso que se cumple por actos sucesivos y que tiene múltiples etapas probatorias – presumario, sumario, ampliación sumarial y plenario – el no agotamiento de la instrucción cuando se está al inicio del proceso, no puede generar ni nulidad ni agravio alguno. Así lo ha entendido por ejemplo la Suprema Corte de Justicia al entender que no existió nulidad en la hipótesis de un presumario que se extendió durante siete años y nueve meses sin contar con el indagado individualizado, siempre y cuando – claro está – una vez señalado y citado, se cumpla con la asistencia letrada obligatoria, como ocurrió en este caso (Cfme. Sent. 134/2018. SCJ. RDP N.o 28. Caso 183). Las partes tendrá el derecho a ejercer la actividad probatoria durante todo el proceso, y en la medida que se cumpla con los requisitos del art. 125 CPP 1980, aunque la actividad de instrucción no esté agotada, no existe mérito para la revocatoria en tal sentido. IV) Prescripción: La Suprema Corte de Justicia se ha expedido sobre la constitucionalidad de la ley 18.831; en sentencia 286/2022 respecto de EE y CC (fs. 245 y ss.) y en sentencia 1838/2022 respecto de AA (fs. 395 del IUE 543-97/2022), concluyendo en los tres casos que la norma es aplicable y por consiguiente, respecto a los imputados se restableció la pretensión punitiva del Estado, no deben computarse plazos de prescripción eventualmente transcurridos y los delitos tienen la naturaleza de crímenes de lesa humanidad. En la mejor de las interpretaciones – incluso sosteniendo que pese a ser delitos de esa naturaleza fueran prescriptibles – no se pueden considerar términos corridos durante la dictadura, ni durante la vigencia de la Ley de Caducidad N.o 15.848, y en tal sentido, el cómputo debería hacerse desde el 27 de octubre de 2011. La fiscalía solicitó el procesamiento de los tres imputados por el delito de privación de libertad – entre otras figuras – y convocó la agravante el art. 282 inciso segundo: Constituye una agravante muy especial el hecho de que el delito se cometa con el fin de obtener de las autoridades públicas, a cambio de la liberación, una ventaja o provecho en beneficio propio o ajeno, consiguiendo o no su objeto, o cuando el hecho obedeciera a móviles políticos o ideológicos. La pena será de seis a doce años de penitenciaría (fs. 474). Si bien la Sra. Jueza A quo no recogió la agravante muy especial, ella es una imputación posible, lo que eleva la pena máxima a doce años, y en consecuencia, la prescripción a quince. Por consiguiente, aun si desconociéramos lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia, el plazo mencionado no ha transcurrido desde la reanudación del mismo con la vigencia de la citada ley 18.831. V) Auto de procesamiento. Constancia del hecho delictivo y semiplena prueba de la participación de los imputados (125 CPP 1980): La A quo imputó abuso de autoridad, lesiones graves y privación de libertad. Los denunciantes claramente describen apremios y torturas: colocación de capucha (fs. 20, 34, 44 y 62), plantones (fs. 20, 29, 32, 34 y 44), privación de alimentos y agua (fs. 21, 30 y 44), choques eléctricos (fs. 21, 29, 32, 55 y 59), golpes (fs. 29, 44 y 58), prohibición de higienizarse (fs. 21 y 44), sumersión (fs. 32), percibir la tortura de familiares (fs. 44), etc. La simple lectura alcanza para entender que se trata – por lo menos – de actos arbitrarios y rigores no permitidos por los reglamentos. Y se trata de tormentos que según el informe médico legal del Prof. Hugo Rodríguez Almada generan lesiones con inhabilitación o peligro de vida (fs. 586 y ss.), lo que a los efectos del auto de procesamiento se encuentran sumariamente acreditados, amén de otros indicios como las declaraciones que mencionan secuelas, presencia de médicos durante los interrogatorios (p. ej. declaración de DD), lo que evidencia el reconocimiento de que los actos de tortura generaban peligro de vida. Los denunciantes estuvieron privados de libertad. Aun cuando se admita que conforme la legislación del momento, los militares podían detener personas, si dicha situación se prolongaba más de veinticuatro horas o cuarenta y ocho sin cumplir las garantías constitucionales, la privación de libertad devenía ilícita. En todos los casos fue así, ya que estuvieron años privados de libertad por condenas o procesamientos dictados en condiciones ilegítimas, y sin llegar tan lejos, estuvieron meses presos en el propio batallón (p.ej. DD y FF) y GG declara continuas detenciones con períodos en que no estaba ubicable por sus familiares: ...te