Sentencia Definitiva N° 70/2026

Ministra Redactora: Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Ministras Firmantes: Dra. Cecilia Schroeder Rius Dra. Analía García Obregón Dra. Gabriela Rodríguez Marichal VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos caratulados: “AA c/ FUCAC COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO – EJECUCIÓN DE CONTRATO Y COBRO DE MULTA”, IUE: 2-31695/2022, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora y la adhesión formulada por la parte demandada, contra la sentencia definitiva No. 35/2025 dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 19º Turno, Dr. Andrés Hernández Ferreiro. RESULTANDO: I. Por el referido pronunciamiento del 10 de abril de 2025 (fojas 760 a 794), en lo que interesa a la instancia, se falló: “Desestimando la demanda en todos sus términos. Sin especial condenación procesal.” II. Contra dicha decisión se alzó el accionante, Sr. AA, interponiendo recurso de apelación en escrito obrante de fojas 797 a 805, agraviándose, en lo medular, por considerar errónea la valoración de la prueba y aplicación del derecho efectuada por el a quo; la responsabilidad invocada es de naturaleza contractual; acreditó la existencia de la suma reclamada en su cuenta de FUCAC, mediante prueba documental consistente en más de sesenta tickets de cajero, cuya autenticidad no fue desconocida por la contraria; la demandada no cumplió con su carga de acreditar el error informático en que fundó su defensa, pese a que se encontraba en mejores condiciones técnicas para ello; explicó el origen del dinero depositado, sosteniendo su relato a lo largo de todas las instancias, incluso frente a la demandada y al Banco Central del Uruguay. Pidió que se revoque la recurrida y se ampare la demanda en todos sus términos. III. Sustanciada la impugnación deducida, de fojas 809 a 818 compareció la demandada, FUCAC Verde Cooperativa de Ahorro y Crédito, evacuando el traslado conferido y adhiriendo a la apelación contraria, pidiendo la imposición de costas y costos al accionante. Abogando por la confirmación de la recurrida en cuanto rechazó la demanda, sostuvo que el reclamo no tiene naturaleza contractual, ya que entre las partes solo existió un préstamo crediticio y la emisión de una tarjeta de crédito Master Card, contrato que no fue cumplido por el actor, que no pagó, motivo por el cual la tarjeta fue bloqueada y cancelada; el relato sobre un supuesto “depósito” es jurídicamente inviable, dado que la normativa del Banco Central del Uruguay no permite la existencia de dinero en una cuenta de tarjeta de crédito; los tickets de cajero únicamente reflejan información sobre saldos de la tarjeta, siendo la cifra consignada el resultado de un error informático y no la prueba de un depósito real; el error quedó plenamente acreditado con la evidencia aportada por ella y por terceros como el Banco Central del Uruguay, First Data Uruguay S.R.L. y Rías Redbanc S.A. “Banred”, además de constatarse que otros usuarios de la misma tarjeta enfrentaron idéntica situación, actuando correctamente al denunciar el error, en lugar de aprovecharse de él; consideró apócrifo y notoriamente falso documento presentado por el actor (fojas 545 y 712), lo que dio lugar a una denuncia penal ante la Fiscalía de Flagrancia de 14º Turno; no corresponde trasladarle la carga de probar la inexistencia del depósito alegado, lo que sería un hecho negativo e imposible de demostrar; era el actor quien debía probar la existencia del dinero, lo que no acaeció. Al fundar la adhesión, se agravió por la no imposición de las costas y costos al actor, señalando que debió afrontar honorarios, costos de traducción y pérdida de tiempo de sus funcionarios como consecuencia directa de la conducta maliciosa, temeraria y fraudulenta del demandante; no se valoró correctamente la abundante prueba que acredita la mala fe procesal contraria; el actor posee antecedentes penales por