Sentencia Definitiva N° 61/2026

Sentencia No. 61/2026 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE SEGUNDO TURNO. Ministro redactor: Dr. Pablo Benítez Rodríguez Ministros firmantes: Dra. Patricia Hernández, Dra. Rosario Sapelli y Dr. Pablo Benítez. Montevideo, 4 de marzo de 2026.- VISTO: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “TIERLE SRL c/ KUPELIAN AMARILLA, ESTEBAN y otros – ACCIÓN REIVINDICATORIA”, IUE: 2 – 33465/2023, venidos en conocimiento de la Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia Definitiva de Primera Instancia Nº 31/2025, del 26 de mayo de 2025, dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ciudad de la Costa de 5° Turno, a cargo de la Dra. Sophia Sánchez Mezón. RESULTANDO: 1) Por el pronunciamiento de primer grado se dispuso: “Amparando la defensa de prescripción adquisitiva incoada por Esteban Martin Kupelian Amarilla y Sergio Sebastian Kupelian Amarilla y en su mérito desestimase la acción reivindicatoria incoada en autos en todos sus términos. Desestimase la pretensión de daños y perjuicios. Sin especial condenación en costas y costos. ...” (fs. 309). 2) El representante de la parte actora, interpuso recurso de apelación respecto de la sentencia definitiva de primera instancia dictada en autos, en los términos que surgen de la pieza escrita que luce en fs. 311/317. En síntesis, sostuvo el recurrente: - Que le agravia la sentencia recurrida en cuanto declaró que en el caso operó prescripción adquisitiva. Ello por haber dado la sede por acreditado el “ánimo de dueño” con que los demandados ingresaron y luego ejercieron la ocupación del suelo ajeno, el cual fue reivindicado en la demanda de autos. - En la impugnada se interpreta de forma equivocada el derecho de fondo (art. 1196 del Código Civil) y se aplican erróneamente las reglas referidas a la prueba (tanto en relación a la necesidad como a la exención probatorias, arts. 137, 138 y 139 del C.G.P., y las reglas de valoración. art. 140 del C.G.P.). - En el fallo resistido no se analiza el requisito del “ánimo de dueño” ni de su existencia conforme a los hechos invocados por las partes en sus respectivos actos de proposición y prueba producida (documentos, testigos, etc.), así como tampoco se analiza la causa de la ocupación del bien en cuestión por parte de los accionados. - Los demandados declararon que la ocupación del bien la iniciaron sus padres con la aquiescencia del Sr. Alberto Fernández Alonso, quien era propietario o actuaba en representación de la propietaria y poseedora del inmueble y que la ocupación la mantuvieron después de la muerte de sus padres hasta la actualidad, bajo el mismo título que sus padres. Siendo así, “... la tenencia del bien no importó la posesión hábil para prescribir. Los demandados no lograron revertir con la prueba producida, la presunción que establece el inciso segundo del artículo 654 del Código Civil. ... Los demandados siguen siendo meros tenedores, artículo 653 del Código Civil...” (fs. 313/314). “No es admisible que quien invoca que entró a suelo ajeno por aquiescencia o autorización de su dueño, alegue después que lo hizo a título de dueño” (fs. 314). - Si bien la suerte de los demandados estaba sellada desde que se invocó el hecho de la falta de ánimo de dueño en el ingreso a la ocupación en su acto de proposición, tampoco existió ofrecimiento y producción de prueba que pudiera neutralizar tan afirmación. - El origen de la ocupación del bien por los accionados no supuso la concreción de un negocio con potencialidad traslativa de la cosa. “Este negocio jurídico, no generó posesión y menos con el ánimo de dueño abstracto, que se debe considerar para dar lugar a la prescripción adquisitiva pedida por la demandada” (fs. 316) En definitiva, solicita se revoque la sentencia recurrida y se haga lugar a la demanda en todos sus términos. 