Sentencia Definitiva N° 59/2026

Sentencia Nro. 59/2026 - IUE: 2-109264/2023 Montevideo, 04 de marzo de 2026 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE CUARTO TURNO Ministro Redactor: Dr. Álvaro França. Ministros Firmantes: Dra. Mónica Besio. Dr. Guzmán López Montemurro. AUTOS “AA c/ MINISTERIO DEL INTERIOR- REPARATORIO PATRIMONIAL POR RESPONSABILIDAD ADM. POR ACTO”. IUE: 2-109264/2023.- I) El objeto de la instancia está determinado por el contenido del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada (fs. 1469) (fs. 1450) y de la adhesión de la actora (fs. 1477) contra la Sentencia Definitiva No 34/2025, de fecha 9 de abril de 2025, dictada por el titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 1° Turno, Dr. Gabriel Ohanian Hagopian, por la cual resolvió acoger parcialmente la demanda y en su mérito falló: condenar a la demandada a pagarle al actor los siguientes rubros: - por daño moral $ 600.000; según surge de la prueba testimonial, el tiempo de dos años y cinco meses que duró la suspensión del compareciente en el empleo, ocasionó un daño extrapatrimonial consistente en la aflicción derivada de la perdida de salario con el cual mantenía los costos de su vida y su familia, por lo cual se ampara este rubro y respecto al monto fijado, el mismo se funda en los montos que el decisor ha fijado para casos análogos. - por afectación de la carrera administrativa a efectuar la obligación de hacer, de recomponer la carrera administrativa del actor, considerando en forma retroactiva el curso aprobado de Comisario en 2021, como si hubiera sido aprobado en 2019, debiendo abonar las diferencias de salario que eventualmente se hubieran generado en favor del actor. - amparar por diferencia de salario y condenar a la demandada a abonar los reajustes de los salarios caídos conforme al decreto ley 14.500 y al tratarse de suma “fácilmente liquidable” se tramitará por la vía del art. 400 del CGP, debiendo calcularse el reajuste desde que se generó cada retención y hasta el pago verificado en cada caso, con el interés desde la presentación de la demanda. - por pérdida del sueldo complementario por control de “222”, atento a que lo reclamado no son horas de servicio sino el contralor del mismo, por lo tanto se condena a la demandada al pago de la compensación por contralor durante el período de la suspensión y hasta el reintegro del actor, el cual se calcula en la suma de $192.692, con reajuste desde el reintegro a la función del actor. - por honorarios profesionales por patrocinio letrado al pago de las sumas por este concepto generado en la vía administrativa por valor de $12.200 y $ 136.250, con el reajuste desde que se abonó cada factura, con el interés legal desde la presentación de la presente demanda. - desestimar el rubro “pérdida de chance” respecto del grado de Comisario Mayor II) La parte demandada (fs. 1469) en su recurso de apelación se agravió por lo siguiente: a) porque se condenó al Ministerio del Interior al pago de $192.692 por concepto de control de 222 caído desde la separación del cargo y hasta la fecha de su reintegro. La demandada considera que en la contestación de la demanda surge acreditado que el Sr. AA dejó de efectuar control de servicio 222 en el mes de marzo de 2018, que posteriormente fue separado del cargo, considerando que por tal motivo no le corresponde el pago que se amparó por el juez de primera instancia. b) Asimismo se agravia en cuanto se le condena al pago de honorarios profesionales solicitados por la parte actora, considerando que los mismos no corresponden. En virtud de que el actor no tenía ingresos (como surge de la demanda) pudo acudir a la Defensoría Pública y solicitar los servicios profesionales correspondientes de forma segura y gratuita. Al tratarse, los honorarios pactados, de un acuerdo privado entre el Sr. AA y su abogada, no puede ser transferible a la parte demandada. c) por la condena impuesta por el sentenciante respecto al daño moral en la suma de $ 600.000 que le agravia debido a que de la prueba documental se puede observar que del tiempo en el que estuvo separado del cargo solamente concurrió una vez a su médico psiquiatra. Por lo tanto se entiende que la carga probatoria considerada por el juez es insuficiente para determinar una condena por daño moral en la suma indicada