múltiples ilícitos, lo que descarta la posibilidad de una creencia inocente en la legitimidad de su pretensión; en 2016 el Banco Central del Uruguay le había notificado formalmente la inexistencia del depósito alegado; incurrió en contradicciones al referirse a su cuenta en términos distintos según le convenía, utilizando un documento apócrifo en apoyo de su reclamo y omitiendo aportar pruebas en la audiencia preliminar, todo lo que demuestra que actuó con notoria malicia, frivolidad e infundada temeridad. Pidió que se revoque parcialmente la recurrida y se impongan las costas y costos a la parte actora. IV. De fojas 826 a 832, se presentó el accionante, evacuando el traslado de la adhesión contraria, solicitando su rechazo, argumentando que probó la existencia del dinero en su cuenta mediante la prueba documental aportada, en particular los tickets de cajero, lo que impide calificar a la acción como infundada e imponer sanciones procesales; siempre colaboró con el proceso, sin incurrir en conductas dilatorias e incluso realizó gestiones extrajudiciales ante FUCAC y el Banco Central del Uruguay antes de presentar la demanda, lo que evidencia que estaba convencido de que le asistía derecho a reclamar. V. Franqueada la alzada (fojas 833), el expediente fue recibido en esta Sala (fojas 836 vuelto), pasando los autos a estudio el 20 de agosto de 2025 (fojas 838), culminado el cual, en sesión del 6 de febrero de 2026, se acordó sentencia por unanimidad, designándose redactora. Surge de la causa que la Sala permaneció desintegrada en virtud de la licencia médica de la Dra. Schroeder entre el 17 de octubre de 2025 y el 15 de enero de 2026. CONSIDERANDO: I. El Tribunal, por decisión anticipada adoptada al amparo de lo establecido por el artículo 200.1 del Código General del Proceso, confirmará parcialmente la recurrida, imponiendo las costas y costos de ambas instancias a la parte actora, por los fundamentos que se exponen a continuación. II. El Sr. AA, promovió demanda por cobro de dólares y daños y perjuicios contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCAC, señalando que en el año 2013 contrató la cuenta corriente No. XX con el fin de utilizar una tarjeta de crédito y que en dicha cuenta recibió un depósito por la suma de U$S 8.084.644,32, conforme lo demuestra la información obtenida en diversos cajeros que surge de los tickets que agrega. El 20 de diciembre de 2013 se apersonó en la Sede de FUCAC para retirar el dinero depositado, pero no le fue entregado, alegando la ahora demandada un supuesto “error informático”. Sostuvo que el dinero ingresó en su cuenta corriente por el Swift CBCUUIMM “en el Banco Central del Uruguay o BROU” el 4 de enero de 2013 y reclamó su restitución, además de una indemnización por daño moral, ascendiendo el monto pretendido a U$S 23.767.966, más intereses legales. FUCAC Verde Cooperativa de Ahorro y Crédito contestó la demanda en términos de controversia categórica, negando la existencia del depósito alegado por el accionante, argumentando que su naturaleza jurídica le impide recibir depósitos de terceros o socios y que los tickets de cajero agregados son consecuencia de un error informático de la red Banred y de First Data, en tanto el código Swift invocado es inexistente. Asimismo, la demandada opuso excepciones previas de litispendencia y defecto en el modo de proponer la demanda y solicitó la intervención como terceros de First Data Uruguay S.R.L. y Rías Redbanc S. A. (Banred). Pidió el rechazo de la demanda con la imposición de las máximas sanciones procesales para el actor. Los terceros citados First Data Uruguay S. R. L. y Rias Red Banc S. A., comparecieron oponiendo (entre otras defensas) la excepción de prescripción, que fue amparada por sentencia interlocutoria No. 1928/2023 (fojas 274 a 280), confirmada por sentencia de la Sala No. 580/2023 (fojas 334 a 337), por lo que quedaron excluidos del proceso. III. La sentencia