Sentencia Interlocutoria N° 84/2026

Ministro Redactor: Dr. Marcelo Malvar Juncal. VISTA: Para sentencia interlocutoria de segunda instancia esta pieza: AA. UN DELITO DE TENENCIA NO PARA CONSUMO, EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE ENCUBRIMIENTO. (TEST. IUE 2-4040/2026). IUE 603-6/2026; venida del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Pando de 7º Turno, en virtud del recurso interpuesto por la defensa Dr. Marcelo Gabito, contra la resolución N.º 188/2026 del 10 de febrero de 2026, dictada el por la Dra. Natalia Pereyra Capó, con intervención de la Fiscalía Letrada Departamental de Pando de 1º turno, representada por la Dra. Carla Márquez y Dra. Florencia Sanchís. RESULTANDO : I) Por resolución N.º 188/2026 del 10 de febrero de 2026, se dispuso: … impónese al Sr. AA, la prisión preventiva por el término de noventa (90) días, que vencerá el día 10 de mayo de 2026, a las 18.00 horas. II) El Dr. Marcelo Gabito por la defensa, interpone recurso de apelación (pista 8, 12.10) y expresa que respecto a la materialidad de la conducta, solo se acredita que una persona – chofer de Uber – trasladó a otras, pero no que haya querido encubrirlas. Carece de antecedentes y el vehículo fue alquilado porque el propio estaba descompuesto. En relación al riesgo de fuga, el imputado trabaja en una rotisería de su hermana y está en BPS, aunque no tenga nombre de fantasía; ello además de trabajar como chofer de Uber. Tiene un hijo y no posee facilidades extraordinarias para abandonar el país. No surgen testigos de la carpeta por lo tanto no existe riesgo de entorpecimiento de la investigación. No restan evidencias para diligenciar, no hay nombres de testigos que pueda rastrear, otros testigos ya fueron interrogados, por lo que no se los puede intimidar. Las demás evidencias son propias de las autoridades, por lo que el imputado no puede interferir en ellas. Si bien se está investigando un homicidio, AA está formalizado por un delito contra la salud pública de entidad menor y un encubrimiento, lo que no augura penas altas, reiterando la medida alternativa del arresto domiciliario con dispositivo electrónico. III) Fiscalía evacua el traslado y aboga por la confirmatoria (pista 9). No existe certeza de su trabajo porque la empleadora es su hermana, por lo que no desvirtúa el peligro de fuga. Existe riesgo de entorpecimiento porque conoce a familiares y amigos de los autores del homicidio, ya que estos llegaron a él a través de sus contactos; en consecuencia, los conoce y puede amedrentarlos. Además, dio versiones contradictorias de cómo se deshizo del chip de su celular: que lo había vendido, que lo había destruido, etc. IV) Por providencia 189/2026 se franqueó la apelación sin efecto suspensivo. Recibida la pieza, pasó a estudio simultáneo y se acordó sentencia fuera de audiencia (365 CPP). CONSIDERANDO : I) La Sala, por unanimidad, habrá de confirmar la recurrida, por los fundamentos que siguen. II) Por interlocutoria N.º 186/2026 se formalizó la investigación contra AA por la presunta comisión en calidad de autor de un delito previsto en el art. 31 del D. Ley 14.294 en la modalidad de tenencia no para consumo, en reiteración real con un delito de encubrimiento. Los hechos que fundan la formalización son los siguientes. El 9 de enero de 2026, a las 23:00 aproximadamente, en Cinacina y Las Palmas, Barros Blancos, se cometió un homicidio en el domicilio de BB, desconociéndose al autor del hecho. La víctima CC, se encontraba en la finca con DD – el dueño de casa no estaba – cuando en determinado momento irrumpieron violentamente dos hombres de negro, le pidieron dinero y al responder la víctima que no tenía, le efectuaron seis disparos con un arma de fuego, que le provocaron la muerte en forma inmediata. Presuntamente la hicieron arrodillar y la ejecutaron, por la dirección que tomaron los proyectiles en el cuerpo de la mujer. DD corrió hacia la calle pidiendo auxilio, golpeó en la casa de enfrente, le explicó a EE lo que había ocurrido y se fue del lugar muy atemorizada. EE expresó haber escuchado varios disparos en la vivienda de enfrente, instantes antes de que una chica que no conocía llamó a su puerta. El informe pericial determinó como causa de muerte: shock hipovolémico hemorrágico. Traumatismo toracoabdominal. Heridas por proyectil de arma de fuego. Compatible con homicidio. Del seguimiento de cámaras