3) Por Decreto N° 1163/2025, del 11 de junio de 2025, se confirió traslado del recurso de apelación a la parte demandada, por el término legal (fs. 318). Los representantes de Dinex S.R.L. y de los Sres. Esteban Martín y Sergio Sebastián Kupelian Amarilla evacuaron el traslado conferido en los términos que surgen de las piezas escritas agregadas en fs. 322/323 vto. y 325/330, abogando por el mantenimiento de la decisión recurrida, en todos sus términos. 4) Por Decreto N° 1470/2025, del 31 de julio de 2025, se dispuso el franqueo del recurso de apelación promovido en autos, con efecto suspensivo, para ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil que por turno corresponda (fs. 331). Recibidos los autos en este Tribunal el 27 de agosto de 2025 (cfme. fs. 339), por Decreto N° 369/2025, del 3 de setiembre de 2025 se dispuso: “Pasen a estudio de los Sres. Ministros por su orden” (fs. 340). Cumplido el mismo, los integrantes de este Tribunal, acordaron el dictado de la presente por decisión anticipada (artículo 200 del Código General del Proceso). CONSIDERANDO: I) El Tribunal, con el voto coincidente de sus miembros naturales (art. 61 Ley N° 15.750), se pronunciará por revocar la sentencia definitiva de primera instancia recurrida y por amparar la demanda reivindicatoria promovida en autos, por los fundamentos que se expresan a continuación. II) En autos se presentó Tierle S.R.L. a fin de promover acción reivindicatoria contra la Sra. Vilma Amarilla Viera y los Sres. Esteban Martín Kupelian y Sergio Sebastián Kupelian Amarilla y Dinex S.R.L., expresando ser propietaria del bien inmueble empadronado con el Nº XX, localidad catastral Ciudad de la Costa, departamento de Canelones. Agrega que los demandados, Sra. Amarilla Viera y Sres. Kupelian Amarilla, son propietarios del predio lindero al reivindicado (padrón Nº ZZ), al tiempo que Dinex S.R.L. es arrendataria del mismo. En lo sustancial, sostiene la demandante que que los demandados “...han usurpado ilegítimamente una parte del predio...” de su propiedad, realizando indebidas construcciones en el sector usurpado y estableciendo un pasaje funcional al establecimiento comercial que en el predio de los accionados se explota. A la acción restitutoria adiciona pretensión indemnizatoria. En este orden, expresa que el obrar ilegitimo de los codemandados le ha irrogado daños derivados de la imposibilidad de dar en arriendo el inmueble de su propiedad en una suma aproximada a los U$S 2.000 mensuales. “El inmueble se ha mantenido arrendado a terceros casi desde siempre, pero a la fecha de la desocupación del último inquilino, dadas las condiciones de la usurpación no se ha podido arrendarlo. El último arrendatario entregó el inmueble en el mes de enero del año 2019” (fs. 29). Además, manifiesta la actora que habiendo recibido una propuesta de compra del bien padrón Nº XX, la misma fracasó en virtud de la ocupación ilícita que los demandados ejercen respecto de parte del inmueble. “El monto de la operación que se frustró y las que se frustraron era de aproximadamente U$S 500.000 por lo que teniendo en cuenta que el inmueble se adquirió en la suma de U$S 17.500 el valor de pérdida patrimonial, restado el monto de los arriendos obtenidos desde el año 2019 arroja un daño cuya determinación se solicitará se determine por el procedimiento del artículo 378 del CGP” (fs. 30). Finalmente, la promotora reclama el resarcimiento del daño económico que le causará volver el bien al estado anterior a la usurpación ilegítima. En definitiva, la sociedad demandante solicita se condene a los accionados a: (a) restituirle la posesión de la fracción del inmueble de su propiedad indebidamente usurpada, en un plazo de 15 días y (b) abonarle los daños y perjuicios causados por la usurpación ilegal referida, los que deberán liquidarse por vía incidental del art. 378 del C.G.P. Conferido traslado de la acción, comparecieron en autos los Sres. Esteban Martín y Sergio Sebastián Kupelian Amarilla a