Sentencia Definitiva N° 34/2026

SENTENCIA DEFINITIVA TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE 4º TURNO MINISTRO REDACTOR: DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ MINISTROS FIRMANTES: DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO, DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ Y DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA. VISTOS EN EL ACUERDO: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “AA C/ BB Y OTRO. PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)”. IUE 2-120987/2024, venidos en apelación del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ciudad de la Costa de 5° Turno, a cargo de la Dra. Sophia Valeria Sánchez Mezón. RESULTANDO: 1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales consignados en la sentencia apelada, procediendo al dictado de la presente. 2) Por sentencia definitiva de primera instancia Nº 75/2025 de fecha 10 de noviembre de 2025 (fs. 169-189), se ampara parcialmente la demanda y en su mérito, se condena a BB y a CC a pagar a la actora AA la suma de $ 207.432, más los reajustes e intereses legales correspondientes hasta su efectivo pago. 1.3. Los demandados Sres. CC y BB, interponen, de fs. 192 a 196, recurso de apelación, agraviándose en cuanto se los condena al pago de la indemnización por despido especial por gravidez, expresando en síntesis, que no fue probado su conocimiento del embarazo de la actora. Entienden que si bien nunca desconocieron los audios, es más, se hicieron referencias a ellos, pero, la que hace el Sr. CC, al embarazo de la actora, no alcanza para dar por probado fehacientemente el mismo, ya que, se le pidió que lo acreditara, pero en ningún momento la actora mandó la foto de un certificado médico, no surgiendo nada, tampoco, de la página web del B.P.S. de su estado de gravidez. Tampoco hubo un contacto visual que le permitiera dejar el hecho probado. Sostiene el recurrente, que, aplicándose la regla de la sana crítica el contenido de los audios no puede tenerse como conocimiento pleno o fehaciente del hecho del embarazo, en la medida que en toda oportunidad se solicitó que se acreditara el mismo. Agrega que la normativa legal de nuestro país, no se prevé la acumulación del pago de la indemnización por despido en ocasión del embarazo, con el pago de la indemnización por despido por estar amparada al seguro por enfermedad. Entiende que para el caso que se mantenga la condena al pago de la indemnización por despido reclamada, se deberían descontar $ 36.980 que corresponden al despido especial, ya abonado. 4) Por decreto Nº 1777/2025 de 20 de noviembre de 2025, se confirió traslado de la apelación por el término de diez días (fs. 197), el que fue evacuado de fs. 200 a 203, abogándose por el mantenimiento de la sentencia apelada. 5) Por providencia Nº 1869/2025 de 11 de noviembre de 2025, se tuvo por evacuado el traslado conferido, franqueándose la alzada (fs. 204). 6) Recibidos los autos, el 23 de diciembre de 2025, se señaló fecha de acuerdo y se dispuso el pase a estudio de conformidad con lo establecido en el art. 17 de la Ley N° 18.572 en la redacción dada por el art. 6º de la Ley N° 18.847 (fs. 211-212), dejándose expresa constancia que el Tribunal estuvo desintegrado los días 2 al 7 de febrero de 2026, por licencia de uno de sus miembros. CONSIDERANDO: I) Entiende el Cuerpo, que en el sub lite corresponde arribar a un pronunciamiento confirmatorio del recurrido en cuanto el mérito de la causa así lo determina y los agravios deducidos no conmueven la decisión, habida cuenta que la misma efectúa una adecuada valoración de la resultancia probatoria emergente para arribar a una respuesta dilucidatoria compartible. II) No resultan de recibo los agravios esgrimidos por la parte demandada referentes a la condena a abonarle a la actora la indemnización especial establecida en el art. 17 de la Ley Nº11.577 de 14 de octubre de 1955, aduciendo no tener un conocimiento fehaciente de su estado de gravidez, al no habérsele presentado un certificado médico o haber tenido un contacto visual para constatarlo, no alcanzando con que la trabajadora lo hubiere comunicado por mensaje de WhatsApp. La ley N° 11.577 estableció un estatuto de protección especial para el régimen trabajo de la mujer, disponiendo en su art. 16 que: "Toda mujer en estado de gravidez tendrá derecho a ausentarse del trabajo por el tiempo indispensable según prescripción médica... El empleo deberá conservarse si retornare en condiciones normales" Y en el art. 17 que: "En el caso previsto en el artículo anterior, la obrera no podrá ser despedida, si lo fuere, el patrón deberá satisfacer un importe equivalente a seis meses de sueldo más la indemnización legal que corresponda." Conforme a la normativa fijada la mujer goza de una protección especial durante su embarazo y luego del mismo, cuando se reintegre a