precedentemente. Solicita se sirva reducir el monto del daño moral en un 50%. III) La recurrencia fue sustanciada (N.o 856/2025 (fs. 1474) en debida forma con la parte actora quien evacúa el mismo y adhirió (fs. 1477) por lo siguiente. a) porque no se acogió la diferencia en la devolución de salarios caídos y aguinaldo, considerando que el Magistrado valoró erróneamente la prueba documental porque entendió de manera equivocada que la alegación de la accionante no fue acreditada y que era su carga.Sostuvo que se hace recaer la carga de la prueba en el actor (art. 139 CGP) cuando toda la prueba relacionada a los salarios retenidos y su devolución estaba en poder de la demandada y que se negó a agregar, incumpliendo a las varias instancias en las que se lo intimó. b) se agravia porque el Magistrado no incluyó en el daño emergente los honorarios abonados por la defensa en la acción de nulidad (TCA); el sentenciante entendió que no corresponde amparar el daño reclamado porque no hubo condena en costas y costos. c) porque entiende que el A Quo valoró erróneamente la conducta procesal de la parte lo que lo llevó a no acoger la diferencia de devolución de salario reclamada. IV) Sustanciada la adhesión en la forma de estilo, se franqueó la correspondiente alzada por Decreto N.o 1480/2025 (fs. 1505), el proceso fue recibido en el Tribunal el día 15 de agosto de 2025 y los autos giraron a estudio en forma sucesiva acordándose el dictado de la presente en forma anticipada (artículo 200 CGP). V) La Sala confirmará parcialmente el fallo apelado en virtud de las razones que se expondrán. VI) El caso. Rectamente interpretada la demanda presentada el día 9 de noviembre de 2023 movilizada por AA, de conformidad con los criterios de aplicación en la materia (Odriozola, en Judicatura, año I, No 10. P. 244 y ss), se reclama la indemnización por daños y perjuicios por actividad administrativa y se pretende la condena a obligación de hacer contra el Ministerio del Interior en virtud de los hechos ocurridos. Se sostuvo en la demanda que el accionante es funcionario del Ministerio del Interior (Sub Comisario con sub escalafón ejecutivo) y fue procesado sin prisión el 29 de noviembre de 2017 en los autos “ AA S/P – Un delito de abuso de autoridad contra los detenidos en concurso formal con un delito de lesiones personales por comisión por omisión” (IUE 380- 3/2016 del Juzgado Letrado de Mercedes), producto de una lesión sufrida por un detenido mientras se encontraba en la Seccional Primera de Mercedes, donde el compareciente era el Oficial de 3o. Como consecuencia de lo señalado el Sr. AA fue sometido (por Resolución de fecha 14 de mayo del 2018) a sumario administrativo con suspensión temporal de funciones y retención de haberes, excluyéndolo del curso de pasaje de grado que estaba por finalizar, iniciándose luego un proceso ante el TCA mediante el cual se amparó la demanda incoada por el actor, anulando la suspensión temporaria de funciones y la retención total de sus haberes y se lo exoneró de responsabilidad, solicitándose su reintegro a la actividad el cual fue aprobado por el Ministerio el 1 de octubre de 2020 y se hizo efectivo el 1 de noviembre del 2020, sin embargo el sumario concluyó el 20 de agosto de 2021. Cuando retorno a su trabajo se lo designó para un cargo de gran responsabilidad lo cual le genero al mismo estrés laboral. En definitiva, se pidió se condene a la parte demandada a re calificar al actor a partir del año 2018 como si no hubiera sido suspendido en la función y a recomponer su carrera administrativa. Solicitó el pago por concepto de daño moral, lucro cesante, pérdida de sueldo complementario por control de 222 y perdida de chance. A su vez surge de autos que la parte demandada contestó el accionamiento (fs. 287) controvirtiendo el mismo y solicitando el rechazo de la demanda, no condenándose a pagar diferencias de salario en virtud de que los mismos ya han sido abonados de manera satisfactoria y aceptados por el demandado. Asimismo solicitó que no se haga lugar al daño moral pretendido por la actora (o en su caso disminuirse al 10%) así como tampoco al pago de Servicio 222, porque no estaba desempeñando la tarea al momento de la suspensión. Tampoco se haga lugar a los montos pretendidos por perdida de chance y los potenciales ascensos. Se fijó como