fin de “...evacuar el traslado conferido, oponiéndose en todos sus términos a la demanda de autos, ya que en la porción de terreno del inmueble de marras ha operado la prescripción en nuestro favor ...” (fs. 67). Inicialmente, señalaron los accionados que la codemandada Sra. Delair Vilma Amarilla Viera falleció el 25 de diciembre de 2019 (lo que se acredita mediante testimonio de partida de defunción que luce en fs. 66). En lo sustancial, expresan los demandados Sres. Kupelian Amarilla que “...han adquirido por el modo prescripción la facción en litigio del Padrón Nº XX, ya que incluso sus padres (fallecidos ambos a la fecha) realizaron en esta fracción actos de dominio respecto de dicha fracción, desde hace más de 30 años, con aquiescencia Señor Alberto Fernández Alonso, quien era el vecino de al lado y permitió que se realizara por nuestra parte la colocación del tejido que aún hoy separa la fracción mencionada ut supra del padrón XX y la agrega por la vía de los hechos al Padrón ZZ, formando parte del mismo desde como se dijo más de 30 años” (fs. 67 vto./68). Sostuvieron los accionados que en el caso se cumplen los requisitos previstos por los arts. 1196 y 1211 del Código Civil, esto es, que la posesión sea continua, no interrumpida, pacífica, pública, no equívoca, en concepto de propietario y por el lapso de treinta años. En definitiva, solicitan se desestime la pretensión reivindicatoria promovida en autos “... por haber operado el instituto de la Prescripción...” (fs. 76 y vto.) y se rechace la pretensión indemnizatoria planteada por los promotores. En fs. 88 se presentó Dinex S.R.L. a fin de contestar la demanda “... y oponer la excepción de falta de legitimación pasiva como defensa de fondo...”. Sostiene que el 12 de setiembre de 2014 la Sra. Vilma Amarilla Viera y los Sres. Esteban Martín Kupelian y Sergio Sebastián Kupelian Amarilla suscribieron junto a Dinex S.R.L. un contrato de arrendamiento en relación al inmueble sito en Rambla Lavalleja Nº YY, padrón Nº ZZ, Barra de Carrasco, Ciudad de la Costa. “...vencido dicho contrato, el día 1º de diciembre de 2022 se suscribió uno nuevo por el plazo de 10 años” (fs. 88). Desde hace más de 50 años, en dicho predio se encuentra emplazada una estación de servicio del sello ANCAP, de la cual pasó a ser concesionaria en el año 2014. Agrega que “...el predio correspondiente al Padrón Nº ZZ se ha mantenido incólume por más de 50 años, no habiendo variado su área...” (fs. 88 vto.). Por lo anterior, sostiene que “...ha ocupado legítimamente el área del Padrón Nº ZZ, por el aludido arrendamiento, razón por la cual, ningún ilícito se le puede atribuir y mucho menos una usurpación como se hace en la demanda” (fs. 88 vto.). En definitiva, solicitó se rechace la demanda incoada en obrados en todos sus términos, con expresa condena en costas y costos del proceso a cargo de la parte actora. III) Como fuera referido supra, Tierle S.R.L. promovió en autos acción reivindicatoria respecto una fracción del bien inmueble padrón N° XX de la localidad catastral Ciudad de la Costa, departamento de Canelones apoyando la pretensión en su calidad de titular del derecho de propiedad sobre dicho bien raíz. Sabido es que la legitimación causal es un presupuesto material del dictado de sentencia eficaz sobre el fondo de la litis que puede y debe ser relevado de oficio, y se define en la titularidad activa o pasiva de la relación sustancial objeto de controversia, cuyo análisis debe hacerse previo al estudio de la fundabilidad de la pretensión (cfme. RUDP: Año 1994, Nros. 2-3, caso 517; Año 1995, nro. 3, casos 473-478; Año 2001, nro. 4, casos 531, 542). La promotora, a fin de acreditar su legitimación causal activa, allegó al proceso información emitida por el Registro de la Propiedad – Sección Inmobiliaria de Ciudad de la Costa, del cual surge que el 10/XII/1998 Tierle S.R.L. (antes S.A.) adquirió de Corvera S.A. el inmueble