Tribunales de Apelaciones · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº
Sentencia Interlocutoria N° 94/2026
4 de marzo de 2026
Se confirma la providencia apelada que tuvo a la parte actora por inasistente y en su mérito por desistida de la pretensión instada en la demanda conforme a lo preceptuado por el art,. 340.2 del CGP, disponiendo el archivo de las actuaciones sin otro trámite.
- Ficha (IUE)
- 2-74946/2024
- Procedimiento
- Proceso civil ordinario
- Materia
- Derecho civil
- Importancia
- Alta
- Resultado (estimado)
- Confirma
- Derecho procesal › Proceso ordinario › Audiencia preliminar › Comparecencia › Inasistencia de la parte › Inasistencia injustificada del actor
- Derecho procesal › Proceso ordinario › Audiencia preliminar › Comparecencia › Inasistencia de la parte › Inasistencia injustificada del actor › Sancion de la inasistencia injustificada del actor
Texto de la sentencia
Ministra Redactora: Dra. Cecilia Schroeder Rius.
Ministras Firmantes: Dra. Analía García Obregón Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Dra. Cecilia Schroeder Rius.
VISTOS:
Para sentencia interlocutoria de segunda instancia, estos autos caratulados: “MENDEZ GUTIERREZ DELEOTTI ETCHEGOYEN, ANA C/ DELEOTTI BLENGIO, HUGO Y OTRO – DAÑOS Y PERJUICIOS” IUE: 2-74946/2024, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia interlocutoria No. 2363/2025 dictada por la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia de Maldonado de 6o Turno, Dra. Gabriela Tuberosa Etchart.
RESULTANDO:
I.
Por el referido pronunciamiento del 26 de junio de 2025 (fojas 299 - 302), en lo que interesa a la instancia se falló:
“I) TÉNGASE A LA PARTE ACTORA INASISTENTE POR NO JUSTIFICADA Y EN SU MÉRITO POR DESISTIDA DE LA PRETENSIÓN INSTADA EN LA DEMANDA CONFORME LO PRECEPTUADO POR EL ART. 340.2 DEL C.G.P. DIPONIÉNDOSE EL ARCHIVO DE LAS
ACTUACIONES SIN OTRO TRÁMITE.”
II.
Contra dicha decisión se alzó la accionante, interponiendo recurso de apelación en escrito obrante a fojas 308 - 309, agraviándose, en lo medular, por la aplicación del artículo
340.2 del CGP, y consecuentemente por haberla tenido por desistida de su pretensión.
Sostiene que la Sra. Ana Méndez otorgó a su letrado patrocinante un Poder General de Administración y para Pleitos, que le confiere facultades suficientes para intervenir en todas las etapas del proceso, incluida la comparecencia a audiencia. Por ello, entiende que no corresponde aplicar el artículo 340.2, ya que no existió abandono del proceso.
Alega que la actora no compareció personalmente a la audiencia por razones laborales, encontrándose en esa fecha en Estados Unidos, lo que le impidió asistir.
Asimismo, sostiene que el artículo 340.2 del CGP debe aplicarse con flexibilidad, atendiendo las manifestaciones realizadas por el apoderado y valorando tanto su comparecencia como la imposibilidad de la Sra. Méndez de concurrir por encontrarse fuera del país.
III.
Sustanciada la apelación, de fojas 312 – 316, comparecen los demandados, abogando por la confirmatoria de la providencia recurrida. Señalan que la resolución recurrida aplicó correctamente el artículo 340.2 del CGP, dado que la parte actora no acreditó ni la representación ni el motivo fundado, pese a haber contado con tiempo suficiente para hacerlo.
En la audiencia preliminar la letrada compareció únicamente con una copia simple del poder, en abierta infracción a los artículos 38 y 72.1 del CGP, que exigen la presentación del documento original o de un testimonio notarial. Esa omisión no fue subsanada ni en el acto ni con anterioridad, por lo que la comparecencia se realizó sin poder en debida forma. Tampoco acreditó legítimamente la imposibilidad de concurrir personalmente, ya que presentó documentos escaneados, en idioma extranjero y sin legalización ni traducción, incumpliendo los artículos 72.1, 72.2 y 72.3 del CGP. Además, quedó claro que la actora se encontraba en Estados Unidos desde junio de 2024 y que la audiencia se fijó en marzo de 2025, lo que demuestra que dispuso de más de 120 días para prever y documentar su ausencia. La doctrina y la jurisprudencia son uniformes en exigir que, cuando el motivo de inasistencia se conoce con antelación, debe invocarse previamente para permitir su sustanciación. En definitiva, la falta de diligencia en acreditar tanto el poder como el motivo fundado torna plenamente aplicable la consecuencia prevista en el artículo 340.2 del CGP, por lo que corresponde confirmar la decisión recurrida.