realizado por policía se aprecia un vehículo marca Nissan modelo March, de color blanco, matrícula XXX 0000, alquilado por AA el 29 de diciembre de 2025 en la Automotora Renato Conti y devuelto el 19 de enero. El coche estuvo muy próximo al lugar del hecho a la hora del mismo y de los registros fílmicos se aprecia que el imputado AA, condujo el vehículo, hasta cerca de la finca donde ocurrió el homicidio, descendieron dos personas vestidas de negro y se subieron a una moto que llegó al lugar donde estaba el auto estacionado y se van tres individuos en la moto presuntamente al lugar del hecho. AA los esperó en el lugar y una vez ocurrido el homicidio volvieron ambos individuos y los retornó a Montevideo. El imputado asumió haber llevado a dos individuos a lugar cercano del hecho, haberlos esperado y luego retornarlos a Montevideo al barrio Lezica. En allanamiento del 9 de febrero de 2026 en la casa del imputado se incautaron 16,25 gramos de sustancia, que dio positivo al clorhidrato de cocaína. III) Admitida la formalización, la fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva por el término de ciento ochenta días (pista 6). Existe semiplena prueba que surge de la triangulación de antenas que ubican al imputado en las cercanías de lugar del hecho, llevando a los sospechosos tanto el día del hecho, como el día anterior. Sin embargo, dijo no conocer el nombre de las personas, ni tener sus contactos telefónicos por no poseer el chip del teléfono. En cuanto a los riesgos, existe peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. Sobre este último, el imputado conoce a quien llevó – amén de que se deshizo de la prueba – y da versiones contradictorias sobre el destino del chip: primero que lo vendió con el celular, luego que vendió el celular y desechó el chip. El imputado tiene domicilio y trabajo, pero podría abandonar todo por la pena alta que puede recaer, además el delito que se encubre es el más grave, con lo cual la pena del encubrimiento también será alta (226 lit. c CPP). Más adelante (pista 8, 00.30), fiscalía agrega el imputado no está a cargo del hijo, que vive con su madre. Cedida la palabra a la defensa, se opone a la medida cautelar (pista 7). No existe semiplena prueba del hecho material, solo está acreditado que su patrocinado – que es chofer informal de traslado de personas – llevó y trajo a estas personas, a quienes no conocía. La sustancia era para su consumo, lo que se deduce de que no tenía elementos para fraccionarlo (balanza, etc.). Tiene trabajo, arraigo, un hijo pequeño del que se hace cargo – y en especial, económicamente – no tiene facilidades para salir del país y es primario. La investigación está prácticamente terminada, poco habría que su cliente pueda frustrar, ya que la mayoría son diligencias policiales. Los riesgos se evitarían con un arresto domiciliario con dispositivo electrónico por ciento veinte días. Oídas las partes, la Sra. Magistrada A quo funda verbalmente su decisión, y manifiesta que el hecho material es sólido, en especial lo manifestado respecto del chip – que no fue controvertido por la defensa – y en cuanto a los riesgos, señala que el día anterior dijo que trabajaba para una pizzería cuyo nombre no conoce, y no es chofer de Uber, sino remisero informal, por lo que el arraigo es dudoso. Descarta el riesgo para la sociedad. El mayor riesgo es el de entorpecimiento – según la sentenciante – que surge de haberse descartado del chip; además hay domicilio y nombre de dos testigos, los sospechosos están prófugos y evidentemente los conoce porque los trasladó en dos oportunidades, con lo cual podría comunicarse con ellos. IV) Decisión del Tribunal : La Sala confirmará la muy bien fundada decisión de primer grado, coincidiendo tanto en la existencia de la semiplena prueba, como en los dos riesgos procesales que la Sra. Magistrada recoge. En cuanto al hecho material, no está controvertida la tenencia de los estupefacientes, su naturaleza y su peso: 16,25 gramos, lo cual impresiona en esta etapa inicial del proceso, como superior a la destinada para el consumo; en tal sentido, la tenencia no para consumo no puede entenderse como una calificación inapropiada en esta fase procesal, y en cuanto a lo que interesa – si existe semiplena prueba o no – la materialidad de la efectiva posesión de la sustancia, se reitera, no está controvertida. Tampoco está controvertido que AA