objeto del proceso, determinar si corresponde acoger o desestimar la demanda, si a consecuencia de la sentencia anulatoria del TCA se le irrogaron daños indemnizables al actor. La responsabilidad no fue controvertida, los agravios son por los daños. VII) De los agravios parciales de la demandada (fs. 1469/1471) Como se dijera en forma previa, no se advierte cuestionamiento a la responsabilidad sino que la demandada recurrente se agravió respecto de lo que se dirá a continuación. a) Por la condena por el pago de $ 192.692 por concepto de control de servicio “222”. A juicio del Tribunal no resulta de recibo el agravio porque del análisis de la prueba documental diligenciada (específicamente a fs. 56 a 60) se puede observar que el actor continuó cobrando el servicio 222 hasta el mes de mayo inclusive, cuyo pago se efectuó el 4 de junio de 2018 (teniendo en cuenta que se cobra a mes vencido). Esta circunstancia sumada a la declaración de la testigo BB (fs. 1332) quien expresa que el actor cuando fue separado del cargo era el encargado del control de 222 y que luego de que lo separaran del mismo tuvo que dejar, indica que el actor continuó el desempeño de sus funciones como control del servicio 222 hasta la fecha en que se inició el sumario, momento en el cual le quitaron el arma, carné y uniforme lleva a entender de recibo el agravio. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la Oficina de Servicios extraordinarios, en respuesta al oficio N.o 160/2024 informó que el Sr. AA realizó controles de servicio 222 desde enero del 2016 hasta marzo inclusive del año 2018 y que desde el mes de abril del 2018 no hay registros en la oficina de que el Sr. AA hubiera realizado algún tipo de servicio al amparo del art. 222. Por lo tanto, de lo informado por la Oficina mencionada y los recibos aportados surgen inconsistencias respecto al tiempo en el cual dejó de desarrollar el servicio 222. De todas maneras, resulta del caso señalar que el funcionario no dejó de prestar dichas funciones porque quisiera, sino por el inicio de un sumario administrativo con separación del cargo y retención total de haberes, cuyo acto fuera anulado por el Tribunal en lo Contencioso Administrativo. Lo señalado lleva a considerar a juicio del Tribunal que conforme enseña la experiencia y lo que normalmente sucede que de no haber mediado el acto de la administración a la postre anulado hubiera seguido realizando el control del servicio mencionado por lo que se confirmará lo resuelto en primera instancia. b) En cuanto al agravio por los honorarios profesionales por la condena por los honorarios profesionales el agravio tampoco resulta de recibo a juicio del Tribunal. Se comparte con el primer grado (considerando 50) la necesidad de contar con asistencia letrada obligatoria, sin perjuicio del matiz que se tiene en cuanto a que también debe reparase lo de la acción de nulidad lo que fue objeto de agravio por la vía adhesiva de la contraria. El Tribunal cuenta con Jurisprudencia en tal sentido que se puede convocar en un caso similar se dijo lo que se transcribe parcialmente “...La Sala acogerá el rubro por concepto de los honorarios del Abogado del actor como consecuencia del trámite anulatorio ante el T.C.A y la previa vía administrativa. Se entiende que en aplicación del principio de reparación integral del daño, corresponde que la demandada abone al actor, los gastos en que ha incurrido para logar la nulidad de una resolución ilícita dictada por la Administración. En efecto, tanto en la etapa de la vía recursiva administrativa ante la propia Administración, como en la vía anulatoria, se exige defensa letrada. A ello se agrega que, del dictado de la posterior sentencia anulatoria seguida luego de la vía administrativa, surge que el haber tenido que incurrir en esos gastos fue necesario e imprescindible para la impugnación de un acto que en definitiva fue declarado ilegítimo, nulo por el T.C.A. Por lo cual resulta procedente se indemnice al actor por los gastos en que debió de incurrir a esos efectos de no haber acaecido el acto ilícito, aún cuando la anulación se hubiera resuelto por razones formales. Entiende el Tribunal que si bien no se acreditó el respectivo desembolso, el pago de los honorarios del abogado patrocinante en las referidas instancias, ello no es óbice para que el