padrón Nº XX de la localidad catastral Ciudad de la Costa, siendo su último titular. Además, a requerimiento de la Sede, se incorporó a la causa testimonio notarial de contrato de Compraventa celebrado el 10/XII/1998, entre Corvera S.A. y Tierle S.R.L. respecto de los inmuebles padrón Nos. XX y 2712 de la localidad catastral antes referida. Finalmente, en este orden corresponde tener presente que de la información registral que luce en fs. 208 emerge inscripción de reserva de prioridad del 17/I/2022 en relación al bien de autos, no surgiendo que con posterioridad se hubiere formalizado la transmisión del inmueble referido. Más allá de lo que viene de señalarse, corresponde tener presente que la parte demandada no controvirtió titularidad del padrón Nº XX que la parte actora reivindica. En relación la legitimación pasiva, conforme lo dispuesto por el art. 680 del Código Civil “La acción reivindicatoria se dirige contra el actual poseedor”. En el caso, la accionante adjudica a los demandados la calidad de actuales poseedores del bien en cuestión, al tiempo que los Sres. Kupelian Amarilla, lejos de controvertir dicha calidad, la afirman al punto de sostener haberse hecho del bien en cuestión por el modo prescripción adquisitiva. Respecto de la legitimación causal pasiva de Dinex S.R.L., en la decisión objeto de la presente alzada se concluyó -en términos que la Sala comparte- que dicha sociedad se trata de la arrendataria del inmueble propiedad de los Sres. Kupelian Amarilla, padrón Nº ZZ, por lo que carece de legitimación pasiva (Considerando III, fs. 299). Al respecto, corresponde señalar que dicho aspecto de la decisión de primer grado no fue objeto de impugnación. Por lo desarrollado supra, corresponde concluir que en el caso se cumplen los requisitos previstos por los arts. 676 y 680 del Código Civil para el progreso de la acción reivindicatoria, esto es: (a) que sea iniciada por el propietario del bien; (b) que el propietario haya sido desposeído o carezca de la posesión del bien; y (c) que la acción se dirija contra el actual poseedor. IV) Ingresando al estudio de los agravios expresados por la parte actora, ésta solicita se revoque la decisión definitiva de primer grado en cuanto amparó la excepción de prescripción adquisitiva planteada por los accionados. En este orden, señala la promotora que en la resistida se interpreta de forma equivocada el derecho de fondo (art. 1196 del Código Civil) y se aplican erróneamente las reglas referidas a la prueba (tanto en relación a la necesidad como a la exención probatorias, arts. 137, 138 y 139 del C.G.P., y las reglas de valoración. art. 140 del C.G.P.). Agrega la apelante que los accionados al contestar la demanda reconocieron que la ocupación que actualmente ostentan del bien reivindicado fue iniciada por sus progenitores con la aquiescencia de los titulares del inmueble (contestación de demanda, punto 2, fs. 67) y que siendo así, “... la tenencia del bien no importó la posesión hábil para prescribir. Los demandados no lograron revertir con la prueba producida, la presunción que establece el inciso segundo del artículo 654 del Código Civil. ... Los demandados siguen siendo meros tenedores, artículo 653 del Código Civil...” (fs. 313/314). En concepto de quienes suscriben la presente decisión, corresponde señalar que -como bien expresa la recurrente- al contestar la acción los hermanos Kupelian Amarilla no negaron la invasión denunciada por la parte actora sino que aseveran haber realizado (primeros sus padres y luego ellos) actos de dominio e invocan haber prescrito adquisitivamente la fracción del inmueble en litigio y, además, enfatizan que el por entonces “...vecino de al lado... Señor Alberto Fernández Alonso...” , les permitió que “...se realizara por nuestra parte la colocación del tejido que aún separa la fracción mencionada ut-supra del Padrón XX...” (fs. 67 vto. in fine), situación que a la