IV.
Franqueada la alzada (fojas 321), el expediente fue recibido en esta Sala (fojas 325 vuelto), requiriéndose a las partes por decreto N.o 603/2025 la reposición de tributos omitidos (fojas 326), lo que fue cumplido (fojas 329 - 330).
Pasando los autos a estudio el 28 de octubre de 2025, culminado el cual, en sesión del 24 de febrero de 2026, se acordó sentencia por unanimidad, designándose redactora.
Consta en autos, el período en el cual el Tribunal estuvo desintegrado por licencia médica de la Dra. Schroeder, del 17 de octubre de 2025 al 15 de enero de 2026.
CONSIDERANDO:
I.
El Tribunal, por decisión anticipada adoptada al amparo de lo establecido por el artículo
200.1 del Código General del Proceso, confirmará la recurrida, por los fundamentos que se exponen a continuación.
II.
Surge de autos que a la audiencia preliminar señalada para el 26 de junio de 2025, compareció la letrada de la actora, Dra. Amalis Martínez, con una copia simple de poder para pleitos (fs. 292 - 294). Ante la incomparecencia personal de la actora, Sra. Ana Belén Méndez, la decisora de primera instancia tuvo a la actora por desistida de su pretensión, conforme a lo dispuesto por el artículo 340.2 del CGP.
Si bien la obligación de dar cuenta previa a la Sede o a su letrado con antelación a la audiencia, carecen de sustento normativo alguno, más allá de lo aconsejable que pudiera catalogarse tal proceder, no correspondería sancionar su no acaecimiento. Lo que obsta en autos la revisión de lo decidido por la a quo es la falta de acreditación, tanto de la representación invocada como del motivo fundado por el que la actora no compareció personalmente, puesto que lo agregado fue una copia simple, sin valor probatorio de un supuesto poder para pleitos, así como de documentos extranjeros, que nada prueban, puesto que no fueron agregados conforma lo editado por el art. 72 del CGP, norma que regula el punto.
Por consiguiente, aun cuando la actora comunicara mediante su letrada patrocinante que no podía concurrir a la audiencia preliminar por encontrarse fuera del país por razones laborales -circunstancia que, en principio, configura un motivo fundado para justificar su incomparecencia personal-, lo cierto es que dicha situación no fue acreditada posteriormente, mediante la documentación correspondiente.
El artículo 340.2 del CGP dispone: “La inasistencia no justificada del actor a la audiencia preliminar se tendrá como desistimiento de su pretensión, incluso si el demandado tampoco compareciere, lo que se declarará en la misma audiencia, sin posibilidad de prorrogarla.
El actor podrá justificar su incomparecencia mediante los recursos de reposición y apelación con efecto suspensivo. La providencia que, haciendo lugar a la reposición, tenga por justificada la incomparecencia del actor, será pasible de reposición y apelación con efecto diferido.” En el caso, la actora no compareció a la audiencia preliminar celebrada el 26 de junio de 2025 (fojas 295 - 304), ni acreditó posteriormente, mediante prueba idónea, la existencia de una causal de justificación para su inasistencia, más cuando la parte demandada cuestionó tanto el Poder de Administración y para Pleitos presentado en la audiencia como los documentos aportados con el recurso de apelación, punto en el que le asiste razón.
III.
La conducta procesal de los litigantes ha sido correcta, por lo cual no se impondrán sanciones procesales (artículo 56 del Código General del Proceso y artículo 688 inciso 2o del Código Civil).
Por todo lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 197, 198, 200, 256 y 257 del Código General del Proceso y demás normas concordantes y complementarias, el Tribunal,
RESUELVE:
I) Confírmase la providencia apelada, sin especial condenación en costas y costos del grado.
II) Establécese en $ 30.000 los honorarios por el patrocinio letrado de cada parte gravada, en la alzada, a los solos efectos fiscales.
III) Devuélvanse oportunamente estos obrados a la Sede de origen.
Rius Dra. Gabriela Rodríguez Marichal - Dra. Analía García Obregón -Dra. Cecilia Schroeder Ministras Esc. Laura Falchetti Escudero Secretaria Subrogante
Fuente: Base de Jurisprudencia Nacional del Poder Judicial. Los nombres de las partes figuran anonimizados en el original.