apelada desestimó la demanda en todos sus términos, sin especiales condenas procesales, por considerar que “toda la prueba con que se cuenta apunta en sentido contrario a la pretensión formulada, no siendo de recibo el amparo de la pretensión movilizada consistente en el pago al actor de una suma millonaria con base en una constancia consignada en tickets”. A juicio del a quo, los tickets agregados no constituyen una prueba determinante, sino que deben ser valorados “en el contexto y en forma armónica con los distintos medios probatorios y elementos de convicción con que se cuenta en la causa”, concluyendo que “los mencionados documentos, por sí solos, no son suficientes para tener por probada la tesis en que se sustenta la pretensión”, luego de destacar que en la demanda no se proporcionó explicación alguna acerca del origen del dinero y que las manifestaciones posteriores del accionante, además de extemporáneas, carecen de respaldo probatorio y adolecen de “serias contradicciones”, tornando inverosímil al relato. Por ejemplo, la alegada realización de la transferencia el 4 de enero de 2013, cuando la cuenta aún no existía, dado que el contrato que vinculó a las partes se otorgó el 6 de junio siguiente, entre otras varias afirmaciones relevadas por el a quo, carentes de todo sustento probatorio y que no se ajustan a lo que normalmente acaece, como que el supuesto depósito por una suma superior a U$S 8.00.000 haya sido efectuado en una cuenta abierta para utilizar una tarjeta de crédito, en una institución no habilitada para recibir depósito alguno. Como argumentó la recurrida: “si FUCAC tiene prohibido recibir depósitos, no puede tenerse por cierto o presumirse que los haya recibido, sino en caso de mediar prueba acabada de que así haya ocurrido. Máxime cuando surge de autos que se radicó denuncia ante el Banco Central del Uruguay y que el mismo no detectó la existencia de irregularidades en el proceder de la demandada.”, a lo que suma: “que se encuentra fuera de controversia que la cuenta en la cual se alega haber recibido la suma que aquí se reclama fue abierta con el fin de la utilización de una tarjeta de crédito. Por consiguiente, va de suyo que el uso que puede darse a dichas cuenta y tarjeta no es otro que el de la adquisición de bienes o servicios hasta el límite contractualmente establecido -que en el caso era de $ 1.500- y el posterior pago de la deuda de tal modo generada.” IV. El Tribunal desestimará los agravios que la parte actora esgrime contra la recurrida en el punto relativo a la valoración de la prueba realizada por el a quo, por compartirse en todos sus términos tanto el correcto y detallado análisis, como el relevamiento probatorio y las conclusiones arribadas en el primer grado. En efecto, como acertadamente argumentó el decisor, los tickets agregados no constituyen prueba suficiente para acreditar la efectiva existencia del dinero cuya restitución se pretende, no se demostró el origen y efectiva transferencia de los fondos a la cuenta del accionante, ni este ofreció una explicación razonable y congruente sobre el punto. El relato del reclamante “contiene aspectos incongruentes y exentos de verosimilitud”, careciendo de “justificación alguna la presunción de que dicha transferencia haya tenido lugar hacia una cuenta y una institución que carecían normativamente de habilitación para dichas operaciones.”, como bien lo señaló la apelada. Conforme a la versión contradictoria alegada por las partes en sus actos de proposición inicial, era sobre el actor que recaía la carga de demostrar los hechos constitutivos de su pretensión (artículo 139.1 del Código General del Proceso), lo que no acaeció, por lo que soportará, conforme el ordenamiento jurídico vigente, las consecuencias de dicha omisión. Con respecto al tema de la carga de la prueba, expresa el Dr. Gabriel Valentín, en su trabajo titulado “El principio de la libertad de la prueba y la carga de la