rubro sea amparado, en tanto los honorarios profesionales generados por el previo agotamiento de la vía administrativa fueron imprescindibles para la obtención de la declaración de nulidad del acto administrativo impugnado, por lo cual los mismos son de cargo de la demandada, en virtud de tratarse de un gasto en el que no habría sido necesario incurrir de haber la Administración actuado acorde a derecho. Si bien no surge acreditado en autos que el actor haya abonado honorarios a sus letrados patrocinantes, entiende la Sala que es un hecho notorio que el pago de honorarios es debido por el cliente a su profesional. En cuanto al monto se moderará a la baja y se condenará al pago de un total de 30 U.R, 15 U.R por la vía administrativa y 15 U.R por la vía anulatoria (siendo el mismo el mínimo del Arancel del CAU, Art. 11) no habiéndose acreditado en autos una especial complejidad en la tramitación de ambas vías, administrativa y anulatoria), a la cual se adicionarán los intereses legales respectivos desde la fecha de exigibilidad del daño, desde la fecha del dictado de la sentencia anulatoria del T.C.A y hasta su efectivo pago” (Cfme. Sentencia N.o 225/2025 TAC 4o Turno en BJN). En el caso de autos, se observa que sí se adjuntan recibos de pago por honorarios profesionales (fs. 142) y no resulta exigible como se pretende por el recurrente que el actor requiera (por carecer de ingresos) que acuda a la Defensa Pública por el hecho de sólo contar con la realización de ?changas ?, la parte tiene todo el derecho de elegir el profesional de su confianza y no puede ser obligado a acudir necesariamente a un patrocinio gratuito. En suma, por lo dicho, el agravio será desestimado y se confirmará parcialmente la condena incluyéndose lo reclamado por honorarios profesionales en su totalidad en la forma reclamada en la demanda (honorarios generados en la instancia anulatoria ante el Tribunal en lo Contencioso Administrativo incluidos). En efecto, el Tribunal ha sostenido y se mantiene que en lo que hace a lo señalado lo siguiente : “...Se considera que en aplicación al Principio de Reparación Integral del Daño, corresponde que la demandada abone a la actora, los gastos en que ha incurrido para lograr la nulidad de una resolución ilícita dictada por la Administración. En efecto, tanto en fase de vía recursiva administrativa como en la vía anulatoria, se exige defensa letrada y el dictado de una posterior sentencia anulatoria revela que la incursión en este costo fue necesaria e imprescindible para la impugnación de un acto que se declara ilegítimo con eficacia retroactiva, y que por tanto no debió haber existido. El Principio aludido ut supra, avala entonces que se indemnice por la generación de un desembolso patrimonial en el que no hubiera incurrido el actor, de no haber acaecido el acto ilícito.....El actor debió contratar profesional pertinente para agotar la vía administrativa y para iniciar la vía anulatoria ante el TCA, y las reglas de la experiencia indican que dicha labor profesional en general es remuneratoria y quien soporta el gasto es el cliente. Los honorarios de los profesionales generados por el agotamiento de la vía administrativa que fueron imprescindibles para obtener la nulidad del acto administrativo, son de cargo de la demandada y que se trata de una erogación que no debió ni debe realizarse si la Administración hubiera actuado de acuerdo a Derecho.A quien corresponde asumir el costo y a quien corresponde responder civilmente ante el daño patrimonial ocasionado, es precisamente al sujeto que con su culpa lo causó......” (Cfme. Sentencia No 90/2022 de fecha 8 de junio de 2022). En suma, el Tribunal entiende que el actor tiene el derecho a ser defendido y a elegir quien lo represente como consecuencia del tramite administrativo anulatorio ante el TCA y la previa vía administrativa por aplicación del principio de reparación integral del daño se comparte con el sentenciante, por lo tanto, el agravio de la demandada al respecto no es de recibo y si el de la actora en cuanto no se hizo lugar a los honorarios generados en la instancia anulatoria. En cuanto al agravio Por el daño moral o "pecunia doloris". cabe señalar que no se controvierte la procedencia sino que el agravio se encuentra dirigido al monto. La simple afirmación que la carga probatoria