detenían siendo menor de edad y en varias oportunidades. La persecución. El secuestro. Yo estuve desaparecida... (fs. 62). En cuanto a la participación de los encausados, la semiplena prueba surge de varias fuentes. Primeramente, la declaración de las propias víctimas que los identifican: DD fue detenida desde el 19 de enero de 1976 y procesada en abril de 1976. Identifica a EE, que lo ubica como integrante de las listas de un partido político, y le decía ...decí lo que sepas porque si no mis compañeros te van a torturar... También identifica a AA (fs. 20). HH, detenido un año y medio. Identifica a AA como el ‘juez’ quien era además el que lo torturaba (fs. 29 y 43). Sofía Copelo, detenida desde el 15 de enero de 1976 a febrero de 1978. Estuvo ocho meses en Rocha. Identifica a un capitán cuyo sobrenombre era AA’ y EE fue quien la detuvo en la casa y se hacía pasar por ‘bueno’ (fs. 32 y 54). Ramón Dos Santos, detenido en 1976. Estuvo tres meses detenido en Rocha. Identifica a AA quien le dice ...otra vez por acá HH... (fs. 34). II reconoce a AA como persona blanca, pelirrojo y con pecas, agrega que lo pudo ver ya sin la capucha (fs. 58). FF declara que llegó a estar cinco meses presa y señala por su nombre completo a AA (fs. 62). Se advierten coincidencia en las declaraciones, como el hecho de que EE se hacía pasar por bueno, que lo afirman DD y FF, o que AA era pelirrojo, que lo admite el propio imputado (fs. 461) y el coimputado CC (fs. 355). Los apelantes niegan los hechos. CC niega detenciones, dice que fueron citados y concurrieron, pero estuvieron detenidas dos o tres meses (fs. 355 y 661). Admite haber sido Jefe del Batallón N.o 12. AA admite que hubo interrogatorios, pero en su caso no hubo ninguna detención. Admite haber sido S2 desde 1975 ... hasta ser capitán inclusive. Participó en interrogatorios – asistido por un auxiliar escribiente – pero niega torturas, solo reconoce que se les colocaba capuchas por razones de seguridad, para que los detenidos no supieran donde iban (fs. 459 y 654). EE afirma que no prestaba funciones en el batallón en ese momento y que ser sustituto S2 era un cargo simbólico (de su legajo surge que tuvo ese cargo desde el 1o de diciembre de 1975 hasta el 25 de febrero de 1976). Dice que estuvo en el Batallón N.o 12, aproximadamente hasta febrero de 1976, pero luego agrega que antes de las Fiestas de 1975 dejó el batallón (fs. 350 y 673). Lo afirmado por EE es parcialmente cierto, sin perjuicio de la prueba pendiente de diligenciar. De su legajo (CD de fs. 401) figura en el Batallón N.o 12 desde el 25 de junio de 1975 y en el Batallón N.o 11 a partir del 25 de febrero de 1976, ya estando efectivamente allí en marzo de 1976, lo que surge de una comunicación reservada del 19 de marzo de 1976 firmada por el Tte. Cnel. NN. No obstante, como se indicará infra, existe prueba documental de que al tiempo de los hechos estaba en el Batallón cumpliendo funciones de inteligencia. En efecto, de la documental agregada surge que AA y EE participaron de los interrogatorios, y que CC – jefe del Batallón – lo conocía. En el legajo de AA (CD de fs. 401) surge la anotación de méritos por el procedimiento contra el Partido Comunista; en efecto, el 1o de febrero de 1976 lo felicitan por sus actuaciones en operaciones contra miembros del PCU: En sus funciones de S-2, acorde directivas impartidas por el suscrito, ha realizado un muy minucioso y prolijo trabajo de información y posterior detención de 16 integrantes del Partido Comunista, lográndose en su totalidad la confesión de los mismos y posterior procesamiento, ha demostrado gran iniciativa y sentido práctico, dominio de sí mismo, tacto y un muy claro concepto en el cumplimiento de sus obligaciones. Por otra parte, del expediente ficha 1285/1985 del Juzgado Penal de 5o turno (pendrive acordonado) resulta que EE figura como interrogador; en efecto, a fs. 2 vto. luce firma de EE como tal, con fecha 21 de enero de 1976: Para los fines que estime conveniente, en la fecha elevo a usted, las actuaciones cumplidas con motivo del interrogatorio efectuado por el suscrito al detenido Stalin Atelanó López Rodríguez. Saluda a usted atentamente. El Oficial Interrogador del Bn. I. No. 12. Tte. 2o. EE. Rocha, 21 de enero de 1976. El propio EE ratifica haber participado en el interrogatorio en el expediente militar, cuya copia está agregada en la ficha mencionada (fs. 3 vto.). También figura el imputado como oficial interrogador de GG (fs. 8), HH (fs. 29), DD (fs. 45), II (fs. 83), etc. Por consiguiente, aunque