Sentencia Interlocutoria N° 95/2026

Ministra Redactora: Dra. Cecilia Schroeder Rius Ministras Firmantes: Dra. Analía García Obregón Dra. Cecilia Schroeder Rius VISTOS: Para sentencia interlocutoria de segunda instancia, estos autos caratulados: “ROGANTINI, ALVARO C/ MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y OTRO – ACCIÓN DE REQUERIMIENTO – RECURSO DE APELACIÓN” IUE: 33-71/2025, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el codemandado, Ministerio de Salud Pública y adhesión de la parte actora respecto al Fondo Nacional de Recursos contra la sentencia interlocutoria No. 2469/2025 dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 16o Turno, Dr. Hugo Fabián Rundie Mintegui. RESULTANDO: I. Por el referido pronunciamiento de fecha 29 de julio de 2025 (fojas 85 - 90), se falló: “HACIENDO LUGAR A LA MEDIDA PROVISIONAL SOLICITADA POR EL SR. ÁLVARO ROGANTINI EN FORMA PARCIAL Y EN SU MÉRITO, CONDÁNASE AL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA A LA ENTREGA DEL MEDICAMENTO SELPERCATINIB EN EL PLAZO E 24 HORAS HASTA LA CULMINACIÓN DE LA TOTALIDAD DEL PROCESO ORDINARIO. TENIENDO PRESENTE LO QUE INDIQUE EL EQUIPO MÉDICO TRATANTE” II. Contra dicha decisión se alzó el codemandado Ministerio de Salud Pública, en escrito obrante de fojas 94 - 101, interponiendo recurso de apelación, agraviándose, en lo medular, por considerar que la resolución desconoce la legislación vigente y los criterios técnicos que rigen la actualización del Formulario Terapéutico de Medicamentos conforme a la Ley N.o 18.211; que se acoge una pretensión vinculada a un medicamento no registrado por la autoridad sanitaria, soslayándose la importancia y el marco legal del registro; que el cumplimiento de la decisión vulnera el principio de igualdad y el principio de especialidad, dado que el Ministerio solo puede actuar dentro de las competencias legalmente atribuidas; que no existe acto, hecho u omisión ilegítima imputable al organismo, por cuanto el proceso de actualización del FTM obedece a pautas técnicas y no configura una actuación arbitraria; que tampoco se encuentra dentro de sus cometidos la dispensación de medicamentos ajenos al catálogo de prestaciones garantizado; que no se demostró la probabilidad de que la pretensión sea acogida en la sentencia definitiva, reiterándose argumentos ya examinados y rechazados en el proceso de amparo previamente tramitado; que no se respetó la estructura procesal al promoverse juicio ordinario sin la citación previa a conciliación; y que no se acreditó el daño que se pretende evitar con la medida provisional, agregando finalmente que el cumplimiento de la resolución desconoce que el Ministerio es una persona pública estatal sometida al principio de especialidad. III. Sustanciada la impugnación deducida, a fs. 106 - 110 comparece la parte actora -Sr. Álvaro Rogantini- evacuando el traslado conferido y adhiriendo a la apelación de la contraria. En lo medular, expresa que los agravios del MSP carecen de sustento, desde que la discusión introducida por el organismo se centra indebidamente en el fondo del asunto -particularmente en la no inclusión del fármaco en el Formulario Terapéutico de Medicamentos cuando, en esta etapa, lo único pertinente es verificar el cumplimiento de los presupuestos del artículo 317 del C.G.P. Sostiene que la medida provisional fue correctamente amparada, acreditándose de forma suficiente la existencia de un perjuicio grave o de difícil reparación, tratándose de un paciente gravemente enfermo cuya interrupción del tratamiento implicaría consecuencias fatales. Agrega que, la pertinencia del medicamento SELPERCATINIB, los buenos resultados obtenidos, la evidencia científica acompañada y el informe del médico tratante corroboran la necesidad urgente de su continuidad, extremo que, sumado a la carencia de recursos suficientes, satisface holgadamente la exigencia de acreditación sumaria del derecho. Señala que los argumentos del MSP basados en normas infra-constitucionales -particularmente la falta de registro o de inclusión en el FTM- no pueden prevalecer frente a la tutela constitucional de los derechos fundamentales a la salud y a la vida (art. 44 de la Constitución), y agrega que el presente no es un proceso de amparo, por lo que no corresponde acreditar ilegitimidad manifiesta sino únicamente los requisitos de la medida provisional. Asimismo, adhiere al recurso de apelación en lo relativo al Fondo Nacional de Recursos, por entender que la desestimatoria respecto de este organismo le genera un agravio eventual: si el Tribunal acogiera la apelación del MSP y desplazara la responsabilidad exclusivamente al FNR, quedaría desprovisto de tutela en segunda instancia. Sostiene que el FNR, como persona pública no estatal creada para asegurar la cobertura financiera de medicamentos de alto costo, debe actuar conforme al mandato constitucional de garantizar el acceso equitativo a la salud y a una vida digna, y que su respuesta limitada a señalar que el caso no se encuentra dentro de