prueba”: “DEVIS ECHANDIA ha sintetizado el concepto moderno de carga de la prueba señalando que "es una noción procesal que contiene la regla de juicio, por medio de la cual se le indica al juez como debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitarse las consecuencias desfavorables" (Teoría general de la prueba judicial", t. I cit., p. 426). Esta noción tiene la virtud de destacar claramente la doble perspectiva que encierra el fenómeno de la carga de la prueba: la existencia de una regla, dirigida al tribunal, que le permite evitar el non liquet indicándole el contenido de su fallo cuando ciertos hechos del objeto de la prueba no han sido probados, y la existencia de otra regla, dirigida a las partes como reflejo de la primera, y que les indica la necesidad de que ciertos hechos sean probados si no quieren sufrir las consecuencias de un fallo desfavorable.” ... “La regla que distribuye la carga probatoria en el CGP [art. 139.1], atiende a la naturaleza del hecho a probar: corresponde probar, al que pretende, los hechos constitutivos de su pretensión, y al que la contradiga, los hechos modificativos, impeditivos o extintivos de aquella pretensión.” (Gabriel Valentín, “El principio de la libertad de la prueba y la carga de la prueba”, publicado en RDT, Abril - Junio 2014, cita Online: UY/DOC/114/2014 (sentencia de la Sala No. 193/2023). En el caso, el accionante no logró demostrar que en la cuenta No. XX, que contrató con la demandada para utilizar una tarjeta de crédito, recibió efectivamente el depósito de la suma de U$S 8.084.644,32 que ahora reclama. Adicionalmente, cabe consignar que FUCAC, en su calidad de institución administradora de créditos, no puede recibir depósitos de sus clientes, en tanto no tiene la calidad de empresa de intermediación financiera, conforme lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley No. 18.407, tratándose de una cooperativa de capitalización que opera principalmente con los aportes de sus asociados. Así surge de la resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay, de fecha 2 de julio de 2014, donde se establece que : “FUCAC, en tanto institución Administradora de Créditos, no puede recibir depósitos de sus clientes.” (fojas 60). Del propio relato del actor resulta con claridad que el servicio que contrató refería al uso de una tarjeta de crédito, como por otra parte surge de la documentación obrante de fojas 66 a 70, que demuestra la efectiva suscripción del contrato de uso de tarjeta de crédito Master Card el 6 de junio de 2013. Consecuentemente, si la cuenta corriente destinada a la referida tarjeta no estaba habilitada para recibir depósito alguno, mal pudo un tercero transferir a la misma la suma reclamada, en una fecha en que dicha cuenta ni siquiera había sido abierta. Se comparte también lo señalado por el a quo en cuanto a que “todo apunta a suponer que efectivamente, y como lo sostiene la demandada, dicha constancia en los tickets obedeció a un error informático” y aunque no se hayan ofrecido explicaciones exhaustivas sobre el origen y las características de dicho error, el mismo fue reconocido extrajudicialmente por First Data en nota de fecha 13 de diciembre de 2013 ante consulta formulada por FUCAC relativa a “ticket emitido por Banred” (fojas 446). Dicho error también afectó a otras personas, como surge de los tickets que reportan un saldo similar al reclamado en autos (documentos de fojas 82 y 83) y como lo informó la Oficina de Información y Atención a Usuarios del Sistema Banred, que confirmó la versión de la demandada con respecto a que “existió una reiteración de casos en los que en los comprobantes de transacción emitidos por la red de cajeros Banred, figuraba un saldo de U$S 8.084.644,32, que no se correspondía con la realidad…” (documento de fojas 657). En particular sobre el caso del Sr. AA, dicha Oficina informó: “el monto que figura en el comprobante de transacción emitido por el