EE haya abandonado el batallón en febrero de 1976, en enero tuvo actuación como oficial interrogador de por lo menos parte de los denunciantes de autos. En cuanto a los demás coimputados, a fs. 3 surge el Capitán AA como juez sumariante, y es recibida la comunicación por CC, que estampa: Rocha, 22 de enero de 1976. Habiéndose solicitado la presencia del Juez Militar de Instrucción, poner estos antecedentes al Suboficial del Juez Sumariante de la Unidad, Capitán AA, para que proceda a la instrucción del presumario de acuerdo a lo estipulado en los Arts. 86 y 256 del Código de Organización de los Tribunales Militares y Código de Procedimiento Penal Militar respectivamente, pasando al Indiciado Stalin Atelanó López Rodríguez a su disposición. El Jefe del Bn.I.No.12. Tte. Cnel. (CC) Recibido hoy 22 de enero de 1976 a las 0800 horas. Rocha, 22 de febrero de 1976. A fin de dar cumplimiento a lo ordenado, se procedió a nombrar Secretario, designando al efecto al Soldado de Primera Marcelo Artigas Sena de la Compañía de Comandos y Servicios, quedando manifestada bajo juramento cumplir bien y fielmente su cometido, en prueba de ello firma conmigo la presente diligencia. Capitán AA. Sdo. 1ra. ÑÑ. Rocha, 22 de enero de 1976. Idéntica situación se verifica con el interrogatorio de GG (fs. 9), HH (fs. 30), DD (fs. 46), II (fs. 84), etc. Lo anterior permite concluir prima facie la intervención de los imputados en los interrogatorios, y el conocimiento directo que CC tenía del procedimiento – sin que hubiera actuado en su condición de jerarca para evitar los actos ilícitos – lo que conduce sin esfuerzo a la confirmación de la participación de los tres en la forma atribuida por la impugnada. En conclusión, se ha demostrado con la provisoriedad propia de esta etapa procesal los hechos imputados y la participación de los imputados, tanto en las torturas – abuso de autoridad – la producción de heridas - lesiones graves – y el mantenimiento de la detención en forma ilegítima: privación de libertad. En tal sentido, este Tribunal – habiendo modificado su jurisprudencia anterior – entiende que es compatible la imputación conjunta de abuso de autoridad y privación de libertad, como lo señaló en la interlocutoria 627/2025 (BJN): En el caso de autos, los imputados eran todos funcionarios públicos – militares – encargados de la custodia de detenidos (...) La ley no distingue sobre el arresto o detención, no siendo admisible incluir por el intérprete la condición de que la persona esté legítimamente privada de libertad para la aplicación de esta norma. Como ha señalado la Suprema Corte de Justicia: El delito de abuso de autoridad contra los detenidos está regulado en el art. 286 del Código Penal, que en su redacción vigente al momento en que se cometieron los hechos investigados, establecía: ‘Con la misma pena (3 a 18 meses de prisión) será castigado el funcionario público encargado de la administración de una cárcel, de la custodia o del traslado de una persona arrestada o condenada que cometiere con ella actos arbitrarios o la sometiere a rigores no permitidos por los reglamentos’. La disposición castiga la comisión de actos arbitrarios o el sometimiento a rigores no permitidos respecto a ‘una persona arrestada o condenada’, sin exigir que esta haya sido legalmente arrestada o condenada. Al no distinguir la disposición, no le corresponde distinguir al intérprete, por lo que la conducta prohibida se verifica tanto cuando la persona sometida a actos arbitrarios o rigores no permitidos fue arrestada o condenada legalmente, como cuando lo fue de manera ilegal. Tal como señala Langón al analizar este delito: ‘Sujetos pasivos son aquellos arrestados o detenidos en el sentido amplio que venimos dando a la expresión, en definitiva las personas privadas de la libertad por la autoridad pública (arrestados, detenidos, presos, condenados)’ (...) En suma, no se exige que las personas hayan sido legalmente detenidas para que pueda comprobarse el delito de abuso de autoridad contra los detenidos, lo que conduce a rechazar el agravio... (Sent. 1024/2024. SJC. BJN). En similar sentido se ha expedido el Tribunal de Apelaciones de 2o turno en sentencia N.o 42/2023 (BJN) y el Tribunal de Apelaciones de 4o turno, en sentencia N.o 84/2022 (BJN), que en términos similares a los expuestos por la Corporación, señaló: De tal modo, no puede saltearse la figura del 286 del C.P., invocando como “presupuesto del tipo (es) que exista un sujeto que haya sido legalmente detenido”, como afirma la apelada. Tal