fecha, sostienen, se mantiene incambiada desde hace más de 30 años (fs. 68). Más adelante. (num. 8º de la contestación, fs. 69) expresan los demandados ostentar “ánimo de dueño” (fs. 69), así como detentar posesión pública, pacífica y notoria, siendo ello motivo bastante para usucapir la porción del padrón Nº XX en disputa. Surge de la prueba recibida en la causa la declaración del Sr. Alberto Fernández Alonso (fs. 224/228) quien manifestó haber mantenido una relación amistad con el abuelo y el padre (Sr. Esteban Kupelian Santurian, fallecido el 28/VIII/1998, fs. 79) de los Sres. Kupelian Amarilla y que en virtud de dicha relación, entre los años 1994 y 1995, les había cedido (“...le cedi yo...”, fs. 225) la fracción del inmueble padrón Nº XX en disputa, con el fin de que allí se colocaran tanques de kerosene (dado que dicho combustible no podía situarse próximo a los depósitos de nafta). Corresponde precisar que si bien el testigo refiere a la “cesión” de parte del inmueble de su propiedad, no alude con ello al significado técnico-jurídico del término sino más bien de sus declaraciones se desprende que entregó el mismo gratuitamente para su uso con el compromiso de oportuna restitución, por lo que lo convenido en la década de 1990 entre los entonces titulares de los inmuebles padrones XX y ZZ resulta subsumible en la figura del comodato de uso (art. 2216 del Código Civil), tipo contractual por el cual “... una persona entrega gratuitamente a otra una cosa inmueble o mueble no fungible ni consumible, para que ésta la use devolviéndole luego la misma cosa. A diferencia del préstamo de consumo (art. 2198 C.C.), no hay transferencia de la propiedad; el prestatario solo adquiere un derecho personal de uso de la cosa.” (en “Código Civil Comentado”, Dr. Miguel Tomé y colaboradores, 5ª Ed, actualizada, 2023, AMF, págs. 974/975). Resulta trascendente considerar que el testimonio que viene de recibirse se compadece con lo que los propios Sres. Kupelian Amarilla confesaron judicialmente en contra de su interés (art. 153 del C.G.P. y arts. 1606 a 1609 del Código Civil), esto es, que el ingreso a ocupar la fracción del inmueble padrón Nº XX objeto de la litis lo fue “...con aquiescencia Señor Alberto Fernandez Alonso, que era el vecino de al lado y permitió que se realizara por nuestra parte la colocación del tejido...” (fs. 67 vto.). Surge pues que los propios demandados se colocan en la situación detentar el bien en calidad de comodatarios mero tenedores (cfme. arts. 653, 2218 y concordantes del Código Civil). De lo anterior se deriva que las referencias que los demandados realizan respecto a detentar la posesión del bien y al ánimo de dueño resultan de franco rechazo por resultar incompatibles con la naturaleza del vínculo jurídico que les unió al bien, que confesión mediante no excede la calidad de meros tenedores (“...el comodatario adquiere la mera tenencia y el uso...” art. 2218 del Código Civil). Viene al caso recordar que para ser poseedor luego de haber sido mero tenedor se requiere la interversión del título (art. 1199 del Código Civil), al tiempo que mientras tanto al mero tenedor se le presume que continúa en esa calidad (art. 654 inc. 2º del Código Civil). Por interversión se entiende la mutación del título o causa, lo que produce el cambio de mero tenedor a poseedor. Yglesias (ADCU XXIII, p. 627) ha sostenido que el art. 1199 de mención no refiere al ánimo ni de cambio de ánimo, sino de “causa procedente de un tercero”, por lo que lo importante es el título o causa de vinculación y es la mutación de ese título o causa, lo que hace migrar de un lugar a otro: de mero tenedor a poseedor (de la Sala Nos. 83/16, 33/17 y 259/23 en BJN). En el mismo sentido, Yglesias citado por Javier Miranda expresa que: “cuando el Código nos dice como se transita de la mera tenencia a la posesión en el art. 1199 del C.C., señala la vía para ello: ‘por causa procedente de