su labor, no pudiendo ser despedida so pena de tener que pagar la indemnización especial. No se requiere para el pago de esta indemnización especial que el despido se produzca a causa del embarazo, basta que sea durante o en ocasión del embarazo, ya que la ley no establece otra condición por lo que corresponde su aplicación en todos los casos, siendo irrelevante el motivo que tuvo el empleador para despedir (cfr. Plá Rodríguez en "Curso de Derecho Laboral", tom. III vol. I, pág. 209; Pérez del Castillo en "Manual Práctico de Normas Laborales", 6ª ed., pág. 167; Garat en "Revista de Derecho laboral", N° 112, págs. 112 y ss.; "Anuario de Jurisprudencia Laboral", Año 1992, c. 640; Año 1993, c. 364; Años 1994-1995, c. 522; Años 1996-1997, c. 794, 796 y 797; Años 1998, c. 388; Año 1999, c. 463; Año 2000, c. 491, 492, 501, 502 y 511). De ahí, que se haya condenado a su pago incluso en caso de clausura o cierre de la empresa o de despidos colectivos por crisis económicas (cfr. "Anuario de Jurisprudencia Laboral" Año 1978, c. 693; Años 1980-1981, c. 524; Año 1992, c. 640; Años 1996-1997, c. 797; Año 1999, c. 463, 467, 468 y 485; Año 2000, c. 490 y 501). Así como también, en casos en que no corresponde la indemnización por despido común, dada la independencia entre ambas, resultante de la letra de la ley, como, por ejemplo, en caso de jornaleras que no llegan a los 100 días, empleadas domésticas que no tenían un año de antigüedad en su labor (cfr. ob. cit. Año 2000, c. 515), o trabajadores a prueba (cfr. ob. cit. Años 1996-1997, c. 803; Año 1998, c. 391; Año 1999, c. 480 y 481), porque de lo contrario se estarían haciendo excepciones en perjuicio de la trabajadora cuando, la ley no hace ninguna. No obstante, doctrina y jurisprudencia requieren, en forma prácticamente unánime, para que opere el mecanismo de la indemnización especial de la citada ley, que, al momento de producirse el despido el empleador tenga conocimiento del estado de gravidez de la trabajadora. Comentando la norma el Dr. Américo Plá Rodríguez refiere que: "Parece lógico responder, de acuerdo a la finalidad del instituto, que únicamente debe de abonarse la indemnización si el patrono está enterado del estado de gravidez ya que solamente en ese caso puede considerarse especialmente censurable su actitud por estar presumiblemente inspirada en el deseo de eludir el cumplimiento de las restantes obligaciones legales" (cfr. "Curso de Derecho Laboral", tom. III vol. I, p g. 208 y en "Revista de Derecho Laboral", N° 59). En idéntico sentido concluye De Ferrari: "Debe entenderse que el patrono debe indemnización especial solamente cuando tiene noticia del embarazo" (cfr. "Derecho del Trabajo", tom. II, pág. 45). Mozart Russomano establece que: "Si la empleada no notificó previamente de su estado al empleador, no debe presumirse la intención de burlar el estado de su empleada: si no se prueba la mala fé‚ no se debe indemnización especial" (cfr. "Comentarios", tom. 2, pág. 579). Recepcionando estos conceptos, la jurisprudencia, partiendo de la naturaleza punitoria de la norma, pues la indemnización especial constituye una verdadera sanción para el empleador, exige para que opere que, exista conciencia y voluntad en el empleador de despedir a una mujer embarazada, entendiendo que no viola la prohibición legal quien desconocía que la trabajadora cursaba un embarazo al momento de despedirla, por lo que en tal supuesto no podría recibir el castigo de abonarla (cfr. "Anuario de Jurisprudencia Laboral", Año 1976, c. 506 y 507; Años 1980-1981, c. 521, 523, 535 y 537; Año 1992, c. 639 a 641, 646 y 648; Años 1993, c. 359, 361 y 362; Años 1994-1995, c. 516, 517, 520 y 523; Años 1996-1997, c. 790, 792 a 797; Año 1998, c. 386 a 390 y 392; Año 1999, c. 464, 465, 467 a 472 y 485; Año 2000, c. 491, 494, 499, 502, 503, 515 y 516; en contra sent. del 24.3.1975 del J.L.T. 1§, Dra. Galarregui en "Revista de Derecho Laboral", N° 98 y sent. N° 87 del 7.9.1994 del J.L.T. 8°, Dra. Rossi en "Anuario de Jurisprudencia Laboral" Años 1994-1995, c. 522). Lo expuesto implica, desde el punto de vista procesal, que si la parte demandada niega tener conocimiento de que la actora estuviera embarazada, tratándose de un hecho controvertido constitutivo de la plataforma fáctica para que pueda accederse a la pretensión de condena accionada en la demanda, de conformidad con lo dispuesto por el art. 139 del C.G.P., recae sobre la parte actora la carga de su acreditación (cfr. "Anuario de Jurisprudencia Laboral" Año 1992, c. 642, Año 1993, c. 359; Años 1994-1995, c. 523; Años 1996-1997, c. 791 a 793; Año 1998, c. 386 Año 2000, c. 500). En materia laboral rige también lo dispuesto por el art. 139.1 del C.G.P. La carga de la prueba consiste en determinar, en cada caso, sobre cuál de las partes recae la tarea de probar, ese imperativo del propio interés que le permite, para el caso de