condujo a las personas sospechosas del homicidio a las cercanías del lugar, en por lo menos dos ocasiones: la última, cuando efectivamente se produjo el hecho ilícito, oportunidad que los acercó, esperó y luego devolvió a su lugar de origen. Este hecho aislado que podría ser en sí mismo penalmente irrelevante, debe contextualizarse con dos elementos más: el alquiler del vehículo, que contradice la afirmación del imputado de que se dedicaba a chofer de vehículo de alquiler o remisero (no otra cosa es un Uber no afiliado a la plataforma). Si bien la defensa alega que su coche estaba descompuesto, no hay por el momento, evidencia que sustente esa hipótesis. El segundo elemento a considerar es la pérdida, sustracción o enajenación del chip del celular, ya que ni siquiera resulta acreditada una versión única de lo que le sucedió a ese elemento; de hecho – como bien señala la A quo – la defensa ni siquiera da una explicación a esta situación. La confluencia de dos conductas con apariencia delictiva, con evidencia que sustenta a ambas, configuran la semiplena prueba que exige el art. 224 CPP, esto es, la existencia del hecho ilícito con el grado de probabilidad. En cuanto a los riesgos, también se comparte que existe un moderado riesgo de fuga, dado por la condición laboral del imputado, y especialmente, por las circunstancias y naturaleza del hecho, y la gravedad del delito. Inicialmente el imputado no pudo aclarar su situación laboral – y es recién en oportunidad de la impugnación que se menciona su afiliación a la seguridad social, y la condición de dependiente de su hermana – y en cuanto a la naturaleza de los hechos, pese a que la imputación inicial no tipifica figuras de las más graves, tampoco puede desconocerse que se está ante un delito contra la salud pública, con una pena mínima de dos años de reclusión, y un delito contra la administración de justicia – encubrimiento – cuyo delito precedente es un homicidio. Pero indudablemente el riesgo principal es el de entorpecimiento de la investigación. Por más que el imputado ha declarado ante fiscalía, no puede obviarse que de una forma u otra, ya se deshizo de un elemento de prueba que podía ser fundamental: el chip. También se coincide con la A quo que es probable que pueda mantener comunicación con los autores del hecho – al fin de cuenta, los llevó y trajo en dos oportunidades – y especialmente, conoce o puede fácilmente conocer, la identidad y paradero de dos testigos de los hechos: la mujer que acompañaba a la víctima, y la vecina de enfrente: ambas fácilmente ubicables. Como señalan SOUTO e ISLAS: Claro está que la simple existencia o desarrollo de la investigación (que existirá en todo proceso que no se adopte alguna salida alternativa o se acuerde un proceso abreviado) no puede legitimar por sí solo la disposición de la prisión preventiva como medida cautelar, dicho extremo implicaría un apartamiento de lo exigido por el artículo 225 donde se establece que «…Se entenderá que la prisión preventiva resulta indispensable para el éxito de la investigación cuando exista sospecha grave y fundada…». En un buen romance deben existir hechos específicos, concretos que permitan sospechar en forma grave y fundada la voluntad o intención del imputado de entorpecer la investigación y por consiguiente impedir el normal desarrollo del proceso penal que se sigue en su contra. No es suficiente una mera invocación genérica o abstracta, que pueda realizar el titular de la acción penal, es decir la Fiscalía actuante, sin identificar concretamente cual es el riesgo (Souto, Marcelo – Islas, Fernando. Trabajo medidas cautelares – prisión preventiva. AA. VV. Estudios sobre el Nuevo Proceso Penal. Tomo II. AMU – FCU. 1ª Edición. Diciembre 2020. Pág. 427) . Y en este caso, tanto la fiscalía como la Sra. Magistrada señalaron concretamente el riesgo: los testigos conocidos, los sospechosos principales prófugos y la destrucción u ocultación de un elemento de prueba: el chip, por lo que la medida, conjuntamente con el riesgo de fuga, es legal, proporcional, idónea y necesaria, y en consecuencia, se confirmará la recurrida. V) Plazo : No fue objeto de agravio y además el fijado – noventa días – resulta razonable y prudente, por lo que también se ratificará. POR CUYOS FUNDAMENTOS, SE RESUELVE: 1.- CONFÍRMASE LA RECURRIDA. 2.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, Y DEVUÉLVASE .