un tercero’ o ‘por la oposición ... al derecho del propietario’. El art. 1199 no da ninguna relevancia a la voluntad del sujeto o de los posibles cambios de su intención o voluntad, sino que atiende únicamente a la ‘causa’ procedente de un tercero, como puede serlo una enajenación que un tercero le haga o a los actos de ‘oposición’ que vienen a contraponerse de un modo exitoso a la causa de mera tenencia que hasta ese momento tenía y que derivaba del ‘derecho de propietario’ a lograr que quien, hasta ese momento era un mero tenedor le restituya la cosa” (La posesión y su prueba, Revista Jurídica del CED, tercera época, año 2, No. 2, p. 21-22). La disposición del art. 1199 (que recibe la máxima romana “nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest”, esto es, que nadie puede mutar por sí mismo la causa de su posesión) se funda en que, si el mero tenedor, que es el representante del dueño, pudiera por su sola voluntad convertirse en poseedor, el propietario correría el riesgo de verse privado de su posesión por un simple cambio en el ánimo de su representante. De ahí la máxima “Melius est non habere titulum quam habere vitiosum” (Guillot, Comentarios..., De la posesión y de la reivindicación, p. 91, Sureda, 1926). En la especie, no mediando interversión, la que siquiera fue invocada en la contestación de la demanda por los Sres. Kupelian Amarilla, se conceptúa que el alzamiento en estudio que proclama la inexistencia de la situación de poseedor resulta ajustado a derecho, ya que la parte demandada nunca dejó de ser mero tenedora. En consecuencia, se revocará la decisión de primera instancia en cuanto amparó la excepción de prescripción adquisitiva formulada por los accionados en relación a la porción de inmueble padrón Nº XX en litigio. V) En otro orden, sostiene la sociedad recurrente que el conflicto planteado en la causa deberán resolverse “...sobre la base de la prevalencia del derecho real de propiedad o dominio respecto de las restantes maneras de tener la cosa...” y, en definitiva reclama se revoque la sentencia recurrida “...haciendo lugar a la demanda en todos sus términos” (fs. 317). Dispone el art. 676 del Código Civil: “El propietario tiene derecho para perseguir en juicio la propiedad de su cosa, contra cualquiera que la posea y pretenda retenerla. La acción que le compete en este caso se llama reivindicación o acción de dominio. (Artículo 1318)”. La acción de dominio como se llama en nuestro Código Civil a la acción reivindicatoria constituye una de las garantías del derecho de propiedad en el orden civil. Por ella se reclama que se reconozca al propietario los derechos que tiene haciendo cesar la posesión por otra persona sobe el bien y que no responda a la existencia de un derecho de propiedad (cfme. T.A.C. de 4° Turno, Sentencia N° 4/1993, publicada en A.D.C.U., T. XXIV, caso17, pág. 15). “El Código establece que las acciones conservatorias y recuperatorias se dirigen a tutelar la posesión, en cambio en el Título VI que versa sobre la reivindicación, la acción prevista allí se encamina a recuperar la propiedad y posesión de la cosa (que implica el goce). Por ende, en las acciones posesorias se requiere probar la posesión; en tanto que en la reivindicatoria, el reivindicante debe probar la propiedad (art. 679). En lo que atañe a los requisitos para que proceda la acción de dominio se encuentran: a) que el actor sea propietario. Solo por excepción se admite la acción reivindicatoria (en doctrina se conoce como acción publiciana) por un poseedor si se cumple con lo previsto en el n° 4 del art. 649, es decir que éste puede usar la acción reivindicatoria contra otro poseedor con un título inferior al suyo; b) que el propietario no esté en posesión de la cosa, y quién posee la cosa pretende retenerla desconociendo el derecho de poseer que corresponde al propietario; c) En principio la reivindicación procede aun contra el poseedor