cajero automático Banred S1ABS239 con fecha 8/11/2013, el cual asciende a U$S 8.084.644,32, se encuentra dentro de los casos comprendidos en la problemática detallada en punto 1 y por lo tanto, dicho monto no se corresponde con la realidad.” (fojas 657). En ese mismo sentido, en dictamen de la Asesoría Jurídica del Banco Central del Uruguay, al analizar la solicitud formulada por el actor acerca de si existió un ingreso en dólares por el monto de U$S 8.084.644,32 a su nombre indicando el código SWIFT CBCUUYMM del 4 de enero de 2013, se expresó “que no existe registro alguno de la operación que refiere el peticionante en su nota” (fojas 680), dictándose la resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros de fecha 24 de junio de 2016 (fojas 685 vuelto), notificada al actor el 28 de junio siguiente (fojas 687 vuelto), que dispone poner en conocimiento del mismo que no existe registro alguno de la operación; todo lo que fue informado a la Sede de primera instancia por el Banco Central del Uruguay (fojas 698). Por otra parte, Rias RedBanc S. A. (Banred), en oportunidad de comparecer en autos, al explicar el contenido de los “tickets” emitidos por sus cajeros agregados con la demanda, expresó que de los mismos no surge ningún monto a cobrar por el actor, ya que la expresión “SALDO ULT. RES” por U$S 8.084.644,32 refiere a una suma a pagar, no a una suma disponible. Agregó que en el renglón anterior, figuran “EXTRAC. DISP.” y “DINERO DISP” (extracción disponible y dinero disponible), en cero o xxx y “más allá de que el monto que surge de U$S 8.084644.32 no estuviera actualizado o fuera incorrecto, ello nunca refería a un saldo a cobrar o disponible, sino a un monto a pagar” (fojas 234 y 234 vuelto). De modo que, como lo afirmó la demandada al evacuar la apelación contraria, ha quedado demostrado en autos que los tickets de cajero únicamente reflejan información sobre saldos de la tarjeta, siendo la cifra consignada el resultado de un error informático y no la prueba del depósito alegado en por el actor. Por todo lo expuesto, a juicio del Tribunal, resulta de franco rechazo el memorial de agravios articulado por el accionante como sustento de la apelación formulada, lo que sella la suerte adversa de la pretensión y conduce a la confirmatoria parcial anunciada. V. La Sala estima de recibo, en cambio, el agravio que FUCAC formula en vía adhesiva y, en consecuencia, impondrá a la parte actora las costas y costos de ambas instancias, por considerar que la conducta del accionante es asimilable a la malicia temeraria. En nuestro derecho positivo, la condena al pago de los gastos del proceso no es una consecuencia de la pérdida del juicio, sino que resulta sustancialmente de la aplicación de criterios para apreciar la conducta procesal de los litigantes con sustento en el concepto de culpa. Debe verse que el artículo 56 del Código General del Proceso remite al 688 del Código Civil, el cual consagra un régimen de responsabilidad subjetiva y a "esos efectos, se tendrá en cuenta la conducta que observaron las partes durante el proceso y, en base a ello, únicamente, corresponderá que se impongan o no las condenas procesales en la sentencia definitiva." (Código General del Proceso anotado por Vescovi y colaboradores, Tomo 2, página 216). Agregan los autores mencionados que el sistema "...no se inspira en el principio del resarcimiento sino en el de pena, desde que atendiéndose a la conducta del litigante, se impone con tal carácter el pago de los gastos a quien ha procedido con culpa o dolo" (obra y página citada) y establece tres grados de responsabilidad: buena fe, ligereza culpable, malicia que merezca la nota de temeridad. En el caso, quedó suficientemente acreditado que el accionante reclamó una cifra millonaria aprovechando un error informático, alegó la realización de una transferencia de U$S 8.084.644,32 a una cuenta a su nombre que a la fecha del supuesto depósito aún