Sentencia Definitiva N° 60/2026

Sentencia Nro. 60/2026 - IUE: 2-113216/2025 Montevideo, 03 de marzo de 2026 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE TERCER TURNO Ministro Redactor: Dr. Fernando Tovagliare Ministros Firmantes: Dra. Claudia Kelland, Dr. Gustavo Iribarren y Dr. Fernando Tovagliare VISTOS: Para dictado de Sentencia Definitiva en segunda instancia, los presentes autos caratulados: “AA C/ MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y OTRO. - AMPARO- MEDICAMENTOS”, IUE 2-113216/2025, venidos a conocimiento de este Tribunal, en mérito al recurso de apelación interpuesto por el codemandado M.S.P, contra la Sentencia Definitiva N° 2/2025, dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Florida de 3o Turno. RESULTANDO: 1 -Por la sentencia impugnada se acogió la excepción de falta de legitimación pasiva del Fondo Nacional de Recursos; y se acogió parcialmente la demanda condenándose al Ministerio de Salud Pública a suministrar al actor los fármacos Trifluridina, Tipiracilo y Bevacizumab, de acuerdo a las indicaciones de su médico tratante, en el plazo de 24 horas. 2 - Contra dicho dispositivo, interpuso recurso de apelación el codemandado M.S.P. (fs. 510/520). 3 – Sustanciado dicho recurso, la parte actora evacuó el traslado (fs. 525/532 vto), abogando por la confirmatoria de la recurrida. 4 - Tal como surge de autos, fue franqueada la apelación, resultando asignado este Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3o Turno. 5 – Pasaron a estudio de los Sres. Ministros y cumplido el estudio simultáneo de las actuaciones se acordó el dictado de la presente decisión, designándose redactor al Sr. Ministro Dr. Fernando Tovagliare. CONSIDERANDO: 1 –La Sala, integrada en legal forma, por el número de voluntades requerido por la ley (art. 61 inc. 1 de la LOT), habrá de confirmar la recurrida en todos sus términos. 2 –El embate crítico desarrollado POR EL CODEMANDADO M.S.P., en su APELACIÓN, se encuentra encaminado a cuestionar la impugnada, expresando en apretada síntesis que: i) No se habría configurado la ilegitimidad manifiesta requerida por la ley 16.011, pues el M.S.P. actuó dentro del marco normativo vigente, ii) Y sostuvo asimismo que la sentencia impugnada no tuvo en cuenta que en el caso estamos ante una combinación de fármacos no incluida en el F.T.M., para la patología del accionante y que la legislación vigente no establece el deber de suministrarlos. iii) Sostuvo además que la sentencia habría incurrido en una posible violación al principio de separación de poderes, en razón del impacto presupuestal que tienen las sentencias que acogen acciones de amparo en las que se reclama el suministro de medicamentos de alto precio. 3 – El agravio relativo a que no se habría configurado en el caso ‘ilegitimidad manifiesta’ en la actuación del M.S.P. no resulta de recibo pues, entiende la Sala que el referido requisito (ilegitimidad manifiesta) debe ser interpretado sin reduccionismos o angostamientos apresurados, en sintonía con la finalidad protectora del goce de los derechos humanos que inspiran la ley de amparo y la directrices axiales trazadas por la Constitución Nacional. 4 - En función de ello, se considera que en el subexámine, se ha verificado la mencionada ilegitimidad manifiesta, en la medida que resultó acreditada la patología que afecta (a sus 50 años de edad) al amparista (cáncer de colon metastásico), así como la pertinencia y necesidad (desde el punto de vista científico y médico) del tratamiento indicado para mejorar su situación clínica, y aliviar su enfermedad. 5- Y a pesar de ello, se le niega el acceso al tratamiento reclamado (TAS-102 + BEVACIZUMAB), alegándose por el M.S.P., que no tiene el deber de suministrar directamente fármacos a la población y que el derecho de las personas al acceso a fármacos se encuentra limitado a aquellos incluidos en el F.T.M.. 6 – Tal como lo ha sostenido esta Sala en anteriores pronunciamientos, ante la falta de argumentos de índole científica, que legitimen la negativa del M.S.P. a suministrar fármaco (que se encuentran registrado ante M.S.P. y aprobados por la EMA y la FDA) indicado como la única alternativa existente para aliviar la enfermedad y mejorar la calidad de vida de una persona, la misma deviene infundada y por lo tanto arbitraria; importando un incumplimiento del deber prestacional de asistencia en salud, impuesto por normativa constitucional y por múltiples Tratados internacionales sobre Derechos Humanos, en protección de derechos esenciales tales como: la vida, la salud, la dignidad y la calidad de vida (arts. 7o, 44, 72, 82 y 332 de la Constitución; arts. 3, 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 9, 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales más arts. 3 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -ratificados por la Ley No. 13.751-; arts. I y XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -ratificada por el art. 15 de la Ley No. 15.737-; arts. 9 y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - ratificado por la Ley No. 16.519-). 