presupuesto, a pesar de la referencia a la posición del Dr. Cairoli, no es de recibo en el caso en orden a que la ley no requiere expresamente tal requisito y lo que es más, porque la detención de las personas en aquel momento tenía visos de legalidad conforme al régimen excepcional vigente derivado de los Decretos 277/1972 que proclamó el “estado de guerra interno” y los subsiguientes que limitaron la libertad individual permitiendo arrestos y detenciones excepcionales al precepto constitucional lo que finalmente se reflejó en la Ley N.o 14.068. En consecuencia, a efectos de la calificación jurídica, no corresponde relevar la legalidad o ilegalidad del arresto en base a normas que en forma excepcional se adoptaron por las muy acosadas y debilitadas autoridades legítimas institucionalmente de entonces. LANGÓN incluso ejemplifica la comisión de este delito enumerando hipótesis que se dan en este caso: Se puede tener en cuenta el concepto de "torturas" definidas como actos crueles, inhumanos o degradantes, tales como imponerle "plantones", no permitirle utilizar los gabinetes higiénicos, en forma adecuada u obligarlos a realizar sus necesidades fisiológicas en el propio lugar de encierro, mantenerlo desnudo, con frio o con excesivo calor, al sol o a la lluvia, no darle abrigo, ni refugio, ni agua ni comida, encadenarlos innecesariamente, interrogarlos durante horas enteras bajo focos intensos de luz, no permitirles comunicarse con su defensor, ni informarle de las razones de su detención según la ley, etc. (Cfme. Langón Cuñarro, Miguel. Código Penal y leyes penales complementarias de la República Oriental del Uruguay. Tomo II. 1a Edición. UM – Facultad de Derecho. 2013. Pág. 624), y como señala PREZA, el delito persigue mediante la sanción, evitar no la privación de libertad en sí, sino proteger la integridad física y moral del detenido, lo que conlleva sin esfuerzo a su tipificación con independencia de la legalidad de la privación de libertad como el propio autor insinúa señalando como sujeto pasivo al detenido por averiguaciones (Preza Restuccia, Dardo. Estudios de la parte especial del Derecho Penal Uruguayo. Tomo II. Ingranusi Ltda. Montevideo. 2000. Pág. 38 y ss.). La interpretación contraria implica – como alega fiscalía – la contradictoria conclusión de que está más protegido contra los tratos crueles, inhumanos y degradantes, o actos arbitrarios, quien está legalmente detenido, que quien lo está ilegalmente, pudiéndose arribar a la afirmación absurda de que si una persona es detenida en forma ilegal – por no verificarse la flagrancia, o la orden del juez competente – y es sometido a malos tratos, estos quedarán impunes cuando el juez declara ilegal la detención, o por lo menos no es sancionado con la norma que conforme el principio de especialidad, más se adapta al comportamiento disvalioso del imputado: actor arbitrarios, rigores no permitidos. En conclusión, ante la no distinción expresa de la ley, interpretar que arresto solo es tal cuando es legal, implica incurrir en una falacia normativista por inferir que la detención de una persona por agentes estatales, o es arresto si es legal, o no es nada si no lo es, como si arresto fuera sinónimo de arresto legítimo. Análogamente, afirma ZAFFARONI respecto a las penas – en cuanto a que las penas ilegales también son penas – que El dolor del torturado, del mutilado, del incapacitado, del sometido a vejámenes, a secuestro, a intromisión arbitraria en su privacidad, a escarnio, por una autoridad estatal y en razón de haber cometido un delito, más allá de cualquier racionalización, no puede dejar de ser vivenciado como una pena cuando es ejecutada por un servidor público que pertenece al poder del sistema penal (juez, policía, penitenciario) o cuando es permitido libremente por estos. Solo negando obstinadamente lo que la realidad pone delante de nuestros ojos puede sostenerse que eso no es una pena (Zaffaroni, Eugenio Raúl. Las penas crueles son penas. https://biblioteca.corteidh.or.cr/adjunto/41637. Accedido: octubre de 2025). Mutatis mutandi, la misma reflexión cabe hacer de la detención de una persona por agentes del estado, que es un arresto, incluso cuando se haga en las especiales circunstancias en que ocurrieron estos, permitiendo configurar entonces, prima facie, la figura penal incriminada. En la presente etapa del proceso, los agravios respecto del grado de participación – si autores o coautores – o la forma de concurrencia, no tienen relevancia, en la medida que no tienen entidad para