alcanzarlo, para desembarazarse con éxito de dicha carga, convencer efectivamente al tribunal de la veracidad de sus afirmaciones de hecho (Cfr. "Revista Uruguaya de Derecho Procesal", N° 3-4/98, c. 749; N° 3/99, c. 644 y 646). "El actor debe probar los hechos constitutivos de su pretensión, es decir los hechos que han creado u originado la situación que se invoca como fundamento de la pretensión procesal. Quien contradiga la pretensión de su adversario tendrá la carga de probar los hechos modificativos, impeditivos o extintivos de aquella pretensión (Conf. Enrique Tarigo; "Lecciones de Derecho Procesal Civil", Tomo II; pás. 18/19) (Jorge Marabotto, "Prueba. Generalidades" en Curso sobre el Cóigo General del Proceso", Tomo I, pág. 139) (Devis Echandia, "Teoría General de la Prueba Judicial", Tomo I, pág. 487)." (Cfr. "Revista Uruguaya de Derecho Procesal", N° 3/99, c. 638 y 646). "La carga de la prueba no supone ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés del litigante, es una circunstancia de riesgo que consiste en que quien no prueba los hechos que ha de probar, pierde el juicio. Puede quitarse esa carga de encima probando, es decir acreditando la verdad de los hechos que la ley le señala (Couture, "Fundamentos de Derecho Procesal Civil", pág. 242)." (Cfr. "Revista Uruguaya de Derecho Procesal", N° 3-4/98, c. 749 y 750; N° 3/99, c. 641). Ahora bien, aplicando los precedentes conceptos, luego de analizar racionalmente la probanza de marras, tomando en cuenta cada medio producido y su conjunto, a la luz de los principios lógicos y normas de experiencia que conforman la sana crítica (cfr. Marabotto, "Curso sobre el C.G.P.", pág. 14; Devis Echandía, "Teoría General de la Prueba Judicial", tom. I, pág. 305), la Sala entiende que el asiste plena razón a la recurrida, cuando concluye que, en la especie, la parte actora cumplió con la carga de acreditar que, al momento de su despido, la demandada tuviera conocimiento de su embarazo, no siendo de recibo los cuestionamientos que se hacen en los agravios. En efecto, resulta, inequívocamente, de los mensajes de WhatsApp que, la actora había puesto en conocimiento de su embarazo al demandado (fs. 15), quien, incluso la felicita por ello, como señala la Sra. Juez a quo en su fundada sentencia. Pero, solo le solicitó la presentación del alta de la certificación por enfermedad, en ningún momento, le requirió la presentación de un certificado médico de embarazo como viene a sostener en la contestación, en ostensible, pero infructuoso esfuerzo dialéctico para pretender negar su conocimiento de la gravidez, siendo que, si la actora no pudo ser vista luego de su alta, fue simplemente porque el propio demandado le propone pagarle a través de depósito en Mi Dinero, lo que determinó, por decisión del codemandado, que la trabajadora no tuviera que trasladarse desde su domicilio en Toledo al de los demandados, asiento de la relación laboral de trabajo doméstico, en Parque Miramar (Ciudad de la Costa). III) Que tampoco resulta de recibo la defensa que niega la posibilidad de acumular las indemnizaciones, pues, como establece el Dr. Alejandro Castello la redacción de la norma legal resulta clara, por lo que no deja dudas al respecto (la ley consigna: “más la indemnización legal que corresponde”), cabiendo agregar que esta remisión debe entenderse hecha no solamente en relación al régimen indemnizatorio común previsto en las leyes de 1944, sino a cualquier otro tipo de indemnización que tenga origen “legal” , como ser, las indemnizaciones especiales por accidente laboral o enfermedad común (cfr. “Despidos especiales” en “Derecho del Trabajo”, tomo II, pág. 314). En el caso, la trabajadora se encontró acumulativamente bajo las hipótesis de los arts. 16 y 17 de la Ley 11.577 y 23 del Decreto-Ley 14.407, vale decir bajo los estatutos protectores de la maternidad y de la enfermedad común, no existiendo argumento legal para que uno desplace al otro, por lo cual, corresponde considerarlos en cuanto a la estabilidad acumulativamente, no siendo procedente el descuento que pretende el recurrente del pago realizado de indemnización especial por enfermedad. IV) No se establecerá especial imposición de costas y costos en el grado. Por tales fundamentos, disposiciones legales citadas y en los arts. 17, 18, 28, 29 y concordantes de la Ley N°18.572 de 13.9.2009, art. 7 de la Ley N°18.847 de 15.11.2011, el Tribunal, FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA. SIN ESPECIAL IMPOSICIÓN DE COSTOS Y COSTAS EN EL GRADO. HONORARIOS FICTOS: CINCO BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE Y DEVUÉLVASE. DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO MINISTRA PRESIDENTE DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ MINISTRO DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA MINISTRA ESC. VERÓNICA LAMELA SANTURIO SECRETARIA LETRADA