de buena fe, teniendo lugar cuando el tercero adquirió el bien por alguien que no era el dueño. Por excepción se protege al tercero de buena fe en materia de pago de lo indebido cuando adquirió el bien a título oneroso (art. 1318)” (en “Código Civil Comentado”, Dr. Miguel Tomé y colaboradores, 2ª Ed, actualizada, 2019, AMF, pág. 183). Como sostuviera el Prof. Walter Howard, a pesar del texto legal el art. 676 del Código Civil, lo que persigue el propietario de la cosa es su posesión, no su propiedad pues ésta ya la tiene. Y precisamente esa pertenencia es la que le confiere legitimación activa para accionar. Al tener carácter real puede perseguir la cosa contra cualquiera que la detente (como poseedor). La persona del demandado no tiene más importancia que el encontrarse en medio del actor y su cosa; por ende, puede incoar la acción no solo contra quien despojó, sino contra cualquiera que la posea. De conformidad con los conceptos que vienen de señalarse y lo expresado en el Considerando III precedente, corresponde concluir que en el caso se cumplen los requisitos previstos por los arts. 676 y 680 del Código Civil para el progreso de la acción reivindicatoria, esto es: (a) que sea iniciada por el propietario del bien; (b) que el propietario haya sido desposeído o carezca de la posesión del bien; y (c) que la acción se dirija contra el actual poseedor. Siendo así, se amparará la demanda principal y ordenará la restitución a la actora de la porción de terreno en debate, esto es el “...sector del padrón XX de forma aproximadamente triangular ... y 70.5 m2 de área que está siendo usado por el padrón ZZ...” que fuera identificado por el Ing. Agrim. Francisco Gervaz Bardelli en su informe incorporado en fs. 62/65, para lo cual el Tribunal conceptúa acorde conceder a los accionados un plazo de 90 días, en virtud de que la fracción antedicha se encuentra siendo utilizada por un establecimiento comercial, más concretamente, una estación de servicio, de lo que se presume verosímilmente (arts. 1600 a 1605 del Código Civil) no será sencilla su desocupación. VI) Como fuera señalado en el Considerando II de la presente decisión, la actora en su demanda -además del reclamo de restitución del bien de su propiedad- movilizó “Pretensión indemnizatoria” (fs. 29) por la que procuró el resarcimiento de los daños y perjuicios presentes y futuros que el “...obrar ilegítimo de los codemandados...” (fs. 29) sostiene le ha irrogado. Dicha pretensión indemnizatoria fue desestimada en el grado anterior de conformidad con los fundamentos que la Sra. Jueza a quo explicitó en el Considerando V de la decisión recurrida. En este aspecto, no surge del libelo impugnativo alusión alguna al rechazo de dicho reclamo, por lo que lo decidido en dicho orden ha pasado en autoridad de cosa juzgada. VII) La correcta conducta procesal de los contendientes en el presente grado, impone que las costas y costos de la presente instancia deban sufragarse por su orden (arts. 56 y 261 del C.G.P. y art. 688 del Código Civil). Por los fundamentos antes expuestos y de conformidad con la normativa citada en este pronunciamiento y arts. 56, 198, 200, 248, 257 y 261 del Código General del Proceso y disposiciones concordantes y complementarias; el Tribunal FALLA: REVÓCASE PARCIALMENTE LA SENTENCIA DEFINITIVA RECURRIDA: (A) EN CUANTO AMPARÓ LA DEFENSA DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, LA QUE SE DESESTIMA EN ESTA INSTANCIA, Y (B) EN CUANTO DESESTIMÓ LA ACCIÓN REIVINDICATORIA PROMOVIDA EN AUTOS Y EN SU LUGAR SE DISPONE: CONDÉNASE A LOS DEMANDADOS A RESTITUIR A LA ACTORA LA PORCIÓN DEL BIEN INMUEBLE OBJETO DE LA LITIS, EN EL PLAZO DE NOVENTA (90) DÍAS. MANTIÉNESE LA RECURRIDA EN LO DEMAS. SIN ESPECIAL SANCIÓN PROCESAL EN EL GRADO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN CON LAS FORMALIDADES DE ESTILO. Patricia Hernández Ministra Rosario Sapelli Ministra Pablo Benítez Ministro