no existía y formuló un relato cargado de afirmaciones contradictorias, carentes de todo sustento probatorio, que como se dijo no se ajustan a lo que normalmente acaece. Adicionalmente, al evacuar el traslado del hecho nuevo denunciado por la demandada a fojas 559 y siguientes, el actor reconoció haberse reservado un documento que tenía en su poder, para presentarlo en “el momento oportuno procesalmente por estrategia” (fojas 713), asumiendo una actitud que no resulta compartible con los principios de buena fe, lealtad y colaboración que informan nuestro ordenamiento jurídico. Este comportamiento procesal contrario al estándar del buen litigante, viola frontalmente lo previsto por el artículo 5 del Código General del Proceso y exhibe una plena conciencia de la sinrazón, haciendo merecedor al actor de las máximas condenas procesales. En circunstancia análoga, en sentencia No. 67/2023, el Tribunal con su actual integración, sostuvo: “Así, se ha dicho: "Se comparte el criterio de Klett y Pereira Campos (Valor de la conducta procesal de las partes desde la perspectiva probatoria en el C.G.P. en RUDP, pág. 49 y siguientes), en que existe un estándar del buen litigante “que impone a las partes deber de adecuar su comportamiento procesal al modelo establecido por el legislador. Esto es: actuar de un modo leal, veraz y de buena fe, prestando la mayor colaboración en todos y cada uno de los actos que integran el proceso”, mientras que, los autores, siguiendo a Muñoz Sabaté, indican diversas inconductas procesales que se tornan en inferencias incriminativas, entre las cuales se incluye, la conducta omisiva, oclusiva, hesitativa, etc. " (sentencia N° 1004/2022 de la Suprema Corte de Justicia). "Por esa razón, resulta pertinente traer a colación la posición histórica de este Tribunal: "[…] el proceso civil no es ni lo fue un torneo de habilidad o astucia forense, e involucra el deber de colaborar con el órgano judicial, afirmando circunstanciada y precisamente la verdad sobre las circunstancias fácticas comprendidas en el objeto del proceso, suministrando de buena fe y lealmente al juez todos los elementos de convicción necesarios para la justa dilucidación de la litis. (Sentencia Nº 224 del 22 de noviembre de 1991, Sentencia Nº 96 de 1993 publicada en Revista Uruguaya de Derecho Procesal (1994/2-3: c. 579) y Sentencia Nº 2 del 3 de febrero de 1995 (Revista Uruguaya de Derecho Procesal 1996/2: 273 a 275). En vigor el CPC, la referida Sala había ya dictado interesantes fallos en similar sentido: Revista Uruguaya de Derecho Procesal (1989/89: c. 796; 1987/4: c. 681 y 682)."(sentencias Nº 45/2021, , TAC5, Ministros: Dra. A. García, Dr. L.M. Simón, Dra. L. Pera - r-)."; en el mismo sentido y más recientemente: sentencia N° 35/2022, TAC5, Ministras: Dra. L. Pera, Dra. C. Schroeder, Dra. A. García -r-).” En mérito a lo expresado, se revocará lo decidido en el punto relativo a las condenas procesales, las que también se impondrán en el grado, considerando la Sala, que el accionante se alzó contra una decisión clara, precisa y adecuadamente fundada, insistiendo con un relato cargado de contradicciones y carentes de todo respaldo probatorio. Por todo lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 197, 198, 200, 256 y 257 del Código General del Proceso y demás normas concordantes y complementarias, el Tribunal, FALLA: CONFÍRMASE PARCIALMENTE LA SENTENCIA APELADA, REVOCÁNDOSE SOLO EN CUANTO NO IMPUSO ESPECIAL CONDENACIÓN EN GASTOS CAUSÍDICOS, IMPONIÉNDOSE LAS COSTAS Y COSTOS DE AMBAS INSTANCIAS A LA PARTE ACTORA. ESTABLÉCESE EN LA SUMA DE $ 40.000 LOS HONORARIOS POR EL PATROCINIO LETRADO DE CADA PARTE GRAVADA EN LA SEGUNDA INSTANCIA, A LOS SOLOS EFECTOS FISCALES. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN. Dra. Cecilia Schroeder Rius - Dra. Analía García Obregón Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Ministras Esc. Laura Falchetti Escudero Secretaria subrogante