7 – En efecto, entiende el Tribunal que la negativa de la co-demandada M.S.P. implica abandonar al amparista a que no acceda a la posibilidad de aliviar su enfermedad y mejorar su situación clínica; de mejorar su pronóstico de sobrevida global y sobrevida libre de progresión. Y no existen ‘razones’ debidamente fundadas (en criterios médicos o científicos) que impidan proteger el derecho constitucional a la salud de la accionante, en grave riesgo de afectación si no se somete en esta oportunidad al tratamiento indicado por la médica interviniente. 8 – La ilegitimidad manifiesta surge de la propia conducta del M.S.P. cuando deniega al paciente, el tratamiento que según la prueba aportada y admitiera expresamente en audiencia, resulta claramente beneficioso, bajo pretexto de la aplicación de normas legales (erróneamente interpretadas) o aún reglamentarias, (como es la inclusión o no en el F.T.M.), pero omite la aplicación de normas de rango superior, y de múltiples Tratados universales y regionales de Derechos Humanos, que tienen especial incidencia en la interpretación de las normas infraconstitucionales que invoca (las que deben ser interpretadas conforme a la Constitución y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos). 9 – A su vez, entienden los integrantes naturales de la Sala que el Estado, a través del Ministerio de Salud Pública (encargado de preservar la salud de los habitantes del país), está obligado constitucionalmente (art. 44 inc. 2 CN y múltiples Tratados de Derechos Humanos ratificados por el país que abordan la cuestión) y legalmente (Ley 9.202) a proteger el Derecho a la salud; a la vida; a una mejor calidad de vida; a una sobrevida digna, etc, de los habitantes del país. Y está asimismo obligado a asegurar a los pacientes carentes de recursos suficientes, los medios de prevención y asistencia necesarios.Postura ésta que ha sido claramente recogida por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia (sents. Nos. 75/2021 y 135/2021). 10 - Así las cosas, considera el Tribunal, que la circunstancia de que la combinación de fármacos en cuestión no se encuentre incluida en el F.T.M., no determina que deba negársele su suministro pues -como señala Van Rompaey-, en la ponderación entre los derechos constitucionales, principios y valores que están en juego, parece razonable concluir que la actuación judicial en la protección del derecho constitucional a la salud, no puede quedar supeditada a la satisfacción de requisitos reglamentarios o burocráticos (‘Reflexiones sobre el derecho a la salud y su judicialización’, Revista Judicatura Tomo 52, págs. 149 y 150). Postura ésta que ha sido claramente recogida por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia (sents. Nos. 75/2021 y 135/2021 entre muchas otras). 11 - Tampoco resulta de recibo el agravio relativo a que la sentencia impugnada habría incurrido en apartamiento del principio de separación de poderes. 12 - Y ello por cuanto, más allá de que no existe un solo pasaje de la sentencia impugnada donde el Magistrado interviniente sustente la argumentación atribuida por la recurrente, se observa que la Sra. Juez actuante en el amparo, en ejercicio de la función jurisdiccional realizó una adecuada interpretación el orden jurídico aplicable al caso, interpretando la normativa de rango legal que consideró aplicable conforme a la Constitución Nacional y los múltiples Tratados internacionales que ordenan proteger el derecho a la salud de las personas cuando los mismos se encuentren en grave riesgo de afectación, como en el caso en examen. - Por los fundamentos expuestos, normativa invocada, y arts. 197, 198 del C.G.P el Tribunal integrado, FALLA: CONFIRMASE LA SENTENCIA IMPUGNADA EN TODOS SUS TÉRMINOS. SIN ESPECIAL CONDENACIÓN. HONORARIOS FICTOS 3 B.P.C. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN. Dra. Claudia Kelland -Ministra Dr. Fernando Tovagliare - Ministro Dr. Gustavo Iribarren - Ministro Esc. Laura Pérez - Secretaria Letrada