hacer caer el procesamiento, ni modifican la gravedad de la imputación. Aclarada con la certeza requerida para esta etapa la participación, no se comprende qué perjuicio genera el grado o la forma de concurrencia y no se expresa fundamento concreto en tal sentido. VI) Falta de motivación y de tratamiento de los argumentos de la defensa; falta de imputación concreta: La Suprema Corte de Justicia distingue entre fundamentación formal y material. Corresponde precisar que el defecto de motivación aludido, en este caso se verifica por insuficiencia de ésta y constituye un vicio de fondo y no de procedimiento (...) Y ello, porque en el caso no están en tela de juicio una supuesta ausencia de verbalización de las razones para decidir sino la aportación de las razones (jurídicas y de otra índole) necesarias para ofrecer una justificación apropiada (...) En efecto, la ausencia o falta de motivación supone la carencia total o casi total de fundamentos en el documento judicial. Exige la ausencia de motivación en sentido formal. En el resto de los casos de motivación incorrecta existe una motivación en sentido formal pero no en el material o sustancial. Este sería el caso que adolece de una motivación insuficiente, que se produce cuando se omite dar una respuesta motivada a algunas de las cuestiones jurídicas planteadas por las partes... (Sent. 1559/2018. SCJ. BJN). En este caso, existe una exposición de motivos, lo que excluye de plano la falta de motivación formal. Entonces, lo único que podría reprocharse a la A quo es la falta de motivación material, o sea la incorrecta o insuficiente exposición de razones, lo que en todo caso configura un vicio in iudicando. Pero a poco se lea el auto de procesamiento, surge que está correcta y suficientemente fundado: se realiza una contextualización de los hechos, se los ubica en un tiempo y lugar concreto – enero de 1976, en el Batallón N.o 12 de Rocha – se transcriben las declaraciones de los testigos que narran los actos ilícitos, la prueba pericial por las lesiones, etc., se individualiza la participación (fs. 844), se realiza la calificación jurídica – en la que se identifican los hechos y las figuras delictiva – se menciona el porqué de la medida cautelar, y finalmente, se resuelve. La resolución contiene todos los elementos necesarios para su comprensión y control, teniendo presente además que se trata de una decisión intermedia, y no una sentencia final. Si bien entiende el Tribunal que es deseable que el tribunal se expida sobre los argumentos y pruebas de las defensas – aunque sea para desecharlos – que no lo haga mientras cumple con la fundamentación debida, no ocasiona vicio alguno por falta de motivación. VII) Prisión preventiva: CC y EE se agravian de que su enjuiciamiento haya sido con prisión. El presente proceso se regula por el CPP 1980, en el cual el procesamiento implicaba – de regla – la prisión del encausado. Las excepciones a dicho principio están limitadas en especial dependiendo de la gravedad de la eventual pena a recaer, e incluso la decisión depende del pronóstico que efectúa el tribunal: El Juez podrá no decretar la prisión preventiva de procesados primarios cuando "prima facie" entienda que no ha de recaer pena de penitenciaría... (art. 2, ley 17.726). En el presente caso, por más que los delitos tengan mínimos de prisión, razonablemente por la gravedad de la conducta, la reiteración y la concurrencia, es presumible que pueda recaer una pena superior a veinticuatro meses. En relación a la edad de los imputados, el hecho de tener más de setenta años no implica que – preceptivamente – deba concederse la prisión domiciliaria. EE – nacido el 12 de noviembre de 1950 – tiene setenta y cinco años de edad y no padece enfermedades, por lo que considerando lo dicho supra y la presente condición, no corresponde la sustitución de la medida cautelar impuesta en autos. Si bien este Tribunal en algunos casos ha dispuesto la prisión domiciliaria, ha tenido en cuenta edades más avanzadas, y condiciones de salud precarias, que no se verifican en este caso (Cfme. Interlocutoria 51/2022. TAP 1o. Gatti, Reyes y Torres ®. BJN). CC cumple prisión domiciliaria, por lo que tampoco corresponde hacer lugar a la modificación de su cautela. POR CUYOS FUNDAMENTOS, SE RESUELVE: 1.- CONFÍRMASE LA RECURRIDA. 2.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, Y DEVUÉLVASE. Dr. Marcelo Malvar Juncal Ministro Dra. Graciela Eustachio Colombo Ministra Dra. Dolores Sanchez De León Ministra Esc. Julio A. Grande Gabito Secretario I