tenida en cuenta para amparar el rubro no constituye un agravio ya que no constituye una crítica razonada de lo fallado. En el primer grado se dio cuenta en forma por demás detallada y clara de los fundamentos por la procedencia del rubro y su monto (Considerandos 11, 12, 13, 14, 15, 19 20) sin que se hiciera al respecto un análisis crítico de lo fallado. La Sala ha precisado que la obligación de quien lo ocasionó no tiene carácter de resarcimiento del perjuicio, como en el daño material, sino de satisfacción o reparación, procurando un subrogado que lo reintegra del daño o lo distrae (Cfme. Messineo, Manual de derecho civil y comercial, T. VI pág. 556). Sobre tal principio ha elaborado una jurisprudencia que procura ser congruente en sus pronunciamientos manteniendo un criterio de proporcionalidad adecuado a los valores económicos del medio y a las cuantías fijadas para casos similares teniendo presente, como elementos objetivos la entidad de la lesión o el dolor sufrido, su duración e incidencia en la vida de relación del dañado, en definitiva la magnitud del infortunio. Se comparte con el primer grado que de los testimonios aportados por los Sres. CC, DD y EE (fs. 1134) a estos obrados surge probado el Daño Moral sufrido por el reclamante. En efecto, los testigos indicaron que se lo notaba triste, muy afligido, deprimido y muy angustiado y que no contaba con ingresos. Surge a fs. 29 que el actor concurrió cuatro meses de forma semanal en julio del 2018 (coincidiendo con el tiempo de suspensión de funciones) por parte de la Lic Psic. FF. En dicho documento establece que el actor manifestó una depresión importante por su situación laboral. El actor fue perjudicado además porque el sumario le afecto en su carrera administrativa, debido a que el mismo se encontraba en el final del curso de pasaje de grado para ascender a Sub Comisario. Es importante considerar que el actor llegó a padecer tal sufrimiento en virtud de una Resolución que dio inicio al sumario y que luego fue impugnada por el TCA por advertir una clara insuficiencia en la explicitación de la motivación del acto. Asimismo, la Corporación entendió que la gravedad de la imputación en sede penal no eximia a la autoridad administrativa de resolver en forma fundada la adopción de las medidas, acorde a la normativa. Por lo tanto el agravio respecto al daño moral tampoco se considera de recibo en cuanto a su procedencia pero si corresponde revisar a la baja su monto. En efecto, la Sala entiende correspondiente rebajar el monto del mismo según parámetros jurisprudenciales para casos similares (cfme. Sentencia 133/2023 del Tribunal en la cual se había condenado por U$S 6.000 aproximadamente $ 246.600 a razón de $ 41,10 a la fecha de la promoción de la demanda) donde se hizo referencia a otra jurisprudencia que con las variantes naturales del caso en las cuales de fijó sumas similares frente a anulaciones del TCA de actos que habían dispuesto ceses (TAC 2 sentencia 167/2017 $200.000 en ADCU TOMO 48 pg. 197, TAC 4 sentencia 158/2016 en el cual se abatió a U$S 10.000 en ADCU Tomo 47 pg. 153). También se puede invocar la sentencia N.o 373/2024 de este Tribunal en la cual se fijó el daño moral a la suma de $ 320.000, es decir aproximadamente U$S 8.500. Por lo tanto, en el caso de autos, el monto del daño moral se reducirá a la suma de $ 300.000 en los términos de reajuste e interés del primer grado. La demandada no se agravió por el resto de las condenas. VIII) De los agravios de la parte actora por la vía de la adhesión (fs. 1488/1497). - En cuanto a la adhesión a la apelación de la parte actora refieren a dos rubros, esto es por la no inclusión de daño emergente de los honorarios abonados por la defensa ante el TCA (considerando 53 y 54) y por la diferencia en la devolución de salarios caídos y aguinaldo (considerando 44 y 45). A) En cuanto a los agravios por la no condena de los honorarios ante el TCA, sin perjuicio de reconocer lo opinable y la existencia de posiciones encontradas a nivel de la jurisprudencia, por lo dicho en forma previa al considerar los agravios de la demandada el Tribunal hará lugar a los mismos en los términos solicitados en la demanda y conforme surge de los recaudos agregados (fs. 142) que no fue objeto impugnación, ni desconocimiento. En el primer grado (considerandos 55 y 56 