sus protocolos constituye una omisión arbitraria, carente de análisis y desentendida de la evidencia científica aportada. Afirma que supeditar la cobertura a guías o reglamentos internos (PIAS, FTM) desconoce derechos fundamentales y el principio de igualdad (art. 8 de la Constitución), además de restringir indebidamente la libertad del médico tratante para prescribir lo más adecuado según la praxis médica (Ley N.o 19.286, art. 35 lit. a). En definitiva, solicita confirmar la condena dispuesta respecto del MSP y ampliarla al FNR en iguales términos, revocando parcialmente la sentencia apelada en este punto. IV. A fs. 115 – 166, comparece el codemandado FNR, evacuando el traslado conferido. Aboga por la confirmatoria de la recurrida a su respecto, señalando que la adhesión a la apelación de la actora carece de agravio. Sostiene que la sentencia de primera instancia ya satisfizo plenamente la pretensión al condenar al Ministerio de Salud Pública al suministro del medicamento, por lo que no existe perjuicio que habilite la impugnación conforme al art. 253.1 del CGP. Agrega que el MSP está cumpliendo la condena y que la actora no demostró ninguna desventaja por contar con un único obligado, de modo que no se justifica incorporar al FNR en esta etapa. En consecuencia, solicita mantener la recurrida. V. Franqueada la alzada (fojas 118), el expediente fue recibido en esta Sala (fojas 123 vuelto), pasando los autos a estudio el 30 de octubre de 2025. Culminado el mismo, en sesión del 24 de febrero de 2026, se acordó sentencia y se resolvió emitir decisión anticipada de conformidad a lo establecido en el artículo 200.1 del Código General del Proceso, designándose redactora. CONSIDERANDO: I. El Tribunal, por el número de voluntades requerido legalmente, confirmará la recurrida sin especiales condenas procesales. II. En el caso, el accionante moviliza demanda contra el Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos a los efectos de obtener el suministro del fármaco Selpercatinib, que no se encuentra registrado en nuestro país. El 25 de junio de 2025, el Sr. Álvaro Roganitini, movilizó proceso ordinario conjuntamente con la medida provisional en análisis, solicitando el fármaco Selpercatinib, luego de sentencia de segunda instancia dictada en los autos “ROGANTINI, ALVARO c/ MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y OTRO – AMPARO - MEDICAMENTOS” IUE: 2- 3218/2025, que revocó la sentencia de primera instancia y desestimó su demanda de amparo. Álvaro Rogantini, de 55 años de edad, es portador de cáncer de tiroides, la médica tratante le indicó Selpercatinib, que no se encuentra registrado en nuestro país. El juez a quo amparó la medida provisional solicitada, condenando al Ministerio de Salud Pública, a suministrar al actor el medicamento Selpercatinib, por el tiempo que determine su médico tratante. Considerando acreditado el humo de buen derecho con la información vertida en el informe obrante a fs. 1-3, suscrito por los Dres. González y Meyer así como la declaración del Dr. Meyer recibida en audiencia celebrada el 28 de julio de 2025. El médico tratante expresó lo siguiente: “Por suerte la medicación se pudo empezar y el tratamiento más o menos a la semana o a los diez días de haber empezado, mostraba una respuesta espectacular. Álvaro presentaba una lesión en cuello muy visible, de un tamaño bastante considerable con elementos de complicación (creo que dice eso) y realmente en cuestión de una semana, diez días, se vio un cambio notable, y bueno al día de hoy de hecho hay una desaparición prácticamente total de la lesión, tanto clínicamente o sea el examen físico como tomográficamente...” “Es una medicación que se mantiene en forma crónica” “Pero honestamente no tengo muchas dudas que si se suspende la medicación la enfermedad vaya a tener de vuelta una continuidad muy rápida” Cabe señalar, desde ya, que la pretensión articulada al demandar contra el Estado no consiste en que se incluya el medicamento peticionado en el FTM, sino que sea suministrado a la actora. III. Se desestimarán los agravios deducidos por el Ministerio de Salud Pública, invocándose por la Sala los fundamentos consignados frente a situaciones análogas, en los siguientes términos: "Nada expresa el MSP respecto a la existencia de razón de carácter científico que obste su registro. El hecho de que dentro de la patologías para las cuales se registró no se encuentre la del accionante, no implica obligar al MSP a incumplir la normativa vigente, como alega, puesto que la misma exige que el medicamento se encuentre registrado, no siendo requisito que lo sea para la patología específica. El art. 18 Ley 15.443 expresa: ‘Queda prohibida la realización de las operaciones previstas por la presente ley cuando se trate de medicamentos y afines de uso humano que no hayan sido debidamente registrados, o que habiéndolo sido, su inscripción se haya suspendido, o hayan sido adulterados’. Y el artículo 461 de la Ley N° 19.355: ‘La dispensación de medicamentos, procedimientos o dispositivos terapéuticos que no se encuentren debidamente aprobados y registrados ante el Ministerio de Salud Pública, solamente se admitirá en los casos taxativamente enumerados en la normativa vigente y en los incluidos en el marco de ensayos clínicos realizados conforme a derecho.’ (...) Las médicas tratantes ratificaron la indicación, no se alegaron motivos de sospecha a su respecto, ni aportó el MSP prueba alguna que desaconsejara la utilización del fármaco en este joven paciente. De acuerdo al texto del artículo 44 de la Constitución, la competencia del Estado no es la de un mero regulador de un sistema nacional de salud sino la procura del perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país. La Constitución en el art. 44 establece como competencias del Estado todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas. De manera pues, que el M.S.P no puede excusarse únicamente realizando una descripción genérica de sus cometidos y diciendo que los cumple, sin aportar elementos concretos -frente a un reclamo particular- que así lo avalen. El artículo 7 de la Ley No 18.335, reiteradamente declarado inconstitucional por parte de la SCJ, interpretado en forma sistemática y a la luz de la Constitución, no conduce a la conclusión de que el paciente sólo tiene derecho a acceder a medicamentos incluidos por el M.S.P en el Formulario Terapéutico de Medicamentos. Esta ley no le está otorgando al individuo el derecho a acceder a los medicamentos referidos, sino que está reconociéndolo, sin perjuicio de su derecho natural a acceder a medicamentos de calidad que sean necesarios para su perfeccionamiento físico, moral y social y de conocer los posibles efectos colaterales derivados de su utilización. El Estado garantiza este derecho con la inclusión del medicamento en el F.T.M. Esto no quiere decir que, si existiera un medicamento no incluido en el F.T.M porque todavía no dio el tiempo para estudiarlo en profundidad por el M.S.P pero que surge probado en un caso concreto que no existen razones científicas para excluirlo o para desaconsejarlo en determinado paciente, éste no tenga derecho a recibirlo y el Estado obligación de proporcionarlo gratuitamente a quien carezca de recursos suficientes. Los Derechos Fundamentales a la vida y a la salud de la solicitante, de acuerdo a las emergencias de obrados, deben ser protegidos y es inminente que de tal modo se proceda (arts. 7o, 44, 72, 82 y 332 de la Constitución; arts. 3. 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 9, 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales más arts. 3 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -ratificados por la Ley No. 13.751-; arts. I y XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -ratificada por el art. 15 de la Ley No. 15.737-; arts. 9 y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado por la Ley No. 16.519-; arts. 1o, 2o y 4o de la Ley No. 18.211; arts. 2o, 6o, 7o, 10 y 11 de la Ley No. 18.335). La ausencia de una explicación razonable para dar respuesta negativa a la solicitud del actor, en contraste con las demás pruebas de autos que aconsejan el tratamiento para su patología, evidencia una conducta antijurídica patente, en tanto es deber primordial del Estado la racionalidad y debida motivación de sus decisiones." (sentencia No. 220/2022, TAC 5, Ministras: Dra. A. Rivas, Dra. C. Schroeder, Dra. A. García -r-). A lo expresado se agrega que si bien el Selpercatinib no se encuentra registrado ante el Ministerio de Salud Pública, no puede el demandado ampararse válidamente en su propia omisión, sobre todo considerando que no invoca ni acredita razón científica alguna que justifique que el medicamento no es eficaz para la patología del Sr. Rogantini, ni que existe alguna razón científica que justifique su falta de registro y su no inclusión en el Formulario Terapéutico de Medicamentos, por lo menos, en la presente etapa previa, sin perjuicio de lo que finalmente logre acreditarse por ambas partes. Por las razones expuestas, entonces, será confirmada la medida provisional dispuesta en el grado anterior. IV. Atento a la solución a la que se arriba confirmatoria de la condena provisional impuesta al Ministerio de Salud Pública, no corresponde pronunciarse sobre la apelación deducida por la parte actora para la eventualidad de revocatoria. V. Se distribuirán costas y costos del grado por su orden entre los litigantes (artículo 56 del Código General del Proceso y artículo 688 inciso 2o del Código Civil). Por todo lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 137, 139.1, 140, 141, 197, 198, 200, 256 y 257 del Código General del Proceso y demás normas concordantes y complementarias, el Tribunal, RESUELVE: CONFÍRMASE LA RECURRIDA, SIN ESPECIALES CONDENAS PROCESALES. HONORARIOS FICTOS: 3 BPC. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y DEVUÉLVASE CON COPIA PARA EL SR. JUEZ ACTUANTE. Dra. Analía García Obregón - Dra. Cecilia Schroeder Rius Ministras Esc. Laura Falchetti Escudero Secretaria Subrogante