fs. 1465) el A Quo amparó parcialmente el reclamo por honorarios, ya que no admitió los generados ante el TCA procediendo (prudente arbitrio mediante) a abatir en un 50% los reclamados que según boleta agregada ascendían a la suma de $ 272.500 incluyendo los generados en la instancia previa administrativa y en la acción anulatoria. En el fallo, se condenó por tanto a la mitad de lo que resultaba ($ 136.250 fs. 1466) estableciéndose que el reajuste sería desde que se abonara cada factura con el interés legal desde la fecha de la demanda. Ello no fue objeto de agravio y por tanto no será modificado. En suma, por lo dicho en forma previa se aumentará la condena por honorarios profesionales la que se establecerá en la cantidad de $272.500 reajustados e interés legal en la forma fijada en el primer grado. B) En cuanto al agravio respecto a la diferencia en la devolución de los salarios caídos y aguinaldo (fs. 1489 y siguientes) la recurrida en sus considerandos 44 y 45 en confusa redacción estableció por un lado que el demandado pagó a precio históricos - citando la declaración de HH - y luego en el 46 afirmó que era carga del actor acreditarlo de acuerdo al artículo 139 CGP y no hizo lugar a lo pedido. En el agravio se afirmó que no se agregaron los recibos - lo cual era fácilmente realizable para la parte demandada - para acreditar el pago correcto. Observa el Tribunal que al evacuar el traslado la demandada no fue clara en su conducta procesal, por un lado dijo que pagó pero no individualizó recaudo concreto alguno sino que se remitió a lo informado por su área contable. Ahora bien, entiende el Tribunal que en la medida que se amparara la condena por el contralor del servicio de 222 y consiguiente pago de sumas actualizadas conforme considerando 42, ello tiene incidencia en el aguinaldo lo que lleva a considerar procedente el agravio adhesivo de la actor, así como lo mismo puede afirmarse respecto a si se pagó bien lo retenido o no. En ausencia de suma líquida en esta instancia corresponde diferir a la vía del 378 CGP y no al 400 CGP como se hizo. En esa oportunidad procesal se deberá practicar la liquidación correspondiente y proceder a aportar la información bancaria por parte de la actora respecto de los depósitos que recibiera en su cuenta por parte de la demandada como consecuencia del ?cumplimiento ? de la sentencia dictada por el TCA, y por su parte la demandada deberá presentar legajo administrativo correspondiente donde se dispuso el pago de lo no abonado en su oportunidad como consecuencia de la retención de haberes. Lo dicho, sin perjuicio de señalar la conveniencia en estos casos de realizarse pericia contable que pueda pronunciarse sobre la liquidación de lo adeudado con expresa previsión del límite de lo pedido (artículo 198 CGP). IX) La conducta de las partes en el proceso ha sido correcta por lo que no existen méritos para la imposición de especiales condenas procesales en el grado como entiende la parte actora. La demandada ha debatido en el entendido que le asiste razón, existen cuestiones opinables que llevaron a que en el primer grado no se recibieran todo lo pretendido y se han consentido procedencia de rubros lo que habla de un conducta no reñida con la buena fe procesal (Art. 688 C.C. Y 56 del CGP). Por los fundamentos expuestos, normas citadas, el Tribunal, FALLA: Confirmase parcialmente la recurrida salvo en cuanto a lo siguiente: A) al monto fijado por el daño moral que se abate a la suma de $ 300.000 en los mismos términos del primer grado (considerando 42), B) a que se hace lugar al agravio respecto del daño relacionado con los honorarios profesionales motivados por la instancia anulatoria ante el Tribunal en lo Contencioso Administrativo estándose a lo establecido en los considerandos VII b y VIII A), C) a que se hace lugar a las diferencias reclamadas en la devolución de salarios caídos y aguinaldo todo lo cual será liquidado en la vía del artículo 378 CGP en un todo de acuerdo a lo señalado en forma previa en el considerando VIII in fine todo ello sin especial condenación en la instancia. Notifíquese personalmente y oportunamente devuélvase a la Sede Letrada A Quo en la forma de estilo (Honorarios fictos 5 BPC). Dra. Mónica Besio Ministra Dr. Guzmán López Ministro Dr. Álvaro França Ministro Esc. Adriana León Secretaria